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15
Mar/2015

La bicicleta, el transporte más social y saludable para nuestras ciudades

Por Manuel Enrique Figueroa Clemente / Catedrático de Ecología y director de la Oficina de Sostenibilidad de la Universidad de Sevilla

La bicicleta es la forma de movilidad más social y debe ser fomentada con políticas activas y sostenidas. En la Unión Europea, el 50% de los desplazamientos en coche recorre distancias menores de 5 kilómetros, sin embargo la bicicleta es el medio más eficaz para desplazamiento hasta 5 kilómetros. España es el país europeo que más utiliza el vehículo privado a motor para desplazamientos de menos de 3 km.

Afortunadamente, el escenario de la bicicleta como elemento esencial de la movilidad sostenible es muy diferente en Andalucía, especialmente en Sevilla. Según la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, en relación con el Anteproyecto de Ley Andaluza de Cambio Climático, la movilidad mediante vehículos a motor, entre caprichosa y cautiva, es responsable en un 58,6% de la contribución de nuestra comunidad al cambio climático. El camino de la movilidad sostenible, entre otras cuestiones, pasa por facilitar el uso de la bicicleta, con importantes externalidades en relación con el ahorro público debido al beneficio individual por la mejora de la salud y el beneficio colectivo en relación con la calidad de aire y disminución del ruido. La Junta de Andalucía se ha tomado el tema con seriedad, a través de la Consejería de Fomento y Vivienda. El Plan Andaluz de la Bicicleta (2014), responsabilidad de José Antonio García Cebrián, plantea tres escenarios para la bicicleta, el urbano, el metropolitano y el autonómico, con un presupuesto de 421 millones de euros para infraestructuras necesarias, generalizando el carril bici a todas las capitales de provincia, Jerez y Algeciras;  gradualmente a otros municipios. Se han desarrollado 300 km en un año y podría suponer 15.000 puestos de trabajo hasta 2020; 8.000 relacionados con la construcción y mantenimiento, y el resto con la actividad asociada en el sector turístico, fabricación y reparación de bicicletas, comercio y servicios vinculados.

Peatones-y-bicicletas-en-la

Nuestra querida ciudad de Sevilla ha sido modélica. Ha fomentado el uso de la bicicleta, generado la red de carril bici (140 km) y conciliado a peatón y ciclista en una sostenible cohabitación. Según datos de 2006, el 80% de los ciudadanos deseaba montar en bicicleta; hoy alrededor de 20.000 sevillanos y sevillanas han dejado el coche por la bicicleta. En relación con el Plan de la Bicicleta de Sevilla, obra de José Antonio García Cebrián, en cuatro años, se pasó de ser utilizada por el 1,6% al 6% de la población. Actualmente el 9% de las personas que se mueven en vehículo lo hace en bicicleta. Si contamos también la movilidad peatonal, el 6% de la población se desplaza en bicicleta. Según datos de 2011, elaborados por José Antonio García Cebrián, Ricardo Marqués Sillero, un permanente defensor de la bicicleta y Manuel Calvo Salazar, la ciudad de Sevilla, en relación con su Plan de la Bicicleta ha evitado emitir 8.000 toneladas de dióxido de carbono. La Universidad de Sevilla ha desarrollado el Servicio Integral de la Bicicleta, dirigido por Ricardo Marqués Sillero, catedrático de la Universidad de Sevilla, dentro de su Plan Estratégico  de Sostenibilidad. Con 1000 bicicletas propias disponibles, es además  la principal usuaria del servicio municipal (40%).

La bicicleta tiene potencial para revolucionar la economía en Andalucía, en el marco del empleo verde y el cicloturismo. Insistir en la bondad para la salud y el bienestar: baja el colesterol, el azúcar, al pedalear el ritmo cardíaco va en aumento y la presión sanguínea decrece, genera endorfinas, potencia el sistema inmunológico, una hora en bicicleta quema 500 calorías, te da paz interior y buen  humor, conoces gente y te socializas más, al cohabitar con el peatón aprendes a mirar con la mirada del otro, las personas que usan la bicicleta sufren menos tristeza y trastornos psicológicos Con el fomento del uso de la bicicleta, el medio de transporte más social, auténtica medicina sobre ruedas, haremos ciudades más sanas, con mayor calidad de vida, más ecológicas y sostenibles. El día 19 de marzo es el Día del Padre, celebrémoslo, salgamos en bicicleta, a pedalear la familia en la primavera sevillana.

14
Mar/2015

3+2=Un nuevo paso hacia la privatización

Por el Colectivo Senda

Las aguas bajan revueltas en la universidad pública española y se anuncian nuevas movilizaciones para finales de este mes de marzo, a las que están convocados estudiantes, y personal docente, investigador, administrativo y de servicios, contra las reformas recientemente aprobadas y las que se encuentran en marcha, que a poco que nos descuidemos cambiarán radicalmente, y no para bien, la fisonomía del sistema universitario en nuestro país.

La punta del iceberg es el recientemente aprobado Real Decreto 43/2015, por el que se modifica el sistema de ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, más conocido como 3+2, por el que se cambian grados por másteres, y que tal como está concebido implicará en la práctica nuevos recortes en la financiación pública destinada a la enseñanza superior, al deterioro en la calidad de la enseñanza y la devaluación de los actuales títulos universitarios.

Pero esta nueva andanada del ministro Wert contra la universidad pública viene precedida de un conjunto de medidas adoptadas en los últimos años por el Gobierno del PP, caracterizadas por continuos recortes en empleo, investigación y en el resto de transferencias económicas; así como de otras como la subida en los costes de matrícula, el recorte de becas y ayuda a los estudios. Un reciente estudio de CCOO pone de manifiesto que entre los años 2010 y 2014 los presupuestos de las universidades se han recortado en 8.595 millones de euros, mientras en el mismo periodo los ingresos por tasas universitarias se han incrementado el 17%.

Igualmente están próximas a ser aprobadas otras medidas como la que pretende relajar los requisitos para la creación de nuevos centros universitarios, o aquella otra que modifica el sistema de acreditación del personal docente e investigador funcionario; todas ellas, sin duda alguna, dirigidas a la privatización del Sistema de Educación Superior y a favorecer a las universidades privadas –en algunos casos, incluso sin cortapisas chiringuitos universitarios– en detrimento de las públicas.

Uno de los pretextos del Ministerio de Educación para la implantación del 3+2 es la convergencia con otros países del Espacio Europeo de Educación Superior en el que impera dicho sistema, sin reparar en que una parte de ellos está ya estudiando pasar de nuevo a recuperar los títulos de cuatro años de grado y uno de máster, o que en otros muchos países del mundo, con excelentes resultados, mantienen el sistema que ahora pretende cambiarse en nuestro país. Se hace además sin que haya existido una evaluación mínimamente seria de los resultados cosechados con el sistema actual.

Por otro lado, al establecerse el carácter flexible en los plazos de implantación del nuevo modelo, lejos de producirse la pretendida convergencia vamos a encontrarnos en la práctica con una gravísima divergencia entre las universidades españolas, de consecuencias muy preocupantes para la movilidad en nuestro propio país. Al respecto, conviene saber, que si bien la inmensa mayoría de las universidades públicas han declarado su decisión de acogerse a la moratoria en su implantación –es el caso de todas las de Andalucía–, no es menos cierto que las privadas han anunciado que lo pondrán inmediatamente en marcha, al menos para determinados títulos universitarios, mientras que las universidades catalanas lo harán en 2016.

El otro pretexto es que con tres años se obtendrá un título universitario para el que antes se necesitaban cuatro, lo que conlleva un ahorro para los estudiantes y sus familias, además de adelantar su acceso al mercado de trabajo. No dicen sin embargo que dicha titulación será menos especializada y más generalista, un título en suma devaluado, menos útil y atractivo para facilitar la empleabilidad en el exigente mercado laboral al que luego se enfrentarán los egresados.
Así pues, quienes pretendan obtener lo que ya empieza a conocerse coloquialmente como título avanzado tendrán que hacer un año más de máster, con el consiguiente encarecimiento –como mínimo el doble que un año de grado– al alcance sólo de quienes tienen recursos económicos, pero muy lejos de las posibilidades para decenas de miles de universitarios que tendrá que desistir de ello; dando como resultado una quiebra inadmisible de la igualdad de oportunidades. Al respecto, no se tiene en cuenta siquiera, que en buena parte de los países de nuestro entorno con el sistema de 3+2, el precio del máster es muy similar al de grado, y ambos inferiores a los existentes en España.

Quien en realidad ahorra con este nuevo sistema, y mucho, es el Ministerio de Educación, que tendrá que financiar un año menos a cada estudiante de la universidad pública –un nuevo recorte social–, eso sí para destinarlo a otras prioridades más acordes con sus intereses de clase.
Si todavía existiera alguna duda, vean si no las medidas 106, 107 y 108 del Consejo Política Fiscal y Financiera de julio de 2014, en el que se certifican como medidas de ahorro permanente, más ingresos por tasas, menos gasto en becas, y de manera muy significativa el ahorro que supondrá el 3+2.

Por otro lado, el 3+2 se ha tramitado sin tener en consideración la opinión de la comunidad universitaria –que lleva tiempo alertando de las nocivas consecuencias de todas las medidas señaladas–, con un informe negativo de la Conferencia de Rectores y del mismo Consejo de Estado. Aún así, el ministro más sordo de la historia democrática española –el otro, Gallardón, terminó enterándose e hizo las maletas– continúa empeñado en ello, fiel a su objetivo de demoler la universidad pública en España y hacer de la educación superior un potente y atractivo negocio. Por cierto hace sólo unos años contábamos en España con 10 universidades privadas, hoy son ya 30.

Como vemos un auténtico despropósito que sólo puede resolverse con la retirada definitiva del Real Decreto y la apertura de un proceso real de diálogo y acuerdo en el que participe el conjunto de la comunidad educativa, los agentes económicos y sociales y las administraciones públicas con competencias en la materia. Para ello, no obstante, será necesario que la comunidad universitaria comprenda que la agresión que está soportando desde instancias gubernamentales y desde círculos con intereses económicos e ideológicos, sólo puede frenarse si hacen partícipe de ello al conjunto de la sociedad, que debe conocer con detalle primero, y participar después, con todos los instrumentos a su alcance, incluidos el apoyo a las movilizaciones y el voto.

27
Feb/2015

Que todo eso te lo pague la democracia

Por el colectivo Senda

 “Hemos pecado contra la dignidad

de griegos y portugueses”  Jean-Claude Juncker

Alayla subió los últimos tramos de la escalera con la dignidad que siempre la había acompañado durante sus 83 años de intensa vida. Abrió la puerta y contempló brevemente la belleza de la ciudad a la que amaba profundamente, Atenas.

Al lado su hijo –con una discapacidad intelectual y que dependía de ella para vivir- la cogía suavemente de la mano. Se miraron, se dieron un beso y saltaron al vacío. Una nueva tragedia en la sociedad ateniense, un nuevo fracaso colectivo.

Ellos, al igual que muchos compatriotas, decidieron que si no podían vivir con dignidad -se negaban a buscar comida entre la basura- mejor era no hacerlo. Y pasaron a engrosar unas estadísticas que deben generarnos una vergüenza extraordinaria. Entre el año 2009 y el año 2012, 3124 griegos se quitaron la vida, un incremento del 37% con respecto años anteriores.

Frente a los grandes discursos vacuos y grandilocuentes de unos y otros, la cruda realidad del día a día de pueblo heleno. Frente a “estamos haciendo lo que hay que hacer”, el hambre y la falta de calefacción. Frente a las insidias, mentiras, demagogias y presiones, la dignidad de un pueblo.

Estamos viviendo momentos apasionantes -y que no nos cabe la menor duda que marcaran un antes y un después- en la política europea motivados por la victoria de Syriza. Una elección del pueblo heleno que no ha sentado nada de bien a las fuerzas neoliberales -y más retrogradas- del continente europeo, que han visto como se ponían en duda sus sacrosantos dogmas económicos basados en la  austeridad radical -alejada del sentido común- y en los recortes estructurales que han llevado a un empobrecimiento brutal de la población.

El “delito” de Syriza -además de ganar unas elecciones democráticas- ha sido oponerse a las actuales políticas de austeridad y a la gestión alemana de la crisis; a decir alto y claro que han sido un fracaso y que es necesario cambiarlas inmediatamente. Que estas políticas sólo conllevan sufrimiento para su pueblo y que están abocadas al fracaso. Y que por ese camino no van a transitar.

Por delante de esos dogmas han puesto a su pueblo y eso es lo que da pavor. Que un gobierno –no nos cansamos de decir una obviedad, elegido democráticamente- anteponga a sus ciudadanos frente a otros intereses. Un gobierno que se niega a estar impasible ante la crisis humanitaria que asola Grecia; que quiere aplicar un programa de emergencia para que sus ciudadanos no pasen hambre, tengan calefacción y puedan ser asistidos por la sanidad pública.

Y como era previsible eso no se lo perdonan desde la Troika. Lanzan un mensaje claro a los ciudadanos helenos, al igual que hacían los postfranquistas en los primeros años de la transición en España cuando los ciudadanos pedían mejoras sociales y económicas “que todo eso te lo pague la democracia”. Vergonzosas las declaraciones del ministro de finanzas de Alemania, Wolfang Schäble, cuando afirmó que lo sentía por los griegos ya que habían elegido a un gobierno bastante irresponsable ¿podrá haber mayor ataque a la soberanía de un pueblo? ¿y a la democracia?.

A estas alturas, resulta más que evidente que no estamos ante un problema económico, sino político. De ahí el interés en que fracase cualquier salida. De ningún modo pueden permitir que Grecia se convierta en un referente para otros países europeos.

¿Y qué decir del papel de España?. Más de lo mismo; seguidismo y sumisión. Otro  “papelito” de Rajoy -más pendiente de satisfacer a la Sra. Merckel que de encontrar un acuerdo que satisfaga a todos- alineándose con las posiciones más duras del continente. Mentiras y demagogia unidas con el único objetivo de convencer a los ciudadanos de que se están defendiendo los intereses patrios, esto es, la devolución de los 26000 millones que se prestó a Grecia. Mentira porque lo que se hizo fue avalar el préstamo que realizó el Mecanismo de Estabilidad Financiera –que con la propuesta griega de conversión de su deuda en deuda perpetua garantizaría que el aval no se ejecutase nunca- y demagogia porque decir que con este dinero se hubieran subido las pensiones en un 38% y la protección a los desempleados en un 50% ¿de verdad al ministro García Margallo no le produce una insoportable vergüenza decir tal barbaridad siendo miembro de un gobierno responsable de políticas de empobrecimiento de pensionistas y desempleados?.

En otro lugar del arco ideológico, la socialdemocracia europea ha vuelto a zozobrar ¿y van?. Una vez más le ha faltado determinación y visión política de largo alcance, atenazada y bloqueada por sus propias contradicciones. A excepción de las posiciones menos beligerantes de los gobiernos de Italia y Francia -con matices- hemos visto como los partidos socialdemócratas no se han diferenciado de las posiciones más ultraconservadoras -véanse los casos de Lituania y Eslovaquia- o, en el mejor de los casos, han mirado para otro lado, perdiendo una nueva ocasión histórica para recuperar la iniciativa. Otro despropósito que la hunde un poco más en el descrédito y la deja inerte frente al neoliberalismo.

Nos hubiera gustado asistir a una recomposición de su discurso político en favor de una Europa más social; a la imprescindible ruptura con los dictados neoliberales y al planteamiento de nuevas alternativas sociales y económicas que eviten el colapso del modelo social europeo. Sin embargo, nos hemos encontrado justamente con  lo contrario; con el silencio cómplice, cuando no con un apoyo expreso a quienes pretenden hacer fracasar una salida digna para Grecia.

Grecia no es solo Grecia, es una oportunidad para recuperar Europa. La Europa de la igualdad, de la solidaridad y de la libertad. Una Europa más social, donde primen los intereses de los ciudadanos frente a los espurios intereses de los poderes financieros.

Una derrota de Alexis Tsipras sería la derrota de los demócratas, de los progresistas, de la izquierda y -en el fondo- de la ciudadanía frente a los poderes de la oligarquía financiera. Y eso no podemos permitirlo.

 

22
Feb/2015

Quiero enseñarte

Por Francisco Javier Segura
La ciudad de las mil caras, siempre distinta y siempre eterna, Roma como aquella que cantó el poeta de los huesos dislocados. Quiero mostrarte las calles que, arracimadas en collaciones antiguas, son como una nueva Jerusalén para el camino de innúmeros Vía Crucis. Una ciudad, una Betsaida en la que Cristo también se agacha a coger un puñado de tierra, como lo hace el Cristo de las Tres Caídas de Triana o el Señor de San Isidoro. Quiero que recorras conmigo las escondidas sendas por donde fueron los que cofrades han sido. Vamos a aquella ciudad, la de muchos años ha, que se sigue repitiendo, y quiero que vengas conmigo a comprobarlo. Es una prueba que te pongo, un examen que tenemos que aprobar. La ciudad te hará preguntas, y no podrás encontrar las respuestas sino en los rincones escondidos, en los balcones, en los azulejos, en las flores que resurgen asomadas al pretil del arriate. Tú tira por un camino, que yo escogeré el camino más corto para no herir tu memoria. Nos encontraremos quizás en otro sitio distinto del que esperábamos, y quizás esté pasando un cortejo a nuestro lado, cuajado de cirios temblorosos y de rostros serios sumidos en el protocolo del momento. Han comenzado las vísperas, con los cultos que ya se celebraron, y a los que no dejaste de concurrir, y los que han de comenzar a partir de ahora. Es el tiempo de la regla cumplida, de la tradición renovada, de la mejor salvaguarda de un patrimonio del que hablamos y hablamos sin parar, y no encontramos el fin. Todo eso puedo enseñarte, pero tú me ayudarás a sentir de nuevo esa inefable certeza de la vida que recorre mis arterias y me brota por los azahares y las palmas que pronto empezarán a rizarse en la calle Amparo. Será un intercambio de amor, de sentimientos que tú recuperarás y yo volveré a ofrecerte en la bandeja de plata quieta del río, en el blancor de las cales y el oro de los alberos, en el frío de los mármoles y en la calidez de la madera hecha redención de las sagradas imágenes, con ese Gran Poder al que invocas como Padre y amigo. Todo eso quiero enseñarte. Ven conmigo. Vamos a Sevilla.

20
Feb/2015

La justicia tardía… ¿Es justicia?

Por Yoshua Trijueque, escritor.

En el artículo 24 de nuestra Constitución puede observarse cómo todos, al acudir al auxilio judicial, tenemos derecho a un proceso público sin dilaciones indebidas y con todas las garantías. Con tal premisa resulta inadmisible la exasperante lentitud de la administración de justicia para hacer valer los derechos de la ciudadanía. Y en Andalucía (recordemos que la Administración de Justicia es competencia de la Comunidad Autónoma desde 1997) no estamos mejor. De forma generalizada podemos hablar de unos tribunales incapaces de digerir los servicios judiciales que demanda nuestra sociedad, de lo que una pequeña muestra son los actuales señalamientos de vistas para 2018 en los juzgados de lo social de Sevilla (pienso en quienes no verán reconocida su invalidez o pensión hasta pasados años), la saturación de los juzgados de lo mercantil de toda Andalucía (especialmente en Huelva donde ni siquiera se ponen de acuerdo con los asuntos que le son competentes), o el colapso que sufren numerosos juzgados de provincias andaluzas donde las demandas se apilan durante años en despachos reconvertidos en almacenes de papel.
Todo ello me lleva a la siguiente consideración: ¿se puede hablar de justicia como aquella que llega de modo habitual con años (y no me tapo la boca para decir lustros) de retraso? Pues propiamente creo que no. Así, al igual que un servicio de almuerzos a la hora de cenar no es tal, o una educación primaria en la vejez llega a destiempo, una justicia rezagada disipa la naturaleza de la misma, y viene a posteriori a paliar una iniquidad de hecho consolidada.

juzgados

Pensemos en quienes le son declaradas sus pensiones una vez fallecidos, o quienes tras perder su casa ven estimada su impugnación de las cláusulas que sustentaron la ejecución hipotecaria, o incluso en pymes que van a ver satisfechas sus reclamaciones de cantidad cuando hayan desaparecido por falta de liquidez. Semejante panorama hace habitual que nos encontremos con casos de indemnizaciones tardías que vienen a tratar de reparar situaciones de irremediable perjuicio, vistas con interrogatorios destinados a verificar hechos remotos, perdidos siquiera en la memoria (que a menudo provocan ese «no me acuerdo» que tanto hizo valer nuestra infanta), o sociedades al borde de la asfixia financiera por situaciones concursales que nunca terminan de desbloquearse.

Siendo ésta la realidad diaria en el ejercicio profesional, no puedo transmitirles que la justicia funciona en Andalucía, pero si en cambio me parece tener a nuestra disposición los medios para agilizarla y hacerla efectiva. En primer lugar, cabe la adopción más común por parte de los jueces, de medidas cautelares que, ante los tiempos que corren y la aludida parsimonia, permitan asegurar desde el principio del procedimiento la eficacia de la sentencia, una vez recaiga ésta. En segundo lugar se hace imprescindible una mayor eficiencia del cuerpo de funcionarios judiciales, quienes en ocasiones dilatan injustificadamente los procesos por falta de la debida diligencia profesional, burocratizando en exceso su tramitación y bloqueando a veces la agilidad que ha de prestarse a los procedimientos en curso. Igualmente cabe dar más protagonismo a las multas coercitivas que la ley pone a disposición de los jueces para velar por la buena fe procesal que ha de regir por los litigantes. Finalmente resultaría beneficioso promover los medios alternativos de resolución de conflictos. Aquí, la propia demora de los tribunales ha propiciado el auge de estos instrumentos, como la mediación civil o el arbitraje.

No quiero olvidarme del imprescindible papel del Ejecutivo, quien pese a haber influido en el problema (las tasas no han arreglado nada), lo cierto es que es parte esencial de la solución, que pasa por dotar a la administración de justicia de los recursos necesarios para su correcto funcionamiento, y en particular generar plazas para el personal necesario, y organizar la oficina judicial para hacerla competente y efectiva.

18
Feb/2015

La acción social en la creación de riqueza

Luis Hernando de Larramendi / Presidente de la asociación Acción Social Empresarial, y vocal del patronato de Fundación Mapfre

Bajo el común concepto de empresario agrupamos figuras diversas, que se mueven por diferentes estímulos, y aunque el objetivo común es el beneficio, éste se adopta desde distintos ángulos y posiciones.

Cuanto más oscura es la noche, más alumbra una luz, por pequeña que sea.

Acción Social Empresarial, ahora y siempre.

Una de las grandes ausencias en la vida empresarial española, durante los años de bonanza y optimismo incontrolados, ha sido la ética de los valores en el seno de la empresa española donde, con honrosas excepciones, el elemento directivo ha ignorado o aminorado una refle­xión que parecía superflua, porque,  al cabo, dentro de la euforia, “todo el mundo” mejoraba en sus condiciones de vida, vistas éstas como lo único importante.

Pero sin atención a los valores, en cuanto llega una tormenta, el edificio se resquebraja, los cimientos se vencen, y todo se viene abajo.

La clamorosa ruina de las Cajas de Ahorro, entre el egoísmo avaricioso de unos dirigentes que olvidaron que el origen de esas instituciones habían sido la protección social del ahorro de capas modestas de la población y el socorro a sus necesidades, y la atonía de la respuesta social, que más bien pareciera lamentar no haber podido estar en la nómina de los beneficiados, que el escándalo de la dilapidación de tanto ahorro y sudor esforzadamente ofrecido por tantos en sus largas trayectorias, es muestra evidente de la necesidad de que se proclamen y asuman en la actuación empresarial unos valores sociales que autolimiten y moderen.

Entre los muchos principios que pueden asumirse, destacan, por su claridad, su universalidad, su rigor y su exigencia, los de la doctrina social de la Iglesia, que pueden ser un referente valiosísimo, sin que ello suponga una declaración de confesionalidad empresarial.

Porque los principios no son códigos, con un articulado rígido que obliga y limita, sino referentes a considerar en la toma de las medidas empresariales a que obliga su marcha económica.

Pero, eso sí, su toma en consideración puede llevar a adoptar medidas que parecen perjudiciales a corto plazo (no ofrecer comisiones fraudulentas, por favor) pero que no sólo benefician a la sociedad en su conjunto, sino cimientan a la empresa con muy sólidos fundamentos.

PORQUE UNA ACCIÓN ÉTICA NO SÓLO ES UNA OBLIGACIÓN MORAL, SINO UNA CONDICIÓN “SINE QUA NON” para una construcción de empresas duraderas y sólidas.

Ahora que, en España una recuperación económica necesita constituirse sobre la audacia de nuevos emprendedores en todos los campos de la actividad económica, ha de ser objetivo prioritario de ASE el ofrecer a quienes se lanzan al noble empeño de crear una empresa, el armazón de referencias de valores que les permitan crecer desde el inicio con raíces profundas.

Por supuesto que la actividad de Acción Social Empresarial debe retomar, tras un periodo de letargo, su labor de permear con sus principios la actividad de los protagonistas de la dirección de las empresas.

Y, al mismo tiempo, ofrecer a toda la sociedad algunas claves prácticas que, en tiempos difíciles, ayuden a que las dificultades y los sacrificios que sean necesarios, puedan ser mejor asumidos en el convencimiento de que su reparto está basado, de una manera justamente proporcionada, en la salvaguarda de un bien inclaudicable para la empresa: su supervivencia viable. Porque sin esa supervivencia, el daño para quienes forman parte de la empresa, y para la sociedad en que está presente, serán mucho mayores, y muchas veces irreparables.

13
Feb/2015

Ejecuciones hipotecarias: ¿hay salida?

Yoshua Trijueque Sayago / Abogado

Partamos de la premisa que las deudas hay que pagarlas. Y que los préstamos hipotecarios, como deudas que son, también conllevan deberes de pago de obligado cumplimiento. Dicho esto, contemplemos la realidad financiera española: familias con cuotas de hipoteca que agobian (cuando no asfixian) la caudal familiar y que terminan por caer en el impago. Ante esta insolvencia para asumir el préstamo hipotecario, que actualmente pone contra la pared a miles de personas en todo el país, la solución pasa bien por encontrar una salida negociada con el Banco (restructuración de la deuda, periodos de carencia, nuevas hipotecas, refinanciaciones, daciones en pago, etc.), o enfrentarse a una reclamación de la deuda bancaria. En este último supuesto, la entidad financiera, ante el impago de más de tres cuotas (o el equivalente al importe de las mismas), exige el importe total pendiente con una simple demanda en el juzgado que inicia la ejecución hipotecaria, un procedimiento judicial cuyo fin es la satisfacción de la deuda pendiente a través de la adjudicación de la finca hipotecada, y si aun restase deuda por pagar, a través del patrimonio de deudores y posibles avalistas.

Y ante este horizonte…¿hay escapatoria?. Pues aun partiendo de la premisa de partida, lo cierto es que existen mecanismos legales para hacer frente a las ejecuciones hipotecarias planteadas por las entidades de crédito.

En primer lugar, cabe la solicitud de la suspensión de la ejecución por prejudicialidad civil. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ya empieza a orientar en sus sentencias a los jueces de los estados miembros, hacia la suspensión de procedimientos de ejecución de préstamos hipotecarios cuyas condiciones han sido impugnadas judicialmente y por tanto, cuya validez está siendo objeto de un litigio, en tanto no concluya éste. Dicho planteamiento aun no tiene una base legal en España (todo llegará), si bien los juzgados de primera instancia empiezan a hacerse eco de estos criterios y a tenerlos e cuenta a la hora de decidir. Así, esta llamada “demanda preventiva” de quienes estén inmersos en un procedimiento judicial, en caso de propiciar la citada suspensión de la ejecución, podría aliviar (al menos de momento) su situación económica, al no poder serles exigida temporalmente la deuda pendiente.

Por otra parte, es posible oponerse a la ejecución manifestando la existencia de cláusulas financieras abusivas en el contrato de préstamo hipotecario, y exigir que dichas cláusulas sean eliminadas del contrato, y la cuantía asociada a ellas desaparezca de la deuda pretendida por el banco. Así, será posible descontarse de la cantidad exigida por el banco, los importes adeudados por las cláusulas suelo, los intereses de demora, comisiones, etc. De esta manera, los juzgados sevillanos están acordando sin problema restar estas cantidades a la deuda bancaria. Pero una vez hecho esto, acuerdan igualmente proseguir la ejecución, que acabará con la venta forzosa del inmueble en subasta, no dando la opción al deudor de, una vez liberado de cuantas estipulaciones abusivas contuviese el contrato, volver a asumir sus nuevas cuotas (esta vez ajustadas a Derecho). Con ello, aun admitiendo la existencia de cláusulas abusivas esenciales para el contrato, al no archivar las ejecuciones, nos llevarán al absurdo de tener que explicarle a quienes han estado pagando, por ejemplo 150 ó 200 euros mensuales de más durante años en base a estas cláusulas, y cuyos sobrecostes han acabado por ahogar su economía doméstica, hasta propiciar el impago del préstamo hipotecario, que esas cláusulas eran ilegales y que sin embargo, sus efectos pasados se respetan, y únicamente van a ser invalidados desde que han dejado de pagar las cuotas y el banco las ha reclamado, cuando ya de poco sirve pues van a perder su casa… En tanto no rectifiquen, a ver cómo pretenden que lo entienda la ciudadanía. Complicada tarea.

 

13
Feb/2015

Elecciones anticipadas en Andalucía

Por el Colectivo Senda

Como es sabido, la Presidenta del Gobierno de la Junta de Andalucía ha convocado elecciones anticipadas para el 22 de marzo. Hecho que ha suscitado un debate inevitable entre las fuerzas políticas, pero en cualquier caso con un alcance menor y un escaso recorrido mediático.

El adelanto electoral es una práctica habitual en los gobiernos democráticos, cuando estos, junto a otros elementos, consideran que les puede beneficiar electoralmente; como naturalmente lo es la crítica que expresan los partidos de la oposición cuando estiman que dicho adelanto les puede perjudicar.

Sí, en cambio, nos parece mucho más relevante la ruptura del primer gobierno de coalición de la izquierda en la historia Andalucía. Nos ha parecido una mala noticia, en la medida que abruptamente se ha frustrado la experiencia de un gobierno de progreso que respondía a una alternativa real y viable a la política de austeridad implementada por el Gobierno del PP en España.

Un gobierno de progreso que  representaba la expresión de una mayoría social de izquierdas existente en Andalucía. Como los socios de gobierno han reclamado insistentemente, era la forma de demostrar que otra política era posible. Efectivamente, nadie puede negar de manera sensata que este gobierno de coalición y sus políticas se han visto mayoritariamente refrendados con los resultados que los dos partidos coaligados obtuvieron en los pasados comicios europeos.

Consideramos que la experiencia ha sido globalmente positiva, a pesar de sus evidentes dificultades. En un contexto de extrema política de austeridad y con un gobierno del PP a la contra -con el objetivo de que no fuera una buena referencia para el conjunto del España-, se ha visto como una alternativa viable al Gobierno del PP y sus políticas, que hacen  recaer la crisis económica en los más débiles, y que beneficia exclusivamente a los poderosos, mientras liquida el Estado de Bienestar en España.

El gobierno de Andalucía, con la aportación de IU, ha sido un gobierno,  como ellos lo han definido, de resistencia a esas políticas, de rechazo a la contrarreforma educativa y sanitaria, y efectivamente, dentro del marco de austeridad impuesto por la TROIKA y la complicidad del PP, han conseguido sostener el Estado de Bienestar, incluida la dependencia, y no decantarse por las políticas de privatizaciones que se han impuesto en otras CC.AA. Cuestión ésta que pone de relieve tanto la necesidad de un gobierno central de progreso, como de otra política a nivel europeo: de crecimiento, de impulso de la actividad económica y no de austeridad; mucho más en un momento en el que el terremoto Syriza ofrece nuevas oportunidades a las fuerzas de progreso europeas, incluidos los partidos socialdemócratas de Italia y España.

La responsabilidad de la ruptura ha sido naturalmente de los dos socios, aunque de uno, el PSOE, en mayor medida que del otro. Pero a los dos se les debe imputar esta frustración: al PSOE porque ha tenido una posición meramente instrumental del pacto y en cuanto ha podido lo ha roto unilateralmente, y a IU por mantener una actitud timorata y acomplejada ante el mismo.

De todas maneras el resultado de las elecciones del 22 de marzo se presenta con bastantes incertidumbres; especialmente a la hora de formar un gobierno estable y con mayoría suficiente para gobernar. Según las encuestas parece muy probable que no haya mayoría absoluta del PSOE, partido que al parecer  tiene más probabilidades de ganar las elecciones. Pero el hecho diferencial con otras elecciones es que ahora, según las últimas encuestas, no existe el riesgo de que gane la derecha

Por ello, ante un panorama electoral sin mayoría absoluta, el día 23 apostamos sin duda por un gobierno de progreso. Los ciudadanos dirán de qué forma y entre quienes, pero todo indica que al menos, y a pesar de todas las dificultades, será necesario el entendimiento y la colaboración entre los que hasta ahora eran socios de gobierno.

Del PSOE, que pese a todo -y existen muchos “peses”- continua teniendo en nuestra tierra el apoyo de muchas gentes de progreso y de izquierdas. No contemplamos, ni es desde luego posible, un escenario en Andalucía que no tenga en cuenta esa realidad.

De IU, que también pese a todo –pese al PSOE y a sus propios complejos y rigideces- ha actuado como un contrapeso de izquierda; ha tirado del PSOE en Andalucía hacía posiciones más sociales y comprometidas; y esperemos haya madurado aprendiendo de viejos errores que, en nuestra opinión, en ningún caso deberían volver a repetir: hacer política de izquierdas es comprometerse, es trabajar en lo concreto y no solo predicar, sino dar pan. Una IU que en estos tiempos difíciles, en el que muchos, con intereses diferentes y desde muy diversas esferas se empecinan en acabar con ella, merece nuestra consideración y reconocimiento como una fuerza indispensable para la izquierda andaluza y española.

¿Con Podemos?. La duda no nace de sus previsibles resultados -significativos, aunque menores que las predicciones para el conjunto de España- sino de su actitud en relación con pactos de progreso. La pregunta sería: ¿están dispuestos a realizarlos, y a hacerlos después del 22M -antes de las próximas elecciones generales- si son en Andalucía, como parece que serán, actores importantes pero secundarios?

Desde posiciones de izquierda, desde una larga herencia de compromiso con la izquierda, creemos necesario en este momento exigir altitud de miras ante el escenario postelectoral que se avecina. Está en juego hacer visible un espacio de referencia que sirva para demostrar que existe otra forma de hacer política y de gobernar.

12
Feb/2015

Las políticas de igualdad y los hombres

Por José Ángel Lozoya Gómez / Miembro del Foro y de la Red de hombres por la igualdad

Esta generación tiene el reto de diseñar el principio del fin del patriarcado: una sociedad en la que mujeres y hombres podamos compartir vida, trabajo y poder en condiciones de igualdad, logrando que desaparezca la desigualdad en la vida cotidiana, que el reparto de tareas se vuelva andrógino y que los roles de género vayan perdiendo su razón de ser.

Hace una década la igualdad era el discurso social hegemónico. Reconocida por la Constitución y las leyes, contaba con el apoyo de la inmensa mayoría de la población. A finales de 2004 el Congreso aprobaba por unanimidad la Ley Integral Contra la Violencia de Género y escaseaban los hombres con prestigio social dispuestos a defender públicamente los privilegios masculinos.

Es cierto que quedaba (y queda) un largo camino por recorrer para alcanzar la igualdad en la vida cotidiana, y las mujeres siguen padeciendo desigualdades intolerables. Entre ellas, el silencio cómplice sobre las más de 60 mujeres asesinadas cada año por quienes un día dijeron amarlas, extendiendo la sospecha de que todo hombre puede ser un maltratador. Desigualdades difíciles de superar porque la intransigencia de los hombres aumenta a medida que nos acercamos a los núcleos del poder real: el control del dinero con mayúsculas y el reparto de las tareas del hogar. Una mayoría de hombres practica la resistencia pasiva: no ven que la igualdad tenga la importancia suficiente como para dedicarle la atención que merece. Parte de la población duda del objeto y de los efectos de las políticas de igualdad, y las instituciones evitan promover el cambio de los hombres sin dejar de priorizar las reivindicaciones de las mujeres.

Nadie les ha regalado nada. Las mujeres han conquistado cada palmo de terreno al tiempo que ofrecían a los hombres un mundo de posibilidades insospechadas. Han logrado avances en ámbitos como la democratización en la toma de decisiones en los hogares, la incorporación de los varones a la crianza y las tareas del hogar, la corresponsabilidad anticonceptiva y profiláctica, la paridad en listas electorales y gobiernos, o el reparto del mercado de trabajo. Algunos hombres las hemos apoyado en este proceso influidos por el feminismo, por entrar en crisis con los modelos masculinos tradicionales, por solidaridad con las mujeres de nuestro entorno o por temor a quedar desfasados. Hoy abundan hombres que tratan de avanzar hacia la igualdad en pueblos, barrios, profesiones y ambientes bastante hostiles, y a estos hombres les ayuda saber que otros hemos hecho parte del camino que ellos empiezan a recorrer.

Sabemos que es injusto que las mujeres asuman solas la defensa del presente y el diseño del futuro. Es una carga que no les corresponde, y si la asumieran en solitario el resultado difícilmente sería un futuro compartido. Necesitamos forjar una alianza para seguir avanzando, sin olvidar que toda conquista es reversible si cambian las relaciones de fuerzas. Estamos viendo cómo leyes que suponíamos consolidadas son recortadas (como la de la dependencia) o amenazadas (como el derecho al aborto). Los hombres por la igualdad solo podemos predicar con el ejemplo, cediendo poder y privilegios en las relaciones con las mujeres, al tiempo que explicamos ante el resto del colectivo masculino la justedad y las ventajas de la igualdad, y ponemos voz a las experiencias, las dificultades, las necesidades y las expectativas de los hombres, para incorporarlas al diseño de las políticas de igualdad.

El respeto a las feministas que creen que amenazamos su liderazgo y hacemos peligrar los recursos (siempre insuficientes) que tanto les ha costado conseguir, no puede servirnos de excusa para dejar de asumir el riesgo a equivocarnos y pedir que el cambio no olvide a los hombres. La igualdad es un derecho democrático que nos permite abrazar sin reservas los objetivos del feminismo, priorizar la solidaridad con sus reivindicaciones, asumir las propias responsabilidades y contribuir al cambio aportando nuestra perspectiva al análisis de los problemas y de sus soluciones. Lo único que debemos evitar, aun con la mejor de las intenciones, es decirle a las mujeres cómo se sienten o deberían sentirse, cuáles son o deberían ser sus objetivos o sus prioridades, o cómo deben defender sus reivindicaciones.

Nadie garantiza la capacidad negociadora del débil —de la débil— por lo que me parece más razonable partir de sus propuestas. Me gustan especialmente la de promover una representación por sexos mínima del 40% y máxima del 60%, y la de la los permisos iguales e intransferibles por nacimiento y adopción, porque identifican desigualdades, contribuyen a romper con los roles tradicionales y combaten a quienes piensan que las feministas quieren invertir las relaciones de poder entre los sexos.

Estamos en año de elecciones y cuesta entender la ausencia de los hombres en los planes de igualdad. Es el momento de exigir programas que promuevan la sensibilización y la implicación de los hombres a favor de la igualdad, avanzando en la detección, la difusión y el abordaje de las problemáticas y demandas específicamente masculinas, a partir de experiencias institucionales como las del Ayuntamiento de Jerez de la Frontera en Andalucía y del Gobierno Vasco en Euskadi.

11
Feb/2015

El enésimo ataque a la asignatura de Religión en Andalucía. ¿El definitivo?

foto artículosPor Jesús Muñoz de Priego Alvear / Coordinador Observatorio por la Libertad de Enseñanza en Andalucía (OLEA)

En la recta final de la tramitación del Decreto y la Orden de Primaria en Andalucía, que pretende la aplicación de la LOMCE, parece confirmarse que el Gobierno andaluz, que tan reacio ha sido y es a la implantación de la misma, no ha podido resistirse a aprovechar la oportunidad (que no la obligación) que ofrece la LOMCE, para reducir la asignatura de religión a la mitad. Sólo una sesión semanal de 45 minutos.

Parece evidente que esto tendrá poco recorrido en el alumnado de la escuela concertada católica, que no reducirá, como es razonable. Sin embargo, otra cosa será en la escuela pública, en la que los efectos de la medida pueden ser devastadores para la asignatura y su profesorado. Con 45 minutos a la semana la asignatura será poco menos que testimonial y la influencia de sus enseñanzas en el alumnado, anecdótica. La reducción a la mitad del horario supondrá para los ya mártires docentes de la materia en la pública, reducciones de jornada o despidos (otra crisis laboral provocada directa y conscientemente por la Administración, ahí es nada). Para alcanzar un horario decente estos profesores tendrán que estar repartidos aun entre más centros que ahora y su labor educativa, su presencia en el centro y su participación en el claustro y la vida de la escuela devendrá totalmente imposible.

Claro que hay quien piensa que la religión debe estar fuera de los centros, pero razones para la existencia de la misma en la escuela las hay sobradas y diversas, de todo tipo y pelaje. Desde las causas jurídicas, con el reconocimiento explícito en el art. 27.3 de la Constitución del derecho de los padres a la formación religiosa y moral de sus hijos de acuerdo con sus convicciones (pero también en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en Tratados internaciones asumidos y ratificados por el estado español, en el Acuerdo entre el Estado Español y la Santa Sede que equipara la asignatura de religión a las otras “fundamentales”, y los acuerdos de cooperación con las otras confesiones minoritarias); hasta la justificación cultural e histórica, de no poder entenderse nuestra cultura, nuestro arte, nuestra historia, lo que somos, nuestra civilización,…sin la religión; pasando por las funciones y fines de la escuela de hoy, en la que se pretende el pleno desarrollo de la personalidad del alumno, su educación integral, a la que la trascendencia no es ajeno; o el tozudo argumento de los hechos, en los que un 84% de los padres andaluces eligen la asignatura para sus hijos en Primaria, dando a la postre una respuesta tajante a la pregunta “¿por qué religión en la escuela?”, con un “porque los padres lo quieren”;… Lo cierto es que aunque ahora parece que no se está cuestionando directamente su existencia, es solo apariencia, porque lo que se está intentando es reducirla hasta la insignificancia.

Por eso resulta tan importante poner de manifiesto que tantas familias eligen voluntariamente (sí, voluntariamente) esta enseñanza. Nadie admitiría que fuera obligatoria, para todos, una asignatura confesional, porque no cabe en democracia imponer un modelo, una opción religiosa. Por eso tampoco cabe que el Gobierno andaluz imponga el suyo, su opción. La exclusión de la religión en la escuela, no es la ausencia de opción, sino una elección sobre el hecho religioso como otra cualquiera. Al final esto vuelve a ser otro límite a la libertad de enseñanza y su eterna reivindicación: ¡Que elijan libremente los padres!, no los políticos, no la Administración.