Monthly Archives: Marzo 2015

15
Mar/2015

La bicicleta, el transporte más social y saludable para nuestras ciudades

Por Manuel Enrique Figueroa Clemente / Catedrático de Ecología y director de la Oficina de Sostenibilidad de la Universidad de Sevilla

La bicicleta es la forma de movilidad más social y debe ser fomentada con políticas activas y sostenidas. En la Unión Europea, el 50% de los desplazamientos en coche recorre distancias menores de 5 kilómetros, sin embargo la bicicleta es el medio más eficaz para desplazamiento hasta 5 kilómetros. España es el país europeo que más utiliza el vehículo privado a motor para desplazamientos de menos de 3 km.

Afortunadamente, el escenario de la bicicleta como elemento esencial de la movilidad sostenible es muy diferente en Andalucía, especialmente en Sevilla. Según la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, en relación con el Anteproyecto de Ley Andaluza de Cambio Climático, la movilidad mediante vehículos a motor, entre caprichosa y cautiva, es responsable en un 58,6% de la contribución de nuestra comunidad al cambio climático. El camino de la movilidad sostenible, entre otras cuestiones, pasa por facilitar el uso de la bicicleta, con importantes externalidades en relación con el ahorro público debido al beneficio individual por la mejora de la salud y el beneficio colectivo en relación con la calidad de aire y disminución del ruido. La Junta de Andalucía se ha tomado el tema con seriedad, a través de la Consejería de Fomento y Vivienda. El Plan Andaluz de la Bicicleta (2014), responsabilidad de José Antonio García Cebrián, plantea tres escenarios para la bicicleta, el urbano, el metropolitano y el autonómico, con un presupuesto de 421 millones de euros para infraestructuras necesarias, generalizando el carril bici a todas las capitales de provincia, Jerez y Algeciras;  gradualmente a otros municipios. Se han desarrollado 300 km en un año y podría suponer 15.000 puestos de trabajo hasta 2020; 8.000 relacionados con la construcción y mantenimiento, y el resto con la actividad asociada en el sector turístico, fabricación y reparación de bicicletas, comercio y servicios vinculados.

Peatones-y-bicicletas-en-la

Nuestra querida ciudad de Sevilla ha sido modélica. Ha fomentado el uso de la bicicleta, generado la red de carril bici (140 km) y conciliado a peatón y ciclista en una sostenible cohabitación. Según datos de 2006, el 80% de los ciudadanos deseaba montar en bicicleta; hoy alrededor de 20.000 sevillanos y sevillanas han dejado el coche por la bicicleta. En relación con el Plan de la Bicicleta de Sevilla, obra de José Antonio García Cebrián, en cuatro años, se pasó de ser utilizada por el 1,6% al 6% de la población. Actualmente el 9% de las personas que se mueven en vehículo lo hace en bicicleta. Si contamos también la movilidad peatonal, el 6% de la población se desplaza en bicicleta. Según datos de 2011, elaborados por José Antonio García Cebrián, Ricardo Marqués Sillero, un permanente defensor de la bicicleta y Manuel Calvo Salazar, la ciudad de Sevilla, en relación con su Plan de la Bicicleta ha evitado emitir 8.000 toneladas de dióxido de carbono. La Universidad de Sevilla ha desarrollado el Servicio Integral de la Bicicleta, dirigido por Ricardo Marqués Sillero, catedrático de la Universidad de Sevilla, dentro de su Plan Estratégico  de Sostenibilidad. Con 1000 bicicletas propias disponibles, es además  la principal usuaria del servicio municipal (40%).

La bicicleta tiene potencial para revolucionar la economía en Andalucía, en el marco del empleo verde y el cicloturismo. Insistir en la bondad para la salud y el bienestar: baja el colesterol, el azúcar, al pedalear el ritmo cardíaco va en aumento y la presión sanguínea decrece, genera endorfinas, potencia el sistema inmunológico, una hora en bicicleta quema 500 calorías, te da paz interior y buen  humor, conoces gente y te socializas más, al cohabitar con el peatón aprendes a mirar con la mirada del otro, las personas que usan la bicicleta sufren menos tristeza y trastornos psicológicos Con el fomento del uso de la bicicleta, el medio de transporte más social, auténtica medicina sobre ruedas, haremos ciudades más sanas, con mayor calidad de vida, más ecológicas y sostenibles. El día 19 de marzo es el Día del Padre, celebrémoslo, salgamos en bicicleta, a pedalear la familia en la primavera sevillana.

14
Mar/2015

3+2=Un nuevo paso hacia la privatización

Por el Colectivo Senda

Las aguas bajan revueltas en la universidad pública española y se anuncian nuevas movilizaciones para finales de este mes de marzo, a las que están convocados estudiantes, y personal docente, investigador, administrativo y de servicios, contra las reformas recientemente aprobadas y las que se encuentran en marcha, que a poco que nos descuidemos cambiarán radicalmente, y no para bien, la fisonomía del sistema universitario en nuestro país.

La punta del iceberg es el recientemente aprobado Real Decreto 43/2015, por el que se modifica el sistema de ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, más conocido como 3+2, por el que se cambian grados por másteres, y que tal como está concebido implicará en la práctica nuevos recortes en la financiación pública destinada a la enseñanza superior, al deterioro en la calidad de la enseñanza y la devaluación de los actuales títulos universitarios.

Pero esta nueva andanada del ministro Wert contra la universidad pública viene precedida de un conjunto de medidas adoptadas en los últimos años por el Gobierno del PP, caracterizadas por continuos recortes en empleo, investigación y en el resto de transferencias económicas; así como de otras como la subida en los costes de matrícula, el recorte de becas y ayuda a los estudios. Un reciente estudio de CCOO pone de manifiesto que entre los años 2010 y 2014 los presupuestos de las universidades se han recortado en 8.595 millones de euros, mientras en el mismo periodo los ingresos por tasas universitarias se han incrementado el 17%.

Igualmente están próximas a ser aprobadas otras medidas como la que pretende relajar los requisitos para la creación de nuevos centros universitarios, o aquella otra que modifica el sistema de acreditación del personal docente e investigador funcionario; todas ellas, sin duda alguna, dirigidas a la privatización del Sistema de Educación Superior y a favorecer a las universidades privadas –en algunos casos, incluso sin cortapisas chiringuitos universitarios– en detrimento de las públicas.

Uno de los pretextos del Ministerio de Educación para la implantación del 3+2 es la convergencia con otros países del Espacio Europeo de Educación Superior en el que impera dicho sistema, sin reparar en que una parte de ellos está ya estudiando pasar de nuevo a recuperar los títulos de cuatro años de grado y uno de máster, o que en otros muchos países del mundo, con excelentes resultados, mantienen el sistema que ahora pretende cambiarse en nuestro país. Se hace además sin que haya existido una evaluación mínimamente seria de los resultados cosechados con el sistema actual.

Por otro lado, al establecerse el carácter flexible en los plazos de implantación del nuevo modelo, lejos de producirse la pretendida convergencia vamos a encontrarnos en la práctica con una gravísima divergencia entre las universidades españolas, de consecuencias muy preocupantes para la movilidad en nuestro propio país. Al respecto, conviene saber, que si bien la inmensa mayoría de las universidades públicas han declarado su decisión de acogerse a la moratoria en su implantación –es el caso de todas las de Andalucía–, no es menos cierto que las privadas han anunciado que lo pondrán inmediatamente en marcha, al menos para determinados títulos universitarios, mientras que las universidades catalanas lo harán en 2016.

El otro pretexto es que con tres años se obtendrá un título universitario para el que antes se necesitaban cuatro, lo que conlleva un ahorro para los estudiantes y sus familias, además de adelantar su acceso al mercado de trabajo. No dicen sin embargo que dicha titulación será menos especializada y más generalista, un título en suma devaluado, menos útil y atractivo para facilitar la empleabilidad en el exigente mercado laboral al que luego se enfrentarán los egresados.
Así pues, quienes pretendan obtener lo que ya empieza a conocerse coloquialmente como título avanzado tendrán que hacer un año más de máster, con el consiguiente encarecimiento –como mínimo el doble que un año de grado– al alcance sólo de quienes tienen recursos económicos, pero muy lejos de las posibilidades para decenas de miles de universitarios que tendrá que desistir de ello; dando como resultado una quiebra inadmisible de la igualdad de oportunidades. Al respecto, no se tiene en cuenta siquiera, que en buena parte de los países de nuestro entorno con el sistema de 3+2, el precio del máster es muy similar al de grado, y ambos inferiores a los existentes en España.

Quien en realidad ahorra con este nuevo sistema, y mucho, es el Ministerio de Educación, que tendrá que financiar un año menos a cada estudiante de la universidad pública –un nuevo recorte social–, eso sí para destinarlo a otras prioridades más acordes con sus intereses de clase.
Si todavía existiera alguna duda, vean si no las medidas 106, 107 y 108 del Consejo Política Fiscal y Financiera de julio de 2014, en el que se certifican como medidas de ahorro permanente, más ingresos por tasas, menos gasto en becas, y de manera muy significativa el ahorro que supondrá el 3+2.

Por otro lado, el 3+2 se ha tramitado sin tener en consideración la opinión de la comunidad universitaria –que lleva tiempo alertando de las nocivas consecuencias de todas las medidas señaladas–, con un informe negativo de la Conferencia de Rectores y del mismo Consejo de Estado. Aún así, el ministro más sordo de la historia democrática española –el otro, Gallardón, terminó enterándose e hizo las maletas– continúa empeñado en ello, fiel a su objetivo de demoler la universidad pública en España y hacer de la educación superior un potente y atractivo negocio. Por cierto hace sólo unos años contábamos en España con 10 universidades privadas, hoy son ya 30.

Como vemos un auténtico despropósito que sólo puede resolverse con la retirada definitiva del Real Decreto y la apertura de un proceso real de diálogo y acuerdo en el que participe el conjunto de la comunidad educativa, los agentes económicos y sociales y las administraciones públicas con competencias en la materia. Para ello, no obstante, será necesario que la comunidad universitaria comprenda que la agresión que está soportando desde instancias gubernamentales y desde círculos con intereses económicos e ideológicos, sólo puede frenarse si hacen partícipe de ello al conjunto de la sociedad, que debe conocer con detalle primero, y participar después, con todos los instrumentos a su alcance, incluidos el apoyo a las movilizaciones y el voto.