Monthly Archives: Septiembre 2012

28
Sep/2012

La Estrategia del Caracol

Por Josu Gómez Barrutia

Vivimos un tiempo de transmutación , de cambio y metamorfosis en donde cada día parece más claro que la crisis económica que en la actualidad vivimos ha servido para que el eterno debate de confrontación ideológica entre el pensamiento progresista y el liberal tenga en la actualidad una nueva vuelta de tuerta en lo referente a la forma en la que hoy nuestra sociedad debe salir de esta crisis . El primero apostando de manera directa por la participación de lo público en la sociedad como elemento fundamental para evitar desigualdades entra la ciudadanía y el segundo recortando dicho papel en la misma, dejando paso a lo “privado” como herramienta fundamental en el diseño, construcción y modelaje de una sociedad la del siglo XXI en la cual el sector público debe rebajar su presencia en campos como la sanidad, la educación, la cultura o la economía entre otros.

Sevilla, no es una realidad alejada a este debate , y por ello no resulta difícil ver y confrontar las diferentes gestiones que desde los consistorios de nuestra provincia se hacen de esta situación de crisis económica que de modo severo afecta a los entes locales , que si bien siempre han estado en permanente crisis, hoy sufren en mayor medida si cabe los rigores de la situación actual que afecta a nuestro país. Así podemos observar como desde el consistorio hispalense el equipo de gobierno capitaneado por el Presidente del Partido Popular de Andalucía Juan Ignacio Zoido no ha dudado en ningún momento en llevar a cabo una política de restricción del gasto público en todos los campos : la cultura, la educación o el gasto social sólo han sido algunos de los pilares que han sido recortados desde la Plaza Nueva dentro de una planificación liberal de la gestión de un ayuntamiento como el de Sevilla anteriormente en manos de un gobierno progresista que de manera directa apostó por la intervención desde lo público en sectores como el de la economía local, la cultura, la planificación urbanística o la educación entre otros.

Así hoy, la reducción de las subvenciones a festivales culturales como el Fest , el Perfopoesía o el recorte de un 75% a los Teatros de la ciudad son sólo algunas de las medidas que en el ámbito cultural no sólo han reducido la presencia de lo público en el apoyo a la cultura sino la pérdida directa de empleos y desarrollo económico en el campo de las industrias culturales de nuestra ciudad y provincia . De igual forma , en el ámbito social , han sido otras las actuaciones llevadas a cabo por el consistorio hispalense como la del reciente recorte económico llevado a cabo en El Plan Integral de Tres Barrios-Amate – cuya consecuencia directa no sólo ha sido la destrucción de cuarenta empleos vinculados a dicho plan sino la eliminación de la intervención social en zonas de atención preferente en donde el equipo de trabajadores sociales llevaba a cabo una política activa de apoyo a familias en riesgo de exclusión social , todo ello no deja lugar a dudas sobre la hoja de ruta marcada y que pasa por el recorte de la intervención del sector público en la sociedad y por ende de la paralización del progreso de una ciudad como la de Sevilla abonada en los últimos años al tren del desarrollo económico y la transformación sociocultural de la mano de nuevas infraestructuras como las de la ampliación del Fibes , El Metro, El Carril Bici o la red de Centros culturales, sociales y sanitarios en los barrios sevillanos . Estructuras estas últimas que hoy parecen condenadas a ser meros mausoleos vacíos de contenido y de programas que sirvan para potenciar su utilidad en una sociedad la nuestra que hoy sufre la peor crisis de nuestra historia reciente y que sólo observa como los recortes sociales, laborales o educativos no sólo se toman cada viernes en el consejo de ministros sino que de igual forma se llevan a cabo en los plenos de una ciudad como la de Sevilla, que hoy por hoy se ha suscrito a las políticas de recorte como solución a los problemas económicos de las arcas municipales.

En definitiva, parece ser que en este marco a la ciudadanía sólo nos queda llevar a cabo esa Estratégica del Caracol que nos mostró el genial director de cine Sergio Cabrera en un film que con esa mismo nombre , nos dejaba un mensaje claro sólo a través de la unidad de acción de los hombres y mujeres que conforman una sociedad se puede hacer frente a quienes intentan arrebatarnos los derechos y libertades que hemos conquistado.

27
Sep/2012

La democracia bajo sospecha

Kechu Aramburu, Profesora de Filología Moderna.

El olor a alcanfor, a caverna, a “pasado” negociado, y mal enterrado, este olor a transición mal interpretada, esta democracia imperfecta e inacabada, que se tambalea por la estrategia del miedo, y por la fragilidad de nuestros erosionados pilares, está bajo sospecha.

Qué disparate pensar que esta ciudadanía, expresándose como puede y como le parece, tiene tintes golpistas, agrede o pone en peligro el estado de derecho. ¿Es tan complicado entender, que la crisis no solo es económica, sino también política? Que la gente está huérfana, porque el gobierno de la bancada azul, ejerce un desamparo por acción, eminentemente delictivo. Los contenidos de esta democracia, están siendo secuestrados por programas electorales ocultos, por intereses financieros espurios, por la deuda de los poderosos, por los “decretos de los viernes”.

No es Cataluña, no es el grito de rodear el Congreso, es ese tufo despiadado, que nos está robando los derechos conquistados, con el sudor que no conocen, porque la mano que los ha mecido y mece, es poderosa y opulenta, que recorta y desprotege a nuestro pueblo, rescata y privilegia a sus bancos.Son ellos los francotiradores, que van desmontando nuestra Constitución a golpe de suspender o no los aplicar artículos, a una vivienda digna, a una educación de calidad, a una sanidad para todos, a una televisión pública y plural. Ellos y ellas nos están violentando, haciendo comulgar con ruedas de molinos, empeñados en despolitizarnos, y sería un error de consecuencias incalculables decir que todos son iguales; qué fácil es enmascarar el tiempo que viene si no lo remediamos, donde pretenden gobernarnos, en sus ratos de ocio los tecnócratas del poder, que no son más que los representantes del dinero blanco y negro.

La potente marcha del quince sobre la capital del reino, el testimonio circular en torno a los leones son el muestrario de una sociedad diversa, por eso no escaldemos la lana de nuestras ovejas, y apuntemos a los pastores que bajo el pretexto del “dogma del déficit”, están cometiendo un sabotaje social, dilapidador de la arquitectura de cada una de las piezas del sistema democrático, forjado milimétricamente por la mayoría de los hombres y mujeres de este vilipendiado e intervenido Estado español.

25
Sep/2012

Canallas

Colectivo Senda / Antonio Andrades, Francisco Velasco, José Gutiérrez, José Luis Suárez, María Jesús Reina, Miguel Ángel Santos, Sebastián Gamero, Francisco Gabriel Montoro y Rafael Gómez
Las Treinta definiciones de un canalla, de Geles Calderón, les vienen como anillo al dedo a los impulsores de la medida que ha provocado que desde el 1 de septiembre los llamados inmigrantes sin papeles hayan quedado materialmente excluidos de la atención sanitaria en nuestro país.
Podrían escribirse miles de folios sobre las verdaderas causas que han provocado que decenas de miles de personas de otros países hayan tenido que abandonar su tierra y su familia, arrastrando dolor y lágrimas, así como sobre la responsabilidad histórica de los países desarrollados en las actuales desigualdades existentes en el mundo.
Prescindiendo ahora de ello, lo que en absoluto significa que no lo tengamos en cuenta, pues ahí radica el verdadero problema y es donde pueden encontrarse las soluciones a medio y largo plazo, resulta indispensable abordar este asunto como lo que es: un atentado en toda regla a los derechos humanos.
Junto a ello, es preciso recordar las opiniones vertidas por diversos colectivos de profesionales sanitarios, que coinciden en señalar, por un lado, que la inexistencia de tratamiento de las enfermedades a las personas ahora excluidas de la atención primaria puede provocar rebrotes epidémicos entre la población, y por otro, la saturación y degradación de los servicios de urgencia, único recurso que se deja a disposición del colectivo excluido.
En todo caso, esta medida inhumana, es solo una avanzadilla de los objetivos últimos del PP respecto del sistema sanitario: acabar con la universalidad del sistema público de salud, uno de los mejores del mundo, para privatizarlo y ponerlo al servicio de los que quieren hacer negocio con la salud de los ciudadanos. Mercado para los que puedan pagárselo y para el resto beneficencia; sí, como antes.
Así pues, que nadie se engañe, la agresión a los inmigrantes sin papeles a los que se quiere criminalizar y culpabilizar de todos los males, es solo el comienzo del desmontaje del sistema sanitario público que nos afectará al conjunto de la sociedad española.
Se mire pues como se mire, se trata de un auténtico despropósito ante el que no podemos permanecer impasibles. Ni desde el punto de vista de la salud pública, ni de la gestión sanitaria, ni social, ni humanamente, es de recibo la canallada que pretenden. Si quieren acabar con el turismo sanitario que lo hagan, pero utilizarlo como excusa para cometer un atropello de esta naturaleza representa un ejercicio inaceptable de cinismo contra la que el conjunto de la sociedad tiene que rebelarse.
Atentar contra los derechos humanos es no atender los problemas de salud de los inmigrantes sin papeles; poner en riesgo la salud de la población; empeorar la calidad del sistema sanitario público; privatizar la sanidad y hacer de ella un negocio. ¿Qué es esto si no? ¿Qué son entonces los derechos humanos?
En este asunto, como en otros en los que el Gobierno está interviniendo, relacionados con los derechos sociales y civiles, se utiliza la crisis económica para desmontar el Estado Social y de Derecho consagrado en la Constitución e imponer el modelo social, económico, político e ideológico de la derecha más despiadada, inhumana y cavernícola existente en España desde los últimos años del franquismo.
El PP está haciendo añicos todos los consensos sociales y rechaza permanentemente cualquier propuesta de diálogo, lo vemos todos los días, a todos los niveles. Ante eso solo es posible ya una contestación sostenida y contundente de la mayoría social que posibilite tomar un nuevo rumbo en nuestro país. Es posible, lo es.

24
Sep/2012

Respuesta al terrorismo del capital

RRYSc_0002Por Sergio Villalba Jiménez. Profesor de la Universidad de Sevilla.
Una de las cuestiones que seguimos sin entender del horror vivido en los campos de exterminio nazis fue el por qué la masa de pobres almas que sabían su dantesco final simplemente no se lanzaba en masa hacia sus captores, sabiendo que aunque muchos pudieran morir, otros conseguirían acabar con sus tiranos. Hubo algunos intentos, pero el miedo atroz y creer que no había otra opción, terminaron con lo debió ser la decisión necesaria.

Pongamos un ejemplo ficticio: supongamos que vivimos en un país que en teoría ostentaba una cierta cota de bienestar público y de cultura democrática. En unos años y en un efecto global que arrastra a otros países en el seno de una economía entrecruzada, todo se desmorona y recibimos el mensaje de que la única opción es una precaria subsistencia generalizada en el marco de unos recortes sociales de una brutalidad extrema ¿Qué ha ocurrido? ¿Quién ha sido el responsable? ¿No hay alternativas?

Digamos que indagando un poco, se descubre que como otras, esa nación ha tenido un bipartidismo blindado por leyes electorales que anulan otras iniciativas minoritarias, repartiendo cuotas de poder y riqueza para y por unos pocos entes privados; robando, mintiendo, especulando, y conformando una aparato de corrupción gigantesco que en su desmedida avaricia opta por desmantelar toda la estructura pública de beneficio social, pretendiendo que cuestiones que indica su propia Carta Magna como el derecho a la vivienda, el trabajo, la justicia, la sanidad o la educación se conviertan en papel mojado.

Seguimos en el análisis y descubrimos que los duros recortes que justifican una crisis se ceban en las clases más desfavorecidas como los desempleados, los inmigrantes o los que tienen personas dependientes, pero también en autónomos, pequeños empresarios, o empleados públicos, es decir, población de media-baja clase económica que cumple y se esfuerza de manera austera por el bienestar propio y ajeno del sistema. Hablamos justamente de una inmensa mayoría que no fue la que legalmente esquilmó el patrimonio colectivo, pero sí la que tiene que pagar el gigantesco déficit que una casta de poder generó.

Pero aún hay más: ese poder político que recorta nivel de bienestar y pide austeridad a la ciudadanía, controla a buena parte de los medios de comunicación públicos y privados, reprime el derecho a la manifestación pública siempre que sea crítica con su ideología, retorciendo además el poder judicial para propio beneficio. Además, otros poderes como las grandes empresas, los jerarcas de la doctrina religiosa mayoritaria o el propio monarca-Jefe de Estado, callan, aplauden o incentivan estas medidas, todo ello esgrimiendo que tienen una mayoría de apoyo en las últimas elecciones.

En este punto, otra parte heterogénea pero también numerosa de la población, opta por reivindicar lo que es justo. La pregunta sobre el tablero es la de afirmar si una legalidad vigente se ha terminado convirtiendo en algo ilegítimo, esto es…injusto, incierto, no válido, no tolerable. En realidad, todos los estados -hasta las dictaduras declaradas con apariencia de democracia- han defendido siempre la “legalidad” impuesta por ellos mismos como punto de autojustificación de sus acciones, lo que inevitablemente ha convertido la lucha contra esa barbarie en clandestina e ilegal, pero no por ello injusta en el sentido más estricto de la palabra.

Esta hipótesis nos conecta con una propuesta real que está siendo difundida en las redes sociales para el próximo 25 de septiembre en Madrid. Rodea El Congreso puede que triunfe o fracase, puede que sea un intento o una utopía posible, pero es una propuesta que se enmarca y se repetirá en el seno de las duras circunstancias sociales y políticas que vivimos. Por explicarlo de manera muy sintética: se convoca a los ciudadanos una acción pacífica en masa que pueda rodear simbólicamente el Congreso de los Diputados, permaneciendo allí hasta conseguir la disolución de las Cortes y un proceso constituyente para una verdadera y democrática nueva Constitución. Esta premisa implica la dimisión del Gobierno actual y la convocatoria de elecciones generales. Las medidas adjuntas a este proceso pasan por una auditoría de la Deuda Pública, delimitando claramente las partidas que han respondido exclusivamente a intereses privados de lucro, con el procesamiento y responsabilidad de los responsables. Reforma de la Ley Electoral para una mejor representatividad de las fuerzas políticas. Derogación de las reformas emprendidas por el gobierno vigente en los últimos meses. Reforma fiscal que haga pagar más a quienes más tienen. Igualmente se insiste en la derogación de la amnistía fiscal y de los privilegios de quienes ejercen responsabilidades políticas, así como la paralización de los desahucios y el reparto del trabajo existente entre toda la población, argumentando la no necesidad de que haya que trabajar más por menos, sino equitativamente, con objeto de un beneficio justo y digno para todos.

No es difícil pensar que el Ministerio del Interior está meditando los pasos de esta actuación. Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y las Fuerzas Armadas tienen un papel crucial en esta situación, pudiendo servir a una escalada de agresión y caos o por el contrario rememorar procesos colectivizadores como la célebre Revolución lusa de los Claveles. Los dilemas éticos le corresponden en la misma forma que al conjunto de la ciudadanía; el devenir de los hechos es una decisión de responsabilidad conjunta y de reflexión profunda. A poco que una lea esta propuesta entiende las conexiones con los movimientos sociales de nuestro país, con propuestas como las inicialmente planteadas en Grecia, las realizadas de manera efectiva y ejemplar en Islandia, o con cierta distancia pero con cierta sintonía, con todo el proceso de la llamada Primavera Árabe. Mi opinión sobre todo esto la tengo muy clara. Infórmese y juzgue cada ciudadano lo que tiene que hacer en una coyuntura histórica como la presente.

24
Sep/2012

Una apuesta por la innovación

Javier Pazó Castro, Presidente de Movand SA

Ante todo, darles las gracias por la oportunidad que me brindan de expresarme en este medio.
Soy Francisco Javier Pazó Castro, Presidente del Consejo de Administración de Movand S.A. y de Movand Motors S.A. e igualmente creador del complejo Ciudad de la Energía.

1º Debido a las noticias por ustedes publicadas el pasado lunes, tengo que decir que sólo un grupo de personas persiguen como otras veces en otros medios de comunicación el ensañamiento hacia mi persona y por ende a mis compañías. Que es completamente falso y sólo de parte lo allí reflejado, que igualmente, los tribunales darán cuenta de ello y que hechos acaecidos en el año 2004 poco tienen que ver con el presente inmediato, para aparecer en su periódico como una noticia novedosa. Y sí como una nueva piedra en el camino.

2º Igualmente quisiera indicar que la campaña de desprestigio a la que se nos viene tratando desde el año 2010 obedece a un pecado capital que usted y yo conocemos desde hace mucho tiempo y que en el mundo de los negocios (desgraciadamente en España) nos sitúa en el ranking a la cabeza.

3º Que a pesar de ello, tanto Movand matriz de la compañía como la subsidiaria Movand Motors continúan en estos tiempos difíciles adelante con su proyecto, no sin muchos sinsabores, problemas económicos, impagados, una banca cerrada en puertas y con enormes dificultades para atraer fondos de los mercados internacionales dada la difícil situación de la economía española y el elevado riesgo país.

4º Igualmente y aprovechando esta oportunidad que me brinda y lejos de cargar tintas contra aquellos cuyo único propósito es ver a nuestra compañía y proyecto fracasados, tengo que poner un poco de entusiasmo a esta sociedad que quiere respuestas a la situación actual de paro y desesperanza.
Hasta la fecha hemos proporcionado empleo a más de 200 personas sólo en la construcción del primer edificio dedicados a scooters eléctricos amén de aquellos que han trabajado en talleres y en los desarrollos de ingeniería. Seguimos trabajando en la incorporación de fondos para ver el proyecto hecho realidad en corto plazo.
Asimismo no dejamos de trabajar en nuevos desarrollos que darán sus frutos en forma de novedosas patentes. Por poner un ejemplo, ¿sabía usted que nuestro sistema de intercambio de baterías patentado es pionero a nivel mundial? O que otra invención nuestra como es el eco-taxi ha sido presentado en exposiciones como las de Delhi (India), Frankfurt (Alemania) y ha sido publicado por la revista National Geographic en su edición de agosto del 2010, llegándonos elogios de la prensa especializada. O nuestro coche eléctrico del que se ha hecho eco la prensa del motor y que pueden visualizar en Youtube (Movand CM1).
Por cierto, para aquellos que desconocen la nacionalidad del vehículo, diré que la carrocería es de Jac Motors, pero el sistema de propulsión así como la electrónica y el sistema de baterías es de Movand. Es el único en el mundo occidental que conozcamos que lleva sus motores en las ruedas. (Por cierto, para aquellos detractores les diré que Jac Motors hasta la fecha no fabrica coches eléctricos). Esto señor mío se llama I+D y cuesta, creáselo, una cantidad ingente de tiempo y de dinero.

5º El futuro más inmediato pasa por la movilidad eléctrica como actividad tractora del crecimiento económico y le digo bien, pues no se trata sólo de ecología sino también de economía. Dado los precios del petróleo actuales, los países que como nosotros somos dependientes de él veremos un alivio en nuestros bolsillos ofreciendo una oportunidad de oro de crear una red de industrias dedicadas a estas nuevas tecnologías. Hace poco tiempo en la Conselleria de Industria del Gobierno Catalán me preguntaban que cómo compañías de prestigio a nivel global (no doy nombres por aquello de la publicidad) no estaban ya en el mercado.
Pues es bien sencillo, les dije, imagínese lo que es cambiar para cualquiera de estas compañías su sistemas de fabricación, sus proveedores, la mayoría de ellos especializados en un mundo diferente a la movilidad eléctrica, pero con un contrato a largo plazo y una inversión en maquinaria enorme, así como stock a nivel global muy importante que en muchas ocasiones ronda anualmente los 7.000.000 de unidades. Y a esto hay que introducir el I+D y la preparación de sus empleados para esta nueva tecnología que se basa principalmente en electricidad, electrónica e informática. Así como constantes cursos de reciclajes y desgraciadamente EREs en plantilla al no necesitarse tanta mano de obra. Un motor eléctrico posee de media 27 elementos contra los más de 430 elementos de un motor de scooter y las 1.100 piezas de un motor de combustión para coche.

6º Como habrá comprendido el lector, la oportunidad que tenemos las pequeñas y medianas empresas es histórica, oportunidad para posicionarnos en un mercado con un enorme potencial de crecimiento y poder competir a nivel global. Para la actual industria de la automoción este cambio significará una auténtica reconversión industrial que costará años.
A todo esto hay que sumar infraestructuras de recarga para los vehículos de transporte, ya que los vehículos pequeños como scooters y VLC (vehículo ligero de ciudad) no lo necesitarán debido a su extracción de baterías. Pero además habrá un futuro prometedor para las estaciones de recarga mal llamadas electrolineras, ya que podrán abastecer a estos vehículos ligeros que por distancia o bien por olvido no hayan podido cargarse en la toma habitual de casa. A esto hay que sumar toda una nueva tecnología que se irá desarrollando en los próximos años y que traerán riqueza, exportaciones y muchos puestos de trabajo, estamos ante un cambio de ciclo que es imparable y comparable al mismo que se produjo a principios del siglo XX entre el carbón y el vapor con el motor de combustión interna de Otto. En el que convivieron y la última tecnología acabó imponiéndose. Para muestra un botón, para el 2014 se prevé la F1 eléctrica pensada para fomentar el I+D de este tipo de vehículos y que convivirá con la Formula 1 tradicional. Muy equivocados no tendremos que estar ¿no?

7º Espero que con lo expuesto, el lector se haga una idea más amplia de “a que nos dedicamos” y que se sienta con orgullo de ser andaluz y español, así como a nuestros detractores que desde estas lineas les conmino a dejar de molestarnos con injurias, difamaciones y coacciones que sólo conducen a la desmoralización de padres de familia directivos, ingenieros, técnicos y futuros operadores de planta que están esperando con anhelo el comienzo de la actividad. Asimismo logran con el desprestigio al que nos someten que inversores extranjeros no piensen en invertir en nuestra tierra, ya que esto es inaudito para ellos. En países como Alemania, EE.UU. o Francia se premian el trabajo y el esfuerzo y no la desidia, la envidia y el catastrofismo. ¡Basta ya!

23
Sep/2012

Justicia frente a la explotación sexual

Por Amparo Díaz Ramos, abogada especialista en violencia de género

Vivimos en una sociedad injusta en la que tolerar la desigualdad y mirar hacia otro lado ante la pobreza y la vulneración de derechos humanos es algo habitual. A ello se une que nuestra mentalidad y nuestras estructuras sociales e instituciones siguen siendo marcadamente patriarcales aunque grandes leyes con vocación transformadora refieran frecuentemente la importancia de la igualdad. En la vida diaria esto supone que toleramos con bastante facilidad situaciones de violencia de género como la explotación sexual. No es casual que masivamente las personas en situación de explotación sexual sean mujeres y los consumidores de explotación sexual sean hombres. Nuestra falta de reacción ante las injusticias económicas y ante las injusticias asociadas al modelo machista, que daña a las mujeres y a los menores, explica que, según Unicef, existan 100 millones de niños y niñas abandonadas en todo el mundo, y que la mayoría de esas niñas, junto con bastantes niños, se encuentren en situación de explotación sexual. No hay ningún motivo para pensar que esas niñas y niños llegan a la explotación sexual felizmente porque les resulta más fácil y rentable prostituirse que acudir a un colegio; antes al contrario, hay sobrados motivos para pensar que llegan a la prostitución desde la vulnerabilidad.

En la actualidad, convertir en objeto a otro ser humano está al alcance de la mano de cualquier hombre, como nunca antes, incluso al alcance de los adolescentes. El turismo sexual internacional se publicita de forma cada vez más clara en nuestras ciudades y, por otra parte, no necesitamos irnos a América latina o a Asia para ver a mujeres y adolescentes usadas como objetos de consumo masculino. Las mujeres son el producto más consumido en todo el planeta, incluso –¿o especialmente?– dentro de los grupos de poder, no siendo Italia el único referente.
Por eso la explotación sexual presenta muchísimas dificultades y grandes retos para los gobiernos, las organizaciones no gubernamentales y las agencias intergubernamentales. Tendremos que pronunciarnos sobre qué consideramos más relevante: devolver sus derechos, incluido el de igualdad de oportunidades, a las personas usadas como objetos o mantener el estatus privilegiado y cómodo de quienes las usan sexualmente o de quienes comercian con ellas. Y actuar en consecuencia.

Para mí no hay duda: la explotación sexual es fruto actualmente de la injusticia y la desigualdad, causa daños y si permanecemos impasibles también somos responsables.

21
Sep/2012

Para qué reformar cuando se puede suprimir

José María Morales Arroyo, Catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Sevilla

Una vez que hemos creado el mito de los 400.000 políticos y lo hemos echado a correr era cuestión de tiempo que se produjese el linchamiento. Primero se ajustició a los representantes locales, orquestando en paralelo un proceso para limitar la autonomía local, en el que, sorprendentemente, se ha salvado a la diputaciones provinciales. Y, ahora, ha llegado el momento de los parlamentos autonómicos.

Entre Núñez Feijóo y Aguirre comenzaron el discurso de la reducción del número de parlamentarios, como medio de ahorro. Cospedal se apuntó a la cruzada, añadiendo la ocurrencia de dejar sin sueldo a sus diputados. Y el último que ha llegado al club de los titulares demagógicos ha sido Zoido, que también asume la reducción de los diputados andaluces, después de pasarse su partido todo el proceso de reforma estatutaria defendiendo la necesidad de aumentar el número de parlamentarios como medio para perfeccionar la democracia en Andalucía.

Sin entrar en el debate de quién gana o pierde suprimiendo escaños en tal o cual provincia, ni volver a repetir que en nuestra historia política sólo en los períodos auténticamente democráticos los parlamentarios han recibido una compensación económica por hacer su tarea, pretendo señalar un par de problemas jurídicos con los que tropieza la propuesta de la presidenta de Castilla-La Mancha por si acaba en el futuro convirtiéndose en el patrón oro de las reformas de ahorro en lo público.

Con el respeto que me merece la voluntad electoral manifestada por los castellano-manchegos en mayo de 2011 y la evidencia de la dificultad que añade a la defensa de intereses territoriales la elección como presidenta de una comunidad autónoma a un miembro relevante en la estructura de un partido nacional, las propuestas de reducción de diputados y de supresión de sus sueldos, con el horizonte de 2013, deben superar, a mi entender, un par de problemas jurídicos.

ESPAÑA DEBATE REGIÓNLa reducción de diputados debe respetar el mandato del art. 10.2,2º de su propio Estatuto, cuando establece que “las Cortes de Castilla-La Mancha estarán constituidas por un mínimo de 47 diputados y un máximo de 59”; y que “la asignación de diputados a cada provincia no será inferior a la actual: Albacete, diez diputados; Ciudad Real, once diputados; Cuenca, ocho diputados; Guadalajara, siete diputados, y Toledo, once diputados”. Es decir, en la actualidad el sorprendente ahorro se obtendría suprimiendo un escaño en Guadalajara y otro en Toledo, salvo que medie, además de una reforma de la ley electoral, una reforma estatutaria. En esta línea, la resolución aprobada en la sesión de Cortes del 7 de septiembre pretende reformar el Estatuto para reducir a la mitad el número actual de parlamentarios y dejarlo en un número cercano a los 30; es decir, 5 diputados más que el número de concejales con los que cuentan Toledo, Ciudad Real, Cuenca y Guadalajara y sólo tres más que el número de concejales que tiene el consistorio de Albacete. Los ciudadanos de la comunidad decidirán si se sienten suficiente y proporcionalmente representados.

En el tema de la eliminación de las retribuciones de los parlamentarios, tanto el pronunciamiento de las Cortes como las declaraciones posteriores resultan confusos. Se ha apuntado que los diputados perderán sus retribuciones en el año 2013, una vez que se hayan tomado todas las medidas legales necesarias. En este caso las medidas legales alcanzan a la reforma del completo art. 11 del Reglamento de las Cortes; con ello se conseguiría unos diputados sin sueldo que trabajarían felices en una reforma estatutaria con la que se harían un simbólico harakiri.

Los problemas de esta decisión contados de una manera sencilla son, al menos, dos. La jurisprudencia del Tribunal Constitucional exige que en el caso de los cargos públicos representativos las condiciones legales para el ejercicio de su mandato sean las mismas que concurrían cuando fueron elegidos y que, cuando estas se cambian, sólo serán aplicables a los diputados electos en la siguiente legislatura; es decir, cualquier diputado que se vea privado de la retribución que le reconoce el actual artículo del Reglamento de la Cámara podría ir en amparo ante ese Tribunal por violación del art. 23 de la Constitución, pues la reforma sólo será de aplicación a los parlamentarios elegidos en mayo de 2015 o, antes, si la presidenta disuelve las Cortes. Y, lo que resulta más grave, si se privase a los diputados de sueldo legal o estatutariamente, permitiendo, como en épocas predemocráticas, que aquellos con capacidad económica fuesen los que materialmente concurriesen a las elecciones, se estaría construyendo un nítido supuesto de discriminación indirecta, con el que se atacarían los artículos 14 y 23 de la Constitución.

Como no quiero cerrar esta reflexión de manera negativa, le puedo sugerir a la presidenta una medida más radical, que permitiría un mayor ahorro económico a las arcas de su comunidad, cumpliendo la máxima de más gobierno y menos parlamento. Le basta con volver al año 1982, reformar el Estatuto de Autonomía, limitando su modelo democrático, y suprimir las engorrosas y caras Cortes, estableciendo un modelo en el que los ciudadanos castellano-manchegos la elijan directamente cada 4 años. La Constitución no fija un modelo institucional para aquellas comunidades autónomas que se crearon por una vía diferente al art. 151. Exige que el modelo respete el principio democrático del art. 1, pero no que tenga que ser un modelo parlamentario. Con esa decisión, para la que cuenta con mayoría en su autonomía y en el Parlamento nacional, rompería con la tradición parlamentaria propia de nuestra historia política y no tendría que estar sometida al permanente y odioso control de la oposición; pero, como los napoleones en su día, se encontraría más cerca de su pueblo.

10
Sep/2012

El señuelo de Rajoy a Merkel

javiFrancisco Javier Conejo Rueda /  Secretario de Política Municipal del PSOE de Andalucía

Mariano Rajoy gobierna mediante señales de humo a las autoridades europeas. Poco o nada importa que las medidas que el Consejo de Ministros del PP aprueba cada viernes o los documentos que se mandan a las autoridades europeas vayan a tener los efectos que se pretenden por parte del Gobierno en cuanto a la rebaja del déficit público. Más bien en lo relativo al recorte de derechos, futura privatización de servicios y reducción de la democracia local serán todo un éxito. La cuestión es emitir señales a Europa.
Es el caso de la supresión de las entidades locales autónomas (ELA), dependientes de ayuntamientos mayores. En Andalucía tenemos 48 entidades con una población que supera los 60.000 habitantes. El Gobierno de Rajoy ha informado a Europa de que uno de los objetivos de la nueva ley local será reducir la estructura municipal, una verdadera contrarreforma por decreto de la vocaceón municipalista y descentralizadora de la Constitución de 1978. El argumento es la austeridad, si bien los datos objetivos desmienten las razones que esgrime el Gobierno. Rajoy propone eliminar las ELA mientras que sostiene que los pequeños ayuntamientos podrán mantenerse si se fusionan o unen a otros. La realidad es que la media de habitantes de nuestras entidades es de mil, muy superior a muchos municipios andaluces y españoles. En nuestro país tenemos 4.944 municipios con menos de mil habitantes. Si el Gobierno plantea eliminar las ELA es porque también pretende eliminar casi 5.000 municipios españoles o porque usa a las entidades locales -es decir, a sus miles y miles de habitantes- como chivo expiatorio ante Angela Merkel. Los dirigentes locales del PP se han desgañitado en desmentir que se vayan a suprimir municipios pero han mantenido un silencio sepulcral sobre las entidades locales. Ambas estructuras municipales son necesarias.
La razón de borrar del mapa municipal a las ELA es económica, según el PP. Representaría un ahorro. Pero no es cierto que las entidades menores hayan generado el déficit de la administración local pues la mayoría de ellas no tienen deudas; es falso que los entes locales pequeños sean los culpables de la deuda, del déficit o de los problemas económicos del país. Debemos recordar que la deuda de los ayuntamientos asciende a 28.000 millones de euros sobre un total de 800.000 millones del conjunto de las administraciones. Esa deuda municipal tiene nombres y apellidos, ya que son los ayuntamientos de Madrid (8.500 millones), Valencia o Málaga, los grandes deudores. Las entidades autónomas se financian del presupuesto del ayuntamiento matriz al que pertenecen. El Gobierno de España no ingresa ninguna financiación a las ELA directamente. ¿Dónde está el recorte económico? No existe, el verdadero recorte será dejar sin servicios básicos a estos núcleos de población. Eliminar las entidades locales autónomas no representa ahorro ni reducción del déficit, significa recortar la democracia local y convertir en ciudadanos de segunda a más de 60.000 andaluces y andaluzas.
Detrás de esta medida el PP esconde una estrategia de concentración del poder y centralización de la gestión de los servicios públicos, antesala para una privatización con argumentos falaces sobre el coste y la titularidad de éstos. Rajoy quiere que las diputaciones se conviertan en centros de poder municipal porque ahora gobierna la mayoría de ellas. Desde las elecciones municipales los gobiernos provinciales del PP han modificado el modelo de gestión en las diputaciones, pasando de la concertación de inversiones que garantizada la igualdad entre municipios a un modelo fundamentado en la arbitrariedad y el sectarismo político, en contra del espíritu de la Ley de Autonomía Local de Andalucía. La decisión sobre las ELA y los municipios es un paso más hacia la intervención real de los pequeños pueblos, a la que se suma la reducción de concejales y concejalas, cifrada en un 30%, según los anuncios del Gobierno. En suma, tendremos menos y peor democracia local, pese a que el desarrollo de nuestros ayuntamientos ha permitido que en Andalucía no haya desaparecido ningún municipio en la etapa democrática y se haya garantizado una cartera básica de servicios públicos a sus habitantes, supurando la brecha litoral-interior en una política de igualdad de oportunidades impulsada por los gobiernos socialistas en la Junta de Andalucía y por centenares de alcaldes y alcaldesas socialistas, y los gobiernos provinciales socialistas.
La centralización de servicios públicos al eliminar las entidades locales conlleva el fin de las políticas de proximidad, participación y corresponsabilidad exigidas por la ciudadanía, sobre todo para los núcleos de población más alejados de los consistorios matriz. Pongamos un ejemplo. Los habitantes de Montecorto, entidad local autónoma en la Serranía de Ronda, en Málaga, tendrán que acudir a Ronda a realizar los trámites administrativos presenciales, dejarán de elegir a sus representantes, perderán autonomía en la toma de decisiones y podrían quedar arrinconados con gobiernos locales insensibles a la realidad de estos núcleos con una merma sustancial de los servicios que reciben (limpieza, arreglos, recogida de residuos, infraestructuras…).
A los socialistas andaluces nos preocupa la eliminación de las entidades locales desde el punto de vista de los servicios que benefician y pagan con sus impuestos sus habitantes, pero no es menor la preocupación en cuanto al significado y calado político de la decisión. Que desaparezcan entidades locales o ayuntamientos es un ataque a la identidad y comunidad de nuestros territorios. Las estructuras administrativas garantizan el sentido de pertenencia de la ciudadanía a un pueblo y son la cobertura del autogobierno mediante la participación, la toma de decisiones y la elección de representantes. Sin instituciones y sin representantes, los habitantes de las ELA perderán los derechos de ciudadanía.
Mariano Rajoy y el PP quieren desmontar nuestro modelo territorial, administrativo y de convivencia, sin consenso político ni ciudadano. El mandato de las urnas no es un cheque en blanco cuando se traicionan en el Gobierno las palabras lanzadas en la oposición y se hace lo contrario de lo que se dijo. Rajoy manda señales a Merkel pero más bien son señuelos con mayúsculas consecuencias para nuestros pueblos y ciudades.

04
Sep/2012

¿Dónde está la Justicia?

Josu Gómez Barrutia, Presidente de la Asociación Progresistas de España

Sin lugar a dudas, vivimos un tiempo de cambios, un tiempo de transformaciones profundas en nuestra sociedad que hace que cada día asistamos atónitos a un desdibujamiento del propio significado de la palabra Democracia ante el empuje de los poderes económicos neoconservadores que a través de diversos instrumentos como las agencias de calificación o la aplicación de herramientas en el marco del sistema bursátil hacen posible que la soberanía popular reflejada en las cámaras legislativas de las democracias de medio mundo palidezcan ante normas y exigencias acordadas por una minoría deseosa de configurar una nueva sociedad en el siglo XXI, una sociedad en donde el Estado del Bienestar muera lentamente a favor de un nuevo estado insolidario en donde sólo aquellos que tengan “capacidad” puedan acceder a derechos hasta ahora universales como la educación, la sanidad o la justicia. Es ésta la fórmula que el propio Mario Draghi verbalizaba hace apenas unos días al señalar algunas de las nuevas recetas de recorte de salarios y de control del déficit frente a una crisis económica, que hoy más que nunca parecería que hubiera sida provocada por el propio “poder económico” para tener la oportunidad de realizar el corta y pega necesario para configurar este nuevo estado del Siglo XXI en donde el poder económico mande sobre el político, y en donde la ciudadanía y las clases medias dejen paso a una mano de obra barata y al servicio de un sistema de sesgo totalitario.

tribunaDe esta forma, cada día la sociedad de nuestro país asiste a cascadas de noticias que ponen de manifiesto un hecho desolador que no es otro que esta crisis afecta de manera más directa a quienes menos tienen frente a aquellos otros colectivos que de manera contraria a los primeros ven en esta crisis económica oportunidades de seguir engordando sus ya de por si bien avenidas cuentas corrientes y patrimonios. Así, medidas como las de la Reforma Laboral con un recorte brutal en los derechos laborales de los trabajadores/as de nuestro país, los recortes en los Servicios Públicos de educación y sanidad en un intento precocinado de potenciar lo privado como alternativa, la subida del IVA que de manera directa afecta negativamente a autónomos/as y pymes, el intento de coartar la libertad de expresión de organizaciones sociales como Facua por parte del Gobierno de la nación o el apoyo directo al sistema bancario responsable e inductor de esta “crisis” hacen que seamos muchos los que hoy nos preguntamos ¿Dónde están la justicia, la igualdad o la libertad? ¿Dónde están estos valores que conforman el pacto social democrático en nuestro país con el que logramos una transición democrática ejemplar? ¿Dónde están los liderazgos políticos capaces de llevar a cabo consensos de Estado para hacer frente y evitar que hoy en definitiva nuestra democracia sea herida de muerte? Preguntas éstas que se enmarcan en hechos que ponen de manifiesto la vulneración de los pilares fundamentales de nuestro Estado del Bienestar, hechos a los que hoy asistimos tales como el enriquecimiento de minorías y elites económicas tales como los directivos de bancos y cajas intervenidas frente al empobrecimiento de la clase media y obrera que ve cada vez más reducido su salario y un endurecimiento de sus condiciones laborales, el recorte del sistema público de educación frente al apoyo directo a los centros concertados y privados como recientemente hemos podido ver en Madrid, al intento de eliminación de los 400 euros de ayuda para parados de larga duración o la subida de tarifas como la de la luz. Y todo ello, sin olvidar la emigración de miles de jóvenes universitarios que dejan nuestro país al no encontrar un puesto de trabajo en donde desarrollar sus habilidades y su capacidad productiva, hecho éste que tiene un elemento tremendamente negativo para el presente y el futuro de nuestro país como es el hecho de que perdamos a una generación de hombres y mujeres formados y con una gran capacitación técnica que en vez de servir como motores de desarrollo económico y productivo en nuestro país llevarán a cabo este cometido en los países receptores a su capacidad y que ven como una gran oportunidad para sus estados la entrada de esta importante mano de obra, máxime cuando la formación de la misma ha corrido por cuenta ajena de España y sin coste para sus arcas.

En definitiva, vivimos un tiempo de cambios, pero un tiempo de ruptura al mismo tiempo con los pactos llevados en nuestro país entre la izquierda y la derecha, entre el pensamiento progresista y el conservador, en definitiva entre las dos Españas que Machado llevó siempre en el corazón. Y es aquí donde tenemos que hacer un énfasis quienes asistimos a un hecho sumamente peligroso para nuestra propia sociedad, que no es otro que el de volver a la confrontación directa entre estas dos sensibilidades que conforman y configuran nuestro país. Así cabe recordar que el éxito de nuestra transición y el hecho de lograr la estabilidad en España fue el resultado de la renuncia al programa máximo de cada una de las partes que por aquel entonces hicieron posible aquellos consensos nacidos al abrigo de los denominados Pactos de la Moncloa tras la dictadura del general Franco.

Hoy tenemos y debemos reivindicar desde la sociedad civil organizada la necesidad de volver a retomar un nuevo pacto político, social y económico que ponga fin al ataque brutal que hoy sufre el consenso nacido entonces, de lo contrario, de seguir por la vía de la confrontación mediante el recorte de la libertad, la igualdad y la justicia sólo estaremos dando alas a la creación de un nuevo movimiento de confrontación social en el seno de la sociedad española y la fractura de la misma en dos.