Monthly Archives: Febrero 2011

28
Feb/2011

No es el estado de las autonomías, sino el estado social

José María Morales Arroyo.

Catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Sevilla

Ala luz del debate que se está produciendo en estos días sobre el Estado Autonómico surge la pregunta de cuándo nuestra forma de organizarnos territorialmente dejó de ser un hecho asombroso y se convirtió en un problema que nos conduce al apocalipsis. “Se está deshaciendo el Estado”, reza el titular de la presentación de un foro social con estética de los años ochenta; mientras que desde la Fundación FAES, Aznar en la presentación de un informe denominado Por un Estado Autonómico racional y viable, habla de que el Estado es residual y no podemos seguir funcionando con 17 “miniestados”, porque estamos abocados al desastre social y económico.

En este contexto, en el que se escriba lo que se escriba va a ser malinterpretado, conviene fijar algunas ideas que omiten las proclamas sobre la nueva centralización. Como se sabe a estas alturas, el Estado de las Autonomías surge de la Constitución, pero está escasamente regulado en su articulado. Por lo tanto, el modelo se ha configurado a partir de pactos políticos tácitos o expresos, como los alcanzados en los años 1981 y 1992. La fijación del modelo ha requerido, por mandato constitucional, la aprobación y reforma de los Estatutos y en su evolución ha encontrado su límite en la Sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto de Cataluña. Las propuestas políticas de reforma del Estado Autonómico resultan legítimas, pueden ser origen de un interesante debate y, quizás, den resultados en un futuro mediato, pero deben contar con los elementos que permitieron construir el modelo.

El proceso de reforma requiere un nuevo pacto político y su traslación normativa. En el pacto político, dado el alcance sugerido para la reforma, tienen que estar presentes tanto los grandes partidos nacionales, como los partidos territoriales, porque todos estuvieron en su día en la configuración del modelo territorial. La actualización jurídica requiere inexorablemente la reforma de los Estatutos de Autonomía y, quizás, de la Constitución; con la alergia que han demostrado las fuerzas políticas a la hora de abrir esa puerta.

Los motivos que impulsan la reforma deben fijarse con claridad. Hasta ahora me he encontrado con dos poderosas razones que justifican la reforma, la “desorganización” y el “despilfarro” que suponen las autonomías. Aunque esto exija un debate más amplio, ninguna de estas razones requieren, en principio, una reforma formal de nuestra Constitución territorial. La desorganización se corrige con algo que ciertamente es defectuoso en el modelo; recurriendo a instituciones e instrumentos que permitan la colaboración y coordinación de las políticas estatales y autonómicas, en la línea sugerida el fin de semana pasado por la Convención socialistas. La experiencia en las políticas sanitarias y sobre gasto farmacéutico demuestran que es una vía efectiva para evitar “el desorden y el despilfarro”, aunque tampoco vendría mal una postura más positiva en torno a los convenios de colaboración entre Comunidades Autónomas. El exceso de gasto se soluciona con una modificación a la baja del modelo de financiación, que respete los criterios recogidos en los Estatutos y con acuerdos que terminen en el Consejo de Política Fiscal y Financiero y que posteriormente se trasladen a la correspondiente Ley Orgánica. Es decir, que tanto Estado como Comunidades Autónomas acuerden cuánto están dispuesto a reducir en el nuevo modelo de financiación.

Por último, la decisión fundamental gira en torno al alcance de la racionalización del modelo. A este respecto, cualquier reforma que suponga redefinir el esquema de distribución de competencias con afán recentralizador requiere reforma de los Estatutos y mantener otra cosa es engañar a la opinión pública. Pero, si el discurso es el de que no nos podemos costear este modelo de Estado, hay que pedir que se señale en qué competencias de las ejercidas se despilfarra y en qué Comunidades. Éste es el núcleo de la propuesta, dónde se han construido algunos falsos mitos.

El principal gasto autonómico se concentra en el cumplimiento de competencias comunes sobre sanidad, educación y servicios sociales, en las que el Estado mantiene facultades “generales”, no “residuales”. Los datos del personal al servicio de las Administraciones corroboran esta idea. El Boletín Estadístico publicado por el Ministerio de la Presidencia con los datos vigentes a enero de 2010, informa que del 1.348.492 empleados públicos al servicio de las Comunidades Autónomas, 1.039.522 se dedicaban a cumplir funciones relacionadas con la docencia no universitaria y con las instituciones sanitarias, a los que se añaden 37.789 en la administración de justicia y 24.860 en las fuerzas de seguridad. Por lo tanto, si en los ámbitos gestionados por esos empleados se encuentra el origen del “despilfarro”, que se diga claramente en qué partidas y con qué alcance se pretende reducir. El momento no puede ser más idóneo porque en mayo hay elecciones en 13 de las Comunidades Autónomas “manirrotas” y los votantes podrían conocer de primera mano dónde quieren racionalizar.

En la medida que, imagino, ni los autores del Informe de la Fundación FAES, ni el expresidente del Gobierno dependen de los servicios que les prestan en sanidad, educación y asistencia social las Comunidades Autónomas en las que residen, resulta fácil obviar las bases reales sobre las que se asienta su irreprochable propuesta. Quizás se pueda gastar mejor en el Estado y en las Comunidades Autónomas, pero las propuestas conforme al modelo actual deben canalizarse en las sedes correspondientes, o bien, afrontar un cambio del pacto constitucional que incluya el pacto territorial y con las consecuencias que ello conlleve.

24
Feb/2011

¿Qué pasará más allá de 2014 con los fondos europeos?

M. Alejandro Cardenete. Prof. Titular de Economía Aplicada de la Universidad Pablo de Olavide.

Tras dos décadas en las que Andalucía ha venido recibiendo una importante financiación a cargo de los Fondos Europeos procedentes de la política regional europea, son diversos los trabajos que han puesto de manifiesto la importancia de los fondos recibidos para el crecimiento de nuestra comunidad. Estos resultados hacen necesario replantearse el modelo de crecimiento de la economía andaluza ante un horizonte no muy lejano en el que la región deberá renunciar progresivamente a dicha financiación externa, que se derivará hacia los nuevos países y/o regiones de la Unión Europea ampliada.

Desde la incorporación de España a las Comunidades Europeas a mediados de los años ochenta la economía andaluza ha venido recibiendo importantes ayudas a cargo de la política regional comunitaria. Concretamente, fue a raíz de la reforma de los Fondos Estructurales de 1987, cuando se adoptó la actual programación regional por objetivos, siendo Andalucía catalogada en el bloque de regiones denominadas Objetivo nº 1, recibiendo un total de 79.642,7 millones de euros en los últimos 26 años. De esta forma, se iniciaba un importante esfuerzo en aras de la cohesión económica, social y territorial.

Trabajos como los de Lima y Cardenete (European Planning Studies, 2008) utilizando las Matrices de Contabilidad Social para 1990, 1995 y 1999 –ampliaciones de las tablas input-ouput– para la construcción de un modelo de equilibrio general computable nos facilitaba una respuesta a la pregunta sobre la importancia de las partidas de la política regional europea.

Analizando cada uno de los períodos estudiados, como referentes o fotos fijas de los tres Marcos Comunitarios de Apoyo – 1989-1993, 1994-1999, 2000-2006– se observaba un comportamiento muy inelástico del PIB en relación al primer Marco Comunitario de Apoyo desarrollado, aspecto que cambiaba radicalmente en el segundo, donde se registraba una caída de un 5.91% en el PIB regional, un valor que continuaba creciendo cuando evaluábamos el tercer Marco Comunitario de Apoyo en el que nuestro agregado de referencia registra una reducción aún mayor, tomando un valor del 7.75%.

Para tratar de valorar el peso relativo que hubiera podido tener cada uno de los factores explicativos sobre la situación presente de Andalucía, en Lima, Cardenete y Usabiaga (Papeles de Economía Española, 2009) se planteaban varias cuestiones: ¿Cuál había sido la evolución de Andalucía en términos de convergencia en relación a las regiones españolas y europeas? ¿En qué medida podría atribuirse su posible convergencia a los fondos europeos recibidos y qué grado de eficiencia podríamos atribuir a los mismos? Y, por último, ¿ha existido cierta dependencia de dichos fondos?

De forma resumida, se obtenían datos significativos para el pasado Marco Comunitario de Apoyo (2000-2006). Por ejemplo, se recogían los puntos porcentuales de subida de la tasa de desempleo que generaría la eliminación de cada tipo de fondo o de la totalidad de los mismos: 6,95 y 6,07 puntos si desapareciesen las dotaciones del total del POIA y del fondo FEDER respectivamente, seguidos de cifras en torno al medio punto para el FEOGA-O y el FSE. En suma, la incidencia de la eliminación de los fondos europeos sobre el desempleo resultaría muy significativa.

Con respecto a otro indicador de interés, como es la renta disponible, la reducción sería generalizada al eliminarse los fondos, y oscilaría entre el 6,49% y el 5,86% para el total del POIA y el FEDER respectivamente, y cerca del medio punto para el resto de los fondos. El PIB manifestaba un comportamiento también importante (casi 6 puntos porcentuales de PIB).

Tal y como apuntamos en Lima, Cardenete y Usabiaga (Papeles de Economía Española, 2009), podríamos resumir las principales conclusiones: 1) los avances de Andalucía habían sido significativos en términos de convergencia, 2) los bajos niveles de productividad o los problemas estructurales del mercado de trabajo (elevado desempleo, elevada temporalidad, etc.), se mantenían; 3) si nos situábamos en el caso más adverso, consistente en la no percepción de la totalidad de los Fondos Estructurales, el PIB regional se habría reducido en casi un 6% respecto al efectivamente registrado, y las pérdidas resultaban aún mayores en términos de desempleo o renta disponible; y 4) como reflexión a medio plazo, destacábamos la experiencia previa en la gestión de fondos (“efecto aprendizaje”) como un activo para el Marco Comunitario de Apoyo 2007-13 actualmente en vigor.
Pero la pregunta fundamental es, ¿qué podrá pasar después del 2014? A tenor de lo expuesto la vulnerabilidad de la economía andaluza podría ser realmente importante. La dependencia de los fondos –aunque con un éxito claro en su uso– hace que, sin haber superado la crisis económica actual, su retirada total o parcial dejara a la economía regional en una situación realmente delicada.

Cualquiera de los fondos que se trate: FEDER, FEOGA, FSE, PAC… son fundamentales para garantizar una salida de la crisis acorde con el ritmo de centro europea. Si queremos focalizar el problema, la dependencia de la PAC –Política Agraria Común– realmente es insalvable. Son muchas las producciones agrícolas que dependen de estos fondos para su supervivencia.

La traslación del centro de gravedad de la Unión Europea hacia el Este, hace que los países más occidentales hayan quedado desplazados. El efecto estadístico ha dejado a Andalucía fuera de la catalogación de Región Objetivo nº1 y aunque se trata indudablemente de un éxito, es insuficiente para poder continuar sin apoyos. Nos jugamos el futuro.

23
Feb/2011

El poder de lo digital ante los nuevos desafíos sociales

Juan María González Mejías. Secretario general de Telecomunicaciones y Sociedad de  la Información de la Junta de Andalucía

Algo fuera de toda discusión hoy es que el cambio climático es un hecho, y estamos afrontando el peor escenario. Unos meses antes de la celebración de la XV Conferencia Internacional sobre el Cambio Climático en Copenhague, 2.500 científicos expertos en clima de 80 países se reunieron para actualizar la información científica sobre el calentamiento global. Los resultados: se estaba cumpliendo el peor de los futuribles planteados tiempo atrás. Existe un alto riesgo de aceleración en las tendencias y de cambios abruptos o irreversibles en clima. Para explorar los beneficios de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) desde la perspectiva de la sostenibilidad la Junta de Andalucía ha impulsado el Foro TIC y Sostenibilidad, que se celebra cada primavera en Sevilla.

Las tecnologías digitales pueden ser parte del problema para el medio ambiente, pero estoy seguro de que serán gran parte de la solución. En la actualidad, el sector global de las TIC genera entre el 2 y el 3% de las emisiones globales de CO2, y si no se pone remedio esta cifra puede duplicarse en 2020. No obstante un uso eficaz de la videoconferencia, del comercio electrónico, de la administración electrónica o de dispositivos inteligentes en las ciudades, en los edificios o en el transporte, ayudarían a reducir las emisiones en un 15% en 2020. Esto implica nuevas oportunidades de negocio y empleo cualificado para las empresas del sector que decidan ser parte de la solución y no del problema.

Lo digital puede aportar grandes beneficios al medio ambiente cuando sustituye al papel o sirve para optimizar el consumo energético. Así los contadores inteligentes nos permiten conocer en tiempo real el consumo energético en nuestros hogares y tomar las decisiones para ahorrar energía y ahorrar en nuestras facturas. Las TIC pueden también contribuir a disociar el crecimiento económico del consumo de energías fósiles, tan pernicioso para el medio ambiente.

La Junta de Andalucía apuesta por una nueva estrategia tecnológica que reemplazará al Plan Andalucía Sociedad de la Informacióny  explorará y desarrollará áreas de sostenibilidad donde intervengan las TIC y ayuden a catalizar el cambio de la economía andaluza hacia un modelo productivo más sostenible.

Pero la mayor aportación de la tecnología hacia la sostenibilidad proviene del nuevo empoderamiento que la sociedad de la información facilita a los ciudadanos, y especialmente a la relaciones de éstos con Gobierno y Empresas. La nueva realidad 2.0 está haciendo virar muchas de las estrategias de estas instituciones, eliminando las malas praxis. El mundo asiste atónito a las revueltas que se están produciendo en el otrora hermético mundo árabe. La mecha del desencanto y las ansias de libertad prendieron en la Red antes que en la calle y acabaron indefectiblemente allí. Twiteros, blogueros y demás hábitat de las redes sociales han sido catalizadores del cambio allí donde los gobernantes no han reaccionado a tiempo, o allí donde la única reacción fue ‘cortar’ internet. La pregunta ahora no es si esos gobernantes van a cambiar. La respuesta es sí, seguro. La única apuesta es preguntar quién es el siguiente ¿Hubiéramos pensado que esto era posible tan solo unos años atrás?

De uno y otro lado aprendamos la lección, y tengamos claro que la más potente de las fuentes renovables en política es la voluntad de la gente. Las TIC aportan una imparable inmediatez y altavoz a esa voluntad, capaz de dejar sordo al que no quiera poner oído. Somos la primera generación que se enfrenta al dilema de dejar a nuestros hijos un mundo peor del que encontró. Debemos afrontar todos la responsabilidad de no cometer ese inmenso error. Comunicar, comunicar y comunicar es una obligación, pero esto ya no funciona sólo en una dirección. En la red se está para hablar, y sobre todo para escuchar. Como rezaba el famoso eslogan de los 70 “power to the people” (el poder para la gente).

22
Feb/2011

Políticos: algo va mal

ALFONSO YERGAAlfonso Yerga Cobos / Profesor asociado de la UPO
A poco que se sigan los barómetros del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), o el tratamiento periodístico que generan, se habrá oído hablar del concepto de desafección política, expresión que alude al alejamiento ciudadano de todas, o algunas, de las instituciones políticas. Es cierto que es un tema que incluye diversas perspectivas: ¿rechazo de la democracia como sistema?, ¿rechazo de los partidos políticos?, ¿rechazo de los políticos?, o ¿todo a la vez? Empecemos recordando las palabras de James Madison, uno de los federalistas norteamericanos, cuando defendía que la ciudadanía, al votar, identificaba “como gobernantes, a los hombres de mayor sabiduría y discernimiento y mayor virtud para perseguir el bien común”. Hermosas palabras que, escritas a finales del siglo XVIII, nos quedan bastante desdibujadas a la vista del escenario español que nos indican los estudios de opinión: “la clase política, los partidos políticos”, tal como lo registra el CIS, aparece como el tercer problema que viven los españoles, algo que, cuando se les pregunta por si es el que más les afecta, decrece en intensidad. Pero conviene acercar ese dato a aquéllos con los que está correlacionado y que aparecen, de una u otra manera, en todos los estudios que se ocupan de estas cuestiones. Así, la política interesa poco; lo usual es no hablar de ese tema con los amigos, parientes y compañeros de trabajo, y hay mayoría ciudadana que considera que los políticos están en la arena pública sólo por lo que pueden obtener de beneficio personal. El seguimiento de la política vía periódicos, programas de noticias, radio o internet es, porcentualmente, minoritario; no se hace seguimiento de las actividades que se desarrollan en el Congreso de los Diputados, a pesar de que la ciudadanía tiene conciencia de que sus decisiones le afectan personalmente y sabe que los que lo integran representan a todos los españoles. Pero se considera que lo que motiva a los diputados a presentarse a unas elecciones es el poder y la influencia que se puede obtener a través del cargo. Y es abrumador el porcentaje de personas que, cuando ha tenido un problema que le afecta personalmente, no se ha puesto en contacto ni con diputados ni con el partido al que votó; pero, los que lo hicieron, responden mayoritariamente que sí obtuvieron respuesta y que lo volverían a hacer. De modo que si buscamos una lógica a ese universo, y recurrimos a series históricas, nos vamos a encontrar con que, para empezar, esa desafección no es algo reciente, porque así se viene detectando desde que empezaron a medirse estos comportamientos. Es decir, nos topamos con la cultura política de la ciudadanía española. Pero, para que nadie interesado pretenda encontrar ahí un argumento que preserve sus posiciones, convendría preguntarse qué se ha hecho en todos estos años para cambiarla. Sobre todo porque, como nos revela la evidencia demoscópica, a la ciudadanía le gusta la democracia, e incluso el Estado autonómico, pero cada vez se aleja más de sus políticos. Así que, si a ese dato unimos que corresponde a los responsables políticos, de manera prioritaria, contribuir a la generación de valores sociales, algo no están haciendo bien. Y si aceptamos esa línea argumental, todo es más fácil de entender, porque el rosario de disfunciones con que convivimos –sintetizadas en dos palabras, corrupción y selección adversa– explican el éxito del interesado debate sobre ‘privilegios’ de los diputados mientras lo fundamental –qué futuro estamos construyendo, por ejemplo– se orilla, llevándonos a todos por los senderos de esa cultura política que deja bastante que desear.

Pero en esto último, las responsabilidades están desigualmente repartidas: tal como estamos organizados, la mayor recae sobre aquéllos que aprueban las normas que, al facilitar un marco de convivencia, contribuyen a generar pautas de comportamiento y fomentar valores sociales. Es verdad que hay quienes parecen interesados en que tal cosa no sea así: en muchos casos, la imagen en los medios no tiene que ver con la información, sino con prejuicios interesados. Sin embargo, incluso así, lo exigible sería que la defensa de la representación y del gobierno de lo público comportase que las denuncias o las reformas –es decir, el ejercicio de la sanidad política– surgieran de los propios políticos. Debiera ser familiar para ellos aceptar que existe un perfil de responsable público que la ciudadanía reivindica y que, siguiendo a Robles Egea, se desagrega en los atributos del liderazgo político: honradez, cercanía a los ciudadanos, visión de futuro, formación y capacidad, firmeza, capacidad comunicativa, realismo político, ideales y convicciones, y ambición. ¿En qué medida consideran ellos que los ejercen y cómo velan para preservarlos? Es razonable pedirles compromiso personal y abandonar el argumento de la cultura política de la sociedad española, porque ya está bien de la permanente justificación de los males de la patria en razón de un pasado de Dictadura ya que la Democracia ha dibujado, como no podía ser de otra manera, una España mejor. El análisis comparado nos enseña que las sociedades cambian positivamente, pero que también enferman, como cuando parece que nos instalamos cómodamente en la idea de ver a los políticos como una casta, no como nuestros representantes. Y ya sabemos que tal visión, que los sitúa como un mal necesario, sólo beneficia a los innominados mercados financieros, para quienes la democracia, por ahora, les garantiza una paz social alejada del control ciudadano.

21
Feb/2011

La concertación social en Andalucía

tribuna caritaManuel Pastrana. Secretario general de UGT Andalucía.

La UGT de Andalucía ha sido, y es, impulsora de los acuerdos de concertación social llevados a cabo en Andalucía. Unos acuerdos que son la expresión de la articulación del diálogo social en nuestra Comunidad Autónoma y cuyos antecedentes lo encontramos en los acuerdos socioeconómicos, de carácter bipartito, suscritos entre la Junta y la UGT de Andalucía en la década de los 80.
Pero sería en la década de los noventa, concretamente en 1993, cuando se firmó el I Acuerdo de Concertación Social de carácter tripartito. Un pacto que instaura, definitivamente, el sistema a tres bandas tal y como lo conocemos hoy en día y que bajo el título de “Acuerdo para el Desarrollo Económico y Social de Andalucía” significaba la puesta en común, por parte del gobierno andaluz y los agentes económicos y sociales firmantes, de medidas consensuadas bajo el objetivo de “propiciar el incremento de inversiones productivas, contribuir a la capacidad competitiva de la región, favorecer la mejora cualitativa de los factores de producción; y como resultado de todo ello, un crecimiento del empleo”.

Desde entonces, hasta la actualidad, se ha venido consolidando una herramienta que sobre la base de la negociación y el diálogo, ha permitido a los agentes económicos y sociales firmantes, incidir y participar en el diseño y planificación de las políticas públicas de los distintos gobiernos, teniendo como principal objetivo la creación de riqueza y empleo en nuestra Comunidad Autónoma.
La existencia de la concertación social se ha traducido en que la política económica y social del gobierno andaluz está directamente relacionada con los objetivos y estrategias pactadas en los distintos acuerdos e implica el desarrollo de una interlocución permanente entre los firmantes que refuerza el diálogo social. Esta circunstancia, además de generar un clima de estabilidad y confianza que se traslada a la esfera económica, permite incrementar la eficacia de la política económica y contribuir al refuerzo del capital social. Por otra parte el impulso de la colaboración y cooperación como expresión del nivel de corresponsabilidad de los firmantes fortalece el valor añadido del proceso.

Asimismo, es necesario señalar que los distintos pactos suscritos no se limitan a enumerar propósitos y buenas intenciones, sino que cada acuerdo fija objetivos concretos, los dota de herramientas y partidas presupuestarias para su desarrollo creando mecanismos de evaluación para conocer el grado de cumplimiento de los mismos. Se trata, pues, de acuerdos orientados a tener un impacto real y palpable en la generación de actividad económica y en la generación de empleo de Andalucía.
Incluso, en Andalucía, hemos ido un paso más allá al reconocerse en el nuevo texto del Estatuto de Autonomía de Andalucía, en su artículo 10.3.20o que el diálogo y la concertación son un objetivo básico de la Comunidad Autónoma.

El VII Acuerdo de Concertación Social, actualmente en vigor, se firmó el 24 de noviembre de 2009 tras un largo proceso de negociación, no exento de dificultades, y tiene una vigencia de cuatro años (01/01/2010-31/12/2013).

Para la UGT de Andalucía la negociación de este Acuerdo ha supuesto un importante ejercicio de responsabilidad guiado por la firme convicción de que la concertación social es un instrumento insustituible para incidir en el diseño y aplicación de políticas públicas destinadas a crear y mantener un empleo de calidad –empleo con derechos– y mejorar la calidad de vida de los andaluces y andaluzas.

Nuestro esfuerzo en la negociación ha estado centrado en medidas de carácter anticíclico, con efectos a corto plazo, para la reactivación económica y el mantenimiento del empleo y actuaciones a medio y largo plazo que permitan la transición hacia un nuevo modelo productivo, estableciendo las bases para el fortalecimiento de una economía sostenible que se vertebre a través de la centralidad del valor del trabajo en la sociedad andaluza.

Además de ser el primer acuerdo, de esta naturaleza, firmado en España en la situación de crisis actual es el más completo de los firmados en Andalucía hasta la fecha, con más de 350 medidas. Cuenta con unos compromisos financieros, para el periodo de vigencia 2010-2013, de 14.626,9 millones de euros en inversión y 5.198,8 millones para gasto corriente, lo que significa un incremento del 27% de los recursos económicos con respecto al anterior. Se trata de un Acuerdo extraordinario para una situación extraordinariamente difícil.

Es un Acuerdo que bajo los objetivos de reactivación de la economía, reorientación del modelo productivo, creación de empleo y mantenimiento de la protección social de los más desfavorecidos se estructura en dos bloques de medidas. El primer bloque dirigido a medidas de reactivación y anticrisis y el segundo bloque de medidas de modernización y cambio estructural, que cuenta con un eje transversal de sostenibilidad y 6 ejes horizontales con actuaciones a medio y largo plazo que buscan lograr la modernización y transformación de la economía andaluza.

Para UGT Andalucía, aunque no se trata del primer acuerdo suscrito en una situación de crisis económica y de destrucción de empleo; el VII Acuerdo de Concertación Social tiene que demostrar ser una herramienta valiosa para activar mecanismos que contribuyan a superar la crisis y diseñar un modelo sólido de crecimiento que reactive la senda de la recuperación económica y la creación de empleo.
Sólo superaremos la crisis económica cuando comencemos a crear empleo y consideramos que en ese objetivo colectivo debe jugar un papel esencial el Acuerdo de Concertación Social suscrito. Se trata de la mejor hoja de ruta que existe hoy en Andalucía para alcanzar este objetivo principal.

17
Feb/2011

La Concertación Social como ventaja competitiva para salir de la crisis

Francisco-CarboneroFrancisco Carbonero Cantador. Secretario general de CCOO de Andalucía

En Andalucía afrontamos 2011 como un año difícil, consecuencia de un escenario económico muy preocupante, con altas tasas de desempleo y una protección social debilitada. La situación de nuestra tierra y el conjunto del Estado se agrava por la presión y voracidad de los mercados financieros y poderes dominantes, convertidos en verdaderas fuerzas en la sombra que influyen en el gobierno de España, que se pliega con suma docilidad a sus intereses. Un panorama que se oscurece aún más con la actitud poco responsable del primer partido de la oposición que piensa más en sus intereses partidarios que en el interés general y se ha mostrado poco dispuesto a buscar consensos que favorezcan a la mayoría de los ciudadanos.

En todo esto hay algo absolutamente claro: esta situación tan compleja está castigando a los más débiles, es decir, a los trabajadores, pensionistas, desempleados y familias más desfavorecidas. Por eso CCOO, junto a la otra central sindical, se ha dedicado a la protección de estos grupos por la vía de la movilización para alcanzar acuerdos que favorezcan sus intereses y protejan sus derechos. Gracias a esta presión y, sobre todo, a la voluntad de negociación de los sindicatos, hemos logrado un acuerdo sobre la reforma de las pensiones como primer paso para alcanzar un gran pacto social que contemple, entre otros aspectos, la negociación colectiva, la revisión de la reforma laboral, la protección social y las medidas para generar empleo y avanzar hacia un nuevo modelo productivo.

A pesar de lo positivo que es este acuerdo, Andalucía sigue sufriendo las consecuencias de la crisis y de las medidas erróneas del gobierno de manera más acusada que en otras comunidades debido a nuestras carencias históricas y a la vulnerabilidad del modelo de crecimiento y tejido productivo. Si a esto unimos que somos la comunidad con mayor tasa de paro, el panorama es cuando menos complejo. No obstante los agentes sociales andaluces y el gobierno autonómico fuimos capaces de prever hace más de un año este posible escenario y consensuar medidas concretas para hacerle frente de manera inmediata así como poner las bases de un nuevo modelo productivo a medio plazo. Ese es el objetivo del VII Acuerdo de Concertación Social, la mejor hoja de ruta que Andalucía tiene para salir de la crisis en la dirección de un nuevo modelo económico más competitivo y sostenible. Sin embargo de nada sirve tener un vehículo de gran potencia y conducirlo en primera marcha, llega un momento en el que gripará. Así es como se encuentra el Acuerdo ahora, en primera, cuando Andalucía necesita que ese motor esté ya a pleno rendimiento para tirar de la comunidad hacia esos objetivos, el primero de ellos, sin duda, el de crear empleo y garantizar la protección social. En CCOO no nos sentimos satisfechos con el grado de desarrollo del Acuerdo y hemos exigido al gobierno andaluz, y lo seguiremos haciendo, que impulse los compromisos recogidos en el mismo con especial atención sobre aquellos que ayudan a reactivar la economía y generar empleo. De ahí que sea necesario desarrollar el Plan Concertado de Vivienda, con un potente plan de rehabilitación de viviendas, además de cumplir los compromisos de construcción de VPO para alquiler y venta. Hay que seguir desarrollando el Plan de Infraestructuras para la sostenibilidad del transporte e impulsar más decididamente el Plan industrial, en especial el Agroindustrial, que representan una gran palanca de tracción para ese nuevo modelo de crecimiento. Tampoco se puede olvidar el Plan de ordenación del sector minero, el Plan energético y el Programa de desarrollo rural, fundamentales para la industria y el medio rural andaluces, así como las inversiones en infraestructuras del agua y medioambientales que pueden generar un número importante de empleos.

Y por supuesto potenciar las políticas activas de empleo en Andalucía y extenderlas al mayor número de personas desempleadas posible, priorizando a jóvenes con déficits formativos, mayores de 45 años y parados de larga duración, sin olvidar la elaboración de un mapa de las zonas más desfavorecidas de la comunidad y proyectos dinamizadores para las mismas así como ofrecer ayudas reintegrables –y ligadas a la generación de empleo– para la innovación empresarial, emprendedores autónomos y Pymes.

Es innegable que Andalucía sufre una situación muy grave, pero tiene una ventaja competitiva sobre el resto de comunidades autónomas, el VII Acuerdo de Concertación Social. Mientras otros discuten sobre cómo salir de la crisis e intentan ponerse de acuerdo, ese trabajo ya lo hicimos aquí hace más de un año. Es el momento de reclamar al gobierno andaluz, que debe actuar como locomotora del Acuerdo, que ponga en marcha este tren al máximo de potencia y que tenga el valor político de hacer valer los intereses de Andalucía ante el ejecutivo central, así como exigir a los empresarios que asuman su responsabilidad social con esta tierra. Los andaluces tenemos el mejor instrumento de todos los posibles para salvar la crisis, ahora toca ser ágiles y dinámicos para sacarle todas las posibilidades que tiene. CCOO está dispuesta a seguir trabajando en esta dirección y a pedir al resto de agentes implicados en la concertación que cumplan los compromisos acordados. No hacerlo sería desperdiciar la mejor oportunidad que los andaluces y andaluzas tenemos para superar la crisis y comenzar a construir un modelo sólido de futuro para nuestra tierra.

15
Feb/2011

Ciudades Sostenibles: Espacios de ciudadanía y convivencia

Cristina Galán. Concejal de Cooperación al Desarrollo del Ayuntamiento de Sevilla y delegada del Distrito Nervión.

Vivimos tiempos cargados de desafíos desde el ámbito del municipalismo, retos como el desarrollo económico y sostenible o la puesta en valor de la creatividad y la cultura como motores de progreso entre otros, que en pleno siglo XXI se presentan en las puertas de quienes ocupamos un espacio de gestión pública municipal por la confianza prestada por l@s ciudadan@s de las ciudades y municipios, hombres y mujeres que durante cuatro años depositan su confianza en unas siglas políticas para que se lideren esos proyectos de transformación social, cultural y económica que hacen posible el progreso de las ciudades y municipios.

De esta forma, ante estos desafíos existen diferentes modelos de entender los proyectos de presente y futuro de las ciudades, por un lado quienes creen en el modelo de desarrollo económico de las urbes unido a la contaminación –caso claro es el de Madrid frente al modelo de Sevilla diametralmente opuesto en lo que al respeto al medioambiente se refiere–, o quienes configuran los espacios culturales, sanitarios o deportivos en una visión centralista alejada de la visión descentralizada de crecimiento económico, sostenible y de equipamientos estructurados en torno a los barrios. Barrios que alejados de la centralidad de las capitales afloran con una gran riqueza cultural, emprendedora y de reivindicación social de progreso, y en donde en definitiva se estructuran los crecimientos poblacionales de esa nueva ciudadanía que configura las ciudades de presente y de futuro.

Y es que las ciudades son algo más que la configuración de calles, plazas o edificios, las ciudades son espacios de ciudadanía y convivencia, son en este sentido sus barrios, como bien dice mi compañero y candidato a la alcaldía de Sevilla Juan Espadas, espacios policéntricos de crecimiento económico y desarrollo cultural y social. Es este el modelo el que unido a la escucha activa y cercana configura los proyectos que los vecinos y vecinas de Sevilla quieren, aquellos en donde se palpa esa visión generalista pero concreta en las problemáticas que barrio a barrio se desarrollan en las urbes de nuestras provincias y regiones. Nuestra principal tarea ha de ser impulsar la cohesión entre los distintos barrios, con un objetivo básico: el equilibro de los mismos.

Así, los barrios y sus vecinos se configuran como agentes activos de las transformaciones que hacen posible hacer frente a los retos y desafíos que hoy nos toca afrontar, aquellos que nos llevaran a la creación de empleo, al desarrollo social, educativo, cultural y puesta en valor de los recursos naturales como espacios abiertos al progreso. Ejemplo claro de esta actuación directa es la que podemos ver en el barrio de Nervión, asentado hace ya cien años en lo que era el Cortijo Maestrescuelas, y cuyo proyecto de urbanización fue realizado por Aníbal González. Y este año, tan importante para el futuro de nuestra ciudad, conmemoramos el centenario de la construcción del barrio de Nervión, efeméride que permite analizar con objetividad cómo se ha transformado la realidad de un barrio que al igual que otros en Sevilla mira con fuerza al futuro y a las respuestas que desde el proyecto socialista paraSevilla se dan a las incógnitas que la incertidumbre de la situación global actual ha creado en muchos ciudadanos y ciudadanas preocupadas por su presente y futuro.

Hoy quienes creemos en el municipalismo sabemos que las crisis económicas o de otra entidad son generadoras de oportunidades y que las ciudades y municipios de Sevilla y Andalucía sabrán reconvertir sus capacidades y reformular esas nuevas propuestas que harán posible que el progreso sea la seña de identidad de un presente cargado de oportunidades y de un futuro lleno de desarrollo para la ciudadanía del presente y del mañana.

12
Feb/2011

¿Internet mató a la estrella de algo?

Juan Julián Merelo Guervós. Catedrático de informática, bloguero y autor de la novela ‘lujoyglamour.net’

Una de las canciones que me llamó la atención en mi adolescencia, a principios de los 80, se llama El video mató a la estrella de la radio. Habla de cómo la introducción de un nuevo medio, con imágenes vivas, que te miran mientras se dirigen a ti, acabó con las grandes estrellas de la radio de voz aterciopelada, que hablaban sólo para ti.
No sé dónde vi el video, pero creo que no pagué por hacerlo. Seguro que Televisión Española pagó religiosamente sus derechos de autor; aunque en aquella época José Luis Borau todavía hacía cosas y no dirigía la SGAE, quien la dirigía en esa época y su consejo directivo tendría una voracidad recaudatoria (o eficiencia en la defensa de los derechos de sus representados, visto de otro modo) similar a la actual. Pero era 1979 y sólo había dos canales de televisión, o un canal y medio, y era difícil de escaparse.
Aún así, no sé si los detectives de la SGAE que luego se dedicaron a bodas, bautizos y comuniones se enteraron de que en la tienda de discos de mi pueblo podías o bien comprarte un LP o bien, por la mitad de precio o menos (¡800 pesetas!) comprarte una cinta con un par de elepés grabados y de propina algún single. En una TDK de las buenas metí The age of plastic, el LP completo, con grandes canciones como Living in the plastic age y la susodicha, y otras que por mucho que intente recordar no lo consigo. De esa cinta es de esperar que alguna sociedad de gestión de derechos se llevara parte del canon que incluye, pero estoy casi seguro que ninguno de los Bugles se llevó nada. Sí se lo llevó la tienda de discos, pero nadie más.
Esta pequeña ilegalidad, que espero que ya haya prescrito aunque no sea delito fiscal, demuestra que en la cadena de valor de las producciones culturales hay eventos que benefician a los artistas y otros que no, bien porque sean ilegales, bien porque simplemente no están incluidos en la cadena de valor. De la misma forma, hay transmisiones que cuestan dinero y otras que no cuestan a quien finalmente es receptor del producto, o lo compra o lo escucha. Pero no todas cuestan, ni tienen por qué costar dinero.
En todo esto de la propiedad intelectual se distingue lo público de lo privado, lo que tiene ánimo de lucro de lo que no. En general lo público, siendo público, acaba repercutiendo en algún tipo de beneficio para el productor, y el productor incluye tanto el que canta y pone cara interesante en la portada de un disco como el músico de estudio, el letrista o el arreglista.
Lo privado, en muchos casos, también. Alguien dijo por Twitter que la doble pletina era el eMule de los 80, pero también los tocadiscos con cassette. Más adelante me compré otro elepé de The Bugles. Era totalmente olvidable. Me compré el elepé entero, y en otra tienda; en aquella época había varias tiendas de discos en mi pueblo; ahora hay una sola. Perdí tontamente el dinero, producto de muchas asignaciones semanales. Pero eso sí, la compra benefició a todo el mundo, desde el de la tienda hasta al oculista de Trevor Horn, que por la importancia de las gafas del cantante de los Bugles seguro que recibía también una pignoración de los derechos de autor.
Debía haberlo escuchado antes, me diréis. Por ejemplo, en la radio. Haberlo grabado en una cinta desde ahí. Mi hermano y yo guardábamos decenas de cintas grabadas de diferentes emisoras de cuando las emisoras emitían música rara y nueva, y no sólo música de los 90 (sería porque todavía no habían llegado), canción española y Lady Gaga. De hecho, así fue como me llegó casi toda la música de la movida de los 80: en cintas con más o menos calidad. Alguna compré, pero más adelante. Comprándolo o no, beneficiando o no a los artistas, disfruté de esa música y de esa cultura y los cantantes siguieron cantando y los que hacían pelis seguían haciéndolas. Además, como todo esto pasaba en privado y nadie se lucraba, la ley no tenía mucho que decir. La SGAE cobraba su canon y tan contentos.
Han pasado treinta años, y el panorama ha cambiado. Mis casettes y elepés están en el trastero, y hasta han dejado de fabricar el Walkman. La gente copia, pero no hay casettes ni dobles pletinas. Intercambia música, películas, partidas de ajedrez y patrones de macramé por internet. Por correo electrónico, Usenet, salas de chat, páginas web a las que se accede por clave, pendrives y discos duros que circulan por los lugares de trabajo y también, de forma anónima, en las redes entre pares o P2P, llamadas así porque no tienen un centro y para cerrarlas tienes que cerrar el acceso a toda la red, no sólo a uno de los que estén en ella.

De todos esos intercambios puede que haya alguien que se lucre; propietarios de casino, creadores de acertijos para que uno pique y pinche en un anuncio y señoras de grandes pechos que posan para la publicidad que aparece cuando uno entra en ellos buscando una copia en DVD de Caperucita Roja, en un alarde de mala segmentación del mercado publicitario. También está claro que, en el acto en sí, no percibe dinero el artista (o los autores y el resto de las personas a su alrededor) que están alrededor suyo. Pero no está claro que no se beneficie a medio plazo. Si no fuera por las redes P2P, nadie se acordaría hoy en día de Maruja y los Filoestuches, excelente grupo que produjeron un par de EPs y diversas maquetas pero que hoy son imposibles de encontrar salvo en eBay. Debajo de mi casa hay pegado un cartel de Danza Invisible; tocarán en Granada en breve. Es el tipo de grupos de los que uno se pregunta ¿pero estos tocan todavía? Y de los que no se escuchan en la radio, pero que siguen teniendo seguimiento en internet. Seguramente se llenará el concierto, y lo hará con la gente que se ha bajado su música.
Se supone que todo esto viene a cuento de la ley Sinde, una ley que tiene más ángulos que un CD (que los tiene infinitos, como círculo que es) y por la que trillones de píxeles se han encendido y apagado. Una ley que trata de resolver un problema (el que la gente elija como gastarse el dinero de su ocio de la forma que le da la gana) atacando otra cuestión totalmente diferente, el que haya gente que se lucre de forma indirecta con la forma peculiar que tienen algunas personas (no todas, ni siquiera muchas y posiblemente muy pocas) de acceder al contenido que le han recomendado, o del que ha oído hablar muy posiblemente fuera de los canales habituales. Se proyecta todo esto en una serie de argumentos que hablan de derechos, propiedades, robos y respetos. Pero no se trata de eso. Se trata sólo del ocio de la gente, y de la forma como la gente lo ocupa. Que es de la forma más fácil posible, y si puede ser también la más barata.
Y que es como se seguirá haciendo, con ley o sin ella. Por lo menos hasta que prohíban los pendrives.

10
Feb/2011

La descentralización… otra vez

David Patiño Rodríguez. Profesor del Departamento de Economía e Historia Económica de la Universidad de Sevilla.

La descentralización del Estado es una idea que es rechazada por una parte de la población. En parte ha podido deberse a una falta de pedagogía para explicar sus virtudes. Sin embargo, la oposición más activa ha procedido de un centralismo con dificultades para aceptar la realidad diferencial de las distintas partes de España y que ha combatido la descentralización desde el principio del período constitucional.
Buena parte de la estrategia empleada por este colectivo ha consistido en amenazar con la desmembración del país como consecuencia lógica de descentralizarlo. Esta idea se ha utilizado de manera recurrente y con diferentes variantes. Los últimos días ha adoptado la forma de la supuesta inviabilidad del Estado Autonómico que se ha traducido en la existencia de duplicidades, expresión con la que se indica que las comunidades han multiplicado innecesariamente los recursos precisados para prestar los servicios públicos. Cuando los periodistas han instado a que se concretaran, se han limitado a señalar la existencia de 17 defensores del pueblo sin dar más detalles. A la espera de que nos expliquen en qué actuaciones se solapan ineficientemente las oficinas de los defensores del pueblo, vamos a tratar de entender el origen de tales afirmaciones.

Para ello, primero buscaremos en las funciones que realizan las CCAA. Por ejemplo, la Junta de Andalucía gastó el 90% de su último presupuesto liquidado en sanidad, educación, agricultura, protección a las familias, promoción social, infraestructuras, investigación, vivienda, fomento empresarial y relaciones con las corporaciones locales (partida que representa el 10,2% y corresponde a ayuntamientos y diputaciones). Únicamente sanidad y educación supusieron el 48,7%. La naturaleza de todas estas actividades no deja casi ningún margen para duplicidades dado que por ejemplo, el servicio sanitario lo presta la administración competente, en este caso la autonómica. Por tanto, debemos buscar en otro sitio.

En general, cuando estos sectores hablan de duplicidades, implícitamente indican que un gran gobierno central absorbería las 17 administraciones autonómicas con sus instituciones, altos cargos,… y prestaría los mismos servicios reduciendo funcionarios, organismos, etc. En realidad, las CCAA han adquirido sus competencias, transvasadas desde la administración central, recibiendo su organización y los funcionarios a su cargo. El resultado ha sido una administración con una estructura laboral en la que el 50% de los trabajadores públicos prestan sus servicios en las CCAA frente al 22% de la Administración Central.

Parecería que efectivamente, las comunidades precisan más personal. Claro que la naturaleza de los servicios que prestan no es la misma. De ese 50%, el 20,3% corresponde a docencia no universitaria y el 18.5% a sanidad, servicios muy intensivos en mano de obra que no se pueden prestar sin profesores y sanitarios. La situación de otros países puede ser un mejor referente para hacer la valoración. Así, el porcentaje de trabajadores públicos respecto de la población es menor en España que en Bélgica, Francia, Holanda, Italia o Suecia y similar al de Alemania. En promedio, cada empleado público en España tiene que atender a 10 ciudadanos más que en Suecia, a 6 más que en Francia y algunos más que en Italia y Holanda y más o menos el mismo número que en Alemania, por cierto el único país de los citados que tiene tres niveles de gobierno.
Las duplicidades en ocasiones se han entendido como una supuesta inflación de altos cargos de las CCAA. Quizás no haya más empleados públicos pero el gran número de asesores y altos cargos autonómicos dispara los costes. Sin embargo, es fácil ver que el Sector Público español no gasta más que los países de nuestro entorno. De hecho, el gasto respecto del PIB en España está por debajo (y en algunos casos muy por debajo) de la media de la Zona Euro y de países como Francia, Italia, Reino Unido o Alemania y también tenemos unos ingresos por debajo de esos países. No digo que estas cifras sirvan para probarlo pero paradójicamente, uno de los argumentos que justifican la descentralización afirma que puede servir de contrapeso a un gran gobierno central y evitar que el sector público crezca en la cuantía que lo haría en un estado centralizado.

Por tanto, si no nos dicen dónde están las duplicidades y no las encontramos en los números posiblemente es que sean una versión actualizada de la tradicional oposición centralista a la descentralización. No estoy diciendo que todo sea perfecto, ni que no existan disfuncionalidades que haya que detectar y solucionar, pero esa no ha sido la norma. En general, el proceso de descentralización en España ha tenido un balance claramente positivo.
A estas alturas, no creo que haya duda de que la prosperidad que se ha conseguido especialmente en las comunidades más pobres hubiera sido posible sin un estado descentralizado, al margen de quién haya estado gobernando estas comunidades. La descentralización ha asegurado una financiación para los servicios públicos esenciales que se ha basado en criterios objetivos (aunque tal vez objetables) y esto ha hecho que la prestación de los servicios y de las infraestructuras no haya dependido de los deseos o la buena voluntad de los gobernantes de Madrid. Pensemos por ejemplo en la polémica sobre si las inversiones estatales premian o castigan a las comunidades en función a su sintonía con el gobierno central. El resultado ha sido un nivel de infraestructuras y de servicios públicos mucho mayor que el que habríamos tenido con otra organización… y un país más cohesionado.

09
Feb/2011

Otro V centenario es posible

rodriguez_almodovarAntonio Rodríguez Almodóvar. Ex Primer Teniente de Alcalde del Ayuntamiento de Sevilla y ex Director del Pabellón de Andalucía en Expo 92.

Un encuentro del pasado sábado, 29 de enero, promovido por la plataforma ciudadana Sevilla 2019-2022, para la conmemoración del V Centenario de la expedición de Magallanes, vino a significar un sólido punto de partida hacia ese recordatorio que cada día se antoja más necesario. Aunque los motores estén fríos y nos encontremos en los meros preámbulos, se va creando un ambiente, con esa reunión y otros preparativos, que a mí por lo menos me despierta una cierta sensación de déjà vu. Me refiero a los prolegómenos que fueron de la Expo 92, cuando todavía se veía un poco lejos y a muchos parecía una aventura un tanto vanidosa y otro tanto desmesurada. En realidad, éramos muy pocos los que creíamos en la conveniencia de aquella celebración, si bien no en la medida con que resultó al final. Yo mismo, allá por el 1981, presenté en el pleno del Ayuntamiento una moción de apoyo a la muestra universal; la que acabaría siendo la más grande manifestación cultural que nunca antes, ni después, verían los ojos de estas latitudes, al tiempo que transformaba profundamente la ciudad heredada de una vieja historia. Aquella moción, proverbialmente, fue apoyada por todos los grupos políticos del consistorio, ante mi propia sorpresa, pues con lo único que en realidad contábamos era con la intuición de algo extraordinario. (No mucho más tenían otras instancias del Estado). También esta propuesta de celebración de la primera vuelta al mundo logró el apoyo del pleno municipal el pasado 19 de noviembre, con otra unanimidad que hoy parece hasta más difícil que aquella, por los niveles de radicalismo que ha alcanzado la política. Pero entonces como ahora el clima social y mediático era de una frialdad terrible. Es más, no tardaron en aparecer los nubarrones que acompañarían a la muestra hasta después de su clausura. Esperemos que eso ahora no suceda, aunque hay que estar atentos a las apropiaciones indebidas, a los acaparadores y a otras especies peligrosas.

Pero las analogías no se agotan ahí, y son más interesantes las del contexto histórico. También en vísperas de la Expo, el mundo se hallaba conmocionado por acontecimientos político-sociales de primera magnitud. En 1989 caían los 115 kilómetros del muro de Berlín y poco después se derrumbaba la Unión Soviética; cosas absolutamente impensables hasta que ocurrieron. Cómo sería que el pabellón de Yugoslavia se quedó en una extraña orfandad, pues tenía presupuesto y andaban ya los preparativos de su construcción; pero lo que no tenía era un país. Y, claro, no se levantó. Hoy se está incendiando buena parte del mundo árabe, ante nuestra mirada atónita, y nadie es capaz de calcular lo que de ahí puede surgir. (Aunque un rasgo común favorable va aflorando: los pueblos árabes no quieren ni dictadura ni integrismo, quieren democracia. Menuda cosa, y tampoco la habíamos vislumbrado). En el orden económico, una severa crisis mundial ya se estaba gestando entonces, y se aposentó durante toda la década de los 90. No sé si la de ahora es más grande o más chica, pero por ahí anda.

Parece, pues, como si los sevillanos nos empeñáramos en celebrar grandes acontecimientos en medio de grandes conmociones. También la Exposición de 1929 aconteció entre enormes desdichas, las que llevarían a la guerra civil, y dejó un lastre de penuria que duró hasta ya entrada la democracia. Pero algo aprendimos de aquello, y fue a preparar la post-Expo 92 con las debidas precauciones. Por eso existen Cartuja 93, con sus empresas de innovación; los trenes de alta velocidad, las autovías, los monumentos restaurados, etcétera. Por eso creo que hay que mirar más lejos, hacia adónde se quiere ir, y desde luego preguntarse por qué hacer estas cosas. La Expo 92 siempre se pensó como una puesta de largo de la democracia española en el mundo, y de su estado autonómico, que quedó perfectamente reflejado en el Lago de España. (Desgraciadamente destruido después, cuando pudo ser la réplica simétrica de la maravillosa Plaza de España, legado de la Exposición del 29; pero de eso hablaremos otro día). Y, además, fue un motor económico del que se benefició, por supuesto la ciudad, pero también buena parte de Andalucía. El pretexto rector, que era el V Centenario del descubrimiento de América, quedó algo más diluido, ya que resultó muy contestado desde el otro lado del Atlántico. Como que a la mayoría de los países hispanoamericanos hubo que pagarles su presencia en la Exposición Universal.

La ventaja que tenemos con esta nueva fecha, la de los quinientos años de la primera circunnavegación de la Tierra, es que se trata de algo no controvertido ni discutido (salvo en lo que se refiere a la verdadera actuación y relevancia de Elcano, del que mucho hay que hablar y desmitificar). Fue aquella una gesta descomunal que engrandece a la condición humana en su expresión más pura; pues duró tres años de inimaginables fatigas y tormentos, hasta arribar al punto de partida, Sevilla, de donde había zarpado un 10 de agosto de 1519, con cinco naves y 265 hombres, para volver con sola una embarcación malherida y 18 tripulantes exhaustos. Y todo ello –esto es lo mejor a mi entender–, bajo un propósito comercial, nada disimulado, que se cumplió, sin ningún aditamento mesiánico y amparado por la corona de Castilla a idéntico fin. Algo, en suma, que añadió a la redondez de la Tierra la certeza de que era cognoscible en su integridad y abarcable para las industrias humanas, y solamente humanas.

De ahí que esta nueva conmemoración, al cabo de otros cinco siglos, deba ser menos grandilocuente de lo que fue el V Centenario del Descubrimiento, y más ajustada a la realidad económica de lo que Expo 92. ¿Pero por qué y para qué? Este es el quid. Mucho se habló de ello en la Conferencia del sábado 29 de enero, con presencia de numerosas personas, vinculadas a otras tantas asociaciones y entidades privadas, y voluntarias. Si soy capaz de resumirlo, destacaría en primer término la ocasión de recordar aquella enorme proeza, con el arrojo y las técnicas de la época, hacia el conocimiento del otro y para forjar relaciones estables, dentro de los límites de la realidad terrestre. Y no por afán de conquista, por vanagloria, o para su contrario: el pesimismo de los propios límites (¿Así de pequeña es la Tierra, aunque nos parezca tan grande? ¿Esto es todo lo que hay?), sino por saber exactamente con lo que contamos para avanzar en la aventura del conocimiento y en las transformaciones de la realidad. Y lo mejor de lo mejor: sin el concurso de mitos ni de dioses. Si enmarcamos en esa reflexión general lo que puede significar este otro V Centenario, y teniendo muy en cuenta la convulsa realidad del mundo actual, no será difícil descubrir una poderosa metáfora, que pinta sola la ocasión de reafirmar y afianzar los valores de la democracia y de los derechos humanos universales, del laicismo ilustrado, de la necesidad del gobierno de las leyes; y no de los tiranos, los monopolios, los gabinetes financieros o mediáticos, ni de los integrismos religiosos. Por algo el alcalde de Sevilla presentó este proyecto en la cumbre de Río de Janeiro de la Alianza de Civilizaciones, en mayo de 2010, en un momento crítico para la humanidad, que se adivina por desgracia duradero.

Claro que también el sábado 29 se habló de cosas más concretas, en distintos niveles; como la recuperación definitiva del río para el común de la ciudadanía, de integrar en torno a él la corona metropolitana, de darle consistencia al Iberismo, como causa pendiente entre España y Portugal (mucho se recordó a Saramago), de constituir una red de ciudades magallánicas, de impulsar nuevas medidas contra la destrucción del Planeta, y en definitiva, de un nuevo modelo de sociedad que revalide el proyecto de aquel gran navegante portugués, que no era otro que el de unir a todos los hombres mediante el comercio justo y pacífico, aparcando las ideologías y las religiones; en el fondo, adelantándose a lo que mucho tiempo después advertiría Lévy-Strauss, cuando dijo aquello tan sabio de que “toda guerra es un comercio fracasado”.