María José Rodríguez / Secretaria de Economía del PSOE de
Andalucía

Cuesta trabajo entender, una vez más –y son ya tantas–, la reacción de los responsables del PP ante noticias como la que conocíamos hace semanas en relación al Decreto aprobado por la Junta de Andalucía para la reparación de las mujeres que sufrieron vejaciones durante la Guerra Civil y los primeros años de la dictadura.

Una reacción que ha sido coreada por algunos medios conservadores hasta incurrir en la contradicción, lo que demuestra la incomodidad que asalta a la derecha de este país, incapaz de romper amarras con un pasado que les sigue dictando la posición política tras décadas ya de democracia.
Con la misma ligereza y frivolidad con la que acusan al PSOE de estrategia electoralista, dirigida a la (cómo no) compra de votos, sostienen, en cambio, que otras ayudas similares aprobadas anteriormente y destinadas también a víctimas de encarcelamiento y confinamientos en campos de concentración no se están concediendo con la diligencia que es debida y se apoyan incluso para este reproche en algún informe elaborado por el Defensor del Pueblo. Desmontado por falso, por tanto, el objetivo de electoralismo.

Desde el mismo sectarismo que dicen que anima al Gobierno andaluz en su iniciativa, afirman, en cambio, que ya no hay mujeres que se vayan a beneficiar de estas ayudas o, en un alarde de autoridad en la materia, llegan incluso a ridiculizar (¿por insuficiente acaso?) una cantidad que no hace falta ser muy avispado para entenderla en su valor simbólico. Todo ello en un intento, tan torpe como revelador, de oponerse a la medida eludiendo los verdaderos motivos de tal rechazo.
Son los mismos que un día después de aprobarse este decreto, votaban en contra de una moción en el Senado que era apoyada por el resto de los grupos de la Cámara y que pedía algo tan obvio, y por ello tan necesario, como la adecuación del Valle de los Caídos a la Ley de la Memoria Histórica. Una actuación que difícilmente pueda ser cuestionada por un demócrata pero que, en cambio, recibió del PP una negativa airada. Quien ejercía de portavoz de lo indefendible tuvo que esforzarse, sin éxito, en ejercicios de equilibrismo que, sin embargo, no le impidieron minimizar el sufrimiento de los presos republicanos que fueron forzados a trabajar en su construcción aludiendo a que “sólo hubo 2.500” y no decenas de miles como apuntan otras cifras.

No es ajena a esta burda reacción de quiénes no pueden evitar darse por aludidos y señalados por el pasado, una buena dosis de machismo, ahora con carácter retroactivo, en otros muchos que, negando con sus críticas la pertinencia de esta medida, no hacen sino otorgar una condición de víctimas de segunda categoría a tantas y tantas mujeres que sufrieron un trato degradante que adquiría formas específicas porque la represión se ejercía sobre las mujeres.
Aunque lo más obsceno que se puede hacer ante episodios de nuestra historia como éstos es despacharse con una comparación que, más que eso, es un insulto a la inteligencia, entre aquellas vejaciones impulsadas y amparadas por el régimen franquista y hechos delictivos que se producen en la actualidad y que nada tienen que ver con aquello y que, en cualquier caso, encuentran su respuesta en la ley y en la acción de la justicia en un Estado social y democrático de Derecho.

Es por tanto una deuda doble la que se salda con el pasado a través de este Decreto aprobado por el Gobierno andaluz. El fascismo se cebó con la parte más vulnerable del bando republicano y muchas mujeres y sus familias soportaron el rigor del odio más cobarde. Un reconocimiento necesario por justo y porque sólo desde él se podrá avanzar y dejar cerradas y atrás las heridas que el silencio no cura. Así que bienvenida sea esta actuación del Gobierno andaluz, que además nos enseña una parte de la historia de muchas mujeres. Pues para reconocerla, previamente es preciso conocerla.