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21
Nov/2009

Quisiera votar sí

Elia Maldonado, diputada socialista, secretaria de Relaciones Gobierno-Parlamento y ex secretaria de Igualdad del PSOE de Andalucía.

El Secretario y Portavoz de la Conferencia Episcopal Española, “el moderado” J.A. Martínez Camino, con la osadía que le otorga saberse en posición de la verdad, pues no es terrenal su voz, ha hecho un canto a la vida. Al derecho a la vida. Y, resulta cuanto menos doloroso –ya no entro en la hipocresía, ni en la paradoja, pero sí en lo doloroso, sobre todo, para los millones de creyentes–, el papel político de este “hombre” que, casi chirría el tener que recordarlo, jamás encabeza una manifestación, ni una lucha religiosa contra la pena de muerte y, menos aún, contra la muerte de miles de niños y niñas por desnutrición o por SIDA, por falta, justamente, de salud sexual y reproductiva.
La contaminación de la vida civil que provoca la jerarquía de la Iglesia, de la mano cómplice del PP, no es nueva. Pero llama poderosamente la atención la amenaza que Martínez Camino realizó el pasado 11 de noviembre, llamando “objetivamente pecadores públicos que no pueden ser admitidos en la sagrada comunión” a quienes voten la Ley de Salud Sexual y Reproductiva e Interrupción Voluntaria del Embarazo; bien es cierto que también se apresuró a precisar que no serían excomulgados. ¡Qué pena!

Es una pena, porque miles de “católicos” que sin su voluntad forman parte de sus estadísticas, querrían estar en pecado público; querrían también, públicamente, ser rechazados en la sagrada comunión y, más aún, querrían ser excomulgados. Con ello, conseguirían salir de las listas de católicos oficiales que maneja la Iglesia. De ese modo, verían colmado su deseo de dejar de ser utilizados como números que engordan las estadísticas que, sin pudor, utiliza la institución eclesiástica; querrían convertirse “en católicos non gratos” y ser expulsado de sus filas. Seguro que todo eso sería más fácil que apostatar, opción legítima que como todo el mundo sabe, se ha convertido en una carrera de obstáculos insalvables. Ni siquiera esta vía deja abierta la Iglesia.
Tendremos que centrarnos pues en lo importante del hecho, en lo que supone esta Ley para limpiar de contaminación el Estado de Derecho, democrático y aconfesional, como es España.
Por ello, quisiera votar que sí a la Ley de Salud Sexual y Reproductiva e Interrupción Voluntaria del Embarazo y aportar así mi granito de arena a la verdad y a la libertad.
Quisiera votar la aprobación de esta Ley como ejemplo de coherencia y convicción en la fortaleza del Estado civil. Por el fortalecimiento de la seguridad jurídica y la defensa de los derechos individuales.
Quisiera votar esta Ley y contribuir a que la moral oficial católica no altere, ni intoxique el civismo.
Quisiera votar esta Ley y que la solidez del Estado de Derecho no dejara espacio para la amenaza religiosa al sistema democrático del que nos hemos dotado libremente.

Hoy, con esta Ley, hablamos de comportamientos civiles, de moral civil, conceptos en los que el pecado no tiene cabida; el pecado no forma parte del ordenamiento jurídico, ni debe, por tanto, ser tenido en consideración en el Estado de Derecho.
Debemos reaccionar para que la moral y las creencias religiosas crezcan protegidas en el espacio privado e íntimo de cada cual, de donde nunca debieron salir, y estar tan silenciadas como, por cierto, estuvieron durante los ocho años de gobierno del Partido Popular. Gobiernos, los del Sr. Aznar, que obviamente conocían, al igual que la jerarquía eclesiástica, la existencia de la Ley del aborto que 1985, a cuyo amparo se practicaron, sólo en esos 8 años, más de 500.000 abortos. Eso sí, con gran inseguridad para profesionales y, sobre todo, para las mujeres.
Quisiera votar esta Ley. Y ojalá fuese, además, de una contribución a la coherencia, a la seguridad y a la libertad, por qué no, en el lenguaje de Martínez Camino, una vía para la excomunión.