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11
Nov/2009

Reflexiones sobre la atención a la dependencia en Andalucía

Purificación Causapié Lopesino. Secretaria General para la Atención a la Dependencia de la Junta de Andalucía.

Antonio vive en Dos Hermanas y, según su propio testimonio, desde hace meses las trabajadoras de la Ley de Dependencia acuden a su casa puntualmente prestándoles “atención y cuidados”. Se refiere a las profesionales de la Ayuda a Domicilio que, en colaboración con la Junta de Andalucía, presta el Ayuntamiento nazareno a las personas en situación de dependencia que tienen prescrito ese servicio en su Programa Individual de Atención.

Remedios cuida desde hace años a su madre, que se encuentra en situación de dependencia. Ahora percibe una prestación económica y ha podido incorporarse al sistema de la Seguridad Social. Quizás pueda llegar a cotizar lo suficiente para disponer de una pensión de jubilación. Recientemente, ha acudido a un curso de formación para aprender a cuidar mejor a su madre, pero, sobre todo, ha aprendido a valorarse y cuidarse ella misma.
María Jesús ha encontrado un empleo en su pueblo. La cooperativa de mujeres, que nació como un pequeño negocio con pocas perspectivas, se ha ampliado gracias a la gestión de la Ayuda a Domicilio para la dependencia y de una Unidad de Estancia Diurna.
Todas estas personas, y muchas más, son beneficiarias, trabajadoras o cuidadoras vinculadas al desarrollo de la Ley de Dependencia en Andalucía. Como muchas otras, durante los dos últimos años han visto crecer sus posibilidades de recibir atención y cuidados, se han incorporado al empleo en el sector de los servicios sociales e, incluso, han tenido por primera vez la posibilidad de contar con una prestación económica y el reconocimiento social de una actividad que habían hecho durante años sin ninguna contraprestación.

Desde mediados del año 2007 hasta el día de hoy, hemos leído y oído mucho sobre las virtudes y los defectos de una Ley que ha supuesto el mayor impulso al sistema de servicios sociales de este país desde la puesta en marcha del Plan Concertado de prestaciones básicas, y que representa uno de los mayores avances en derechos sociales de nuestra democracia. Porque, por primera vez, una ley desarrolla un derecho de ciudadanía para todo el Estado en el ámbito del cuidado.

Este derecho debería ser una seña de identidad de los Estados desarrollados, sobre todo si tenemos en cuenta que el envejecimiento de la población y el acceso de las mujeres al empleo han supuesto la ruptura de un modelo tradicional de cuidados basado en la desigualdad de género, en el que las mujeres renunciaban a sus posibilidades de desarrollo personal, social y laboral a causa de su dedicación en exclusiva al cuidado de familiares. Hoy, la atención a la dependencia, junto a otras políticas y derechos sociales, como la educación de niños y niñas de 0 a 3 años, son una muestra clara de la apuesta por un modelo de sociedad avanzado en lo económico y en lo social, centrado en el bienestar de las personas y en la igualdad entre hombres y mujeres. Esta apuesta tan importante por las políticas sociales se hace más necesaria en momentos de crisis económica, en los que es obligación de los poderes públicos –sea cual sea su ámbito territorial– garantizar la supervivencia y la dignidad de las personas más vulnerables y que más dificultades tienen para afrontar situaciones en las que el mercado parece haberles dejado a su suerte.

Bien es verdad que la puesta en marcha y desarrollo de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en situación de Dependencia, en un momento en el que ya han sido transferidas las competencias de Servicios Sociales a las Comunidades Autónomas, está resultando compleja, aunque también rica y adaptada a la diversidad de nuestros territorios. La aplicación de esta ley nos enseñará mucho del desarrollo de políticas de atención a la ciudadanía en este país después de la ampliación de competencias autonómicas que está suponiendo la descentralización actual del Estado y los recientes Estatutos de Autonomía.
A pesar de los agoreros, es posible llegar a consensos autonómicos para garantizar que todos los ciudadanos y ciudadanas de este país, vivan donde vivan, reciban unos servicios y prestaciones básicas que pueden ser ampliados de acuerdo a la voluntad de autogobierno de cada una de las Comunidades Autónomas, sin duda una tarea apasionante que es necesario afrontar sin ningún complejo.

En Andalucía, nuestro modelo de atención a las personas en situación de dependencia y promoción de su autonomía ha reforzado el Sistema Público de Servicios Sociales, ha impulsado la gestión compartida de servicios con las Corporaciones Locales y ha promovido la prestación de unos servicios públicos que buscan la calidad de vida de estas personas, lo que nos ha situado a la vanguardia en toda España. Pero tal como preveía la Ley, su desarrollo requiere tiempo. Tenemos mucho trabajo por delante, con el horizonte situado en la mejora permanente de los procesos y servicios que conforman el Sistema Andaluz, lo que implica la formación y cualificación de los y las profesionales, el desarrollo de nuevos servicios y la utilización de nuevas tecnologías, sin olvidar el apoyo a las personas cuidadoras.
El desarrollo de esta ley en Andalucía está haciendo que personas en situación de dependencia, como Antonio, puedan tener servicios adecuados a sus necesidades de cuidados y que sus familias se sientan tranquilas y apoyadas. También hace que otras personas, como María Jesús, tengan un empleo. Creo que esta apuesta colectiva ha valido y sigue valiendo la pena.