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07
Nov/2009

La revisión de las relaciones laborales

Julio Alba Riesco. Ingeniero industrial e Inspector de Trabajo y Seguridad Social

A estas alturas parece que nadie discute que el mercado de trabajo debe sufrir determinados ajustes. Pero hay que buscar una adaptación de las normas que defienda los derechos de los trabajadores y facilite la capacidad de dirección que tiene el empresario. Y como en todo, esto es muy complicado y con muchos intereses contrapuestos. Creo que la renovación de las relaciones laborales debe venir apoyada en la búsqueda de la mejora de la productividad laboral. Y eso implica algunas cosas, que citaría a modo de ejemplo:
- Hay que revisar la legislación de huelga, que está ahí, basada en una disposición de Suárez y una sentencia del Constitucional. Pero hay que definir la huelga ilegal o abusiva, los servicios mínimos y esenciales y su cumplimiento, para evitar la politización y la perversión del derecho de huelga.
- Hay que reflexionar sobre si es adecuado mantener una jornada de 40 horas semanales, como hace cincuenta años, o es momento de reducir la misma a 35 horas y con mayor presencia del horario flexible, por ejemplo, el 30% de la jornada. La mera obligación del registro documental del horario día a día, evitaría los posibles abusos empresariales.
- Reaparición del contrato temporal. Ya se estableció el contrato por tres años en uno de los periodos de crisis anteriores y tuvo cierto éxito. Y no hay que demonizarlo, pero sí regularlo adecuadamente.
- Y quizás haya que retocar el despido. No es admisible que un trabajador cobre cientos de miles de euros de indemnización por despido. Hay que unificar las diferentes indemnizaciones ahora existentes por ejemplo en 40 días por año, con el máximo de 48 mensualidades, pero con un tope máximo absoluto que debe ser razonable, por ejemplo 20 anualidades del SMI. La indemnización, por despido no puede ser tal que un blindaje de un alto ejecutivo sea equivalente a toda la indemnización de un ERE de 500 trabajadores.
- Pero también es cierto que, en muchas ocasiones, el empresario se encuentra ante la dificultad de despedir al trabajador indolente o absentista, por lo complejo de demostrar causas subjetivas y por una solidaridad sindical injusta. Quizás se pudiera estudiar que la indemnización por despido improcedente, durante el primer año de contrato corriera a cargo del Fogasa, siempre que se produzca un nuevo contrato en las mismas condiciones que las que tenía el despedido, reflejándose tal circunstancia en la cotización a la Seguridad Social y con intervención administrativa.
- Y al hablar de despidos, hay que hablar de los EREs. Hace muchos años, en la crisis del 84, se estableció el criterio (no escrito) de denegar la autorización para extinguir contrato por ERE a aquellas empresas que no hubieran tenido pérdidas durante tres años seguidos. Es decir, el ERE es una medida para salvar la empresa, no para salvar los beneficios del empresario. Y quien ha tenido beneficios desmesurados varios años seguidos, no puede tener derecho a poner en la calle a los trabajadores que le ayudaron en la etapa de vacas gordas, salvo que la situación se alargue tanto que peligre la continuidad empresarial.
Y no hay reforma de las relaciones laborales que no venga acompañada de una reforma de la Seguridad Social. El sistema actual mantiene sus estructuras de la Ley de bases de 1963 y resulta complejo y caro de gestionar. Tiene muchos regímenes diferentes, incluyendo los funcionarios o los estudiantes y muchas singularidades de cotización, incluyendo las primas de accidentes de trabajo, (antítesis del principio de solidaridad), con las Mutuas de Accidentes como elementos del sistema de los que hay que aprender algo y rechazar mucho. Una mejora de la eficacia del sistema pasaría, a mi juicio, por:
- Una simplificación y unificación de los regímenes, dejando solamente dos, cuenta ajena y cuenta propia, con la unificación de los organismos gestores, con lo que se incrementaría la eficacia en la gestión y habría un verdadero ejercicio de solidaridad. Ello iría acompañado de la simplificación de los tipos de cotización (que no reducción) incluyendo accidentes de trabajo en la cotización ordinaria y propiciando un tipo único del 43% (36% empresa + 7% trabajador), para todas las contingencias protegidas del sistema, a la vez que se incrementa el tope máximo de cotización a 5 veces el SMI. Lo anterior puede ir acompañado de beneficios en materia de cotización para los jóvenes, los mayores y los contratos estables.
- La prestación de incapacidad temporal es la que incluye las mayores bolsas de fraude. El pago de los salarios de los primeros días de las bajas laborales debería ser asumido por la Seguridad Social y sus médicos deberían ser lo suficientemente rigurosos en el diagnóstico de las bajas laborales, evitando bajas reactivas a conflictos laborales.
- Hay que redefinir las prestaciones actuales, tanto las sanitarias como las económicas adaptando los mínimos y máximos a la situación actual. Hay que impedir las prejubilaciones a edades en las que una persona, en el siglo XXI, es perfectamente válida y eliminar la edad de jubilación forzosa, vinculando la prestación de jubilación solamente al tiempo cotizado, con los topes que proceda.
- Parece que incrementar la protección por desempleo es algo necesario. Se debe ampliar el tiempo de la prestación a 30 meses y reestructurar su cuantía. Además es posible ampliar la situación legal de desempleo a una reducción del 50% del tiempo trabajado, (ampliando desde el 33% actual) con lo que se mantendría el vínculo con la empresa y se posibilitaría su pervivencia.
- Una adecuada reforma del desempleo debe ir ligada a obligaciones de formación y de trabajo social. Si el Estado paga un cuasi-salario a unas personas, debe ir acompañado de una exigencia de ocupación, en forma de empleo social o de formación. Hay muchas empresas públicas o prestadoras de servicios públicos, que gestionan servicios medioambientales, o de transporte, o de vías públicas o de servicios sociales, que podrían ser utilizadas en la lucha contra el desempleo. Estas opciones serían formas de ampliar a las empresas en general y a las públicas en particular la fórmula de los convenios de colaboración social con el SPEE que actualmente se celebran exclusivamente con las administraciones públicas.
En fin, todo lo anterior es discutible. Pero este brainstorming no tiene más objetivo que introducir elementos de reflexión entre quienes tienen que decidir y a veces eso es importante.