Después de casi década y medio hablando y escribiendo del A400M, hoy se ha hecho realidad uno de los grandes hitos de la aeronáutica andaluza con el primer vuelo de este avión de transporte militar del fabricante europeo Airbus. Es un día emocionante para la compañía, los trabajadores, la ciudad de Sevilla y quienes durante todos estos años hemos seguido el proyecto desde los medios de comunicación. Sin embargo, la euforia no puede hacernos olvidar que el programa, el más importante para la compañía junto con el A380 y el A350, éstos adscritos al segmento de la aviación civil, acumula un trienio de retraso y que aún pasará factura.

En efecto, y aunque ninguno de los países europeos socios del A400M tiene la intención de abandonar el proyecto, aún queda por negociar con cada uno de ellos el precio final del avión, que la propia Airbus reconoce que sufrirá un significativo incremento, si bien se confía en un acuerdo. Tremendo susto, por cierto, el que dio Suráfrica al cancelar sus pedidos, pero, por suerte, ningún otro Estado no comunitario cliente de este programa se ha descolgado.

Urge, por tanto, que los socios estatales y Airbus alcancen un pronto acuerdo que despeje definitivamente la viabilidad de este proyecto y, asimismo, se consigan más encargos al margen de los 184 actuales. No serán tareas fáciles, habida cuenta del contexto de crisis económica, los disparados déficit públicos y las restricciones presupuestarias en los Estados.

Por lo demás, la aeronáutica andaluza ha sabido responder al desafío del A400M. Sus retrasos no son achacables a las factorías sevillanas (Tablada y San Pablo), como tampoco las gaditanas lo fueron de la demora del A380. Prestigio internacional. Chapeau.

P.D.

La parva. Superada la desconfianza, entre ellas incluso la de los trabajadores europeos de Airbus.

La simiente. La organización del evento del primer vuelo del A400M, de lujo.

La paja. Suráfrica canceló sus ocho pedidos, aunque tras el día de hoy quizás reconsidere su postura.

La industria del cerdo ibérico flotaba metida en una burbuja que, al igual que la inmobiliaria, ha estallado. Dio mucho dinero hasta hace dos años, pero sus excesos se están ahora pagando con creces, y las culpas hay que cargarlas contra todos los eslabones de la cadena productiva y comercial, aunque la Administración tampoco se escapa.

La Norma de Calidad, concebida y aprobada en tiempos del ministro de Agricultura Miguel Arias Cañete (PP), nació para conferir claridad y transparencia a todo un sector ganadero e industrial que inducía a la confusión a los consumidores y en el que la sospecha de fraude era –y todavía lo es- una constante. Gato por liebre, cebo por bellota.

Sin embargo, la legislación nacional, que siempre se consideró como la menos mala posible, generalizaba el apellido ibérico tanto para las ganaderías, con el cruce de razas porcinas (la madre debe ser ibérica pura, no así el macho) certificadas por inspectoras independientes, como para las industrias y cadenas de distribución, que, a partir de entonces, tuvieron que especificar los tipos de jamón: cebo (alimentación con pienso), recebo (pienso y montanera) y de bellota.

Pero esta norma traía dos errores de bulto que los desarrollos posteriores (el último, de noviembre de 2007) no han logrado atajar. El primero, dejar en manos privadas la labor de inspección y certificación de las ganaderías y las producciones de los mataderos. Y no es que lo privado sea sospechoso per se, pero sí resulta cuanto menos raro el desmesurado crecimiento de la cabaña amparada por la bellota y la existencia de accionistas en esas firmas que, a su vez, lo son de compañías industriales. Y el segundo, permitir que el paraguas ibérico diera cobijo tanto al régimen ganadero extensivo como al intensivo, esto es, a la dehesa y al corral.

Recomiendo encarecidamente los artículos monográficos que, sobre el ibérico, han publicado varios profesores de la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Córdoba en los anuarios agrarios del Servicio de Estudios de Unicaja correspondientes a 2006 y 2008. El primero de ellos, escrito en 2007, ya reflejaba sobre el papel lo que era vox populi, la generalización del fraude. El segundo cuestiona la aplicación de la Norma de Calidad, al tiempo que aconseja acometer reformas que realmente diferencien y pongan en valor el cerdo de la dehesa frente a aquél criado en las granjas.

A un sector tradicional, el del ibérico, desembarcaron grandes cárnicas y gentes ajenas, entre ellos los ladrilleros en tiempos en los que ganaban dineros a espuertas, y todo ello con financiación preferente de bancos y cajas de ahorros y el respaldo de los gobiernos de las comunidades autónomas, que vieron en el refuerzo de la industria un yacimiento económico y de empleo para sus regiones.

Aquí, otra referencia a las administraciones, que vendieron a bombo y platillo los acuerdos con Estados Unidos y China para exportar jamón ibérico, y en el primer país algunos habrán probado, en el segundo sólo lo han visto en pintura. La euforia ante estos anuncios, y entre ellas la mediática, debería ser más comedida, porque al final se cae en la frustración y todo queda en agua de borrajas.

No citaré ninguna empresa, sólo déjenme que les sugiera echar un vistazo a la Sierra de Huelva y al Sur de Badajoz, cuántos mataderos y fábricas de despiece se gestaron en la última década y media y en qué crítica situación se encuentran ahora. Y si hasta hace dos años fueron, efectivamente, un yacimiento de empleo, ahora lo son de paro. Cuentan incluso que sin el respaldo público, más de cuatro cárnicas, entre ellas algunas de las grandes, se hubieran ido a pique.

La que el empresario Julio Revilla ha denominado socialización del ibérico, por el que las familias que antes no accedían a sus productos lo pudieron hacer por la bonanza económica y el descenso de los precios, arrebatando así mercado a los jamones blancos y serranos, ha arrastrado a la baja el prestigio del segmento de bellota. Y aunque este último todavía  no padece tanto la crisis como el de cebo, tiempo al tiempo, pues comienzan a verse en los pueblos de Huelva, Badajoz y Sevilla cotizaciones de las que atraen a las masas.

De hecho, cuatro millones de piezas curadas y sin salida comercial (la inmensa mayoría de cebo y recebo) es una rémora para la industria por su elevado coste y por la urgencia de sacarlas al mercado. Almadén de la Plata, este martes, paletilla de ibérico de cebo a 6 euros el kilo. Y bajando. La campaña de Navidad actuará de termómetro y, por lo que dicen los industriales, éste anda por ahora bajo cero. Sálvese quien pueda.

P.D.

La parva. Morbo empresarial en el caso Mercasevilla. Dos de las mayores compañías andaluzas, Osuna y Sando, declarando ante los tribunales. Este caso dañará, y mucho, la imagen de unos ladrilleros hasta ahora impolutos.

La simiente. Por fin, el A400M volando, después de tres años de retraso y año y medio después de su puesta de largo oficial, cuando llevó algunas piezas de escayola…

La paja. La Consejería de Agricultura debería revisar su aforo de aceite de oliva. La falta de lluvias ha perjudicado al olivar y la producción no será tanta como la que indicaban sus cálculos. El sector no se los cree y se están mandando al mercado cifras que pudieran no ser acertadas.

Primera hora del miércoles pasado. Los directores de oficina de Cajasur andaban desconcertados. Un cruce interno de correos electrónicos avisaba ya de que la cúpula de esta entidad se había encargado de mover a sus peones sindicales antes incluso de que, entrada la tarde, se reuniera el consejo de administración para informarle de qué decía el plan de negocio encargado para la fusión con Unicaja. Y pretendía hacerle a ésta, con la avanzadilla laboral por delante, un jaque, pero no contaba con la jugada de mate concebida en el Banco de España.

El día 1 de diciembre podría marcar un antes y un después en la historia de las finanzas andaluzas si finalmente la caja de ahorros cordobesa no se aviene a aceptar, con todo lo que comporta (ajuste laboral y de la red comercial), el matrimonio con la malagueña. Si la negativa se mantiene, el supervisor acometerá una intervención más severa incluso que que acometió con Caja Castilla-La Mancha (CCM), y aquí cabe analizar los porqués de tanta rapidez y sus consecuencias no sólo para la entidad, sino también para sus ejecutivos y consejeros.

Dos avisos previos del auditor de las cuentas. En el último lustro, la auditora que rastrea la contabilidad anual de Cajasur, Deloitte, ha emitido hasta dos salvedades que manifiestan su disconformidad con la elaboración de las cuentas.

La primera de ellas corresponde al ejercicio de 2004, con el cura Miguel Castillejo en la presidencia, y dice textualmente: “La institución ha aumentado significativamente su riesgo crediticio de financiación de la actividad inmobiliaria excediendo los límites de concentración aplicables [...] Ha elaborado un plan, enviado a Banco de España, que a la fecha del informe de auditoría se encuentra pendiente de desarrollo e implantación, no siendo posible evaluar los efectos que pudiera producir la materialización del mismo”.

Y la segunda de esas salvedades atañe al año 2008 e indica: “Los administradores han implantado un plan de liquidez que dé respuesta a los riesgos mencionados [incremento de la morosidad, deterioro de la solvencia y dificultad de acceso a los mercados de financiación] que, a 28 de abril de 2009, está en marcha sin poderse evaluar el resultado futuro del mismo”.

Por tanto, ya desde hace un quinquenio se alertaba de una excesiva concentración del crédito en las actividades inmobiliarias y, aunque las advertencias del supervisor las recibieron muchas cajas (entre otras, El Monte, ahora Cajasol), no acometió la estrategia oportuna para corregir unos excesos que hoy está pagando, despreciando, además, los planes de ajuste de directores generales nombrados a dedo por el supervisor, a los que Gómez Sierra les hizo la cama durante el tiempo que permanecieron en la entidad.

Una contabilidad que podría no ser cierta. La contabilidad que ha aportado la caja cordobesa durante el primer semestre del año –no ha hecho pública aún la del tercero– tanto a los medios de comunicación como a la patronal de las cajas (CECA) y a la Comisión del Mercado de Valores dista, y muchísimo, del cálculo que, a partir de las cuentas suministradas por la propia Cajasur, ha realizado Boston Consulting Group para el plan de negocio de la fusión.

Ese informe cuestiona los beneficios que, hasta ahora, ha difundido la caja, pues en 528 millones de euros de pérdidas –y un hipotético agujero de 800 millones por inversiones arriesgadas no cubiertas– no se incurre en pocos meses, a no ser que la gestión haya sido en ellos desastrosa.

Estaríamos, por tanto, ante una situación parecida a la intervenida CCM, donde los ex máximos directivos, ahora expedientados, ocultaron las cuentas reales y la delicada situación financiera por la que atravesaba.

Y un detalle muy significativo de que los mercados no se fiaban de los números de Cajasur: el pasado abril, la agencia internacional Fitch rebajó su calificación al nivel del bono basura, la misma que colocó a CCM en vísperas de ser intervenida. Ahora, según se deduciría del informe de Boston, la cordobesa estaría por debajo de los niveles de solvencia y liquidez que exige el Banco de España para que una entidad pueda operar en nuestro país.

La responsabilidad de  los administradores. Indaguemos en qué ocurrió después en la caja manchega y que se podría trasladar a la andaluza. El supervisor apreció una conducta negligente tanto en los gestores y directivos con poderes ejecutivos como en los consejeros, pues todos, además de aprobar unas operaciones con excesivo riesgo –concentración del crédito en promotoras inmobiliarias y toma de compañías– y firmar las cuentas, no adoptaron las medidas oportunas para paliar el constante deterioro de CCM y que, al final, desembocó en la intervención de la caja.

Aún hoy el PP anda reclamando responsabilidades “de todo tipo”, incluso penales, para los principales ejecutivos de la entidad manchega, ahora adjudicada a un banco filial de Cajastur.

Si ocurre en Cajasur tres cuartos de lo mismo, que su presidente, Santiago Gómez Sierra, y la entidad que la fundó, el Cabildo Catedral de Córdoba, se preparen para la publicación de las operaciones especulativas y trapos sucios.

Subasta y ahí te quedas, Iglesia. Dos escenarios se abrirían si persiste el no, y después de que la Junta de Andalucía se haya negado a mediar y mantenga que la única senda posible es el camino trazado por el supervisor y el plan de negocios de la fusión.

El primero, intervención de la entidad –no requiere ya autorización del Consejo de Ministros, como ocurrió con CCM–, la destitución de los órganos de gobierno y su inmediata subasta, a la que podría acudir Unicaja ya liberada de presiones laborales y eclesiásticas y gritando ahí te quedas, Iglesia.

Si la puja no funciona, el segundo escenario es la liquidación pura y dura, esto es, la desaparición de Cajasur, aunque la sangre no llegará a este río.

P.D.

La parva. En el consejo de administración de Cajasol que autorizó a su presidente, Antonio Pulido, a cerrar una alianza con Caja de Guadalajara votaron en contra la representante de UGT y un impositor de la cuerda del sindicato. No entraron a valorar la estrategia financiera, sino simplemente atendieron el mandato de UGT de decir no.

La simiente. El conflicto de Astilleros parece que se encauza y que terminará con una factoría de Sevilla reforzada y una onubense reconvertida. Fijémonos en cómo quedaron los astilleros militares, qué bien le va al de Cádiz tras especializarse en reparaciones.

La paja. Un cruce de datos entre el Ministerio del Interior y la Consejería de Agricultura ha dejado a la mujer del director gerente de la Federación de Arroceros de Sevilla, Manuel Cano, sin cobrar las ayudas agrarias comunitarias. En la solicitud de las subvenciones, en vez de poner su nombre compuesto, que es el que aparece en el DNI, colocó el simple. Cano está que trina y harto de papeleo.

Si a este Dios que no levanta la mano para atajar la muerte de millones de niños en los países pobres se le ocurriera hacer un milagro económico y salvar los privilegios de  la jerarquía eclesiástica que domina Cajasur, juro por ese Dios que inmediatamente iría a la parroquia a pedir mi apostasía, aunque, por otra parte, reconozco que si no lo he hecho ya ha sido por pereza y, sobre todo, por el respeto a la educación que recibí de mis viejos. No me equivocaba cuando, en entradas pasadas de este blog, comentaba que la fusión de esa entidad con Unicaja iba a terminar como el rosario de la aurora.

Lo que ocurre en la caja cordobesa es gravísimo y la amenaza de intervención y subasta o, si no hay ofertantes, liquidación pura y dura es tan seria que debería hacer recapacitar a los señores con alzacuellos aunque sólo sea por no verse algún día sentados en el banquillo de los acusados en un juicio por haber llevado a la entidad financiera a su actual encrucijada.

En efecto, quiero lanzar una reflexión sobre el grado de responsabilidad de los gestores y, si me apuran, del conjunto del consejo de administración de Cajasur, cuyos miembros, recordemos, no son meras marionetas que cobran dietas por asistir a las reuniones, sino que guían su estrategia, aprueban sus decisiones y firman sus cuentas. En este contexto, si son verdad los cálculos contenidos en el informe que Boston Consulting Group ha elaborado sobre el estado de la entidad, y de los que Lourdes Lucio da holgada información en el diario El País, estaríamos ante una situación muy parecida a la intervenida Caja Castilla-La Mancha (CCM), donde sus ex máximos ejecutivos, ahora expedientados, ocultaron los números reales y la delicadísima situación financiera por la que atravesaba.

Y no me creo que las pérdidas para 2009 de las que habla ese informe para Cajasur -e insisto, si son verdad, nada más y nada menos que 528 millones de euros y un hipotético agujero de 800 millones por inversiones arriesgadas y no cubiertas-  se hayan producido de la noche a la mañana y que podamos, pues, dar por ciertas las cuentas con beneficios presentadas por la caja tanto a la patronal CECA, como a los medios de comunicación y, para más inri, a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). No hace ni un mes que El Correo de Andalucía informaba de que la entidad cordobesa cerraría el actual ejercicio en números rojos, aunque ni por asomo se pronosticaba que de tan rojos fueran incandescentes.

Y para éstos no hay que buscar diablos externos, sino que hay que cargar las culpas contra los administradores de Cajasur, tanto los pasados, en épocas del ex presidente Miguel Castillejo, como los actuales, quienes, aunque heredaron de aquél sus excesos inmobiliarios y una corte de reverencias laborales, poco han hecho para encarrilar la caja y adecuarla, ajustando red comercial y plantilla, a un entorno de crisis económica que merma el negocio financiero.

Mientras unas cajas, en silencio y pactando con los sindicatos, están acometiendo los recortes, ella prefirió olvidarse de los deberes apelando a un impacto social, el empleo, que ahora, curiosamente y como si fuera voto cautivo, le está sirviendo para levantar a las masas en su defensa. Unicaja, que ya ha cerrado oficinas y prescindido de personal (vayan a una sucursal y cuenten, dos empleados y poco más), también tendrá que acatar otro tijeretazo, no sólo Cajasur es víctima.

El informe de Boston Consulting Group para la fusión, muy duro, sí, es un documento de trabajo (no es, por tanto, la Biblia), que plantea escenarios y recomendaciones. A partir de aquí, caben buscar medidas no tan traumáticas para el empleo, como así ha sucedido en otros muchos conflictos laborales. Más grave será si el Banco de España toma las riendas de una caja que, si esa radiografía, insisto, es fiel, estaría ya por debajo de los niveles de solvencia y liquidez que exige el supervisor para que una entidad financiera pueda operar.

Y si la Iglesia prefiere la intervención antes que la entrega a Braulio Medel (que nadie dice que sea un santo, pero tal y como está el patio quizás sea un poco menos demonio), que se aplique primero su propia prédica del examen de conciencia y el dolor de los pecados. No menciono el propósito de enmienda, no puedo pedir imposibles.

P.D.

La parva. Me gustaría tener en Andalucía a una María Dolores de Cospedal, secretaria general del PP, que, en el caso de que Cajasur sea intervenida (parece ser que no, que los curas-cajeros se han dado cuenta de que no pueden presionar más), reclamara las mismas responsabilidades administrativas y penales que exige para los antiguos ejecutivos de Caja Castilla-La Mancha- ¿Las pediría para Santiago Gómez Sierra?

La simiente. Les aconsejo que lean este artículo sobre las responsabilidades que tienen los miembros del consejo de administración de una sociedad. Quizás algunos de Cajasur reflexionen.

La paja. Quién lo diría, IU sumándose a la Iglesia en el no. Es lógica su defensa del empleo y su negativa a que se pierdan tantos puestos de trabajo como dice el informe de Boston, pero no deja de ser curiosa esa comunión. Quiero recordar el conflicto de Altadis en Sevilla. “Tabacalera no se cierra”. Se cerró y se pactaron las salidas laborales (prejubilaciones, bajas incentivadas, traslados). Por cierto, algunos de los trabajadores que lideraron entonces la revuelta están ahora en la órbita de IU.

Nos medimos con Madrid a la hora de poner en valor la concertación social labrada por séptima vez en Andalucía, y en esta ocasión quizás tiene más mérito que nunca por cuanto estamos ante una grave crisis económica y, además, las relaciones nacionales entre los sindicatos UGT y CCOO y la patronal CEOE son pésimas. Sin embargo, don dinero es la clave de la sustancial diferencia entre las negociaciones de aquí, donde las empresas reciben, y allí, donde cualquier pacto afecta de forma incierta a sus bolsillos, sea para bien, sea para mal. En otras palabras: en la comunidad el empresariado siempre juega a ganar-ganar y en el Estado, en cambio, aflora una mezcla de ganar-perder.

Si en la región se pudiera legislar sobre el mercado laboral, más allá de las transferidas políticas activas de empleo (formación para trabajadores y desempleados), otro gallo cantaría y se quedaría afónico. De hecho, de Despeñaperros para abajo no tenemos siquiera la potestad para cambiar y confeccionar, conforme a las especificidades de la economía andaluza, un catálogo propio de profesiones. Fíjense ustedes la exigua capacidad de regulación. En cambio, es abundante a la hora de asignar los recursos (a sindicatos, patronales, Cámaras de Comercio, organizaciones agrarias, etcétera) y, por otra parte, al orientar los incentivos públicos a las empresas.

Mi compañera Laura Blanco, de la sección de Andalucía, nos resume el destino de los incentivos que, con cargo a las arcas de la Administración autonómica, se han pactado bajo el amparo de la concertación social. Se vincularán todos a generar empleo, al tiempo que se reducirán las ayudas a fondo perdido para empresas -sólo se otorgarán para I+D durante la puesta en marcha de proyectos- y se apostará más por los préstamos reintegrables y las líneas de avales para microempresas y autónomos.

Quiero leer la letra pequeña. ¿Cómo saber de antemano que los incentivos efectivamente crearán puestos de trabajo? Loada sea la vinculación entre ayuda y empleo, porque no son pocas las compañías que se embolsaron la subvención andaluza y después cesaron la actividad o no tuvieron el beneficio laboral prometido. Son tantos los ejemplos de salvadores de patrias… Pero me sigo preguntando cómo forzar a una compañía que ya ha recibido el incentivo a cumplir a rajatabla con el plan económico y laboral adjunto a su solicitud.

Mientras, y tras conseguir, al menos en parte, sus reivindicaciones respecto a los sectores tradicionales (ladrillo, turismo), la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) se ha avenido a facilitar, dentro de la concertación, el tan necesitado y ansiado cambio del modelo productivo, gracias al impulso a la innovación (cuyo rendimiento no es inmediato, sino a largo y medio plazo) y a las energías renovables.

Volvamos a las divergentes relaciones entre los agentes sociales andaluces y nacionales. Giremos la vista hacia el presidente de la CEA, Santiago Herrero, que también preside la Comisión de Relaciones Laborales de la CEOE y, al menos por su cargo, mucho tiene que decir respecto a la reforma del mercado de trabajo que reclaman la patronal y no pocas instituciones nacionales e internacionales, exceptuando a los sindicatos y al propio Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, aunque éste parece que hoy se ha rendido ante la evidencia.

¿El andaluz manda mucho en la CEOE? El secretario general de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, ha asegurado, dentro del ciclo Los Desayunos de El Correo de Andalucía, que tiene una voz “muy activa”, aunque resulta  difícil saber si la respuesta contiene certeza, ironía o deseo de que se calle. Su homólogo en UGT, Cándido Méndez, ha dicho, en idéntico escenario y con igual retintín, que Herrero tenía un gran potencial “y espero que lo exprese con plenitud” en el seno de la patronal española.

Así pues, no resulta extraño que el patrón de los patrones andaluces diga sí en la comunidad y no en el Estado. Si de la concertación social sólo participaran los gobiernos y los sindicatos, éstos dirían sí tanto a la Junta como al Ejecutivo central. Pero, que conste, el discurso de Herrero sigue el mismo camino en Sevilla y en Madrid, mas el contenido de la negociación (uno light, otro heavy) es radicalmente distinto. Blanco era el caballo de Santiago.

P.D.

La parva. Sigamos con la CEA. La sociedad de inversión de inversión colectiva (Sicav) que impulsó el empresariado andaluz ha tenido que reducir a una cuarta parte su capital social (en contabilidad se recurre a este tipo de operaciones para lavar pérdidas) y también, en idéntica proporción, la aspiración del capital total a conseguir previsto en sus estatutos, de 100 a 24 millones de euros. En principio se pretendía tomar paquetes accionariales importantes en empresas con gran raigambre regional. Con 24 millones de euros, lo dudo.

La simiente. El banco Sabadell organizó la semana pasada un encuentro con un cuarto de millar de empresarios andaluces, clientes y no clientes, para explicarles las líneas de financiación de las que dispone para facilitar la internacionalización. Sus directivos mantuvieron una cena con periodistas en la que hablaron de la entidad y de la crisis económica. Y dijeron que hay síntomas para el optimismo y que quien invierta ahora tendrá pasos andados para cuando llegue la recuperación. A ver si es verdad.

La paja. CCOO ha criticado con severidad la huelga (o cierre patronal) de dos días protagonizada por los agricultores españoles. En el caso de Andalucía, ha vuelto a apelar al fácil discurso de los grandes propietarios. Sin embargo, el campo tiene muchísimos agricultores pequeños, de explotaciones familiares. UGT, por su parte, ha manifestado su respaldo pues, entre otras cosas, en su seno orgánico aún se mantiene la organización agraria UPA, una de las tres convocantes del paro general.

Toca de nuevo la cuestión naval, que va para rato. El espectáculo al que hemos asistido esta semana, con una Junta de Andalucía acorralada por el armador onubense que ni come ni deja comer, tiene una intrahistoria que merece la pena analizar, pues descubre algunas de las razones por las que se ha caído en una situación de impasse que le va a costar muchos titulares, y sudores, al Gobierno regional. Ahí van cinco reflexiones, y que cada palo aguante su vela.

1.- El armador.

Sería incomprensible su actitud, pues le ofrecen una salida muy digna de una empresa en ruinas, si no fuera porque a lo largo de su trayectoria ha conseguido de la Administración autonómica lo que ha querido. Corría el año 1998 cuando Astilleros de Huelva sacó a sus propios trabajadores a la calle para reclamar a la Consejería de Economía y Hacienda, con Magdalena Álvarez al frente, que le concediera avales para formalizar préstamos con la banca, y que yo recuerde por entonces el contexto no era precisamente de crisis económica. Se los otorgó, como a cualquier otra empresa, pero en ésta llovía sobre mojado, con una plantilla que no pocas veces había denunciado, también vía manifestaciones, el impago de sus salarios y unos sindicatos que, asimismo, ponían en duda la actividad de la compañía para la construcción de grandes buques ante la tradicional falta de espacio de la atarazana onubense.

Pero es que informes encargados por el Ejecutivo andaluz, y también por empresas privadas, advierten de que la factoría de Huelva habría directamente que cerrarla, pero una decisión como ésta acarrearía un fuerte impacto sobre el empleo y un coste electoral para el PSOE. En cambio, la hoja de ruta diseñada por la agencia IDEA, adscrita a la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa, plantea la reconversión de la planta para que construya barcos medianos y pequeños y, además, se dedique a reparaciones, actividades ambas que tienen menos riesgos que la actual y más demanda, aunque, y esto es clave, cuentan con menos subvenciones públicas de aquí y de Bruselas.

A los propietarios de Astilleros de Huelva (dos familias concentran dos tercios del capital), y según fuentes conocedoras de las negociaciones, se les ha ofertado que varias consultoras y tasadoras independientes valoren los activos y que se embolsen su parte, aunque, a tenor del endeudamiento que acumula la compañía, a saber cuánto podrían pillar, no mucho, supongo. Su abandono es condición sine qua non para que algún inversor quiera salir al rescate con la bendición de la Junta de Andalucía. Pero no se van.

2.- La Junta de Andalucía

Ella solita se ha metido en este charco. Es lógico que IDEA haya cogido las riendas de las negociaciones, ante el temor de quiebra tanto de Astilleros de Huelva como de su filial Astilleros de Sevilla (80%, siendo el 20% restante de Contenemar, que está en suspensión de pagos) y sus consecuencias laborales. Pero aquí cabe indagar también en el pasado.

En efecto, fue la Junta de Andalucía la que, en 2006 y con Manuel Chaves como presidente, hizo sus oportunas gestiones para que la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (es decir, el Gobierno central, ya bajo la batuta del también socialista José Luis Rodríguez Zapatero) adjudicara Astilleros de Sevilla (propiedad de la antigua Izar) a una empresa radicada en la comunidad, esto es, al armador onubense. ¿Nadie se acordó de los quebraderos de cabeza que ya por entonces daba?

En los últimos años, además, el Ejecutivo andaluz ha puesto encima de la mesa 55 millones de euros para el sostenimiento de la industria naval, mucho dinero como para que ahora se vaya a pique. Y, eso sí, no está dispuesto a seguir sacando la chequera si los errores de gestión no se solventan, y eso pasa por echar a quienes los cometieron.

Sin embargo, ni el consejero de Innovación, Ciencia y Empresa, Martín Soler, ni el titular de Empleo, Antonio Fernández, se esperaban la cerrazón del armador y el circo mediático de esta semana, en el que ha habido una mezcla de reproches y súplicas para que aquél no abandone la negociación, mientras que éste ha seguido jugando y, aunque duela, se ha reído en sus caras. Sabe que orquestar una industria paralela a la naval en el entorno de Huelva y de Sevilla, como prevé la hoja de ruta, lleva su tiempo, fíjense si no en los ímprobos esfuerzos en la Bahía de Cádiz y la comarca de Linares para gestar un tejido productivo al margen de Dephi y Santana Motor. Pero, consejeros, cuidado con caer en chantajes por mucho que lluevan chuzos ahora…

3.- Los sindicatos

La contundencia revelada por Manuel Pastrana, secretario general de UGT en Andalucía, y su homólogo en CCOO, Francisco Carbonero, al reclamar a los propietarios que se marchen y dejen actuar a la Junta de Andalucía aporta mayor validez si cabe a los planteamientos de IDEA. Y si los trabajadores, sobre todo los de Huelva, eran antes reivindicativos hacia el Ejecutivo autonómico, ahora viran el dedo acusador hacia los dueños de los astilleros, conscientes de que hay que señalar a quienes crean el problema y no a quienes intentan solucionarlo.

Las centrales sindicales, asimismo, no se han prestado a las llamadas del propio armador y de la industria auxiliar de Huelva, respaldada esta última por la Federación de Empresarios Onubenses (FOE), para que monten barricadas. Y tampoco han sacado a relucir aún, y sí lo han hecho los accionistas y empresarios (quién lo diría), las garantías laborales contempladas en el acuerdo con la SEPI cuando la empresa Astilleros de Sevilla fue privatizada. No son pocos los que, en esta factoría y tal y como pinta el horizonte -el reciente crédito de 6 millones avalado por la Junta para abonar nóminas y pagar materiales ya está agotado-, verían con buenos ojos volver al paraguas de la sociedad estatal -está obligada a asumir la plantilla en caso de fracaso de la privatización- y que ésta finalmente los prejubilara.

4.- Pymar

La sociedad Pequeños y Medianos Astilleros en Reconversión (Pymar), participada por el capital público y a través de la que se canalizan subvenciones y líneas de financiación con cargo al Estado, tiene en este conflicto mucho que perder.

Del volumen total de deuda reconocido por Astilleros de Huelva, 170 millones están contraídos con las entidades financieras y avalados por Pymar. Es decir, que si el armador falla al amortizarlos, esta sociedad ha de cargar con el marrón, los préstamos suscritos, que para eso los ha respaldado. Un auténtico mazazo.

5.- La FOE

Las patronales suelen clamar al cielo cuando hay intervención pública en una compañía, porque impide la competencia en iguales condiciones de mercado. No obstante, en el caso de Astilleros de Huelva la FOE ha adoptado la postura de reclamar más y más ayudas para una empresa al borde de la ruina.

Primero acusó a Pymar de la crisis por la que atraviesa la atarazana onubense, alegando que, como condición para avalar los créditos, esta sociedad nombraba a los directores generales, mientras que fuentes oficiales aseguran que se marchaban porque los accionistas les hacían la vida imposible. Después respaldaron por completo la gestión histórica del armador, entre cuyos planes está presentar la suspensión de pagos (solicitar concurso voluntario de acreedores) para obtener una quita superior al 50% de la deuda, y aquí cabe recordar que 50 millones los debe a la propia industria auxiliar de la provincia, la misma que ha salido también a apoyarlo. Y, por último, puso a la plantilla en medio del fuego y le animó a salir en defensa de su patrón y contra el Gobierno andaluz.

Hasta aquí, las cinco reflexiones. Mientras tanto, el tiempo corre, y en los juzgados están los escritos por los que Astilleros de Huelva y Astilleros de Sevilla piden un periodo de gracia de tres meses (trámite preconcursal) para que los acreedores no le fuercen a una suspensión de pagos (fuentes judiciales indican que, en el caso de Sevilla, la juez aún no ha dado el visto bueno a la petición). Pero transcurrido ese plazo, habrán de presentarla si no hay acuerdo con los acreedores. En la Junta de Andalucía creen que es precisamente lo que busca el armador. Para éste la quita, para aquélla el muerto.

P. D.

La parva. Si Javier Arenas, presidente del PP andaluz, se hubiera dado una vuelta por los pueblos de la Sierra de Aracena o el Valle de los Pedroches, no hubiera lanzado la gracia de que José Antonio Griñán, jefe del Ejecutivo regional, se va a Londres a comer jamón ibérico. El sector productor e industrial lo está pasando tan mal (crisis de precios y caída del consumo) que no se merece que Arenas lo meta en la verborrea política de sus mítines de fin de semana.

La simiente. El despacho de abogados Cuatrecasas y su tropel de letrados laboralistas han forjado un instituto para debatir sobre el mercado laboral. Se presentó esta semana en Sevilla y quienes intervinieron, Salvador del Rey (presidente del instituto), Fernando Moreno (director) y Eduardo González Biezma (consejero y coordinador del área laboral de Cuatrecasas) aportaron sosiego al debate. Y es lo que se necesita, sosiego, y no el sempiterno e interesado tira y afloja de políticos, empresarios y sindicatos.

La paja. En el ardor de las movilizaciones, he oído insultos que dañan el decoro de gentes tan finas como Miguel Afán de Ribera, secretario general de Asaja de Sevilla, o tan rudas como Miguel López Sierra, que ejerce idéntico cargo en COAG. Hay que arengar a las masas agrarias, alegan. Sin embargo, el sindicato mayoritario de Cajasur, Aspromonte, ha caído en lo más bajo al comparar la negociación laboral de la fusión entre esta entidad y Unicaja con el tiro en la nuca y los asesinatos de oficiales polacos a manos de los rusos en la II Guerra Mundial. Es denigrante, por mucho que, en este caso, haya que arengar a la plantilla en defensa de sus legítimos derechos laborales.

Existe autentico pavor en la Junta de Andalucía ante la posibilidad de que le estalle el conflicto de los astilleros. No saben ustedes cuánto. Si en los próximos tres meses la matriz de las factorías de Huelva y Sevilla suspendiera pagos (cabe recordar que el accionista minoritario de esta última, Contenemar, ya lo está, es decir, se encuentra sujeto a concurso de acreedores) y recortara plantilla, coincidiría con los picos más elevados de paro regional que se manejan en la Consejería de Empleo, y este cóctel laboral será bebido con sumo gusto por la oposición política, y oiremos de nuevo a Javier Arenas, presidente del PP andaluz, mencionar aquello del campeón del desempleo, y esta vez no adjudicado a José Luis Rodríguez Zapatero, que anda por la capital de España, sino a su homólogo en el Gobierno andaluz, José Antonio Griñán.

Los palos le lloverían al departamento que dirige Antonio Fernández, a pesar de que es Martín Soler, consejero de Innovación, Ciencia y Empresa, quien lleva directamente las negociaciones para encarrilar la crítica situación por la que atraviesa la compañía naval, agobiada por una falta de liquidez que, y esto hay que decirlo muy alto, es estructural y no sólo desencadenada por la crisis económica y el cierre del grifo del crédito por parte de la banca.

Un prestigioso abogado de Sevilla, que en estos momentos prepara para un armador extranjero una demanda por impago contra la empresa andaluza, me comenta, en referencia a la Administración autonómica. “Ya no son los tiempos de Cárnicas Molina ni de Santana. Son muchísimas las empresas que tienen problemas, no sólo Astilleros de Huelva y Astilleros de Sevilla. A ver cómo justifica que a unas sí y a otras no”.

En efecto, en los años noventa la Junta de Andalucía socorrió a esa cárnica jiennense (asumió el control y después fue privatizada, aunque no son pocos los episodios de crisis que ha soportado en manos no públicas) y al grupo automovilístico también jiennense (cómo se notaba entonces el poder de Gaspar Zarrías, ex número dos del Ejecutivo regional, y del PSOE de la provincia…), con una sangría para las arcas públicas autonómicas que aún hoy sigue en el caso de Santana Motor. Y sueña Soler con desprenderse de este último lastre vendiéndolo a un inversor, dice que hay negociaciones, pero éstas no fructifican.

Al titular de Innovación se le calentó la boca cuando dijo que no pondría ni un euro para los astilleros si el armador no presentaba un plan de futuro realmente fiable, pues el dinero iría a abonar las nóminas y eso era injusto pues, argumentó, son muchas las empresas que atraviesan dificultades y la Junta de Andalucía no pude sacar permanentemente la chequera para pagar a sus trabajadores. Y tenía más razón que un santo, aunque sólo una semana después tuvo que avalar un préstamo de seis millones de euros para precisamente eso, liquidar las mensualidades pendientes y las dos próximas a los empleados y, asimismo, hacer frente a las facturas más urgentes para que no cesara la actividad ni en Sevilla ni en Huelva.

No tenía más remedio que hacerlo, y en cierta medida se comprende la decisión tomada por Martín Soler. Primero, porque ya la propia Administración andaluza contempla este tipo de socorro financiero en sus planes anticrisis, si bien cabe alegar que fue concebido para empresas con problemas puntuales de liquidez, y los de Astilleros son recurrentes. Y segundo, porque no hacerlo hubiera desencadenado irremediablemente la suspensión de pagos de la compañía y la aplicación, además, de un expediente de regulación de empleo para toda la plantilla, con especial crudeza para la onubense.

Pero cuidado, consejero de Innovación. La hoja de ruta que usted propone para salvar esta industria -pasa, entre otros aspectos, por erradicar la actividad de construcción de grandes buques en la factoría de Huelva, la cesión de las acciones de ésta por parte de sus actuales propietarios, un ajuste laboral y dedicar las instalaciones a reparar barcos, mientras que para la planta de Sevilla, la única con visos de rentabilidad, prevé una búsqueda de socios externos, y al parecer los hay interesados- implica una presencia muy amplia de la Junta de Andalucía en una empresa privada, a través de la agencia IDEA (adscrita a la Consejería de Soler).

El documento, de hecho, habla en exceso de colocar a administradores de IDEA en las nuevas sociedades que tomen las riendas de Astilleros de Huelva y Astilleros de Sevilla, y es lógico que así sea porque será el Gobierno regional el que soltará la pasta y dará la cara para que remonten el vuelo. Pero la naval no es una industria tan atractiva ni tiene asegurados contratos multimillonarios como la aeronáutica, y ahí se circunscribe la participación pública autonómica en el capital de Alestis. Es, en cambio, un sector que hoy está arriba y mañana abajo, y sus trabajadores, con las temidas barricadas, tendrán siempre una Administración, en este caso la Junta, a la que apuntar con dedo acusador. Tú eres culpable de que yo esté así. Ese peligro se corre, como también el de que los astilleros se conviertan en otra Santana.

Da para escribir este asunto naval, pero ahí van sólo tres ideas más. Primera, que para la factoría de Sevilla supone un gran alivio la existencia de un pacto entre los sindicatos y la SEPI (el Estado era dueño de la antigua propietaria de los astilleros hispalenses, Izar) que aún genera garantías laborales a los empleados si la planta finalmente se va a pique (para que se entienda: la SEPI tendría que absorber a buena parte de la plantilla). Segunda, que el armador actual al parecer ni come ni deja comer, y aquí cabe reclamar posibles responsabilidades. Y tercera, las hemerotecas todavía guardan las imágenes tanto de los socialistas andaluces (año 2004) como de Javier Arenas (año 1995) al grito de Astilleros no se cierra.

P. D. Crítica constructiva de un amigo del campo. A la parva y a la simiente le falta la paja para completar la era. Pues ahí va.

La parva. A gusto se habrá quedado la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) y la Escuela Andaluza de Economía, adscrita a la patronal, con el impacto mediático que tuvo la conferencia en Sevilla del ex presidente de EEUU Bill Clinton. Sin embargo, la ponencia defraudó tanto por su contenido (recetas anticrisis obvias y un sí pero no y todo lo contrario al abordar los asuntos más relevantes) como por su exposición, donde faltó el hilo que hilvanara el discurso y derrapó en un ir y venir y vuelta hacia acá y hacia allá. Ésa era la sensación generalizada entre los periodistas, pero también se notó en el auditorio, y como prueba está el escaso aplauso que se le brindó. Muchísimo ruido (y dinero) y pocas nueces.

La simiente. Han tenido mucho ojo el presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, y su consejera de Economía y Hacienda, Carmen Martínez Aguayo, al orquestar las nuevas subvenciones públicas a las hipotecas para la compra de viviendas que sean sustancialmente rebajadas de precio. Pues claro. El Banco de España va a obligar próximamente a las entidades financieras a realizar más provisiones por los inmuebles que se queden en concepto de pago de deudas, lo que, sin duda, ayudará a sacar al mercado y más barato el parque que tienen en stock. Han estado al quite.

La paja. La fusión de Unicaja y Cajasur va camino de convertirse en el rosario de la aurora, con todos peleados con todos. Un poquito de orden y seriedad, por favor.

Es propio de la raza empresarial alegrarse de las desgracias ajenas. No son pocas envasadoras de aceite de oliva, y apunto directamente a unas cuantas de Sevilla, que se frotan las manos con el negro pozo en el que ha caído el grupo SOS Corporación Alimentaria, propietario de la principal marca española del oro verde, Carbonell. Ese rencor, en cierta medida, es lógico y humano, pues durante los casi ocho años que los hermanos Jesús y Jaime Salazar llevaron las riendas de la compañía, aquéllas fueron a rastras de su agresiva política de precios, tanto al comprar la cosecha a las almazaras como al vender al público, con una guerra cuasi permanente tanto en la producción como en la industria.

Cierta envidia también había. De hecho, el del aceite es un sector muy tradicional, de añejos señores y renombradas marcas, y la llegada de dos grandes tiburones como los Salazar descuadró el status quo al que se habían acostumbrado unas empresas familiares que aún se resistían a dar rienda suelta (la gestión) a las nuevas generaciones. Salvando mucho las distancias, un desembarco parecido al de Mario Conde en Banesto, que trastocó la tranquilidad de los grandes caballeros de la banca, Botín, Escámez, Amusátegui, Ybarra, Corcóstegui, Valls y compañías mártires.

Da la impresión de que SOS se cae a pedazos. El anuncio de que pone a la venta todos su negocios a excepción de los aceites le quita hasta el nombre a la compañía, pues SOS es la marca de su arroz, precisamente la que, junto con las galletas Cuétara, compró la sociedad Koipe, dueña ésta de Carbonell. Después, sus planes estratégicos no convencen al mercado y el valor se derrumba en la bolsa, y aquí tiemblan las cajas de ahorros andaluzas porque, a finales de año, tendrán que registrar en sus cuentas las minusvalías (pérdidas) por su participación en un grupo agroalimentario del que son los mayores accionistas. Y, por último, y ya en el terreno laboral, concreta un próximo Expediente de Regulación de Empleo (ERE) indiscriminado para todas sus fábricas, sea cual sea el producto que salga de ellas, y que conlleva paralizarlas durante 180 días (seis meses) a repartir por semanas en un periodo completo de un año, 2010.

Sonríe maliciosamente la competencia aceitera. Vendrán tiempos de revancha, de articular estrategias comerciales para ganar cuota de mercado a costa de Carbonell en una industria, la del aceite de oliva, que trabaja con un escaso margen de beneficio y donde el poder y la capacidad de negociación la da el volumen. Pero hay otra parte del sector, la productora, que se pregunta qué será de ella si durante seis meses Carbonell no adquiere cosecha alguna, y son las cooperativas andaluzas, entre ellas la mismísima Hojiblanca, sus principales suministradores de la grasa. La sombra de los planes de SOS, como vemos, es alargada.

Tanto que a Encarnación Poto, la presidenta de la aceitunera Acyco, ubicada en Dos Hermanas, se le habrá venido el mundo encima. Esta empresa, un auténtico símbolo de la lucha de los trabajadores por sacarla adelante y todo un referente, pues, para la economía social andaluza, se convirtió en fechas recientes en una sociedad anónima cuya mayoría del capital quedó bajo control de SOS, una decisión que tenía como cometidos rentabilizar las inversiones emprendidas en la fábrica, remontar las pérdidas acumuladas y ampliar mercados y productos. Ni siquiera ha transcurrido un año y ahora sobre la firma nazarena pesan dos incertidumbres. Primera, cómo y cuándo se venderá esta fábrica, a quién y si en el paquete irá incluida la otra filial de aceituna de mesa del grupo, Cetro, radicada en Pilas. No es un momento propicio para la operación, habida cuenta de que la industria de aderezo soporta su propia crisis y anda asfixiada con el corte del grifo financiero. Segunda, la aplicación del ERE a una plantilla que, con mucho sacrificio, cogió hace casi dos décadas una empresa en ruinas y la levantó.

Mariano Pérez Claver ha llegado con fuerza a la presidencia de SOS cortando por lo sano, pero se ha labrado una posición de debilidad a la hora de negociar la venta de activos para aliviar su pesada carga financiera, tras el revés que le han dado las casas de inversión y la bolsa. Porque detrás de todo su plan desinversor están unas cajas de ahorros, tanto las andaluzas como Caja Madrid, que no quieren poner ni un euro encima de la mesa más allá de los que ya les debe el grupo agroalimentario, y sólo como último recurso admitirían un canje de deuda por acciones, algo que ni gusta a la madrileña ni a Unicaja, Cajasol, Cajasur y Caja de Granada, aunque estas cuatro últimas entidades se verían forzadas por el carácter estratégico de la compañía para Andalucía y, claro está, por las presiones de la Administración autonómica. En parte, y esto no se puede olvidar por mucho que les duela, son responsables de la situación actual de la compañía.

P.D.

La parva.

Los arroceros sevillanos ven con preocupación que Ebro Puleva pueda quedarse con la marca de arroz SOS. Al menos antes tenían dos compradores para sus cosechas. Si esa operación fructifica, quedaría sólo uno, Herba, la filial de Ebro Puleva para este negocio y con la que tienen una tradicional relación de amor y odio.

La simiente.

Si hay un organismo de la Junta de Andalucía que recibe pleitesía por parte de los empresarios es Extenda, cuyas labores son las de internacionalización y promoción exterior. Se constató esta semana en el encuentro que organizó en Sevilla con los responsables de las oficinas que posee en el extranjero. No se trataba de un evento protocolario y para hacerse la foto, como los que tanto gustan en algunas Consejerías. Allí se iba para trabajar, para hacer negocios, y así lo reconocían los centenares de directivos que acudieron. Su directora general, Teresa Sáez, se gana el pan.

No es que uno comulgue precisamente con la jerarquía eclesiástica –otra cosa es la Iglesia católica, por amor de Dios, déjenme separarlas-, aunque con la reforma de la Ley de Cajas de Ahorros de Andalucía el espíritu del buen samaritano se ha adueñado de mí y hasta lástima me ha dado aquélla tras comerse el órdago que, la pasada semana, lanzara al Gobierno de José Antonio Griñán, entrando, así, al trapo de un envite magistralmente orquestado por los socialistas y sus leales financieros.

Personalmente no me podía creer que en el PSOE andaluz hubiera gente que, a estas alturas y aún vigentes los acuerdos del Estado Español con la Santa Sede, se tiraran de los pelos hablando de los privilegios de los curas. Primero, porque los han tenido, los tienen y los tendrán por los siglos de los siglos amén, y hasta la propia Constitución Española recoge su llamémosle singularidad, más que consagrada en los pactos con el Vaticano de 1979 que, por cierto, ningún Gobierno, ni de derechas ni de izquierdas, ha alterado. Segundo, porque a los socialistas todavía les infunden tremendo temor las sotanas, no tanto por la educación recibida, que ésa se olvida, como por la enorme influencia que ejercen sobre la sociedad, y recordemos a María Teresa Fernández de la Vega, vicepresidenta primera del Gabinete Zapatero, buscando paz en la mansión romana de San Pedro y el estratégico nombramiento del ex alcalde socialista de La Coruña, Francisco Vázquez, católico de pro, como embajador ante la misma. Y tercero, porque en la sevillana calle San Vicente, casa de la rosa regional, y en Torretriana, donde se ubica la Consejería de Economía y Hacienda, se perpetuaba, en un primer borrador de la reforma legal, el status quo de los hombres con alzacuellos en Unicajasur, que finalmente ha sido eliminado en el decreto aprobado por el Consejo de Gobierno.

Por ello, el grito al cielo, y nunca mejor dicho, de los socialistas andaluces tras la publicación del citado borrador era más falso que Judas, y venía a dosificar un globo sonda para diluir lo que no eran sino privilegios menores del Cabildo de Córdoba (qué más da que sus miembros en los órganos de representación de la caja fusionada los elija como le venga en gana o puedan tener hasta 75 años) porque los mayores (el peso en el consejo de administración, una vicepresidencia ejecutiva y un poder nada desdeñable sobre la Obra Social) permanecerán intactos, conforme al protocolo de fusión que pactaron Braulio Medel, presidente de Unicaja, y Santiago Gómez Sierra, su homólogo en Cajasur.

Que a los canónigos cordobeses les toquen lo que sea menos la Obra Social, y recordemos aquí la pactada salida de la socialista Aurora Atoche, quien asumió su dirección en virtud del acuerdo de 2005 que devolvía la tutela de Cajasur a la Junta de Andalucía, una salida en la que pesaron las relaciones con Gómez Sierra. Ocurrió hace algo más de un año, y desde entonces mucho han cambiado las tornas. El remordimiento que ha de tener la Iglesia al entregar ahora una creación suya, la caja cordobesa, nada más y nada menos que al PSOE…

Al PSOE regional, por lo demás, le queda el regusto de haber ganado la partida a un clero que, sin medir sus consecuencias, entró bravucón en la pelea y salió empitonado. No contaba con la seria advertencia de intervención por parte del Banco de España, menudo escándalo hubiera sido no sólo para las finanzas andaluzas, sino para la Iglesia y sus hombres de Dios, que son, y eso no se puede olvidar, los que han conducido a la entidad cordobesa a estar como está, no bien, y en cuestiones de dineros no caben milagros. Después de las arremetidas de éstos contra el Gobierno de Zapatero (matrimonio gay, aborto), quizás Griñán haya disfrutado al no atender las llamadas de auxilio de Juan José Asenjo, hoy arzobispo coadjutor de Sevilla y obispo de Córdoba cuando ambos firmaron aquel regreso de Cajasur a la órbita de la Administración autonómica, ni tampoco las de Gómez Sierra.

Ante la ofensa de la Junta de Andalucía por suprimir algunos de los citados privilegios de los curas-cajeros, a éstos no les ha quedado otro remedio que predicar con el ejemplo y poner la otra mejilla. Al menosprecio que dijeron sentir contribuyó Braulio Medel con sus declaraciones públicas de que no aceptaría singularidad alguna en la caja fusionada, ni una caja dentro de otra caja cual muñeca rusa, y si fuera así mejor paralizar la absorción (sí, hablemos en plata, es una absorción por mucho que la revistan de fusión).

“Existe mucho recelo hacia el otro socio [Unicaja]”, dicen fuentes internas de Cajasur, quienes no descartan “muchos más encontronazos” durante las negociaciones, “aunque ninguno puede ser como éste, que ha rozado el ridículo”. Por lo pronto, otra china en el camino acaba de aparecer, la del sindicato Aspromonte, mayoritario en Cajasur, que tanto debe a la curia y que verá menguada su influencia en la futura entidad. El pacto laboral será arduo, hay que eliminar duplicidades de oficinas y emprender, asimismo, un ajuste de plantilla que no será precisamente reducido.

Primero fueron las compensaciones económicas que el Cabildo de Córdoba quería para transigir con la fusión, y que negoció incluso a espaldas de la propia Cajasur. Después el frustrado órdago y el arrepentimiento exprés. Por dos veces una Iglesia tocada, aunque durante los tres años del periodo transitorio de la fusión no quedará hundida. Eso sí, las finanzas no son un confesionario y cualquier pecado saldrá a la luz pública, sobre todo cuando a quien dice la misa no le gustan los curas…

P.D.

La parva.

El consejero de Innovación, Martín Soler, advirtió a Astilleros de Huelva de que la Junta de Andalucía no pondría ni un euro si no había plan industrial y de que no iba a pagar las nóminas de la plantilla. No hay plan industrial y sí 4 millones de euros de las arcas públicas para avalar un crédito con el que pagar los salarios. No es lo mismo, pero es igual.

La simiente.

No hacen faltan grandes fusiones de cooperativas agrarias muy mediáticas. Fijémonos en Hojiblanca, que sigue extendiendo su red por las provincias andaluzas, y Sevilla no es una excepción. La maraña seguirá tejiéndose.

Leo en El País una tribuna de Milagros Pérez Oliva que, bajo el título Políticos que no aman a los periodistas, denuncia cuán incómodas resultan nuestras preguntas para quienes ejercen el poder o aspiran a hacerlo y cómo unos y otros se esconden de nosotros tras los comunicados de prensa o las declaraciones grabadas sin opción a réplica. Compañeros, vamos a ver, la culpa es única y exclusivamente nuestra. Si les damos plantón, seguro que, y por la cuenta que les trae, nos buscan. Pero como, admitamos, la unidad en el gremio es inexistente, les seguiremos el juego, para qué llorar.

Ahí queda la autocrítica, y ésta vale también para aquellos que nos dedicamos al periodismo económico. Al igual que quienes abordan la actualidad política, también nosotros, al hacer nuestro trabajo, soportamos a ciertos empresarios que rastrean las redacciones de los periódicos cuando les conviene e ignoran a los redactores cuando no les interesan, haciendo entonces gala de una sospechosa política del silencio.

De entrada se creen que somos tontos, que como la cuestión económica es compleja, no sabemos ni la mitad del cuarto. Pues bien, señores. Compartí clase durante un año con setenta empresarios y directivos de compañías andaluzas en una reputada escuela de negocios y si yo soy la mitad del cuarto, créanme, no pocos había que ni pesaban cien gramos. Eso sí, eran herederos.

Unos de mis maestros en esta profesión, al que eternamente le estaré agradecido porque aprendí mucho de él y con él, me contaba cómo una caja de ahorros, que al fin y al cabo es una empresa como la que más, presentó en multitudinaria rueda de prensa sus buenísimos resultados anuales, aunque para buenísimo, el maquillaje que tenían, pues a poco que se escarbaran arrojaban pérdidas. Él publicó la verdad y le llovieron piedras. Y a una periodista económica de las mejores que ha dado este país, catalana para más señas, uno de los grandes banqueros españoles le tuvo que pedir perdón en público porque el gabinete de prensa de la entidad financiera le había desmentido una información que era veraz.

A lo que iba. Respeto profundamente el derecho a la intimidad que ejercen los empresarios que no quieren salir en la Prensa, y es una lástima porque son muchos, y aquí en Sevilla diríamos que legión, que realizan una labor encomiable, aunque silenciosa, y digna de ser conocida por la sociedad. Vaya por delante, reitero, mi respeto, pero con una salvedad. Si reciben ayudas públicas, a las que tienen también todo el derecho del mundo, para sus proyectos e inversiones, que no tuerzan la cara cuando se les pregunta cuánto dinero, para qué y cuáles son sus resultados, porque tales subvenciones salen de los bolsillos de los contribuyentes, y a éstos les asiste el derecho a la información.

Al igual que la Consejería de Agricultura y Pesca cuelga en su web el listado, con nombre, apellidos y NIF, de los perceptores de ayudas agrarias, sería bueno que la Junta de Andalucía recopilara en un solo documento las identidades de las empresas y lo hiciera público, para no tener que acudir BOJA por BOJA a indagar cada resolución administrativa por la que se aprueba la concesión de subvenciones. Quizás descubramos que, al igual que en el campo, existen cazadores de primas en la clase empresarial.

Llegados aquí, vuelvo al principio, esto es, a la cuestión de quiénes no nos aman, y apunto con el dedo acusador a los vendemotos -en tiempos no mecanizados, vendeburras- que se valen de la Prensa para airear proyectos e inversiones que nunca se cumplen porque están edificados sobre el humo. Se les ve a la legua pero, por aquello de que prevalece también el derecho a la presunción de inocencia, hay que prestarles atención, qué remedio. Tiempo al tiempo. Esta crisis económica ya los barrerá, ya los está barriendo -y que quede clarísimo, me estoy refiriendo a los vendemotos, y no a los empresarios que, mis respetos por delante, después de una larga trayectoria profesional y un loable sacrificio están también pagando los platos rotos de la complicada coyuntura que vivimos-.

Tampoco nos aman esos empresarios que, gabinetes de comunicación de por medio, lanzan sus notas de prensa de cuatro líneas sin ofrecer la posibilidad siquiera de obtener más detalles, ni, como contraste, aquellos que las emiten como churros y que sólo interesan al churrero porque su trascendencia informativa es nula, ni los que que se creen con la potestad de comprarnos, y de estos últimos hay tela larga.

¿Qué hacer si no nos aman? Pues actuar como profesionales de la información económica y hacer nuestro trabajo con profesionalidad y dignidad y teniendo siempre presente que no escribimos para ellos, sino para el conjunto del público. Insisto, el tiempo colocará a cada uno en su sitio, y debemos ser conscientes del nuestro. Y para quienes se sientan ofendidos con estas opiniones, les sugiero que escuchen entera la canción No tienes corazón de Café Quijano y Joaquín Sabina.

P. D.

La parva.

Cuidado con la industria envasadora de aceituna de mesa. Una de las más grandes, la utrerana Agroaceitunera, ha presentado suspensión de pagos (convenio voluntario de acreedores), pero otra también está apurando plazos para renegociar su deuda con los bancos. Y digo lo de cuidado porque estamos ante un sector en el que Sevilla ejerce el liderazgo internacional y no se le está prestando la suficiente atención. La creciente competencia de países terceros nos puede lastrar.

La simiente.

Si la concertación social andaluza sale adelante este mes, menuda lección la que, de nuevo, se dará a los negociadores de Madrid, a saber, sindicatos, patronal y, esporádicamente, el Gobierno. (Simiente sólo a medias; me pregunto qué ocurriría si Andalucía tuviera competencias para legislar sobre los contratos y éstos se pusieran encima de la mesa regional de negociación).