29
Ago/2011

La precariedad consumada

La filosofía de la legislación sobre el mercado de trabajo ha dado en apenas un año un viraje de ésos que hacen historia. Si la reforma del verano de 2010 pretendía fomentar el empleo de carácter indefinido sin por ello penalizar el temporal, ahora es este último el que se impulsa al facilitar que se alarguen los contratos precarios (el encadenamiento, cuyo tope desaparece durante dos años) y extender el límite de edad para los de formación, de manera que todo un señor padre puede ser considerado un empleado aún en formación a pesar de rozar la treintena.

Se cumplen así dos sentencias radicalmente distintas. Una, la de los empresarios, que ya entonces declararon aquello de que esta reforma laboral no nos sirve, al no ser lo suficientemente flexible, y aquí flexibilidad debe entenderse como despido más barato y facilidad para desprenderse del trabajador cuando cambien las circunstancias de la empresa. Así, lejos de crecer la contratación indefinida, ha bajado y aumentado, en cambio, la temporal, sea por días, meses o años, enlazándose hasta la saciedad contratos, un proceder rayano en la ilegalidad. La segunda sentencia era de los sindicatos, que vaticinaban el fracaso de un cambio en la legislación laboral aprobada vía decreto y que, señalaban entonces, no transformaría en fijos los temporales y, pese al menor coste por despido -se generalizaba el contrato de los 33 días por cada año trabajado en detrimento del de 45 días-, no crearía siquiera más empleo.

Los datos oficiales revelan que unos y otros tenían razón y el Gobierno se ve ahora obligado a reformar de nuevo la legislación estatal del mercado de trabajo, pero dando esta vez más la razón a los patronos que a los sindicalistas, y aun así los empresarios siguen sin estar satisfechos, si bien avanza en sus peticiones, no en las de UGT y CCOO.

Valeriano Gómez, ministro de Trabajo y quien presumiera de su cercanía a las tesis de las asociaciones obreras, no ha tenido más remedio que admitir, para justificar su viraje, que, en los actuales tiempos de crisis económica, es mejor un trabajo temporal que estar en el paro y, además, que cuando cambian las circunstancias, ha de alterarse la legislación laboral. Tiene razón el representante del Gobierno, aunque habrá que saber si se hará un buen uso y no un abuso de las facilidades de contratación, esto es, si su empleo estará justificado o si proveerá a las empresas de la base legal para un encadenamiento de contratos y unos salarios de formación a los que hasta ahora habían recurrido con claros indicios de ilegalidad. Por ejemplo: el contrato en formación, como su propio nombre indica, se justifica durante la formación del trabajador, y no por la edad del mismo -ésta se amplía de 25 a 30 años-.

Como decíamos, el registro de los Servicios Públicos de Empleo canta ese fracaso de la última reforma laboral. En julio pasado, de los 1.349.286 contratos firmados en España (3,43% menos que en el mismo mes de 2010), tan sólo 89.911 eran indefinidos (el 6,66% del total), con un recorte interanual del 6,17%. Por sexto mes retrocedía la contratación de índole indefinida y sólo se registraba un alza entre las personas con alguna discapacidad, cuyos contratos se encuentran bonificados por la Seguridad Social.

En cuanto a los contratos temporales, que diminuyeron en un 3,23%, hasta los 1.259.375, experimentaron el principal crecimiento entre los de prácticas y en aquellos rubricados para sustituir a los empleados que se jubilaron anticipadamente.

En el caso de Andalucía, el número de contratos firmados el pasado julio -el decreto de reforma laboral fue aprobado en junio de 2010- se situó en 271.699 (0,75% más que en idéntico mes del año anterior), de los que 10.431 -sólo un 3,83% del total- eran indefinidos. El hecho de que esta comunidad autónoma muestre una porción menor que la media del Estado en empleo estable se debe principalmente a que las bases de su economía, el turismo y la agricultura, tienen un marcado componente temporal.

Y peor comportamiento en el caso de la provincia de Sevilla ya que los contratos indefinidos bajaron en ese periodo analizado un 8,4%, con 2.628, un 4,22% del volumen global de las relaciones laborales rubricadas durante julio pasado.

Por tanto, los cambios en la legislación laboral no han servido para su principal objetivo, el empleo estable, ni para el segundo, la creación de puestos de trabajo. Así, en el último año el paro registrado se ha incrementado en el conjunto del país el 4,38%, hasta 4.079.742 personas, siendo el alza del 5,2% en Andalucía (908.548 personas sin ocupación) y del 7,04% en el caso de la provincia de Sevilla (212.867).

Pero este rosario de datos torna aún más negro al abordar el problema del desempleo juvenil, contra el que se orientan las medidas del Gobierno aprobadas en el Consejo de Ministros del viernes pasado. Así, la EPA (Encuesta de Población Activa) calcula que la tasa de paro de los menores de 25 años supera el 46%, y los Servicios Públicos de Empleo cifraban el volumen total en julio en los 418.898, si bien hay un recorte en el último año (-2,9%) gracias precisamente  al mencionado auge de los contratos en prácticas y de formación. Y de 89.911 contratos indefinidos rubricados el mes pasado, 7.811 fueron para menores de 25 años, con un retroceso interanual del 15,72%. En cambio, subieron los temporales. Y ni que decir tiene que los de formación y prácticas no son estables…

P. D.

La parva. Resulta cuanto menos curioso que los barones del PSOE estén divididos ahora sobre la conveniencia de reformar la Constitución para fijar límites al déficit público puesto que sus detractores alegan podría condicionar en el futuro, muy futurísimo, las políticas sociales. Me pregunto por qué no hubo ese cisma cuando este gobierno socialista, obligado por las circunstancias económicas, violentó sus propias políticas sociales y, por tanto, su programa electoral. Quizás es que están excesivamente nerviosos ante los próximos comicios generales, en los que la única cuestión por dilucidar es si el batacazo será mayor o menor, porque haberlo lo habrá.

La simiente. El Mercado de Futuros del Aceite de Oliva (MFAO o la popular bolsa andaluza del aceite), con sede en Jaén y cuyo principal accionista es la Junta de Andalucía, acaba de cosechar los primeros beneficios de su historia, y ya era hora. Sudores y lágrimas ha costado que las almazaras y las industrias confíen en este instrumento de canalización de operaciones de compra y venta de oro verde.

La paja. ¿Qué credibilidad puede tener un candidato a la Presidencia del Gobierno que ha participado en un gobierno que ni ha adoptado e incluso ha rechazado lo que ahora son promesas electorales? Que Alfredo Pérez Rubalcaba desempolve el impuesto para los ricos cuando el propio Ejecutivo sigue mareando la perdiz al respecto me resulta extraño, o demagógico.

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