El silencio se ha impuesto en las asociaciones empresariales. Se trata de un silencio que obedece al miedo a ser sancionadas por parte de la Comisión Nacional de la Competencia, que ve por doquier prácticas restrictivas del libre mercado. Ya ni siquiera se atreven a elaborar estadísticas reservadas a sus propios socios para calibrar cómo va el negocio, qué porción del pastel tiene quién, y el contenido de las circulares internas se hace meramente informativo, sin recomendación alguna, restando, pues, buena parte del cometido de estos lobbies y dejando a los socios con la lógica pregunta para qué pago yo mi cuota si no me prestan los servicios que demando.

Pongamos un caso. La Asociación Nacional de Industriales Envasadores y Refinadores de Aceites Comestibles, la patronal Anierac, donde se dan cita la mayor parte de las aceiteras españolas (las grandes incluidas), elaboraba anualmente una estadística con el volumen de producción de cada uno de sus socios por tipos de aceite (oliva, con sus variedades, orujo, girasol y semillas). Los datos se publicaban bajo la fórmula de ranking, y permitía, así, conocer no sólo el devenir de las compañías, con sus respectivas cuotas de mercado, sino también cómo marchaba la actividad del aceite en su conjunto.

En principio, esas estadísticas de Anierac eran públicas, mas los recelos de las industrias de ver sus datos en los medios de comunicación hicieron que se tornaran privadas, y sólo ellas tenían acceso, aunque, eso sí, eran vox populi. La prensa se hacía con ellos. “Eran un ejercicio de transparencia del propio sector frente a quienes, como las cooperativas, no revelan sus cifras exactas de producción ni se las puede controlar”, comenta el dueño de una reputada envasadora sevillana.

Sin embargo, las constantes inspecciones de Competencia y las últimas multas impuestas a las asociaciones de industriales de alimentación (de pollos, huevos, harinas, vinos de Jerez, la patronal FIAB, etcétera) han llevado a Anierac a prescindir de su estadística incluso para consumo interno, puesto que las autoridades podrían interpretar que inducen a alteraciones en el mercado, entre ellas los pactos para fijar precios.

No en vano, algunas de las sanciones más recientes de Competencia han estado sustentadas sobre declaraciones y comunicados de prensa de las asociaciones empresariales y de sus portavoces, pues, a juicio de los supervisores, incitaban a los socios a actuar de manera coordinada para, por ejemplo, trasladar al consumidor final el incremento de las cotizaciones de las materias primas.

No pocas aceiteras se han puesto en contacto con Anierac para ver qué ocurría con el ranking de 2009, y la respuesta ha sido un no podemos hacerlo y el envío, como justificación, de una Guía de Asociaciones Empresariales confeccionada por la Comisión Nacional de la Competencia y que enumera, más que sugiere, lo que éstas no pueden hacer. En uno de sus apartados dice textualmente: “[…] la elaboración de bases de datos, informes, anuarios estadísticos, etc. por una asociación empresarial a partir de la información proporcionada por sus asociados podría dar lugar o formar parte de un acuerdo de fijación de precios, de reparto de mercados o de otras condiciones comerciales, y estaría por tanto prohibida […] En la medida en que los competidores accedan a información comercial sensible (entre otros, facturación, precios, inversiones, gastos en publicidad, costes, clientes) y desagregada, mayor será el riesgo de distorsión de la competencia en el mercado, especialmente cuanto mayor sea la frecuencia de los datos que se intercambian y más actuales sean los mismos”.

En pro de la defensa del consumidor, ley del silencio, menos actividad de los lobbies, que deberán ceñirse a las estadísticas de consultoras especializadas en análisis de mercados, como son los casos de Alimarket y Nielsen. No dejo de preguntarme dónde está la transparencia informativa y, por otro lado, si no afecta al celoso organismo de Competencia, adscrito al Ministerio de Economía y Hacienda, que la titular de este departamento, Elena Salgado, dijera ayer mismo que las empresas sólo repercutirán la mitad de la subida del IVA prevista a partir del próximo mes de julio. ¿No está mandando un mensaje al mercado y contribuyendo, con esta opinión, a orientar los precios?

P.D.

La parva. Las recientes medidas fiscales aprobadas por la Junta de Andalucía y ayer concretadas por su consejera de Economía y Hacienda, Carmen Martínez Aguayo, revelan cuán escaso margen de maniobra tienen los presupuestos andaluces para arbitrar más medidas anticrisis. 18 millones de euros de euros saben a muy poco…

La simiente (I). Al igual que su hermano Santiago en la CEA, Francisco Herrero afronta las elecciones en la Cámara de Comercio de Sevilla con la tranquilidad de que la suya será la candidatura única. Al margen de que no están los tiempos para divisiones internas, a Francisco Herrero se le reconoce un mayor empuje de la actividad de la institución cameral que en épocas pasadas.

La simiente (II). Juan Roig, presidente de Mercadona, reconoció durante el pasado jueves en la presentación de resultados de la cadena comercial en Valencia que él había “robado naranjas en el campo”, eso sí, durante su niñez. Lo reveló para explicar que las naranjas cogidas directamente del árbol son las mejores, aunque no tengan brillo e incluso sean feas, y así las vende en sus tiendas. Su presentación fue sencilla, tiene el don de la palabra. Todo su equipo directivo estuvo presente en la rueda de prensa, y fue sometido a examen por el propio Roig en presencia de los periodistas. Ningún empresario de la distribución se presta así a los aguijones de la prensa.

La paja. Confío en que Gerardo Díaz Ferrán no reserve para sus nietos los contratos basura para jóvenes que la CEOE ideó para la reforma laboral y del que al final ha desistido por impresentables. Aunque sólo sea por amor de abuelo…

Una revolución silenciosa se está gestando en el seno de Caja Granada, que, hasta ahora, había revelado una defensa a ultranza de su independencia -y soledad en el caminar- en la configuración del nuevo mapa de las finanzas andaluzas. La renovación de sus órganos de gobierno y de la presidencia -de la que ha salido Antonio Claret García para dar entrada a Antonio Jara, profesor de Filosofía del Derecho y ex alcalde de la capital de la Alhambra, gracias al pacto entre socialistas y populares- ha creado un clima más propicio a las integraciones y alianzas con otras entidades y “en clave andaluza”, como sólo estaría dispuesto a tolerar la Junta de Andalucía.

Fuentes financieras, políticas y sindicales consultadas destacan que la salida de Claret y, en conjunto, la renovación parcial de la asamblea general y el consejo de administración traen un nuevo escenario en el que Numancia ya no es tan Numancia, “se ha dado cuenta de que no puede quedar sola y aislada entre tanto movimiento de las cajas de ahorros”. Ya no se esperan -añaden- reacciones enérgicas en torno al denominado Pacto del Saray -suscrito en 2001 por partidos, asociaciones empresariales y sindicatos de la provincia granadina y que dejaba a la entidad al margen del debate de las fusiones- y sí una “sosegada reflexión” respecto a qué quiere ser Caja Granada de mayor.

No en vano, si Antonio Claret García -cuya labor como gestor ha sido elogiada y, de hecho, será con probabilidad presidente ejecutivo del Banco Europeo de Finanzas, BEF o banco de las cajas andaluzas- hacía gala de un inmovilismo, su sucesor es todo lo contrario, al llegar con las manos tendidas, tanto hacia dentro de la propia caja -recordemos que en sus órganos se sientan partidos de distinta índole y también los sindicatos- como hacia el Gobierno andaluz y el resto de sus entidades hermanas.

Sus pasos están muy medidos. ¿Primera táctica? La ha llamado acuerdo estratégico de estabilidad institucional, que presentará de forma inminente al consejo de Caja Granada para lograr, indica, una “gran concordia social y política” en torno a esa entidad financiera.

Por tanto, el Pacto del Saray desaparecería -ya la consejera de Economía y Hacienda, Carmen Martínez Aguayo, señaló el verano pasado que este acuerdo había quedado desfasado- y vería la luz no tanto una muralla China, sino una defensa de su caja, de su papel para con la provincia, y abordando las cuestiones de futuro vía consenso y alejadas, pues, de ring del boxeo político. “Con una redacción que suponga un compromiso con su territorio, que guste a empresarios y a cuantos se sientan en ese órgano”, dicen las fuentes.

Con este sosiego por delante, cuya expresión máxima sucedió en septiembre pasado, cuando el PP y el PSOE pactaron, sin ruido, al sucesor de Claret, se abrirá la negociación oficial para fraguar alianzas -la extraoficial existe ya con Cajasol, aunque de manera incipiente-. ¿De qué tipo? Si bien se habla de cualquiera, están aún frescas las “sensibilidades” como para que la caja granadina se embarque en un proceso de fusión puro y duro, aunque sea dentro de Andalucía. “(Esta entidad) no estará en ninguna operación que fragilice el sistema financiero andaluz”, comentó Antonio Jara en su reciente visita institucional al jefe del Ejecutivo regional, José Antonio Griñán. Aunque, como es el caso de Cajasol con Caja de Guadalajara, también es posible una integración con entidades de otras comunidades, siempre que la sede social sea andaluza.

En el partido que sustenta el Ejecutivo de Andalucía, el PSOE, gusta especialmente la sintonía entre Granada y Sevilla. Se cumpliría así la denominada teoría de las dos torres: una tendría de líder a la entidad que resulte de la inminente fusión de Unicaja, Caja de Jaén y Cajasur, y la otra, la alianza entre Cajasol y Caja de Granada.”¿Dos torres?”, se pregunta un alto cargo del PSOE regional. “¿Y por qué no una sola vía SIP”? El dirigente socialista hace, con esta insinuación, referencia a una futura alianza reforzada o Sistema Institucional de Protección -las entidades implicadas consolidan sus cuentas en una sola sociedad, aunque asegurando la independencia de cada una de ellas y sus marcas- entre las tres andaluzas. Aunque esa idea, reconoce, aún está lejana.

Por lo pronto, y después de las operaciones de Cajasol y Caja de Guadalajara y de Unicajasur, se abre la llamada Ruta de la Plata para la presidida por Antonio Pulido. Y si bien hay contactos muy sólidos, hasta el punto de que se barajaba una alianza con Caja de Extremadura antes de mayo, “es posible que todavía no se mueva ficha, que se aguarde hasta 2011 después de las elecciones, que en el caso extremeño coinciden las autonómicas y municipales”, indican fuentes políticas. Otras, financieras ellas, ven ese proceso más cercano.

Lo que sí está claro es que Cajasol y Caja de Granada están por la labor de un SIP -e incluso con prioridad respecto a operaciones de menor calado, que Pulido ha dicho que llegarán-. Sirva como adelanto esta frase de Jara: “Tenemos que crecer. A la caja le va en ello su futuro”.

P. D.

La parva (I). Deben reflexionar los sindicatos UGT y CCOO sobre las recientes y descafeinadas manifestaciones contra la reforma de las pensiones planteada por el Gobierno. Por un lado, es muy complicado que consigan un respaldo masivo si andan con titubeos, en un sí pero no contra el Gobierno, porque si las protestas eran un mero aviso, ¿había necesidad de salir a las calles o eran los sindicatos los que tenían necesidad de justificarse ante los afiliados? Por otro, en estos momentos de crisis económica, las movilizaciones hubieran sido más numerosas si se hubieran concebido contra el paro y para reclamar más medidas de creación de empleo, porque a quien hoy le falta trabajo quizás le dé igual alargar su vida laboral dos años más en el futuro. Y, por último, la reforma de las pensiones no es inmediata, y además está llamada a la negociación, mientras que el drama del paro es actual, y en esta crisis económica los sindicatos, recordemos, siempre han reclamado medidas para la inmediatez.

La parva (II). La presentación del concurso voluntario de acreedores por parte de Astilleros de Huelva no causa sorpresa, sino que era esperada. Cuando la atarazana solicitó al juez que la protegiera durante tres meses frente a los acreedores, tal petición, y según establece la legislación mercantil, llevaba implícita la obligatoriedad de suspender pagos transcurrido dicho plazo, existiera acuerdo o no con aquéllos, tal y como informó en su día El Correo de Andalucía. Es decir, que es un trámite judicial. Ahora con nuevos gestores y con la mediación de la Junta de Andalucía, es más posible que antes que aflore un convenio de acreedores satisfactorio que dé tranquilidad para encauzar el futuro de la compañía naval.

La simiente. Después de casi una década pleiteando, la Federación Andaluza de Cooperativas Agrarias (Faeca) ha conseguido que los tribunales le den la razón final respecto a la existencia de la sociedad Cecasa, creada en 2000 para almacenar aceite de oliva ante eventuales crisis de precios. Esta empresa fue cuestionada por las autoridades españolas de la Competencia, que la consideraron un mecanismo para fijar precios, algo prohibido por la legislación. El éxito judicial da aires a Cecasa y, de hecho, hay planes inmediatos previstos para su actividad, máxime cuando el sector olivarero está reclamando, por segunda vez en un solo año, que Bruselas autorice la apertura del almacenamiento privado (por el que se reciben ayudas) para sostener las cotizaciones del aceite.

La paja. Estos políticos me cansan, la verdad. Al hablar del paro, llevan un año mencionando de la desaceleración del ritmo del crecimiento, que suena así como la parte contratante de la primera parte. Seamos claros, por favor. Si el desempleo mantuviera los mismos aumentos porcentuales que en 2008 y 2009, en España no habría 4 millones de parados, sino 5 o 6, y en Andalucía no habría un millón, sino millón y medio o dos millones. Es lógico que, en términos porcentuales, la sangría laboral se vaya reduciendo, entre otras cosas porque cada vez es menor la sangre que derramar. Pero estos políticos se aferran a la estadística, que lo aguanta todo. Me pregunto si de verdad se lo creen o es consuelo de…

El modelo de gestión aeroportuaria presentado por el ministro de Fomento, José Blanco, ni es nuevo ni inminente. Ya en agosto de 2008, el Consejo de Ministros aprobó el proyecto que presentara la titular de ese departamento, la andaluza Magdalena Álvarez -qué poca memoria hay-, y tanto entonces como ahora llovieron las críticas de los catalanes y la petición por parte de la Junta de Andalucía de tomar parte activa en un plan que conlleva la privatización parcial de los aeropuertos con la entrada del capital privado.

Temor tengo a que tantas manos (las administraciones central, autonómica y local y las Cámaras de Comercio, según lo previsto) tomen parte en la gestión de unos aeródromos -la inmensa mayoría en números rojos con cargo a los bolsillos de los contribuyentes- sobre los que ha de prevalecer el interés general y nacional.

No quiero ni pensar que, con un traspaso parcial de competencias, se alterare la interdependencia que unos aeropuertos tienen de otros porque cada autonomía revele la tentación de tirar para su propio monte (como estamos sobradamente acostumbrados) y no para el monte común, sobre todo en aquéllas donde el sentimiento nacionalista está más arraigado, y no quiero señalar a nadie.

Entiendo, por ejemplo, un traspaso de competencias sobre el transporte ferroviario de Cercanías, que atañe a núcleos poblacionales cercanos, pero no en los casos del AVE o la Larga Distancia, que conectan distintas regiones. Para eso está, digo yo, la coordinación general por parte del Gobierno del Estado, y éste es más que el conjunto de sus autonomías, para lo bueno y para lo malo.

Fijémonos, por lo demás, en una de las grandes barbaridades de la actuación regional, directa o indirecta -y esta última, vía presión sobre las cajas de ahorros- en materia de transporte aéreo: la construcción del aeropuerto privado Don Quijote, en Ciudad Real, que ahí lo tenemos sin actividad, muriéndose de risa y arrastrando las cuentas de la depauperada Caja Castilla-La Mancha (qué suerte tuvo Cajasol al retirarse a tiempo, y con plusvalías, de su sociedad promotora).

Eso sí, también hay actuaciones autonómicas de mérito, como la desplegada por la andaluza para establecer una línea aérea entre las distantes Sevilla y Almería, un acierto a todas luces, aunque habrá que esperar al nivel de ocupación que genere la conexión para calibrar si compensa el coste con cargo a las arcas públicas de la Junta de Andalucía.

De todas formas, queda rato para que los planes de Pepiño salgan adelante -como muy pronto, 2011-, y serán pocos los aeródromos que combinen esa participación privada y autonómica, pues la intención es incluir en el paquete únicamente a la media docena con mayor volumen de tráfico (al margen de Barajas, El Prat, por supuesto), y en Andalucía sólo tiene tal mérito el de Málaga. Será raro que una comunidad grite un quiero mi aeropuerto si éste no es rentable.

P.D.

La parva. La naval en casa de Soler

Sólo horas han pasado desde que la Junta de Andalucía pusiera en la senda de la solución el problema de Astilleros de Huelva y Astilleros de Sevilla y el problema, de nuevo, le acaba de entrar por la puerta, y esta vez no hay enemigos de fuera contra los que cargar (los accionistas de esas atarazanas), sino que las culpas irán a partir de ahora hacia el consejero andaluz de Innovación, Martín Soler, cuyo departamento ha llevado las riendas de las largas negociaciones para poner la industria naval en rumbo.

Suma paciencia ha tenido Soler, con no pocos desplantes por parte de los dueños, y la que le queda. Por un lado, las protestas de los empleados que, como es legítimo, quieren cobrar sus sueldos, y como ya no pueden reclamárselos al armador, pues lo harán a la Junta de Andalucía, la misma que avaló los créditos para que pudieran percibir los salarios atrasados.

Si en breve no reciben su remuneración, manifestación contra el Gobierno andaluz, según ha anunciado la plantilla del astillero hispalense, ya regido por un nuevo apoderado puesto mediante acuerdo entre sindicatos y Ejecutivo regional y que desembarca con tres objetivos principales: renegociar los contratos que están en riesgo, preparar la entrada de nuevos accionistas y asegurar el empleo.

Pero el laboral no es el único frente al que habrá de enfrentarse el titular de Innovación. Por un lado está el empresarial, al tener que desplegar el plan de viabilidad de ambas factorías y configurar, además, un entramado industrial que emplee a los trabajadores sobrantes de Huelva -está en camino-.

Por otro, el político, puesto que el Partido Popular de Andalucía está ya pidiendo explicaciones sobre la forma en la que se ha llevado a cabo ese rescate de los astilleros, incluso poniendo en cuestión el sueldo que cobrará el nuevo apoderado del centro onubense.

Todo parece indicar que esas metas de la Junta de Andalucía se podrán alcanzar. De lo contrario, tendrá que soportar una nueva Delphi, una nueva Santana.

La simiente. El hilo de Herrero

Está hilado con maestría el principio de acuerdo para la negociación colectiva que regirá la evolución de los salarios de más de doce millones de trabajadores en España.

Su principal virtud, la de adaptarse a la actual crisis económica, con unos sindicatos que han tomado conciencia de la gravedad de la situación que viven las empresas, de ahí que hayan cedido a la moderación de los sueldos -¿qué ocurrirá en sectores como la construcción donde se están reclamando aumentos superiores pactados con anterioridad?-.

Pero no es el único logro cosechado por la patronal, que ha tenido en el andaluz Santiago Herrero (el presidente de la CEA y también de la Comisión de Relaciones Laborales de la CEOE) a un hábil negociador. No ha salido en la foto de la rúbrica (sí Gerardo Díaz Ferrán y Jesús Bárcenas), pero estaba a la sombra.

En efecto, el empresario podrá amoldar las horquillas de incremento salarial acordadas para el próximo trienio, de manera que si perjudican la estabilidad del negocio, podrían no aplicarse. Teniendo en cuenta que la crisis va para rato, esta letra pequeña se hace grande.

Y aquí Herrero ha estado al quite. De negociación en Andalucía sabe tela.

Los sindicatos logran reivindicaciones muy arraigadas en su discurso. Un marco duradero -tres años-, la salvaguarda del poder adquisitivo de los trabajadores en el conjunto del periodo, quitar la dispersión geográfica (fuera las provincias) para reducir los ámbitos de negociación y sus interlocutores y, por último, el compromiso -sólo compromiso- de restringir los contratos temporales y la prioridad -como objetivo- de mantener y recuperar el empleo.

Herrero ha hecho bien su trabajo.

La paja. Los políticos y el Rey

El intento del Rey por acercar posturas entre las grandes fuerzas políticas y sociales para que remen en el mismo sentido, el que ha de sacarnos de la crisis económica, no es nuevo. Dos años lleva el monarca hablando de esa necesidad en su tradicional discurso de Nochebuena (que, recordemos, es el único que escribe de su puño y letra, porque el resto se lo dictan).

Tres cosas me han sorprendido de las reacciones a la iniciativa de Don Juan Carlos. Primero, la posición a la defensiva (tan asentada en el actual Gobierno) del PSOE. Segundo, los recelos del PP. Y tercero, las críticas de CiU matizando que acercar posturas corresponde a los políticos, y no a la Corona.

Pues aquí quería llegar. Dado que la actual clase política es incompetente para alcanzar pactos de Estado –entre otras cosas porque hay quienes no creen siquiera en ese Estado- y sólo miran por sus intereses de partido, ya era hora que el Rey dijera esta boca es mía. No hará nada, no lo puede hacer, pero al menos deja públicamente en evidencia las incompetencias de los políticos que tenemos.

Este Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero está aquejado de un gravísimo problema de comunicación y otro no menos gravísimo de credibilidad. Tanto que cunde la sensación de que hará justamente lo contrario de lo que dice, y lo peor de todo es que entre esto y aquello apenas median días. No estamos hablando de sus fallidas previsiones macroeconómicas y del paro, sino de la negación de la evidencia, que peligrosamente lleva aparejada la mentira. No vamos a subir los impuestos, y suben. No van a ser perjudicadas las clases medias, y lo son. No está en peligro la Seguridad Social, y lo está. No vamos a retrasar obligatoriamente la edad de jubilación, y la retrasa a los 67 años… Ni sabe actuar, porque improvisa, ni sabe explicarse, porque confunde y escandaliza. Lamentable.

No hay ni un solo informe de la OCDE o de la Comisión Europea en al menos la última década que no recomiende a España emprender sendas reformas, y profundas, en el mercado de trabajo y en el sistema público de pensiones, y a estas voces se suman el Banco de España y no pocas instituciones económicas y empresariales del país. Pero el Gobierno, quizás porque vivíamos en épocas de vacas gordas, se negó a asumir tales consejos y ahora, cuando están ya no flacas sino famélicas, se da cuenta de que algo hay que hacer, habida cuenta de la sangría laboral y de que las cuentas públicas hacen aguas. Se hará realidad la sentencia divina de parirás con dolor.

¿A quién se le ocurre filtrar una parte de la reforma de las pensiones, la que atañe al delicado asunto de retrasar la edad de jubilación, sin explicarla por entero y presentar los argumentos que la sustentan? Sólo a un Gobierno acostumbrado a dar marcha atrás en sus propios globos sonda y que vuelve a revelar, como en tiempos de Pedro Solbes, que hay muchos ministros que juegan a serlo de Economía, como si los ciudadanos no estuvieran ya hartos de esta crisis, del crecimiento del desempleo, de las incoherencias del propio Ejecutivo y, esto para Andalucía, de las tensiones internas por el liderazgo de los socialistas.

Pero si uno, el PSOE, es incongruente, otro, el PP, es cínico a más no poder, subiéndose a una ola de populismo para aprovechar que el populus quiere soluciones y, de paso, cargar contra quienes gobiernan y no se las dan. Estoy seguro de que el próximo viernes, cuando el Ejecutivo de Zapatero se atreva a presentar su propuesta para la reforma laboral, los populares se llevarán las manos a la cabeza a pesar de que la demandan (en este terreno, como en muchos otros, su sintonía con la patronal CEOE es cuasi plena), al igual que en su día reclamaban medidas, como el retraso en la edad de jubilación, que evitaran el colapso futuro del sistema público de pensiones.

Que se prolongue la vida laboral más allá de los actuales 65 años no es una mala iniciativa, porque no pocos trabajadores se sienten aún activos a esa edad y preferirían permanecer en el mercado de trabajo antes que jubilarse. Pero hacerlo con carácter obligatorio, y sin diferenciar entre profesiones, porque no todas son la misma, es cuanto menos paradójico en un país que ha abusado hasta la saciedad de las prejubilaciones a quienes ni siquiera habían cumplido los 50 años, y esto tanto en la empresa privada (cofinanciado su coste con dinero del Estado) como en la pública (Bazán, Astilleros, mineros…).

En la edificación de la propuesta para reformar las pensiones, por lo demás, se ha iniciado la casa por el tejado, sin cimientos ni muros, con la excusa de que ha de ser negociada. Tres cuartos de lo mismo ocurrió con ese cajón desastre llamado Ley de Economía Sostenible, que Zapatero, por sorpresa, se sacó de la manga en un mitin de fin de semana celebrado en Dos Hermanas. Y las cosas no pueden ni deben hacerse así. Política de comunicación, cero.

A este Gobierno el miedo le puede, y el miedo es muy mal consejero, conduce a la inactividad. Lo que no ha afrontado en los últimos dos años, desde que arrancara la crisis económica, pretende hacerlo precisamente ahora, en el peor escenario posible. Le costará la Moncloa, salvo que pueda subirse a la pequeña ola que, al menos eso se espera, surja en vísperas de las próximas elecciones generales.

P. D.

La parva. Se sorprendía José Luis Ros, presidente de Caja de Guadalajara, de la expectación que se había levantado en Sevilla con la fusión de esta entidad y Cajasol. Si hubiera vivido en Andalucía en la última década, no se habría sorprendido tanto, porque aquí hemos asistido a una permanente polémica en torno al sistema financiero regional: ley de cajas de Magdalena Álvarez, guerra entre ésta y Cajasur, los díscolos presidentes de El Monte y San Fernando, la huida de la entidad fundada por la Iglesia al cobijo del Gobierno del PP, la discutible gestión del cura Castillejo, el regreso de la caja cordobesa a la tutela de la Junta, la gestación de Cajasol, el intento fallido de matrimonio entre Unicaja y Caja Castilla-La Mancha, el arduo camino del enlace entre la malagueña y la cordobesa, la presión de los canónigos… Pues sí, la paz con que Cajasol y Caja de Guadalajara han afrontado su operación sí es una sorpresa. Grata.

La simiente. El presidente de Ebro Puleva, el sevillano Antonio Hernández Callejas, prosigue con su estrategia de reorganizar los negocios del grupo, desprendiéndose de los que menos rentabilidad generan. Fue el caso de la actividad azucarera y ahora lo será de la láctea, pues sopesa desprenderse de Puleva, empresa de referencia en Granada, para concentrarse en el arroz, las pastas y productos de la alimentación funcional (aquí es clave la fábrica prevista en La Rinconada). Ni sería Ebro (azucarera) ni sería Puleva (leche). ¿Perderá el nombre? Le sugerimos uno nuevo, el sevillano Herba (arrocera de San Juan de Aznalfarache).

La paja. Que no vengan ahora Cristóbal Montoro, portavoz de Economía del PP, ni Javier Arenas, presidente de los populares andaluces, a denunciar el intervencionismo político de la Junta de Andalucía en los órganos de dirección de las cajas de ahorros radicadas en la comunidad ni a postular la despolitización de estas entidades. Su discurso, sencillamente, no es creíble después de las palabras de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, captadas a micrófono abierto, jactándose de haberle quitado un puesto en el consejo de Caja Madrid al “hijo puta” para dárselo a IU. Tremendamente reveladoras estas palabras, aunque barriobajeras en exceso para la señora marquesa.

Mañana se publica la estadística de la Encuesta de Población Activa (EPA) para el cuarto trimestre de 2009 y, por tanto, la que marca el análisis del conjunto del ejercicio. Existe temor, auténtico miedo, en el Gobierno por los negros datos que puedan aflorar para un país, España, que, por el impacto de los planes anticrisis -sobre todo, las obras municipales- y la temporada alta en el turismo, disfrutó de una suave mejoría en el número de parados para el periodo julio-septiembre (4.123.300 frente a los 4.137.500 del trimestre anterior). Pero ese alivio podría haberse esfumado, como ya han avanzado las cifras del desempleo registrado en las oficinas del INEM, dejando en un espejismo la mejoría en el mercado laboral. Los sudores corren especialmente en el Ejecutivo andaluz, donde preocupa que se rebase la psicológica barrera de un millón de personas sin poder trabajar, dado que 994.400 eran las contabilizadas en el arranque del otoño.

Pero al margen de este listón, hay una serie de incongruencias en los datos oficiales del paro por la confluencia de estadísticas distintas, con metodologías que divergen e invitan en cierta medida a la confusión. Y la clave está en que la EPA, como su nombre indica, es una encuesta, no un registro como son los listados del INEM (en Andalucía, oficinas del SAE) y los de las afiliaciones a la Seguridad Social, los otros dos grandes indicadores que calibran la evolución que existe en el mercado de trabajo.

Dentro de este contexto, aflora una comparación que chirría sobremanera. Así, no pocos economistas se preguntan el porqué en 2009 -de hecho, antes no sucedía- la EPA revelaba para ciertas comunidades autónomas un menor número de ocupados del que, al menos en teoría, debería haber al cotejarlo con los afiliados a la Seguridad Social.En efecto, durante el primer trimestre dio la cara para el País Vasco y Extremadura, para el segundo, en Cataluña, Andalucía y, de nuevo, en el País Vasco, y para el tercero, otra vez en esta región y las andaluza y extremeña. Esa aparente contradicción, en cambio, no se da para el conjunto del Estado, donde siempre la cifra de ocupados de la EPA supera, y con creces, al conteo de afiliados. En el tercer trimestre, por ejemplo, éstos eran 18.026.653 frente a los 18.870.200 españoles con empleo de la encuesta, una diferencia de 843.547.

Y lo que no cuadra es que sea al revés, que ese volumen de ocupados de la EPA sea más bajo que el registrado en la Seguridad Social -en teoría, todos los que trabajan tienen que estar dados de alta en el sistema-. Veamos, por ejemplo, qué ocurre en la región de Andalucía.Entre abril y junio, la EPA, elaborada por el Instituto Nacional de Estadística, calculaba en esta comunidad 2.931.300 personas ocupadas, 13.737 menos que los andaluces afiliados a la Seguridad Social. En el tercer trimestre, tal diferencia se duplicaba (31.617). Por el contrario, la encuesta para el primero mostraba 55.688 ocupados por encima del promedio de afiliaciones.

Entre las explicaciones cabría recurrir al vaivén de las campañas agrícolas, que duran por días o semanas y así se constata en la búsqueda de peonadas (jornales) necesarias para poder percibir el subsidio agrario en Andalucía y Extremadura. La metodología de la EPA indica que el encuestador que envía el INE pregunta al entrevistado si trabajaba o no la semana anterior, no la presente, de forma que puede ocurrir que entonces no, y ahora sí. Un matiz: ni en Cataluña ni en el País Vasco se percibe el subsidio agrario, de ahí que este argumento se quede corto.

Las divergencias entre la EPA y el INEM al contabilizar los parados es harina de otro costal. En este último organismo se inscribe, por voluntad propia, el desempleado con su nombre y apellidos, a modo de censo, mientras que los resultados de aquella encuesta son una extrapolación estadística. Así, la EPA los calculaba para Andalucía en 994.400 en el tercer trimestre y el INEM los rebajaba a 823.530. Son muchos los que no tienen trabajo y, sin embargo, no acuden a apuntarse al registro.

Sea como fuere, este último es el que está cuestionado -por no contemplar a la totalidad de los parados y excluir también a ciertos colectivos, como los que perciben ayudas para cursos de formación-, mientras que la metodología de la EPA es la única homologada por la oficina estadística de la Comisión Europea, Eurostat. Por tanto, mañana, tanto si se supera la barrera del millón de parados como si se queda a las puertas, al número de Andalucía le precederá un más o menos.

P.D.

La parva. ¿Cómo le habrá sentado a Cajasol que Unicaja haya instalado la exposición conmemorativa de su 125 aniversario en la Plaza de San Francisco, justo a las puertas de la sede principal de la entidad sevillana? Qué difícil sería para Cajasol colocar una muestra similar en Málaga…

La simiente. El próximo comisario europeo de Agricultura y Desarrollo Rural, el rumano Dacian Ciolos, se iba a estrenar en Sevilla en el Congreso Europeo de Jóvenes Agricultores, promovido por la patronal agraria Asaja. Sin embargo, el retraso en los nombramientos de los nuevos miembros de la Comisión Europea ha impedido al final que Ciclos inaugurara mandato en Sevilla. Aun así, Asaja ha logrado traer al que será su jefe de gabinete (portavoz con amplias competencias) del comisario, Georg Häusler.

La paja. En tiempos de crisis económica e incremento del desempleo, el que el PSOE de Andalucía, que ejerce el Gobierno en esta comunidad, esté enfrascado en disputas de liderazgo da tal mala imagen entre los ciudadanos que terminará sufriendo el castigo electoral. Quien no tiene trabajo no entiende que se pierdan esfuerzos en guerrillas internas.

La Consejería de Agricultura, por mandato del presidente andaluz, José Antonio Griñán, se dispone a revisar su estrategia agraria en vísperas de que, en el marco de la Unión Europea (UE), arranque el debate real para reformar la PAC (Política Agrícola Común) dentro de las negociaciones del nuevo presupuesto comunitario que vendrá a partir de 2013.

En teoría, las mesas gestadas entre el departamento de la consejera Clara Aguilera y el campo –organizaciones agrarias– han de servir sólo para calibrar la situación de la agricultura regional en el contexto de una crisis de la economía que el sector sufre por partida doble: caen la demanda y los precios en origen. En la práctica, la amplitud de temas abordados al efecto lleva implícita una reflexión sobre qué orientación dar a las políticas agroganaderas autonómicas con las miras puestas en un 2013 que, probablemente, no llegará tan cargado de ayudas comunitarias como hasta ahora (por campaña, alrededor de 1.800 millones de euros).

En suma, que más allá de planes de choque que solventen problemas puntuales, esas mesas de trabajo constituyen una reflexión sobre qué hay que hacer. Se trata, según apuntan fuentes de las asociaciones agrarias andaluzas, de un debate más rico aún que el ordenado por José Luis Rodríguez Zapatero en Madrid. O al menos así se espera.

No en vano, los agrarios aplauden el giro de ciento ochenta grados operado por el presidente de la Junta de Andalucía en su concepción sobre el papel de la agricultura en el cambio del modelo de economía hacia el que se pretende caminar. Lo destacó Griñán en la presentación, el pasado mes, del nuevo plan agroindustrial, el primero pactado con los agentes sociales en el seno de la concertación regional. No es casual que sea el primero, dijo.

A Zapatero, por su parte, le ha costado más tiempo aceptar el carácter estratégico del campo y tan sólo lo hizo cuando, en la misma capital del reino, tuvo que toparse con decenas de miles de agricultores de toda España, en una manifestación de las que hacen historia agraria. ¿Qué denunciaban? “Somos los grandes olvidados de la crisis económica”.

No en vano, ni el proyecto de Ley de Economía Sostenible contemplaba mención alguna para el campo. Se olvidaba, en efecto, de que la española es la segunda potencia agraria de la Unión Europea –tras Francia–, básica para la economía rural y que emplea –al margen del sector agroindustrial– a más de 900.000 personas.

Si nos ceñimos a las mesas de trabajo citadas para Andalucía, el ámbito de análisis abarca desde el estudio de la formación de precios y mercados hasta la mejora de la competitividad, pasando por la fiscalidad, el impacto de la regulación para los fitosanitarios (o pesticidas), los canales de información, la gestación de redes de seguridad para los precios, el relevo generacional, la PAC y su reforma, el aprovechamiento de la biomasa o los llamados acuerdos preferenciales entre la Unión Europea y los países terceros, en especial del Norte de África, que son los que compiten con el agro andaluz por tener una climatología similar.

Por tanto, de esa relación cabe concluir que no se tratarán solamente asuntos exclusivos para la resolución del impacto de la actual crisis en el bolsillo de los agricultores, sino que se inicia junto con los protagonistas, esos agricultores, un debate para exponer qué se hace ahora y qué podemos hacer de cara al futuro cuando el sostén de las subvenciones venga a menos. Llamémosle revisión de la PAC andaluza.

Como dicen las fuentes agrarias, no vale sólo con apuntar con dedo acusador a Bruselas. “Aquí se pueden afrontar cosas”.

P. D.

La parva. Una de las mayores cadenas de supermercados de España ha enviado a cada uno de sus directivos una peseta plastificada. Ni un céntimo siquiera, una peseta. El motivo, que sepan cuán importante es el ahorro para los resultados de la compañía, y que cada peseta cuenta en estos tiempos de crisis.

La simiente. Antonio Hernández Callejas, presidente de Ebro Puleva, está resolviendo, y sin conflicto, cada uno de los problemas que se le presentan en Andalucía. El último ejemplo, el cierre de la azucarera de San José de La Rinconada, cuyos terrenos podrán acoger viviendas siempre y cuando la empresa continúe en el municipio. Sólo está pendiente la recalificación del suelo de la arrocera de San Juan de Aznalfarache y que mejore el mercado inmobiliario para instalar el megacomplejo industrial previsto para La Puebla del Río.

La paja. Que haya entidades financieras que cobren comisiones por las transferencias de ayuda humanitaria a Haití es una vergüenza. Sus responsables tienen un corazón pesetero, si es que tienen corazón.

Tras la ruptura del diálogo social el pasado verano, el Gobierno decidió legislar por su cuenta y estableció en 420 euros la ayuda mensual a los parados que hubieran agotado la prestación por desempleo. Para los beneficiarios fue un respiro, pero para el mercado laboral, ni fu ni fa. A los sindicatos no les convencía esa cantidad y a los empresarios les daba igual, si bien advertían de su impacto sobre las cuentas estatales. Pero la legislación sobre la fuerza del trabajo, que, en opinión de numerosas instituciones económicas tanto nacionales como internacionales necesita cambios, no podía quedarse ahí, y ahora, a regañadientes, el Ejecutivo prepara una batería de medidas que presentará a mediados de mes a los agentes sociales y conformarán una reforma suave, light, temeroso del desgaste electoral que pueda tener.

En efecto, no es lo mismo que el Gobierno diga que hará lo que pacten patronal y centrales sindicales, pues a sus posturas maximalistas cabe siempre decirles no –así ocurrió al considerar “líneas rojas” los planteamientos de la CEOE del nuevo contrato con menos coste por despido y la rebaja de las cotizaciones en cinco puntos para el empresario–, que ser él mismo quien ponga sobre la mesa los puntos de partida de la negociación.

Tanto el presidente, José Luis Rodríguez Zapatero, como su ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, son todo prudencia, aunque de sus declaraciones cabe colegir que la reforma laboral –los analistas dicen que es uno de los principales cambios estructurales pendientes en la economía española, si no el primerísimo– no traerá grandes alteraciones en lo que a los contratos se refiere, limitándose a introducir mejoras en los incentivos y dar más peso a la negociación colectiva entre patronos y sindicatos.

Por lo pronto, serán los jóvenes y también los colectivos con riesgo de exclusión los únicos por los que el empresario cobrará incentivos a la contratación. Se pretende así corregir la elevada temporalidad en el puesto y, además, el encadenamiento de contratos que soportan. Gusta a los sindicatos, no tanto a los empresarios, que no resuelven el coste de sus plantillas ni el totum revolutum de las modalidades actuales de contratos y que dan pie al fraude, en especial en esos llamados por obra y servicio y que terminan por eternizarse.

Las microempresas, además, tendrían prioridad al repartir las bonificaciones a la Seguridad Social, erradicando así la absorción por parte de las pymes y las grandes compañías. Mientras tanto, el mayor guiño a la patronal se revela a través de dos vías: más ayudas para los emprendedores y un plan de lucha contra el absentismo laboral, que esta crisis económica ha sacado a la luz su amplitud –bajó en 2009 a casi la mitad ante el temor a perder el puesto de trabajo–.
Tal y como estaba previsto, no se alargará la vida laboral de los trabajadores más allá de los actuales 65 años que fija la ley, pero se incentivará la permanencia en el puesto de trabajo pasada esta edad, por el bien de las cuentas de la Seguridad Social y las pensiones futuras. Es decir, no obligatorio, sí voluntario, nada impuesto.

Ciertos aspectos del llamado modelo alemán, que permite a la empresa en crisis reducir la jornada laboral y que el trabajador tenga compensación (o subsidio) del Estado hasta completar la nómina, serán adoptados. Se trata de una clave para impedir el desmesurado incremento del paro, pues en España, aunque existen posibilidades similares –en la legislación sobre expedientes de regulación de empleo– se opta preferentemente por la extinción de los contratos. Esa compensación vendría ligada a la asistencia a cursos de formación.

Y he aquí que aflora el eje central de la reforma: la negociación colectiva entre empresarios y sindicatos (convenios sectoriales, de empresa). Ganará peso, para alegría de unos sindicatos que van a ver reforzado su papel, y se presupone que así se diluirán algo las rigideces de la legislación laboral, adaptándose a lo que la situación global de la economía o la particular de cada empresa requiera.

Por lo demás, la reforma, que el Gobierno aspira a perfilar a lo largo del primer cuatrimestre, va a venir pareja al debate de la reforma de las pensiones –cambios que afectarán sobre todo a las de viudedad y al número de años de cotización que dan el derecho a cobrarlas– en el marco del Pacto de Toledo.

El diálogo social, según Corbacho, se reanudará esta semana o a principios de la próxima, y los planteamientos del Ejecutivos son, dice, flexibles. Sólo el mero hecho de que las tres partes se vuelvan a sentar supone un balón de oxígeno a la confianza.

P.D.

La parva. Las grandes empresas no siempre sirven de ejemplo. Hasta el último minuto aprovechan algunas para presentar sus cuentas al Registro Mercantil de Sevilla. El 31 de diciembre pasado registraron las de 2008, con dos años (menos un día) de retraso.

La simiente. Asaja de Sevilla ha organizado para principios de febrero en Sevilla un congreso de agricultores europeos. No está mal conocer las opiniones de los colegas en vísperas de que comience a debatirse el presupuesto comunitario a partir de 2013 y, con él, la orientación que adoptarán las ayudas agrarias.

La paja. Qué poco ha tardado José Luis Rodríguez Zapatero en meter la pata en materia económica nada más estrenar la Presidencia de turno de la Unión Europea. Eso de proponer “medidas correctivas” para los países que no cumplan los objetivos públicos, entre ellos el déficit, ha suscitado el rechazo de Alemania, la locomotora económica de Europa. Mira que dar lecciones con las cuentas públicas que tenemos…

En el tira y afloja de cualquier proceso negociador, el recurso al arma de los medios de comunicación suele ser frecuente, sobre todo cuando se es consciente del impacto que pueden causar una sugerencia, una posibilidad o una hipótesis, en el contrincante. Thomas Enders, presidente del fabricante aeronáutico europeo Airbus, comienza a ser experto en estas lides, en especial cuando toca poner en cuestión el avión de transporte militar A400M, cuyo ensamblaje final se realiza en Sevilla. Más cauto se muestra el presidente del grupo en el que Airbus se integra, EADS, Louis Gallois, y quizás aquí influya el hecho de que el primero es alemán, y en su país el Gobierno es reticente a pagar el sobrecoste del programa, y el segundo, francés, Estado que se juega tanto como España en el éxito del aparato.

“Mejor un final con horror que un horror sin fin”. Aunque antes ya había advertido sobre la inestabilidad del A400M, debido a los retrasos acumulados por el programa y a los gastos adicionales que llevaba aparejados, estas palabras pronunciadas por Enders a finales de marzo pasado revelaban la preocupación que, en el seno de Airbus, existía sobre el aparato, pues los contratos firmados con los estados socios del proyecto no reportarían la financiación necesaria para sufragarlo por entero, con el riesgo de que la división militar arrastrara al abismo a la civil.

Pero aquí cabe un matiz. No sólo el A400M acumula demora, sino también el gigante de la aviación civil A380, que a su vez ha sufrido penalizaciones por entregas tardías e incluso cancelaciones de pedidos, y el aún nonato A350. Eso sí, la gran diferencia estriba en que los clientes de estos dos últimos son las aerolíneas comerciales (multitud), mientras que los del aparato militar son, por ahora, las Fuerzas Aéreas de Alemania, Francia, España, el Reino Unido, Turquía, Bélgica, Luxemburgo y Malasia.

Meses y meses, moratoria tras moratoria, lleva la compañía renegociando con los estados el precio del avión, a fin de cosechar el dinero adicional que cuesta el programa (estimado en 5.300 millones de euros), en medio de una crisis económica que dificulta los desembolsos inesperados con cargo a los presupuestos públicos. El tira y afloja ha entrado en su recta final, y de este mismo mes de enero debería surgir una solución, sin que hasta el momento la mayoría de los estados haya dicho esta boca es mía, y especialmente es Alemania la que calla. Comprometidos están todos, y más Francia y España, pero no a cualquier precio.

Y en este contexto se circunscribe la reciente sentencia atribuida a Enders que plantearía la paralización del programa del A400M porque, con la actual financiación, sin adaptarse a la nueva realidad del aparato (retrasos y evolución del mercado y de los costes de producción), es imposible seguir, so pena de agujerear las cuentas de todo el grupo aeronáutico. Pero aquí hay que recordar que los errores, como las demoras, no son atribuibles a los Gobiernos, sino al equipo técnico y los directivos que lo diseñaron, entre los que él mismo se encuentra. También pongamos énfasis en que esos estados, incluidas las administraciones autonómicas y locales (Junta de Andalucía y Ayuntamiento de Sevilla, entre otras), han aportado jugosos recursos a este proyecto. Y, por último, advirtamos de que no son pocas las expectativas que EADS ha levantado en la industria auxiliar andaluza, cuyas inversiones para adjudicarse encargos quedarían en agua de borrajas, y las incertidumbres generadas ahora entre los trabajadores.

Pero aún hay más. Si tanto teme Airbus por el A400M, no se entiende por qué no abortó la parafernalia desplegada el pasado 11 de diciembre en Sevilla para el primer vuelo del aparato hasta que, definitivamente, el horizonte financiero se hubiera despejado, ni por qué se trae el martes a la capital andaluza a decenas de periodistas europeos para hacer balance de 2009 y presentar sus estrategias para 2010. ¿Son los dos últimos cartuchos que quema la compañía ante los socios para demostrarles que esto funciona? Días antes del vuelo inaugural, hasta el propio Enders se fotografió ante el avión levantando sus pulgares para dar el OK a qué, ¿a un vivo o a un muerto?

P.D.

La parva. Que nada, que la situación de Astilleros de Huelva y Sevilla sigue empantanada, por mucho acuerdo que haya con los propietarios. Y es que los flecos son muy largos… La próxima semana asistiremos a otro rosario de reuniones y negociaciones. Parece el cuento de nunca acabar.

La simiente (I). Es la primera vez que la Consejería de Agricultura reconoce con celeridad los abultados daños del exceso de lluvias en el campo. Hasta a las organizaciones agrarias les ha cogido por sorpresa la rapidez de Clara Aguilera, frente a la prudencia de sus antecesores, temerosos de las protestas y reclamaciones de cantidad.

La simiente (II). Joaquín González se ha jubilado y deja la dirección general de Inmobiliaria del Sur, que queda en manos de un miembro de la familia Pumar, el principal accionista. Ha sido un directivo clave para esta compañía sevillana.

La paja. El nuevo abaratamiento del aceite de oliva en los mercados de origen vuelve a desatar la alarma entre los oleicultores, que consideran que no hay razones objetivas para esta tendencia a la baja, y sí mucha especulación.

Cuando Gerardo Díaz Ferrán presentó hace dos semanas su dimisión como presidente de la CEOE, en una estrategia que buscaba única y exclusivamente ser ratificado en el cargo, la cúpula de la organización la rechazó e hizo piña en torno a su patrón. Tres razones principales hubo. La primera, mostrar a la sociedad española que la crisis económica también se está cebando con los empresarios, no sólo con los trabajadores, y ahí queda su líder como ejemplo de miles y miles de compañías morosas y abocadas a la quiebra. La segunda, aceptar la renuncia hubiera sembrado dudas sobre su capacidad de gestión, dando a entender que ésta era desacreditada por la patronal, y hubiera puesto en cuestión la estrategia desplegada a lo largo del último año en torno al diálogo social. Y tercera y última, no revelar una imagen de división interna, dado que aún no hay candidato de consenso para la sucesión.

Sin embargo, la fractura patronal parece inevitable, a tenor de los graves sucesos acaecidos con el fiasco de Air Comet, y, de hecho, comienzan a salir voces críticas que, desde dentro de la CEOE, reclaman una dimisión no en falso, sino aplaudida por los patronos, que dispondrían de dos semanas en enero para acordar un nombre que, aceptado por todos, sustituya sin polémica ni periodo transitorio a Díaz Ferrán.

Está claro que el experimento de poner al frente de la organización a un empresario, y no a un ejecutivo sin empresas como en su día lo fuera José María Cuevas, ha fracasado, por cuanto Díaz Ferrán, a quien gusta mandar al tiempo que representar, ha tenido que combinar la gestión de su grupo empresarial con la presidencia de la CEOE, y este último puesto, y más en tiempos de crisis económica y de enfrentamiento con los sindicatos, exige una dedicación plena, similar a la que, como directivo a sueldo, ejerce Santiago Herrero en la Confederación de Empresarios de Andalucía, CEA. La imagen particular, para bien o para mal, termina afectando a la general.

Salvando, y mucho, las distancias, el cargo debería asemejarse al de un liberado sindical, y en el caso de la CEOE podríamos llamarlo un liberado empresarial. No nos podemos imaginar a un Ignacio Fernández Toxo como secretario general de CCOO y, a la vez, siendo presidente de un comité de empresa por ejemplo de la siempre conflictiva compañía Astilleros de Sevilla (y reitero, salvando mucho las distancias).

Era el modelo con el que precisamente Herrero le disputó a Díaz Ferrán, hace ahora dos años, las riendas de la CEOE, aunque perdió por goleada frente a un sucesor nombrado a dedo por Cuevas. Cuando le tocó ser reelegido, allá por la primavera pasada, el máximo responsable de la CEA renunció a presentar batalla y aceptó presidir la Comisión de Relaciones Laborales de la patronal nacional, pues ni tenía apoyos suficientes ni quería pugnas internas en unos momentos en que éstas no convenían (debilidad interna de los empresarios frente a unos sindicatos fortalecidos por la acción del Gobierno socialista).

Díaz Ferrán bajó de Madrid a Sevilla más que en toda su vida en el primer cuatrimestre de 2009, hasta granjearse el respaldo andaluz, aunque desde la CEA se entendió que el ascenso que lograba su patrón no constituía ningún cheque en blanco por mucho que cesaran los dardos envenenados que, desde aquí, se lanzaran contra la gestión de Díaz Ferrán. Una imagen de ambos en una corrida de toros en la Maestranza sellaba la paz, o más bien el concordato.

Pero Santiago Herrero, desde la prudencia, ha sabido jugar bien sus cartas, y a diplomático no le gana nadie. Su actual puesto en la CEOE es un auténtico trampolín, dado que es estratégico en el diálogo con sindicatos y Gobierno en puertas de una reforma laboral (la habrá en el primer semestre de 2010, aunque en formato mini) y, asimismo, acumula una dilatada experiencia en acuerdos de concertación, como demuestran los siete negociados con la Junta de Andalucía y los sindicatos regionales UGT y CCOO.

Y hay más. Herrero ya no está tan solo, sino que, en este tiempo, se ha labrado simpatías en el seno de la CEOE, y no en vano muestra una especial afinidad con los catalanes (Joan Rosell) y vascos, y hasta el presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, lo ve en Madrid. Pero, al menos por ahora, no hay ningún movimiento público y es casi pleno el respaldo a Díaz Ferrán en la CEOE. A ver cuánto dura, porque la solidaridad para con ese empresario que lo pasa mal no puede ni debe ocultar sus errores, que los ha tenido (algunos de ellos no fácilmente comprensibles por parte de la sociedad) y salpican, se quiera o no, a la organización que preside.

P. D.

La parva. Lo cortés no quita lo valiente. Con un comunicado oficial, Unicaja felicitaba a Ginés García Beltrán tras ser nombrado nuevo obispo de Guadix, y eso a pesar de los numerosos roces con la Iglesia a cuenta de la fusión con Cajasur. Había un motivo clave: García Beltrán fue miembro del consejo de administración de la entidad financiera malagueña en representación del Obispado de Almería como una de las entidades fundadoras de Unicaja.

La simiente. De todo lo sucedido en Air Comet, lo que más duele es que la historia se repita en Navidad y con ciudadanos latinoamericanos, los mismos que sufrieron hace dos años el fiasco de Air Madrid. Y en muchos casos, son inmigrantes que trabajan en España y que ahorran durante años para poder pasar estas fechas con las familias en sus países de origen. Vaya mi solidaridad por delante.

La paja. Estaremos en crisis y con la inflación por los suelos, pero vaya subidón que experimentan algunos servicios básicos cuyos precios aún están regulados por el Gobierno.

La salida de Jacinto Cañete de la dirección general de la Agencia IDEA, adscrita a la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa, ha causado sorpresa en este departamento. De hecho, a su titular, Martín Soler, le pilló con el pie cambiado y no supo realmente qué responder al ser preguntado al respecto el pasado martes tras la reunión del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía.

Soler ni confirmaba ni desmentía, y sólo apelaba a la plena libertad del protagonista para decidir su futuro. Se entiende la prudencia del consejero, pero clama al cielo tal respuesta, habida cuenta de que Cañete no es precisamente un directivo de medio pelo, sino quien lleva las riendas de un grupo empresarial que muchos millones de euros cuesta a las arcas públicas andaluzas. Sólo citemos Santana, y vaya escalofríos presupuestarios que entran.

La de Jacinto Cañete ha sido una decisión personal, según dicen fuentes de su entorno, tras ver una “oportunidad profesional” su fichaje por parte de la multinacional de auditoría y consultoría PricewaterhouseCoopers, que le reserva un puesto de relevancia sin los marrones que entraña IDEA, los dos últimos, la aeronáutica Alestis y el grupo naval Astilleros de Huelva y Sevilla, más el sempiterno de Santana Motor.

Una cosa es la empresa privada y otra muy distinta, la pública y política. Gestionar la primera se rige por criterios estrictos de rentabilidad económica, mientras que en la segunda la rentabilidad que prima es la social (adobada no pocas veces de tintes y vicios políticos) aunque esté sustentada exclusivamente sobre el dinero de todos los contribuyentes.

No entiendo a quienes se sorprenden de que un alto cargo en una empresa pública gane más que el propio presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán. ¿Qué reputado directivo va a asumir las riendas de aquélla y enderezarla con un sueldo de político? No son pocos los que, al entrar, quieren y confían en cambiar las cosas, pero se encuentran con la tozuda realidad de que la gestión pública se encuentra en las antípodas de la privada y salen frustrados, y se termina por dar la encomienda a políticos de tres al cuarto, que crecen como setas.

Pero a lo que íbamos. El todavía director general de IDEA, quien en su día como director de la escuela de negocios EOI en Andalucía críticó, y con dureza, las estrategias regionales de innovación, alteró su severo discurso para así adecuarse al nuevo sillón que le ofreció el ex consejero Francisco Vallejo. Gajes del oficio. Llegaba con buen nombre y con reputación entre los suyos.

En este tiempo, ha tenido que sortear decenas de obstáculos para gestar la compañía Alestis, heredera de Sacesa, con vaivenes en un accionariado cuya constitución se demoró año y medio y que al final han tenido que sacar adelante el capital público y el de las cajas de ahorros andaluzas. En su descargo, una crisis económica que debilitó a otros posibles socios potenciales y que se trata de una industria, la aeronáutica, que requiere mucho capital inicial y se cuentan con los dedos de una mano los empresarios arriesgados.

En esta firma aeronáutica Jacinto Cañete ejerce la presidencia no ejecutiva, pero se desayunó hace apenas dos semanas que el ex presidente de EADS-CASA, Carlos Suárez, podría relevarle en el cargo a propuesta de quien tiene a aquél en nómina, la propia Consejería de Innovación. Por lo demás, la cuestión laboral en esta empresa andaluza aún no está resuelta, y más de un disgusto dará. Tiempo al tiempo.

El conflicto naval, por su parte, se fue de madre, cuántos titulares ha dado y cuántas veces ha sido desairada la Junta de Andalucía por parte del armador onubense. La cuestión parece encarrilarse, pero quedan también frentes abiertos en unas negociaciones que se eternizan y en las que Cañete está directamente implicado.

Y, por último, en Santana Motor al final no se ha cumplido el pronóstico de privatizar el grupo automovilístico, propiedad de la Junta de Andalucía, adjudicándolo a otros inversores. Ni están ni se les espera.

Llovía sobre mojado. ¿Una liberación para Jacinto Cañete? Capacidad de trabajo le sobra, como reconocen quienes están a su alrededor. Pero la cosa pública quema.

P. D.

La parva. Va a tener la razón la tesis de Santiago Herrero, presidente de la patronal andaluza CEA, de que en las riendas de las organizaciones empresariales deben estar profesionales que le dediquen todo su tiempo. Los embrollos propios en los que está metido el presidente de la CEOE, Gerardo Díaz Ferrán, con impagos de créditos y nóminas, están dañando la imagen de la patronal española. ¿Qué sería mejor, tirar la toalla, como parece que ha querido hacer, o seguir sudando la camiseta? Lo primero emitiría a la sociedad la sensación de que se rinde ante la crisis, cuando son muchísimos los empresarios que atraviesan una difícil situación. Con la segunda opción se corre el riesgo de dinamitar la unidad interna y que los asuntos personales sigan salpicando a la CEOE. Difícil papeleta. Será tema de análisis para otra ocasión en La Siega.

La simiente. Olé por la campaña de publicidad de Cruzcampo. Hecha de Andalucía. Orgullo patrio. Lástima su reducido ámbito geográfico de difusión.

La paja. Cuando las cosas van bien, las cajas mandan sus resultados con algarabía a los medios de comunicación. Cuando no lo van tanto, guardan silencio a la espera de que los difunda la CECA, como si el prolongar el tiempo de publicación pudiera borrar los números que no convienen. Más claridad, por favor, que mientras más haya menos sospechas habrá.