Que no es una ciudad xenófoba, dice su alcalde. Que hay un veintitantos por ciento de población inmigrante. Que hay que comprender sus razones. Que ya estamos los progres de siempre defendiendo a los de afuera y criticando a los de casa, opinará el racista que lamenta que hasta ahora esté tan mal visto ser racista.
El propósito de no empadronar a inmigrantes en dicha ciudad catalana es un síntoma de que la Europa de Berlusconi, de la ultraderecha de los Países Bajos, del ADN francés y de la excluyente Gran Bretaña, ya empieza a este lado de los Pirineos. Como de mayores quisiéramos parecernos a quienes han provocado la crisis –neocapitalistas a la violeta, bancos piratas y politicastros sin visión de estado pero con demasiada vista para los negocios–, preferimos ponernos gallitos con los invisibles, con los sin techo, con los sin papeles, con los sin nada, con los que no las tienen todas consigo, ni perritos que les ladre, ni primo de Zumosol que les defienda.
Sobre ellos, los conservadores construyen imaginarios que parecen de ultraderecha y los socialistas hacen discursos que parecen de izquierdas aunque terminen ordenando redadas que parecen conservadoras.
El hecho de no empadronar a quienes no tienen la documentación en regla resulta tan descabellado como si un médico le pidiera el DNI a un paciente antes de atenderle de un infarto. Torrejón, émulo de Vic, podría haber empezado, en su día, requiriéndoles la documentación a los yanquis de la antigua base. Pero aquí no molestan los extranjeros, sino los pobres. Y, mucho más, los pobres que sean extranjeros.
Mientras a muchas personas de Vic y fuera de Vic no les llega la camisa al cuerpo porque no saben si van a tener derecho a un censo y a que, a partir de ahí, sus hijos vayan a la escuela, los responsables de los principales partidos barren para casa. Mariano Rajoy se apresura a intentar ganar votos utilizando de nuevo a la inmigración con un sentido de la demagogia que hubiera hecho feliz a Goebbels. Y el presidente de turno de la Unión Europea, José Luis Rodríguez Zapatero, teoriza sobre los derechos humanos cuando más de ocho millones de personas carecen de permisos de residencia o de trabajo en este continente. A lo peor, algunos de ellos tampoco podrán empadronarse en esa Europa escalofriante que empezamos a temer. Pero, desde luego, no tienen documentos que le permitan un contrato en regla y un trabajo digno.

Espero que en Vic se imponga la cordura y la abogacía del Estado. ¿Pero qué hacemos con esa otra patata caliente? ¿Les expulsamos como proponen las directivas comunitarias? ¿Cuánto costaría deportar a más de ocho millones de personas? ¿Cómo les sustituiríamos? ¿Por qué no legalizamos su situación? Por el efecto llamada, arguyen. ¿Han dejado de venir, acaso, sin ese efecto y a pesar de la crisis? ¿Por qué nadie se hace esas preguntas?