IU, como el Dr. Jekyll y Mr. Hyde

La actitud bifronte que en la política andaluza mantiene Izquierda Unida le hubiese proporcionado nuevos argumentos a Stevenson para enriquecer su inmortal novela El extraño caso del doctor Jekyll y el señor Hyde, sin otros recursos a su portentosa imaginación. Estas siglas albergan en su seno todo un tratado teórico y práctico de lo que la psicología moderna ha definido como personalidad bipolar. No de otra forma puede entenderse su complacencia en el Gobierno que ha hecho posible y su negativa a otras causas tan de sentido común como es el nombramiento de Felipe González como hijo predilecto de Sevilla.
Ayer mismo el vicepresidente de la Junta y líder de IU en Andalucía aceptaba de buen grado las medidas de recorte adoptadas por el Ejecutivo que preside Griñán, e incluso iba más lejos al justificar su necesidad en unos momentos en los que La Moncloa ha impuesto severas rebajas a las comunidades autónomas. Todo un ejemplo de coherencia de Valderas, que en adelante tendrá que adoptar mil caras como la de ayer ante decisiones del Consejo de Gobierno de la que es parte inseparable y colegiada.
Casi simultáneamente, el Consejo Local de IU rechazaba la propuesta de hijo predilecto de la ciudad del expresidente del Gobierno, del que podrán hacerse numerosas críticas de sus mandatos, pero que en lo que se refiere a Sevilla merece el reconocimiento público de sus convecinos. La Expo, el AVE, las infraestructuras urbanas y, en general, la transformación que sufrió la capital hispalense se debió en buena medida al impulso de este sevillano que, quiéralo o no IU, pasará a la historia como un gran estadista.

Es de notar que, alcanzado el poder en el Ayuntamiento, el PP ha dado muestras de generosidad y de altura de miras dejando atrás su anterior oposición al nombramiento para encabezar ahora la propuesta que debería ser hecha suya por la entera Corporación. Felipe González dijo que de no ser por unanimidad de los grupos municipales no aceptaría ningún honor. Y es lo cierto que este tipo de homenajes debe servir para unir antes que para tirarse los trastos a la cabeza.
La ausencia de un liderazgo fuerte y las contradicciones de la coalición de partidos que coordina Diego Valderas producen espectáculos tan lamentables como éste, muestra tan solo de lo que puede ocurrir a lo largo de una legislatura tan compleja como la que ahora arranca. Parece lógico que en asuntos esenciales tendría que haber un criterio único, una voz única y, por tanto, una sola decisión que no evidenciase que para IU es posible hacer una cosa (cogobernar con el PSOE) y la contraria (negarle el pan y la sal a su líder histórico). Rodrigo Torrijos no va a tener fácil la explicación si finalmente sus dos votos no se suman a la mayoría.
Ningún pueblo tan desagradecido, tan escaso de memoria, tan cicatero, como aquel que se resuelve incapaz de reconocer el mérito allí donde se encuentre, por encima de banderías e intereses políticos. Felipe González no está ya en primera línea de la política ni compite en ningunas elecciones. IU debería reconsiderar su miserable comportamiento.

Los empresarios, prioridad de Griñán

Es algo más que un gesto simbólico el hecho de que el presidente Griñán haya dado prioridad en su agenda inaugural de la IX Legislatura a los empresarios andaluces, auténticos creadores de riqueza y por tanto de empleo. Nada más dar posesión a los consejeros de su nuevo Gobierno, el flamante presidente de la Junta se trasladó el lunes a la sede de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) para celebrar un encuentro con su presidente, Santiago Herrero, y con una selecta representación de empresarios, entre los que se encontraban Felipe Benjumea (Abengoa) Braulio Medel (Unicaja), Nicolás Osuna (Grupo Noga), José Luis Manzanares (Ayesa), Manuel Contreras (Azvi), José Luis Sánchez Domínguez (Sando) y hasta una docena más de significados representantes del empresariado andaluz.
Creo que es una muestra de sensibilidad política por parte de José Antonio Griñán el acudir a la CEA y reunirse con sus principales miembros, porque no se puede ocultar que la entrada de IU en el Gobierno de coalición había despertado lógicas inquietudes en el mundo de la economía andaluza, y aunque es pronto para calibrar si tal intranquilidad se verá motivada cuando el Ejecutivo eche a andar, la convocatoria y su correspondiente foto en la prensa valen más que mil palabras. Es todo un mensaje.

La empresa andaluza atraviesa por dificultades, desde luego no distintas a las del resto de España, pero con más grave incidencia en el empleo, esto sí por encima de la media nacional. Poco se conseguirá en este terreno sin la complicidad de los empresarios, que han de ver en el nuevo Gobierno de Griñán una decidida actuación para que las empresas remonten el vuelo y en consecuencia puedan abrir de nuevo sus puertas a la contratación de personal. Ello pasa por una política de estímulo a la actividad económica, al crédito bancario, en estado cataléptico desde hace al menos tres años, y a la confianza para que los posibles inversores se sacudan la mosca de detrás de la oreja.
De momento, solo tenemos una foto que representa, como decimos, algo más que un gesto. Y si la reunión mantenida en la CEA es el prolegómeno de una gestión política encaminada a entenderse sin desconfianza con los empresarios, el inicio del segundo mandato de Griñán no puede ser más esperanzador. Los empresarios, por su parte, deben recoger el guante y ponerse a la tarea de reactivar la economía desde la iniciativa privada, fuente de toda recuperación para salir de la crisis.

Guste o no guste el resultado que arrojaron las urnas, Andalucía tiene un Gobierno democrático elegido en elecciones libres al que todos debemos respetar y ayudar para que nuestra Comunidad reemprenda el camino de prosperidad, igualdad y bienestar que proclama el Estatuto que voluntariamente nos dimos por dos veces. Una oposición, legítimamente crítica pero al mismo tiempo constructiva, ha de procurar cooperar con altura de miras en el difícil recorrido que le espera a la Junta durante los próximos cuatro años.

RTVE: un error del PP

El Partido Popular está a punto de caer en una equivocación de consecuencias difícilmente reversibles si culmina su anuncio, reflejado ya en el BOE, de llevar a cabo la elección del presidente de la corporación RTVE mediante la fórmula de aprobación por mayoría absoluta si en la primera votación en el Congreso de los Diputados no se hubiesen alcanzado los dos tercios. La diferencia del procedimiento es sustancial: mientas que la ley de 2006 daba hasta dos meses de plazo para el segundo intento, ahora se rebaja a 48 horas, lo que significa que no habrá tiempo material para consensuar nombre distinto al propuesto solo dos días antes.

La radio y la televisión de titularidad estatal cambiaron radicalmente a partir de la promulgación de la norma legal que en 2006 comprometió a los dos grandes partidos políticos a consensuar el nombramiento, y así se hizo con excelentes resultados tanto en el caso de Luis Fernández como de Alberto Oliart, dos ejemplos de personalidades que supieron imprimir a RTVE un apreciable grado de neutralidad y, sobre todo, de ejercicio profesional encomendado a los periodistas del medio. Es un hecho incontestable que tanto RNE como TVE dieron un paso de gigante respecto a su independencia del poder político, y que pese a que puede haber aspectos mejorables, el conjunto de la labor de sus servicios informativos merece el aprobado de la profesión periodística y el refrendo, nos parece, de la opinión pública. Así acaba de manifestarlo la Asociación de la Prensa de Madrid (APM) en un comunicado que advierte de los riesgos de volver a un sistema de RTVE gubernamental y, por tanto, desprovista del principio de servicio público que le confiere tanto la Constitución como la propia ley de creación de la Corporación.

En el seno del PP hay un sector influyente que piensa que su mayoría absoluta le confiere derechos por encima del legítimo juego democrático. Creen estos elementos fundamentalistas de una derecha propia de otros tiempos que la información es patrimonio del partido ganador y que la libertad de expresión debe ser administrada con arreglo a sus intereses. Craso error. La información forma parte del patrimonio universal de los ciudadanos y debe ser procesada con criterios profesionales al margen de la contienda política.

La crítica general que merecen las dos legislaturas de Zapatero presenta algunas excepciones, y una de ellas es la decisión puesta en práctica de hacer de los informativos de RTVE un servicio equilibrado, profesionalizado y solvente que se comprueba con la sola comparación de un telediario actual con los de hace diez o veinte años. No querer verlo así nos llevará de nuevo al partidismo o, lo que es aún peor, al sectarismo de un servicio esencial en toda democracia que debe ser preservado como una de las grandes conquistas del Estado de Derecho.

El Partido Popular ha demostrado sobradamente su respeto a las normas de juego limpio democrático lo que ha llevado a la derecha española a su convalidación con los principios que informan a los partidos conservadores europeos donde no se discute el derecho a la información libre y, por tanto, no mediatizada. El PP está aun a tiempo de acordar con el PSOE la continuidad de una fórmula para RTVE generalmente aceptada.

Fernández y el fondo de reptiles

El exconsejero de Empleo Antonio Fernández está en la cárcel de Morón desde ayer, cuando la jueza Mercedes Alaya resolvió a primeras horas de la mañana su ingreso en prisión en un prolijo auto y después de cuatro días de declaración, por lo que no se podrá decir que la magistrada haya tomado tan grave decisión a la ligera. Todo parece indicar que el sumario del caso de los ERE continuará su escalada hacia la cumbre.
Pero lo que ha sacado de quicio al exconsejero es el hecho de que un periodista le preguntase por el fondo de reptiles, expresión acuñada por su exsubordinado Guerrero y en ningún caso por la prensa. Dentro de las limitaciones de tiempo y espacio que condiciona el trabajo en las redacciones existen términos que hacen fortuna, y este del fondo de reptiles ha sido muchas veces trending topic en las redes sociales desde que el rey del gintónic lo soltase urbi et orbe. ¿Cómo quiere el señor Fernández que denominemos a esa opaca línea financiera creada para los ERE irregulares, sobre los que el auto de la señora Alaya describe ahora no menos de seis delitos presuntamente imputables al exconsejero?
Es de esperar que, al margen de las responsabilidades civiles y penales, el Parlamento de Andalucía se tome en serio la exigencia de IU sobre la comisión de investigación a la que se ha opuesto sistemáticamente el Grupo Socialista, cuya secretaria de Organización debe pensar que los andaluces somos tontos. No de otra forma se puede explicar que Susana Díaz tenga la cara dura de decir que la comisión parlamentaria de investigación sobre los ERE se abrirá ahora porque ya han pasado las elecciones. Cuando hasta las piedras de las Cinco Llagas saben que la tal comisión es una exigencia de Diego Valderas y de su grupo. ¿Cabe mayor grado de cinismo?
Los pasos siguientes a dar por la jueza Alaya en esta torrencial instrucción, que va para largo, podrían sustraer a sus competencias la citación de personas aforadas. Nadie descarta nada por el momento. Se diría que tras el ingreso en prisión de Antonio Fernández se abre un nuevo capítulo de, por ahora, incalculables consecuencias. Porque es lo cierto que, a decir de lo que se va consolidando como presuntos hechos probados, era el entero Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía el que conocía, autorizaba y amparaba este procedimiento para burlar la Intervención de la Junta y practicar la caridad cristiana con los amigos y allegados. El auto de la jueza Alaya es demoledor, no deja cabo suelto ni títere con cabeza. Al servicio del rigor, la profesionalidad y la independencia, doña Mercedes Alaya está rindiendo un impagable servicio a la Justicia.
Mientras no se demuestre lo contrario, la subterránea e invisible partida L. 31 no puede tener otra definición más acertada que la que clavó el exdirector general de Empleo al referirse al “fondo de reptiles” habilitado en la consejería para pagos inconfesables e intereses que no dan la cara.

El mejor escribano echa un borrón

Ni los más convencidos partidarios de la Monarquía parlamentaria, entre los que me encuentro, podemos justificar la imprudencia que ha llevado al rey a la mesa del quirófano después del accidente sufrido en Botsuana donde pasaba unos días dedicado a la caza mayor. Don Juan Carlos se encuentra en franca convalecencia y mientras tanto el príncipe de Asturias se ocupa de la agenda comprometida por su padre.

La reacción del Gobierno y del primer partido de la oposición ha sido de extremada cautela y ambos han manifestado a través de sus portavoces que no nunca comentan las actividades privadas del monarca. Tampoco ésta. Sin embargo otros grupos de menor significado han puesto el grito en el cielo y han llegado a afirmar que es el momento de abrir el debate sobre la forma de Estado. Ahí es nada. Incluso el secretario general de los socialistas madrileños, desmarcándose de su partido, ha pedido la abdicación para dar paso a Felipe VI. Gómez, a quien las urnas descuartizaron en las elecciones autonómicas de mayo pasado, se ha quedado solo en su invocación, acaso únicamente seguido por las sesudas opiniones de los programas basura de una cadena de televisión.

Ofende a la inteligencia y a los sentimientos de gratitud que por parte de algunos desaprensivos y vendehumos se puedan alcanzar tales cotas de demagogia y manipulación para desprestigiar a quien durante más de tres décadas, dedicado al servicio de España, ni ha rozado la Constitución que sancionó en 1978 ni ha dado el menor motivo de crítica en su pronunciamiento público. Ha sido, como prometió, el rey de todos los españoles. Propició la reconciliación nacional, devolvió las libertades a nuestro pueblo después de cuarenta años de dictadura y preside, en fin, la más prolongada etapa de paz y progreso de la nación. Ello, junto al constante esfuerzo y la dedicación al minuto a la Jefatura del Estado con seis presidentes de Gobierno con los que nunca su relación se ha separado un ápice de las reglas de juego constitucionales.

Los medios de comunicación han cumplido con su obligación de informar sobre el accidente y las circunstancias derivadas de la baja temporal de don Juan Carlos, y los serios y rigurosos no han omitido comentarios críticos a estas actividades de quien representa la más alta Magistratura del Estado. Incluso ha trascendido que el propio rey ha entendido desde su obligado retiro esas críticas y la consiguiente contrariedad de la opinión publica. Cualquiera otra disquisición que pretenda forzar los hechos ocurridos no es más que aprovechar una situación dolorosamente sobrevenida por parte de aquellos oportunistas que, carrera en pelo, tratan de alcanzar los primeros la Puerta del Sol para izar la bandera tricolor.

Excelencia de la sanidad andaluza

Del catálogo de medidas de ajuste adoptadas hasta ahora por el Gobierno, de cuya necesidad no dudo, la de los recortes en sanidad me parece la más delicada e injusta. España se ha dotado en las últimas décadas de un sistema de salud, universal y gratuito, que es puesto como ejemplo de eficacia, solvencia y solidaridad en muchos países. Se trata de una de las conquistas sociales mejor valoradas por la opinión pública y un referente sin parangón del Reino de España.

He de centrar este comentario en la sanidad andaluza, la más cercana y por tanto conocida de primera mano, sin descartar que en otras comunidades autónomas el nivel del servicio de salud sea asimismo sobresaliente. En el caso concreto de Andalucía, después de tres décadas desde la promulgación del Estatuto y con la perspectiva de los años transcurridos desde la transferencia a la Junta en 1984, podemos asegurar que el Sistema Andaluz de Salud (SAS) ha viajado desde la insuficiencia y precariedad del Insalud a un modelo de gestión con el que, salvo excepciones, los ciudadanos se sienten satisfechos y en la seguridad de estar en las buenas manos de los profesionales de la medicina, la cirugía, la farmacia o la enfermería. Las encuestas así lo ponen de manifiesto.

Pero este grado de calidad en la atención a los enfermos comporta un presupuesto para 2012 de 9.393.917 euros, lo que significa el primer capítulo de gasto del Gobierno autónomo, muy por encima incluso de la partida de educación (6.144.653 euros). El recorte anunciado en sanidad para el conjunto del Estado es de 7.000 millones de euros. La Junta no ha ofrecido el dato de la rebaja que le supondrá al SAS hasta disponer del desglose que tiene que comunicar la Moncloa. En cualquier caso, y con una situación deficitaria debido al incremento de la demanda y de la inversión en tecnología avanzada, a Andalucía le supondrá un serio impacto en orden al mantenimiento que viene prestando el sistema sanitario.

Sin dudar de la necesidad por la que el Gobierno de España aborda esta medida, acaso la más dolorosa –decimos– de cuantas se están tomando, es de lamentar que un modelo edificado con tanto esfuerzo, dedicación y recursos siempre limitados pueda sufrir ahora el seguro quebranto que ha de representar el tijeretazo impuesto por Hacienda. Y es de lamentar, porque muy posiblemente la sanidad de excelencia de que gozamos los andaluces tenga que prescindir de algunas de sus prestaciones. Acaso, y en primer lugar, de aquellas que legítimamente figuran en el cuadro de honor de la ciencia médico-quirúrgica practicada con tanto éxito en los hospitales públicos de Andalucía.

Es la Democracia, querido amigo

A muchos andaluces nos dejó contrariados el resultado de las urnas el pasado 25-M, y aunque sí nos duelen prendas el reconocerlo anteponemos a cualquier otra consideración el hecho inapelable del mandato de nuestro pueblo libremente expresado en los comicios. Aunque parezca una reflexión obvia es necesario recordar que en democracia la única palabra con fuerza de ley es la de las actas electorales y que cualquier comentario desviado de sus datos, además de no poder ser tomado en consideración, es un ejercicio que comporta riesgos en el Estado de Derecho.
Esos comentarios que estos días se pueden escuchar en determinados sectores de la derecha andaluza pretenden impugnar, creemos que solamente desde un punto de vista dialéctico, el legítimo derecho del PSOE e Izquierda Unida a acordar ya sea un gobierno de coalición, un pacto de legislatura o simplemente el apoyo a la investidura del señor Griñán como presidente de la Junta. No solo les ampara la Constitución y el Estatuto andaluz sino que es ya un derecho consuetudinario en nuestra vida parlamentaria en sus niveles nacional y autonómico. Se puede debatir si es más razonable que asuma el poder el partido más votado, pero esta fórmula solo es posible por acuerdo entre los grupos electos, porque no figura recogido en ninguno de los textos legales. Sea cual sea la inteligencia que alcancen los dos partidos que suman mayoría absoluta, la fórmula es diáfanamente democrática y, por tanto, de aceptación y acatamiento por todos los ciudadanos, incluidos claro los que optaron por el PP.

Pese al camino empedrado que tendrá que recorrer el Gobierno de Griñán con socios tan radicalizados y exigentes, nos parece la única alternativa para la estabilidad forzosamente compleja, y quién sabe si corta en su duración, porque la posibilidad de un gabinete minoritario del centro-derecha, ganador de las elecciones, se resolvería ineficaz y permanentemente bloqueada en las Cinco Llagas. O el PP renunciaba a la esencia de su programa en cada votación o en manera alguna sería viable. Otra cuestión bien distinta es el ejemplo que suele ponerse en abono de esta teoría: el Gobierno de Patxi López apoyado desde su investidura por el PP. Las circunstancias del País vasco son bien conocidas y tal acuerdo fue ampliamente validado por la opinión pública nacional.

En determinados sectores de la derecha andaluza se necesitan todavía grandes dosis de pedagogía democrática, entre otras cosas para comprender sin resquicios que quien gana una elección, como le ha ocurrido al PP el 25-M, puede quedarse en los bancos de la oposición y que quien ha perdido tanto apoyo popular tiene todo el derecho a intentar formar gobierno si cuenta con los votos incondicionales o prestados de otro grupo presente en la Cámara. Así es, querido amigo contrariado, el marco legal en que hemos de movernos y cualquiera otra disquisición no está bien ni para la tertulia de café. Porque la democracia se hace también en la calle.

Con ese mismo espíritu constructivo hemos de desear fervientemente que el próximo Gobierno de la Junta acierte en su difícil cometido, sea cual sea su composición, y que la sólida oposición del PP, 50 diputados, ejerza con firmeza y buen juicio la tarea que tiene por delante.

Contrainformación y realidad electoral

Una vez pasado a limpio el borrador de la noche electoral, reposado el ánimo y analizados al pormenor los resultados de Andalucía dispuestos a distinguir las voces de los ecos, nos reafirmamos en nuestro parecer de que lo que triunfó al término de la jornada, en medio de que cada quien se arrogaba la victoria; lo que en verdad triunfó, digo, fue la contrainformación desencadenada por el PSOE para tapar el hecho incontestable de la pérdida de nueve escaños y de más de 650.000 votos respecto de los comicios autonómicos de 2008. Esta es la realidad.

La técnica de la contrainformación, desarrollada con profusión durante la Segunda Guerra Mundial y las subsiguientes cuatro décadas de la Guerra Fría, consiste en síntesis en darle la vuelta a las noticias, maquillarlas y transformarlas, de suerte que el hecho original quede eclipsado ante la opinión pública en favor del estado de simulación que se organiza en torno a la manipulación más descarada.

Que el señor Griñán saliese en olor de multitud a celebrar los resultados socialistas, tras una notable mengua de su grupo parlamentario y del apoyo popular, sólo indica su real conocimiento de los efectos del mensaje retransmitido en imágenes que lleva a que la gente, acaso confundida, pueda dar por bueno que el PSOE andaluz ha barrido literalmente a sus contrincantes. Mendaz y torticera lectura de unos resultados que radicalmente no indican eso, sino que, en todo caso, la repetición en San Telmo será por obra y gracia de Izquierda Unida, ésta sí victoriosa al doblar su número de escaños.

Quienes conocemos bien la realidad social de Andalucía, treinta años de elecciones seguidas una a una, sabemos que, pese a no poder gobernar, Javier Arenas ha realizado una proeza al batir en desigual contienda a un partido que ha hecho cuerpo con la Comunidad como si hubiera heredado el poder a perpetuidad. No es cierto que el PP se haya apuntado un gran fracaso. Ha conseguido doblarle el brazo al PSOE en su ámbito natural al lograr la minoría mayoritaria del Parlamento. Acaso su pecado, o su ingenuidad, haya sido el dar por hecho la mayoría absoluta, lo cual ha podido incidir en que millares de sus potenciales votantes no se dignasen pasar por las urnas. El coro de irresponsable triunfalismo que ha acompañado al PP durante la campaña, magnificado por unas encuestas –¿han dimitido ya sus responsables?– para no creer nunca más en ellas, han colmado el bebedizo letal que ahora trasiega amargamente el centro-derecha andaluz.

Javier Arenas hace historia, se quiera o no reconocerlo, al vencer por primera vez al socialismo en una tierra, la más compleja y difícil de toda España para el partido de Rajoy.

Bilbao, entre dos luces

Llego a Bilbao entre las dos luces del atardecer, y lo primero que llama la atención a quien lleva tiempo sin visitar la capital de Vizcaya es el solemne, magnífico, cambiante y esbelto edificio Iberdrola, la torre que César Pelli ha plantado en el corazón de los hoy recuperados antiguos muelles de la ría del Nervión. Una torre no tan alta como la que se levanta en Sevilla pero con la impronta y el sello del genial arquitecto argentino. Los últimos rayos de sol componen sobre sus cristales formas abstractas, cirros de nubes reflejadas y aguas virtuales como las que la lluvia –¡qué envidia!– empapa la corteza de esta Villa que el alcalde Iñaki Azkuna ha dejado maravillosamente remozada.
Y hablo con la gente. En el hotel, con los amigos de antes, con los profesores y estudiantes de Deusto, con algún político, y escucho conversaciones de café sin conocer a los que comentan sobre cualquier cosa. Esta ciudad, seguramente el entero País Vasco, es otra cosa desde que hace cinco meses ETA anunciase el alto el fuego “definitivo y verificable”. La sensación que tiene el forastero es, sin duda, positiva y a primera vista la recuperación de la tranquilidad es algo que se respira en el ambiente. Vuelve a ser aquel gran Bilbao anterior a los años de plomo, aquella ciudad culta, cosmopolita y elegante, la de los mejores bares y restaurantes, hoy ennoblecida por el Guggenheim, sorprendente en su atrabiliaria arquitectura que entre dos luces aparece como un acorazado surcando los mares.
De lo que oigo y de lo que me cuentan deduzco al minuto que la vida es ya otra, que los escoltas se quedan en paro y que la gente camina sin volver la vista a la posible amenaza de las bombas. Y siendo ello así, advierto en los comentarios de unos y otros un cierto grado de lenguaje no solo políticamente correcto, sino maquillado y en ocasiones con circunloquios de aproximación a la realidad. Un profesor de Deusto dice que el terrorismo ha dejado víctimas y “victimarios”, es decir asesinos según la RAE, pero que en este vocablo en desuso parece esconderse la intención de no llamarlos por su nombre verdadero: verdugos, alimañas, criminales sin paliativos. Y cuando la incursión dialéctica se adentra en el tema de la reconciliación y el perdón, la terminología se vuelva aun más ambigua o simplemente se escapa el discurso por los cerros de Úbeda.
Una civilización que hunde sus raíces en el humanismo cristiano no puede negarse al perdón, absolutamente necesario para restituir la convivencia. Pero ello ha de ser dentro del ordenamiento jurídico y cuando, mucho tiempo de por medio, se hayan cerrado las heridas de tantos años de muerte, dolor y desolación. Los demócratas no debemos nada a ese mundo abertzale que quiere ser premiado ¿por sus hazañas bélicas? Aunque siempre serán bien recibidas las peticiones de perdón de los “victimarios” a sus víctimas.
El País Vasco vive una época entre dos luces: la que resplandece gozosa por el fin de la violencia y la oscurecida y tenebrosa que proyectan quienes quieren darle la vuelta a una historia de cuarenta años de horror.

Tres no debaten si uno no quiere

Canal Sur ha errado el tiro al plantear el debate preelectoral como una imposición a los tres partidos políticos con representación parlamentaria en Andalucía. Lo correcto hubiera sido cursar la invitación a los jefes de campaña y programar el encuentro –consensuado– solo en el caso de que los tres hubiesen aceptado. De otra manera, huele a coacción: si usted no viene habrá debate a dos. No; no son formas, porque cualquier candidato (hace años Manuel Chaves se negó a debatir en el mismo canal y el espacio fue suspendido) está en su perfecto derecho de administrar sus palabras y sus silencios. Faltaría más.

En 2003 tenía yo la responsabilidad de Telemadrid y me vi en la incómoda tesitura en que ahora se ha visto la RTVA. Esperanza Aguirre declinó acudir al debate programado en horario nocturno frente a los otros dos candidatos, Rafael Simancas, del PSOE, y Fausto Fernández, de IU. Pese a que en la Comunidad de Madrid gobernaba hasta esas elecciones Alberto Ruiz-Gallardón, la nueva candidata consideraba que la neutralidad informativa que practicaba Telemadrid no convenía a sus intereses, por lo que anunció que no estaría en el plató a la hora de la emisión.

El problema era de abrigo: sentados iban a estar los representantes socialista y comunista frente a una silla vacía, la del PP, visualizándose así la defección de la señora Aguirre que ya tenía programado un mitin en Getafe a la misma hora del debate. Me eché la muleta a la mano izquierda y llamé a Rafael Simancas, de quien desde entonces tengo el mejor concepto. Le expliqué la situación y quedó en contestarme en media hora. Lo hizo con una propuesta que consistía en aceptar que no hubiese debate ante la situación creada, pero que él visitaría las instalaciones de la tele para reunirse con sus compañeros de UGT. Fausto Fernández tuvo idéntico comportamiento caballeroso. Caso resuelto. Una película ocupó el espacio destinado al nonato debate.

Ni dos ni tres discuten cuando uno no quiere. Era innecesario de todo punto organizar un espectáculo a costa del fallido debate porque, insisto, nadie es dueño de la voluntad o de la palabra ajena y cada quien es muy dueño de estar a esa hora en Sevilla o en Antequera. Conviene recordar que, ante el 20-N, el PP de Rajoy se negó también a un debate con Rubalcaba en TVE, que sin embargo se emitió desde el Palacio de Congresos de Madrid moderado, muy hábilmente por cierto, por Manuel Campo Vidal, presidente de la Academia de la Televisión. Circunstancia ésta que no ha sido tenida en cuenta por parte de Canal Sur al no consensuar ni siquiera el lugar de celebración. Javier Arenas tenía todo el derecho a negarse a pasar por tales exigencias y así lo ha hecho, por lo que no cabe censura a su decisión.

El gran perjudicado de este debate cojo no ha sido otro que el medio que lo programó indebidamente. Canal Sur TV, pagada por todos los andaluces, ha retransmitido en directo su propio fracaso.