16
Oct/2013

Las discrepancias entre Alaya y los fiscales no benefician al caso Merca

La jueza Mercedes Alaya ha vuelto a acaparar estos días un protagonismo mediático que sinceramente consideramos que en nada beneficia a la propia instructora ni mucho menos a sus casos, ya de por sí suficientemente seductores para los medios de comunicación –ERE, Mercasevilla, Real Betis, UGT…–. Bien es cierto que hay situaciones que se escapan a su propio control, como el intolerable episodio que tuvo lugar el pasado jueves en la puerta de los juzgados de la Audiencia Provincial de Sevilla cuando un grupo de sindicalistas profirió insultos contra la magistrada mientras ésta tomaba declaración a los detenidos en la segunda fase de la operación Heracles –una de las piezas separada de la trama de los ERE–. Pero no es menos cierto que en otras ocasiones es ella misma quien motiva tanta atención mediática por su peculiar forma de trabajar.

Un claro ejemplo de ello es el auto sobre el archivo de la causa contra los seis empresarios que pujaron por los suelos de Mercasevilla. En el mismo Alaya no sólo critica abiertamente la actuación de la Fiscalía Anticorrupción, sino que descarga toda la responsabilidad de la prescripción de los delitos de prevaricación, manipulación, fraude y exacciones ilegales en el fiscal. Mientras que la titular del juzgado 6 califica su instrucción de “medida y cuidada”, acusa a la Fiscalía de provocar “cierto retraso” en el proceso e incluso llega a lamentar el “esfuerzo inútil” originado por el ministerio público. Es cuanto menos llamativo que Alaya eluda cualquier tipo de responsabilidad, teniendo en cuenta además que en estos últimos meses la Fiscalía Anticorrupción ha alertado en más de una ocasión a la jueza de dicha circunstancia en la causa principal, la del fraude en los expedientes de regulación de empleo. ¿Hasta qué punto todo esto era necesario?

Como era de esperar sus valoraciones han tenido una rápida y contundente respuesta por parte de la fiscal jefe de Sevilla, María José Segarra, quien considera dichas expresiones “absolutamente ajenas al debate procesal y a la argumentación jurídica que debe presidir una resolución judicial”. No es necesario ser un sesudo analista para darse cuenta de que este cruce de recriminaciones sólo perjudica al caso en cuestión e incluso a la concepción que la opinión pública tiene de la Justicia en España. Sin embargo, Segarra tiene razón cuando asegura que “no es oportuno perderse en consideraciones o reproches”. Aquí lo esencial es que la investigación llegue a un buen puerto. Lo contrario será un fracaso compartido.

 

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