El alcalde de Sevilla, Juan Ignacio Zoido, lo dijo ayer al hilo de la última resolución de la Unesco sobre la torre Pelli: hay que “disipar dudas” porque no puede ser que cada vez que la ciudad se embarca en un proyecto emblemático “está siempre la espada de Damocles de si se puede o no se puede hacer”. Urbanismo ya está estudiando el nuevo documento de la Unesco (que vuelve a rechazar la torre, pero no hará pública su decisión definitiva hasta dentro de un año), porque lo que está sobre la mesa es que pueda incluirse a Sevilla en la lista negra de ciudades con patrimonio en peligro si se considera excesivo el impacto visual del rascacielos sobre el triángulo monumental Catedral-Alcázar-Archivo de Indias. El propio alcalde adelanta que, como no podía ser menos, no habrá “ningún problema” para mantener la licencia de obra si la tramitación ha sido impecable”, con lo que en la práctica sigue sin despejar las dudas que ya sembró durante la campaña electoral. El problema ahora es que vuelve a producirse un choque en los tiempos: aunque el nuevo gobierno local le dé todas sus bendiciones al proyecto, como hizo el anterior, siempre quedará la duda de qué va a resolver la Unesco. Su Comité de Patrimonio Mundial sólo se reúne una vez al año, lo que determina que, aunque España debe volver a entregar otro informe en febrero de 2012, no será hasta el verano del año que viene cuando se conozca la resolución definitiva. Esto conllevará que la obra estará tan avanzada (para octubre de 2012 se habrán concluido las primeras 43 plantas) que Cajasol cifra en un mínimo de 200 millones de euros lo que debería recibir como indemnización si se revierte la licencia, dinero que además saldría de las arcas municipales. Y es que la lentitud burocrática de la Unesco no se corresponde con la velocidad a la que avanzan los trabajos, con lo que se deja al promotor en una situación de indefensión que debería haberse evitado hace mucho tiempo.