Se cumple ahora un año desde que la Unión Europea emprendiera un durísimo plan de ajustes que derivó, en el caso español, en un programa de recortes sociales y reformas inédito en la historia de España. Mayo de 2010 fue el punto de inflexión en el que Europa puso todos los medios para evitar que la crisis se llevara por delante la construcción europea y a algunos de sus países miembros. Desde entonces, tres países se han visto obligados a pedir una ayuda (Grecia, Irlanda y Portugal) y otros como España han acelerado cambios estructurales de gran alcance para mejorar su credibilidad ante los mercados internacionales. En el caso de España, los resultados son muy desiguales. De una parte, es evidente que se han acometido reformas de extraordinaria envergadura y se han registrado cambios que hasta no hace mucho hubieran pasado por imposibles. Se ha procedido a la reestructuración ordenada del sistema de las cajas de ahorros, aún en marcha, y se han puesto las bases para una reforma del mercado del trabajo y de las pensiones. Quedan flecos pendientes muy sustanciales como el de la adaptación de la negociación colectiva, pero en líneas generales se han hecho los deberes reclamados por las autoridades internacionales. El resultado es que España ha alejado los temores de una posible intervención de sus cuentas ha logrado desterrar la idea de que tenía una debilidad estructural similar a la los países que han necesitado del rescate. Pero en paralelo a esta mejora, se aprecian problemas endémicos casi incontrolables. El paro sigue en cifras disparatadas y las expectativas de crecimiento no permiten pensar en una recuperación cercana de nuestra economía. La crisis va para largo y la sufren sobre todo los españoles que han sido expulsados del mercado de trabajo. Eso no debe ser óbice para que se siga adelante con el programa reformista del Gobierno, pero es inevitable que surjan dudas sobre los efectos que tenga sobre el principal problema que aqueja al país: el desempleo.
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