El sindicato UGT ha realizado, en colaboración con la Universidad Complutense de Madrid, una encuesta a 1.223 profesores –240 en Andalucía– en la que la mitad (el 50,2%) reconoce que el temor a una agresión por parte de sus alumnos le produce un nivel de estrés alto o muy alto. Es evidente que algo falla cuando la mitad del profesorado de este país acude a su puesto de trabajo estresado ante la posibilidad real de resultar agredido. De hecho, y según los datos del informe, el 54,4% afirma haber recibido insultos y la práctica totalidad (el 97,7%) ha sido testigo directo de episodios de violencia entre sus pupilos. En este contexto, sólo un 7,4% de los docentes reconoce haber sufrido alguna vez una agresión física por parte de sus alumnos. La cifra no es alta pero resulta preocupante por la gravedad de los hechos y sus consecuencias. Resulta paradójico que, ante este escenario en el que los profesores dicen desarrollar su trabajo cada día, la mayoría de los encuestados otorga un notable a las medidas implementadas por la administración para rebajar los índices de violencia. Los resultados, en cualquier caso, no parecen muy efectivos a tenor de la sensación de riesgo en la que confiesan trabajar los docentes, sobre todo los de la educación pública, si bien UGT considera que en la privada se tiende a ocultar mucho más los casos conflictivos para no dañar la imagen del centro escolar. La situación que describen los profesores refleja un problema de base: falta de educación y de respeto del alumnado hacia sus profesores. Los padres no pueden eludir la responsabilidad de educar en casa y la administración no debe consentir que aumente la sensación de inseguridad. Urge un pacto político para desarrollar al máximo los niveles de educación en Andalucía. Una educación en conocimientos, pero también en valores, en ciudadanía, primando el esfuerzo y la disciplina como base del progreso personal y formativo de los alumnos. Ése es el camino.

El alcalde de Sevilla, Alfredo Sánchez Monteseirín anunció ayer que la prioridad de su gobierno se centra ahora en la línea del tranvía que unirá la estación de Santa Justa y la Encarnación. El Ayuntamiento renuncia así, al menos a corto plazo, a conectar San Bernardo y Santa Justa con el argumento de que ya existe una línea subtrránea de cercanías. Los flujos de movilidada aconsejan tener un tranvía que uniría la mayor estación con el centro y también con el aeropuerto a través del corredor subterráneo que se construirá. No hay plazos, ni desglose financiero. Ni siquiera la constatación de que ese nuevo trazado suponga la eliminación de la línea 2 del Metro en subterráneo a la Encarnación. A día de hoy, tan sólo existe la voluntad del alcalde, por lo que habra que esperar a la concreción del proyecto para analizar su conveniencia.

Esta Semana Santa se cumplirán diez años de las famosas ‘carreritas’ de la Madrugá sin que aún sepamos a ciencia cierta qué pasó aquella noche y por qué se produjeron las avalanchas que provocaron un tumulto sin precedentes en la noche que procesionan las principales hermandades. Una década después, los hermanos mayores de las cofradías de la Madrugada el Viernes Santo han coincidido en reclamar mayor dotación policial para acompañar a los cortejos durante su recorrido. Es una solución, pero no la única ni, por supuesto, la más recomendable. Sevilla tiene que recuperar su noche mágica con mayor presencia de gente en la calle. Eso sólo se conseguirá si los sevillanos se sientes seguros, no porque vean más policías sino porque haya mayor conciencia cívica y transparencia de las autoridades a la hora de informar sobre los posibles incidentes.

Empieza a ser una constante en el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero el anuncio de iniciativas de gran impacto en el ámbito económico que indefectiblemente son retiradas en cuanto se conocen los primeros rechazos a la medida. Ha pasado con la propuesta para el retraso en la edad de jubilación a los 67, con la subida del tiempo necesario para la cotización de las pensiones y, ahora, con la congelación del salario de los funcionarios. El secretario de Estado de Hacienda, Carlos Ocaña, anunció el miércoles que se revisaría el pacto salarial de los trabajadores públicos. Un día después, la vicepresidenta del Gobierno Elena Salgado, lo negaba de forma taxativa. Ambos en realidad coinciden en lo esencial: el Estado tiene que reducir un 4% su gasto de personal para cumplir con su compromiso de reducir al 3% su déficit. La diferencia entre lo que han dicho uno y otro estriba en que Salgado entiende que se puede cumplir este planteamiento reponiendo sólo una de cada diez vacantes que se produzcan en este periodo, mientras que su número dos aboga por complementar esta medida con la congelación del sueldo de los funcionarios. Hay que reconocer la inoportunidad de hacer pública una medida de este tipo justo en los días en los que los sindicatos han llevado a la calle sus quejas. Y también es importante reseñar que no hace ni cinco meses que se firmó el acuerdo que establecía las subidas salariales para los empleados públicos, por lo que podríamos hablar de un incumplimiento de dicho pacto. Dicho esto, conviene tener presente también el contexto en el que nos movemos. Con cuatro millones de parados y un gasto público extraordinario, hay que pensar en términos de sacrificio. Y los funcionarios, que conservan sus trabajos y su nivel de vida, deben ser conscientes de que ellos también están obligados a hacer un esfuerzo de solidaridad y a contribuir para que la Administración pueda emplear todos los esfuerzos donde más se necesita, que no es en subirles más el sueldo.

Poco confían los expertos en América Latina –y menos aún los opositores cubanos– en que la muerte del disidente Orlando Zapata Tamayo después de una prolongada huelga de hambre vaya a servir para acabar con las violaciones de los derechos humanos en la isla. El entierro de este preso político, albañil de 42 años detenido en la llamada Primavera Negra de 2003, se convirtió ayer en una manifestación pública de protesta y gritos de libertad de un grupo de activistas de los derechos humanos que acompañaron a la madre del fallecido hasta el cementerio y desafiaron el cerco de las fuerzas del orden a la ciudad de Banes, a unos 700 kilómetros de La Habana, donde recibió sepultura. Mientras tanto, aquí, el presidente Zapatero levantó la voz para pedir al Gobierno cubano la liberación de los presos de conciencia después de ser objeto de numerosas críticas tras una declaración en la que su alusión a la muerte de Zapata resultara decididamente tímida e inconvenientemente velada. Zapatero navega con dificultad entre las revueltas aguas de los intereses comerciales en la isla, el vínculo histórico entre los dos países y el déficit de derechos humanos –como lo ha definido el número tres del Gobierno, Manuel Chaves– que padece el Gobierno de los Castro. Lo que sí parece claro es que la muerte de Orlando Zapata –el primer preso político fallecido desde hace 40 años– va a situar de nuevo a Cuba en el punto de mira de la comunidad internacional, que a fuerza de costumbre, parecía resignada a ligar la supervivencia del régimen dictatorial cubano con la de su líder. Los cambios en Cuba se van a producir de todas las maneras, pero es evidente que la decrepitud del sistema y la creciente decisión de los opositores puede precipitarlos antes incluso de que Fidel Castro pase a mejor vida. El mundo mira a Cuba deseando un cambio de rumbo, pero corresponde a los cubanos tomar el timón para escapar de la represión hacia la libertad.

Desde hoy, todos los juzgados andaluces estarán interconectados y los jueces y secretarios judiciales podrán acceder al historial de un procesado y saber si tiene procedimientos abiertos en otros órganos. La medida, que fue presentada ayer por la Consejera de Justicia, Begoña Álvarez y el Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Augusto Méndez de Lugo, supone un avance fundamental para evitar que se vuelvan a producir casos como el de la pequeña Mari Luz. Su presunto asesino, Santiago del Valle, estaba en busca y captura en un juzgado sevillano mientras se presentaba cada quince días en otro situado en una planta superior. La nueva herramienta se activará desde hoy en los 64 juzgados de lo Penal y cubrirá un millón de casos que afectan a 370.000 personas. En el mes de junio se extenderá el sistema a los de instrucción y guardia y posteriormente a los mercantiles y de menores. Así, en el plazo de un año, todos los organismos judiciales estarán interconectados en su misma jurisdicción para compartir información clave para agilizar la justicia y evitar errores que pueden ser fatales. La herramienta incorpora una alarma que avisará telemáticamente si un asunto lleva paralizado más de tres meses en el juzgado, si se decreta una orden de busca y captura, si vence el plazo de prisión provisional o si se decretan o modifican medidas para casos de violencia de género, como las órdenes de protección. Andalucía es la primera comunidad española que conecta internamente sus juzgados, algo fundamental, sobre todo para la jurisdicción penal, lo que acabará con el desamparo que puedan tener los jueces al desconocer el historial de un sujeto. Es un paso muy importante, pero aún faltan muchos más para lograr una administración eficiente y de calidad. La creación de nuevos órganos, la mejor organización interna y la creación de las ciudades judiciales son fundamentales para la Justicia en Andalucía.

El principio de acuerdo alcanzado por los siete países que forman parte del A400M con el fabricante Airbus supone una tranquilizadora noticia para Sevilla, donde se ensambla el avión de transporte militar. Tras meses de tira y afloja, los países miembros del consorcio –Alemania, Francia, España, Reino Unido, Turquía, Bélgica y Luxemburgo– han logrado acercar posturas con el fabricante, si bien será necesario cerrar los flecos pendientes que aún quedan para rematar la negociación sobre quién hace frente al sobrecoste. La prueba, sin embargo, de que el programa seguirá adelante es que la Ministra de Defensa, Carme Chacón, anunció ayer públicamente el principio de acuerdo. Los países del Consorcio han ofertado a EADS, matriz de Airbus Military, una aportación suplementaria de 2.000 millones de euros, una nueva fórmula de revisión de precios basándose en la inflación; el anticipo del calendario de pagos para que la empresa disponga de liquidez antes de la entrega de los primeros aviones y, por último, la concesión de un crédito reembolsable de 1.500 millones de euros con cargo a futuras exportaciones del avión a terceros países. Esta última concesión es la más delicada por cuanto los países aún no han definido cómo harían frente al desembolso del préstamo ni las condiciones específicas de devolución. EADS explicará hoy su postura sobre un acuerdo que salva el avión, pero aún plantea interrogantes que deben ser resueltos. Falta saber de qué manera afrontará la constructora su aportación al sobrecoste de 5.200 millones. No sería lógico que a estas alturas intentara compensar los costes de su imprevisión con recortes laborales que afectaran a la factoría de San Pablo. La Junta de Andalucía, que ha otorgado generosísimas ayudas públicas a Airbus, debe estar atenta para que no baje la cantidad ni la calidad del empleo. El acuerdo para el A400M es la mejor noticia, pero no a cualquier precio.

En sólo dos años, los transcurridos desde que comenzó la crisis, la economía sumergida ha crecido en Andalucía al mismo ritmo que los técnicos del Ministerio de Hacienda calculaban para el conjunto del decenio. El efecto de la crisis económica ha disparado una situación que escapa al control de Hacienda al no tributar y al de la Seguridad Social al no cotizar. Según el último informe elaborado por el sindicato de técnicos del Ministerio de Hacienda el mercado negro se ha incrementado en 5.137 millones de euros en Andalucía en sólo dos años y supone ya el 25% del producto interior bruto (PIB) de Andalucía. La contundencia de los datos revela que hoy en Andalucía se cobra bastante más en dinero negro y se acometen numerosos encargos sin que el trabajador se encuentre dado de alta. En ambos casos, el aumento de las cifras de paro tiene mucho que ver porque muchas de las contrataciones estacionales se hacen sin contrato de trabajo, lo que supone una actividad irregular y por tanto, fraudulenta. En la actualidad, los cálculos apuntan a una bolsa de dinero negro en Andalucía que supera los 34.000 millones de euros, lo que supone una cuarta parte del PIB. El mal, sin embargo, no es exclusivo de Andalucía. El mismo informe certifica tasas similares de economía sumergida en la mayoría de las comunidades españolas. Es responsabilidad de la administración la supervisión y elaboración de planes e iniciativas tendentes a reducir unos porcentajes que lastran claramente la estadística de crecimiento y que suponen un fraude en la bolsa común a la que todos debemos contribuir. Al mismo tiempo, debe ser responsabilidad de todos arrimar el hombro en tiempos de crisis y jugar limpio. En estos tiempos en los que la ciudadanía exige a políticos y agentes sociales un gran pacto para salir de la crisis, debemos aplicarnos todos en la necesidad de cumplir con nuestras obligaciones fiscales para no debilitar más la economía española.

La coordinación entre los distintos cuerpos de seguridad es fundamental para mejorar la eficacia en la estadística policial así como la respuesta a la demanda de los ciudadanos. El alcalde de Sevilla, Alfredo Sánchez Monteseirín y el delegado del Gobierno en Andalucía, Juan José López Garzón, anunciaron ayer la próxima firma de un convenio entre el ayuntamiento de Sevilla y el Ministerio del Interior para que la Policía Local pueda acceder a los archivos de los casos de víctimas de maltrato que investiga la Policía Nacional. Es, sin duda, una buena noticia, pero llega tarde y demuestra que es posible hacer mucho más en la lucha contra la violencia machista. No tiene sentido que a día de hoy los distintos cuerpos de seguridad no tengan la posibilidad de compartir información sobre víctimas y agresores, lo que sin duda redundará en una capacidad de respuesta mucho más rápida ante cualquier situación de urgencia que se produzca. Las administraciones deben vencer las inercias y trabajar decididamente por el ciudadano, más aún cuando se trata de una materia tan sensible como la seguridad. En ese sentido, se han dado pasos interesantes con las operaciones conjuntas que han puesto en marcha los cuerpos de Policía Nacional y Local en Sevilla y que se han saldado con buenos resultados que han tenido su reflejo en la estadística de delitos y faltas en Sevilla. Durante 2009, bajaron un 8% los delitos, fruto de la mayor capacidad de respuesta policial y de la coordinación. El maltrato, sin embargo, aumentó en Sevilla con tres víctimas mortales en 2009 y 14 en toda Andalucía. El cruce de datos de los cuerpos de seguridad no acabará con esta lacra pero seguro que contribuye a minimizar sus efectos. Acabar con la violencia machista es tarea de todos y por ello hay que denunciar cualquier situación de abuso, lograr que la justicia pueda agilizar su capacidad de respuesta y basar en la educación el cambio de mentalidad de los jóvenes.

El Ayuntamiento inició anoche las pruebas con el nuevo sistema de baterías que ahorrará las catenarias en el tranvía. La empresa CAF ha instalado en uno de los vagones unos condensadores capaces de recorrer el tramo actual del Metrocentro desde el Prado a la Plaza Nueva sin la necesidad de un pantógrafo que tome la corriente de las catenarias. El tranvía se ha convertido en la segunda línea más usada de la empresa municipal de transportes (Tussam) y en la actualidad proyecta su ampliación hacia el apeadero de San Bernardo. Tras un convulso debate inicial sobre la estética, las catenarias han dejado de ser un problema ciudadano por la eficiencia del servicio y el compromiso municipal de eliminarlas cuando se desarrollara la tecnología necesaria para evitar los cables en la zona monumental de la ciudad. Si los planes municipales y de la empresa CAF se cumplen, en mayo podría estar funcionando el primero de los vagones con baterías y a final de año se sustituirían los cuatro trenes por nuevos modelos, más modernos y estrechos, que, además de funcionar sin catenarias, permitirán acometer la ampliación del trazado por el casco histórico para llegar a zonas como la Campana. La idea que baraja el ayuntamiento es que CAF pueda reutilizar los vagones actuales, vendiéndolos a la sociedad Metro de Sevilla ante el aumento de demanda en las nuevas estaciones incorporadas. El Ayuntamiento debe cumplir el compromiso que hizo en su día de eliminar los cables, pero no a cualquier precio. Según los datos municipales, la operación tendrá coste cero para las arcas municipales. Si es así, no hay inconveniente. Pero los sevillanos no pueden soportar más sobrecostes en un proyecto en el que hubo que invertir casi un millón de euros suplementario para suplir los postes por farolas fernandinas. Sí al tranvía sin catenarias, pero a coste cero para el ciudadano y con un trazado completo que le dé sentido como transporte público en el Centro.