La redacción un tanto contradictoria de las conclusiones del informe de los expertos convocados por el Ministerio de Cultura para que dieran su opinión sobre la torre que ha empezado a construir Cajasol en el sur de la Isla de la Cartuja ha dado como fruto lecturas de todo tipo en torno a dicho documento. De una parte, los conservacionistas que han mostrado su rechazo encarnizado al proyecto se han parapetado detrás del último punto de las conclusiones –el que abunda en la “marca negativa” de la torre sobre el territorio en el que se asienta– para afirmar sin mayores ambages que el informe les otorga la razón y se la quita a la entidad promotora y al Ayuntamiento de Sevilla. Y de la otra, tanto Cajasol como el Gobierno municipal han hecho hincapié en que los expertos avalan la legalidad de la propuesta urbanística y en que no genera ningún tipo de afección sobre los monumentos declarados por la Unesco como patrimonio de la humanidad: el Alcázar, la Catedral y el Archivo de Indias. La realidad es que ambas apreciaciones son ciertas y hasta compatibles, lo que da una idea del grado de discusión que se habrá vivido en el seno de esta comisión para firmar un documento de consenso con el membrete del Ministerio de Cultura. Dicho esto, conviene acotar el debate. El informe no se ha elaborado para saber cuál es el impacto de la torre en el paisaje general de la ciudad y de su área metropolitana, sino para algo mucho más concreto: si es verdad o no que la Torre Pelli agrede el paisaje de los monumentos protegidos por la Unesco, lo que podría derivar en su exclusión como patrimonio de la humanidad. Pues bien, a pesar de lo que quiera interpretarse de forma sesgada por parte de algunos, el debate en este punto ya ha sido cerrado por los expertos: no hay afección y, por tanto, no debe haber peligro de exclusión. Otra cosa es que el edificio pueda generar esa marca “indudablemente negativa” sobre el espacio ubicado entre la Cartuja y el Aljarafe. Pero ésa ya es otra historia.

La propuesta de Movilidad de abrir un carril de tráfico en la Alameda con el que descongestionar el tráfico de la zona norte del casco histórico se ha topado con el rechazo de IU, que ha frenado el proyecto. Al final, el PSOE, que contaba con los votos del PP para aprobar tal medida en la Junta Municipal de Distrito, ha preferido no seguir adelante con la propuesta, aunque sí la llevará al Pleno del distrito para su discusión. Seguramente IU tenga la razón al alegar que no se puede reabrir de pronto al tráfico una parte de la Alameda después de que se decidiera su peatonalización. Pero da la impresión de que el fracaso de esta iniciativa no tiene tanto que ver con sus aspectos técnicos como con el hecho de que la reforma de la Alameda es un proyecto liderado por Izquierda Unida y que, por eso, ha querido marcar su territorio: allí, cualquier iniciativa que se tome, debe tener la anuencia de IU.

El Pleno del Ayuntamiento de Sevilla aprobó ayer una ordenanza que permitirá a los trabajadores de las grúas municipales ir en busca de los coches que estén mal aparcados para retirarlos de la vía pública. En síntesis, el cambio consiste en que los operarios podrán hacer una foto del coche mal aparcado, la enviarán a una unidad de la Policía Local, que visará que el dueño del vehículo ha cometido una infracción y dará autorización para que la grúa se lleve el coche. El procedimiento es un claro ejemplo, uno más, de cómo las nuevas tecnologías permiten aumentar de un modo considerable la eficacia de la Administración. Ahora bien, la medida genera dudas de orden jurídico, pues más que de intermediario del agente de la autoridad, parece que aquí el trabajador de la grúa suplanta la función del policía sin ser funcionario público para ello.

No parece gratuito el día elegido por el Gobierno para anunciar su propuesta para el retraso de la edad de jubilación en España. El planteamiento del Ejecutivo coincide en el tiempo con dos datos que confirman la necesidad de adoptar medidas que garanticen el mantenimiento de nuestro actual sistema de protección social. De una parte, las proyecciones sobre el futuro mercado laboral del país presentadas ayer por el INE señalan que, de persistir con el actual modelo, dentro de cuarenta años, uno de cada dos españoles no estará en edad de trabajar y además contaremos con el doble de personas con 64 años de edad. Y, del otro, se conocía también ayer que las cuentas de la Seguridad Social terminaron 2009 con un superávit de 8.500 millones, una cifra que habría que valorar si no fuera porque representa un 40% menos de beneficios que en el año anterior. La mayoría de los expertos en mercado laboral sostienen que se hace ya necesaria la prolongación de la vida laboral, en consonancia además con el alargamiento de la esperanza de vida media de los españoles. Lo que ya es más discutible es si es necesario apostar por un retraso efectivo de la edad de jubilación (en principio se habla de llegar hasta los 67 años, tres menos de lo que reclama la CEOE) o si se podría trabajar en métodos de jubilación más flexibles y voluntarios, como proponen los sindicatos, de por sí muy reacios a aceptar medidas como las que se aprobarán hoy en el Consejo de Ministros. En cualquiera de los casos, lo que sí es evidente es que si el Gobierno, como ya ha anunciado, adopta esta decisión, tendrá que explicarlo de la forma más clara posible. La decisión de retrasar la edad de la jubilación tiene un impacto social de una envergadura extraordinaria y podría interpretarse, si no se saben aclarar bien las razones, como la reversión de una de las conquistas sociales que han caracterizado hasta ahora nuestro Estado del Bienestar.

La Gerencia de Urbanismo de Sevilla asumía ayer públicamente las consecuencias de los nuevos problemas surgidos en la construcción en la Plaza de la Encarnación del proyecto Metropol Parasol. El Ayuntamiento, a pesar de las ingentes llamadas a la austeridad que lanza desde todos los ámbitos, se gastará otros 18 millones de euros más para poder acabar una obra cuyos plazos de finalización se vuelven a retrasar sine die. El delegado de Urbanismo, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, dijo ayer que las razones que determinan este nuevo desembolso se ligan al material empleado para revestir las famosas setas –madera en vez de aluminio– y a los cambios legales en materia de seguridad que se establecieron tras la caída de un pabellón deportivo en Austria cuya construcción es muy similar al de los parasoles. Y dijo algo aún más importante. El edil reconoció que el proyecto constructivo que se aprobó para la Encarnación hace ahora seis años era imposible de construir. Es decir, que hubo un gravísimo error de partida. La confesión le honra, pero no exime de responsabilidad alguna. Lo que se demuestra es que el Gobierno local de entonces –ya formado por PSOE e IU– cometió un grave fallo que, años después, le está costando a la ciudad muchísimo dinero y un retraso más que considerable en la ejecución del proyecto. A día de hoy, los parasoles se yerguen sobre la Encarnación, pero nadie puede aventurarse a dar una fecha exacta de conclusión del proyecto y menos todavía a calcular cuánto costará en total la obra. Lo único que se sabe es que ya ha salido del erario público más del doble de lo previsto en un principio. Tanta indefinicón no hace más que arrojar dudas sobre la viabilidad del proyecto y otorgar argumentos a quienes muestran una encarnizada oposición al levantamiento de los parasoles. El Gobierno municipal necesita dar la sensación de que tiene soluciones para la Encarnación. Y lo tiene que hacer cuanto antes.

Los profesionales de la sanidad pública andaluza han vuelto a marcar otro hito con la intervención quirúrgica realizada ayer en el Hospital Virgen del Rocío en la que se ha llevado a cabo el segundo trasplante de cara en España y el noveno del mundo. Aún es pronto para hablar de éxito de la operación. La prudencia debe imponerse, más aún al tratarse de una intervención quirúrgica de tanta complejidad, en la que han participado una treintena de especialistas durante más de 30 horas hasta su finalización, ayer a las cuatro de la madrugada. Su ejecución, sin embargo, es la constatación de la excelencia que ha alcanzado el sistema sanitario público de Andalucía, capaz de llevar a cabo intervenciones de extrema complejidad para solucionar problemas que antes no tenían solución y que ahora, gracias a las nuevas terapias y a los equipos de investigación andaluces, encuentran soluciones para atenuar enfermedades o incluso erradicarlas. Así, la operación de trasplante facial se une a otras terapias como el diagnóstico genético preimplantatorio, las investigaciones con células madre o el nivel de excelencia desarrollado por los centros de trasplantes de la red de hospitales públicos andaluces. Esta medicina de vanguardia se combina en Andalucía con una red asistencial de alta calidad, con centros de salud de atención primaria en constante modernizacióny con una aceptable valoración de los pacientes tanto en la calidad del servicio como en los tiempos de respuesta sanitaria. La cobertura en Andalucía, hace tiempo que dejó de ser un problema para convertirse en un factor más de ayuda al bienestar social y la calidad de vida, siempre dentro de las limitaciones que impone la asistencia universal. La sanidad pública en Sevilla está preparada para afrontar cualquier reto, desde la organización y planificación de los centros de salud y listas de espera hasta las operaciones punteras como el trasplante de cara, que vuelve a poner a Andalucía en primera línea de la investigación.

Los promotores del debate sobre la actuación de la Organización Mundial de la Salud frente a la pandemia de la nueva gripe no han quedado satisfechos con las explicaciones del organismo internacional. En primer lugar, la directora de la OMS, Margaret Chan, no se dignó a comparecer, dejando a su número dos, Keiji Fukuda, tratando de justificar las razones por las que se generó una alarma en torno al virus de todo punto injustificada en opinión de los epidemiólogos (14.000 muertes ha causado la gripe A frente a las 500.000 que cada año se registran por la gripe estacional). Por otro lado, si bien no ha quedado probada la acusación de que tras la decisión de la OMS se oculten intereses y presiones de los laboratorios farmacéuticos para vender sus productos, la débil contestación del responsable de la OMS, que confesó que es muy difícil encontrar expertos que nunca ha yan colaborado con la industria, mantiene las dudas sobre la independencia de la organización. Sea como fuere, la OMS ya había hecho este siglo otras dos declaraciones de pandemias –la neumonía asiática (200 muertos) y la gripe aviar (282 fallecidos) y hasta el momento ninguna instancia ha cuestionado esta decisión, lo que hace suponer que en esta ocasión se han dado circunstancias excepcionales que han contribuido a sembrar una alarma sin precedentes. La implicación de los estados y las administraciones sanitarias de todos los países con la adquisición de vacunas y las campañas de inmunización ha sido uno de los factores que han magnificado el proceso, pero no cabe sino agradecer la prontitud con que han respondido a una amenaza cuyo alcance, a decir de los expertos, no podrá saberse hasta que no pasen dos años y para la que mejor estar de sobras preparado que actuar con negligencia. Ahora sólo es imprescindible emplear la misma presteza en la investigación exhaustiva del papel que los intereses económicos han jugado en este asunto.

La Junta de Andalucía anunció ayer un trámite esencial para la puesta en carga del pantano de Melonares. La Agencia Andaluza del Agua hizo pública la licitación de las canalizaciones que supondrán en la práctica que el agua que almacena el embalse pueda incorporarse a la red de abastecimiento. Dicha tramitación supone una inversión pública de 27 millones de euros para adecuar y renovar la infraestructura hidráulica existente en el Canal del Viar, donde se proyectan las nuevas instalaciones. Se construirá un nuevo depósito y conducciones que unirán la tubería existente entre San Ignacio del Viar a través de 13 kilómetros de longitud con conexión subterránea. La medida llega tarde. La Junta justifica el retraso por el traspaso de transferencias del Estado a la comunidad autónoma, si bien las conducciones ya debieran estar terminadas en virtud de los sucesivos anuncios realizados por las distintas administraciones durante años. Lo importante, sin embargo, es que el proyecto ya está encauzado y las conducciones serán una realidad en 2012 tras unas obras que podrán iniciarse en primavera, durarán 30 meses y darán empleo a casi 500 personas en plena crisis. Así, el pantano de Melonares dejará de ser el eterno proyecto de infraestructura de la última década en la provincia para convertirse en una realidad que garantizará al fin el consumo de agua potable para un millón y medio de sevillanos. El embalse, que se encuentra en la actualidad al 46% de su capacidad gracias a las últimas lluvias, posee actualmente una capacidad de 86 hectómetros cúbicos de agua Han pasado muchos años, quizá demasiados, desde que se proyectara el pantano y es necesario llamar la atención de las administraciones sobre la eternización de proyectos fundamentales para la provincia. Hoy, sin embargo, Sevilla da un paso importante para garantizar bienestar, calidad de vida y asegurarse un recurso básico como el agua en previsión de próximas sequías.

El Presidente de Venezuela, Hugo Chávez, ha cumplido su amenaza y ha cortado la señal del canal de televisión más antiguo del país. El motivo formal es por cuestiones técnicas y supuestos incumplimientos legales. La causa real habría que buscarla en la obsesión del gobierno chavista por silenciar a los medios de comunicación que son críticos con su gestión, como Radio Caracas Televisión Internacional (RCTVI), que se negó a retransmitir las interminables alocuciones del presidente venezolano. La actuación de Chávez –que ha cerrado también otros cinco canales de cable– ha recibido duras críticas por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que ve una clara vulneración de las garantías constitucionales. Acallar las críticas e imponer la mordaza aleja a su pueblo de la libertad y democracia de la que tanto presume.

Las hermandades y cofradías de Sevilla han dado esta semana un formidable ejemplo de solidaridad y compromiso con los más necesitados al encauzar una acción social conjunta para ayudar a mitigar la tragedia que vive el pueblo de Haití después del terremoto que ha causado más de cien mil muertos y ha devastado el país. La asamblea extraordinaria celebrada el lunes aprobó por unanimidad destinar 50.000 euros de fondos del Consejo así como el 0,7% de la recaudación de la institución (unos 13.000 euros). Han abierto una cuenta bancaria en la que además, las hermandades podrán depositar sus donaciones como ya han hecho varias con la recaudación de los cepillos de sus cultos. La acción social conjunta de las hermandades sevillanas con Haití son la prueba evidente de su pujanza y el más claro ejemplo de su vigencia en la sociedad actual.