La detención de siete jóvenes por la agresión que cometieron sobre otro de 21 años en las inmediaciones del Auditorio de la Cartuja pone de nuevo sobre el punto de mira de la opinión pública los episodios de violencia juvenil que de forma puntual se vienen sucediendo en Sevilla en los últimos tiempos. La víctima de esta agresión sufrió una paliza a patadas y puñetazos y recibió un golpe en la cabeza con un bate de béisbol. Sufrió una contusión craneal, pero es evidente que las lesiones podían haber sido mucho más graves. Ocurre esto al mismo tiempo que se investiga una grave agresión a dos parejas en la calle Harinas y poco después de que otro joven, en este caso del Viso del Alcor, recibiera otra paliza por parte de cinco jóvenes que también utilizaron bates de béisbol para su agresión. Es casi imposible que con estos antecedentes, y a las puertas de una noche de fin de año, noticias como ésta no generen una cierta inquietud, en especial entre quienes tienen hijos jóvenes o adolescentes que hacen vida nocturna con sus amigos. Por eso conviene destacar hoy que, a pesar del impacto de estas agresiones, estamos hablando de episodios puntuales que en modo alguno reflejan un fuerte aumento en el número de estos hechos delictivos de esta envergadura, ni que esta realidad violenta se haya instalado y sea consustancial a la noche sevillana. La inmensa mayoría de los jóvenes disfruta de sus horas de ocio sin necesidad de molestar a quien tiene al lado y salvo el caso concreto de alguna banda juvenil ya localizada, no hay constancia de que haya algún grupo que sale con el propósito de amedrentar a los demás. No se puede negar la realidad de que cada vez es mayor el número de menores que se ven implicados en peleas, palizas y reyertas –así lo atestiguan los informes de menores d ela Junta–, pero se trata de situaciones puntuales que en modo alguno responden a un perfil que se esté generalizando en la comunidad.

Si se comparan los discursos de ayer de Zapatero y Rajoy puede extraerse la conclusión de que la distancia entre PSOE y PP es de tal magnitud que que se hace casi imposible llegar a acuerdos de envergadura en torno a asuntos de Estado. No es tal y como parece. De hecho, ambas formaciones están cerca de apuntalar un pacto sobre una materia bien necesitada de él: la educación. Después de cuatro meses de conversaciones, las grandes formaciones de este país han llegado a puntos de acuerdo que permitirán sacar la cuestión educativa de la confrontación partidaria, de esa trinchera diaria donde casi todo vale con tal de erosionar al contrario. Hay un consenso generalizado en reconocer que España no puede permitirse una tasa tan alta de fracaso escolar (un 30% del alumnado en la ESO) ni porcentajes tan bajos de excelencia (alumnos que concluyen sus estudios con las mejores notas). El acuerdo incidirá sobre estos aspectos. Se discutirá sobre materias más cercanas al campo de la ideología (Educación para la Ciudadanía, la política lingúística, la enseñanza de la religión…), pero los esfuerzos se centrarán en buscar modelos que primen el esfuerzo y la exigencia y que, sobre todo, puedan perdurar en el tiempo y no estén sujetos a los vaivenes del gobierno de turno. El modelo español ha vivido demasiadas modificaciones de la legislación educativa y requiere de una cierta tranquilidad en el tiempo que, además, deberá ir acompañada de la dotación económica necesaria para su cumplimiento. De poco vale que se establezca otro catálogo de buenas intenciones si éste no se complementa con las partidas necesarias para su ejecución. Aún queda al menos un par de meses de discusiones para culminar el acuerdo, pero no se vislumbra fracaso alguno. Tanto PSOE como PP saben lo que se juega el país y asumen que hay una fuerte demanda social de mejora del sistema. Ahora toca estar a la altura de esa demanda y de esa necesidad.

El ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha lanzado un mensaje muy preocupante sobre las intenciones cercanas de ETA. La banda terrorista pretende llevar a cabo una acción “ espectacular” con la que buscaría ganar notoriedad mediática durante el semestre en el que España ocupará la presidencia de la Unión Europea. El ministro se refirió a la posibilidad de un secuestro de alguien que pertenecería a un sector social significativo de la sociedad española y señaló que las potenciales víctimas de esta acción han sido ya alertadas. Desde luego, el impacto mediático que puedan buscar los etarras ya lo han logrado en parte con este anuncio. Sólo basta repasar los periódicos, internet y los informativos de radio y televisión para certificar que ETA ha vuelto a la primera línea de la actualidad. Es inevitable, pero es preferible estar informados de las intenciones de estos asesinos a que se hurte, salvo que perjudique alguna investigación, una información de interés público. Habrá quien diga que genera alarma, pero si es verdad, es mejor saberlo. Entre otras cosas porque la memoria es demasiado selectiva y es humano que algunos bajen la guardia después de casi seis meses sin atentados mortales. El mensaje de Rubalcaba iba dirigido sobre todo a quienes pueden ser potenciales objetivos de los terroristas. ETA, como se ha dicho una y otra vez, está más debilitada que nunca, pero también es imprevisible y mantiene su cualidad mortífera: basta con que un pistolero le descerraje un tiro en la nuca a un inocente para volver a matar. Más si cabe ahora que la banda vive un debate interno entre quienes quieren abandonar las armas y quienes abogan por las bombas como único arma de diálogo. Son momentos de tensión en el seno de esta organización, y la historia de ETA dice que estas disensiones siempre acaban cuando los más radicales utilizan el lenguaje de las armas para imponer su ley criminal, que es lo que puede ocurrir.

El nombramiento de Felipe González como presidente del consejo de participación del Espacio Natural de Doñana ha sido recibido en líneas generales con satisfacción, aunque también con algunas reticencias provenientes de Ecologistas en Acción y con una cierta salida de tono del dirigente de Izquierda Unida Diego Valderas, que compara la decisión con darle “un retiro” al que ha sido presidente del Gobierno español durante 14 años. El ex presidente presidirá un consejo en el que participan representantes políticos, sociales y económicos de este territorio protegido. Todas las opiniones son respetables, pero no debería haber duda alguna de la experiencia que puede aportar este político para el desarrollo de Doñaña y la proyección internacional que su sola presencia le dará a uno de los parques naturales más importantes de Europa.

La Junta anunció ayer que solicitará al Ministerio de Sanidad que se permita fumar en las zonas acotadas para fumadores de los bares que hace tres años hicieron reformas para habilitar estos espacios. La petición se formaliza después de anunciar el Gobierno Central que pretende prohibir este próximo año que se pueda fumar en todos los locales públicos cerrados. La propuesta del Ejecutivo andaluz se basa en el mero sentido común. Como ya advertimos en su momento, una de los inconvenientes que se apreciaban en este anuncio de prohibición es que deparaba un claro perjuicio y un agravio comparativo para todos aquellos industriales que se gastaron dinero en reformar sus locales por imperativo de la ley para habilitar zonas de fumadores. Es de justicia que se les permita amortizar la inversión. Y si no, que se les indemnice.

La sentencia del Tribunal Supremo (TS) en la que confirma la sentencia a cuatro año de cárcel contra el alcalde del pueblo mallorquín de Andratx por un delito urbanístico (se construyó un chalé en suelo agrícola) va más allá de la mera condena a un dirigente que comete un delito y tiene que pagar su falta con la cárcel. Se trata de todo un aviso para todos aquellos –políticos, promotores o simples ciudadanos– que han cometido desmanes urbanísticos en España en la etapa de la burbuja inmobiliaria y que pensaban que podrían eludir su responsabilidad o, como máximo, pagarla mediante una simple sanción administrativa. Por primera vez, el Supremo entiende en una sentencia que hay que utilizar el recurso penal para luchar contra las tropelías que han llevado al urbanismo español ante una situación que se califica de desastrosa. En los fundamentos de derecho de la sentencia, los ponentes arguyen que hay que emprender esta vía ante “la inoperancia de la disciplina administrativa” y se insiste en el desprecio a la legalidad y la nula sensibilidad medioambiental y paisajística con la que se conducían el ahora condenado y los otros dos cargos imputados por esta causa. No hay que hacer un ejercicio de política ficción para pensar que este caso de Mallorca es trasladable a tantos municipios andaluces que convirtieron el urbanismo en una fuente de ingresos inagotable a cambio de permitir todo tipo de desvaríos. No se trata de los casos de corrupción que han saltado en algunos municipios (ésa es otra historia, aún más grave, y ya sigue su curso en los juzgados de lo Penal), pero sí de esa sensación de dejadez y de desprecio a la normativa urbanística que parecía imperar en tantas ciudades, sobre todo del litoral andaluz. La advertencia del Supremo es seria. Y harán bien en fijarse en ella algunos gestores públicos si no quieren terminar pagando sus embrollos urbanísticos como lo hizo ayer tarde el alcalde de Andratx: entrando en la cárcel.

La homilía ofrecida este pasado domingo por el presidente de la Conferencia Episcopal Española con motivo de la celebración en Madrid del Día de la Familia no arrojó sorpresas sobre lo previsto. Monseñor Rouco arremetió contra lo que califica de ataques a la moral cristiana y usó un lenguaje un tanto apocalíptico cuando llegó a afirmar que si se avanza en materias como el aborto, el divorcio y el matrimonio homosexual, Europa corre el peligro de quedarse sin hijos. Rouco se cuidó de criticar directamente al Gobierno, pero una vez más dejó bien claros los postulados de la Iglesia católica en torno a estos asuntos. Poco hay que objetar ante ello. El arzobispo de Madrid es el principal representante de los católicos en España y entra dentro de sus obligaciones y responsabilidades que haga escuchar la voz de la Iglesia en estas materias, más si cabe si lo hace en el transcurso de una concentración en favor de la familia. Lo que sí entra más en discusión son otros dos aspectos de sus manifestaciones, ambos ligados entre sí. El primero de ellos es el carácter profundamente excluyente de su discurso. Rouco insistió en que su visión de la familia procede de una “verdad natural” que no admite debate, lo cual deja fuera de su concepción de la sociedad a todo aquel que se salga mínimamente del guión previsto por el Vaticano. Rouco está en su derecho de pensar de este modo, pero se echó de menos que hiciera un mínimo reconocimiento de la gran diversidad de modos de vivir en familia que existen en la sociedad española. Seguramente esta actitud tan cerrada es la que hace que se considere como ataque a la familia cristiana cualquier reforma social que pretenda establecer un nuevo régimen de derechos en materias tan sensibles como la interrupción del embarazo o el matrimonio entre personas del mismo sexo. Una vez más, Rouco olvida que no se legisla para creyentes de una religión, sino para ciudadanos de un Estado aconfesional.

Hasta ahora, casi todas las discusiones públicas centradas en la crisis de la compañía Air Comet han estado centradas en la figura de su dueño, el empresario y presidente de la CEOE Gerardo Díaz Ferrán. Se ha debatido, y lo que queda, en torno a la idea de si es lógico que una persona que está al frente de una empresa abocada al cierre por los impagos lidere una organización que tiene que llegar a acuerdos de concertación social con los sindicatos. La discusión está ahí. Y no parece que vaya a menguar con el paso del tiempo sino todo lo contrario. Pero si algo negativo ha tenido la cuestión es que ha terminado por transmitir a la opinión pública que los problemas generados por el cierre repentino de Air Comet se podían resumir en un nuevo problema de falta de entendimiento entre el Gobierno, a través del Ministerio de Fomento, y el dueño de la empresa. Y no es así. Más allá de los enfrentamientos entre ambos, que se circunscriben al ámbito de las relaciones que mantiene el Gobierno con patronal y sindicatos, aquí lo que se ha producido es un auténtico caos organizativo en Barajas por culpa de un cierre que pudo haber sido mucho más ordenado de lo que fue. Fomento asegura que la empresa alemana a la que Air Comet adeuda el impago que ha hecho estallar la empresa había dado un plazo de tiempo para la ejecución de las deudas, de modo que la compañía pudiera volar hasta el diez de enero. Así, miles de pasajeros que volaban a sus países de origen a pasar la Navidad no hubieran tenido que pernoctar cuatro noches en Barajas, atrapadas en la sinrazón de una empresa que se desmoronaba por momentos. Air Comet lo niega y asegura que no se ha podido hacer de otra manera, pero cuesta creerlo, pues cualquier juez habría entendido que un aplazamiento de dos semanas hubiera evitado una situación tan desagradable como la que han vivido estos días casi cinco mil personas en Madrid.

El intento frustrado de atentado en un avión de una compañía norteamericana que hacía el trayecto Amsterdam-Detroit por parte de un supuesto miembro de Al Qaeda pone de nuevo en primera línea el debate sobre las medidas de seguridad establecidas tras los ataques del 11-S en Estados Unidos. El ataque no consiguió su terrible objetivo, pero sí que sirve para certificar que no se puede rebajar la vigilancia intensa en momento alguno frente a esta amenaza generalizada. Según las primeras investigaciones, el terrorista pudo actuar solo y en realidad no fue adiestrado por grupos de Bin Laden sino que se inspiró en ellos para intentar cometer una atrocidad en el avión en el que viajaba. Esto último no significa que nos encontremos sólo ante un delito cometido a título particular por un perturbado, sino que, por contrario, nos enfrentamos ante un nuevo fenómeno terrorista: Al Qaeda ha pasado a ser un icono, una marca global bajo la que se refugian todo tipo de grupos y activistas cuyo único lazo en común es su odio enfebrecido a Occidente y en especial a Estados Unidos. Este factor hace aún más compleja la lucha contra el terrorismo internacional de corte islámico y, no hay que negarlo, genera aún más inquietud en las opiniones públicas de los países occidentales, pues fomenta la idea de que una acción criminal de estas características puede acontecer cuando menos se pueda esperar. En cualquier caso, hay que sustituir el temor y el miedo por una actitud de alerta y también estar vigilante ante la posibilidad de que se cometan excesos en pos de una seguridad que en demasiadas ocasiones se antepone a la propia libertad de circulación de las personas. Los gobiernos occidentales han aumentado las medidas de seguridad en los vuelos con Estados Unidos. Hacen lo que deben, pero también han de transmitir una imagen de tranquilidad que evite situaciones de psicosis colectiva como las que se han vivido en los últimos años.

Si por algo se recordará el discurso de Nochebuena de este año del Rey es por el énfasis que puso el monarca en acentuar la necesidad de que el Gobierno y el principal partido de la oposición demuestren “mucho sentido de Estado” y logren pactos que refuercen la cohesión interna y la proyección exterior de España. Don Juan Carlos tuvo también palabras para reclamar la independencia de “instituciones clave para la estabilidad y la convivencia democráticas de este país” (en alusión más o menos clara a la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatut de Cataluña) y para exigir que la honradez sea “una regla inexcusable de conducta” (tras un año salpicado de casos de corrupción política), pero sin duda el elemento más sustancial de su intervención fue esta apelación a la necesidad de que PSOE y al PP alcancen consensos en aquellos temas que deben alejarse de la confrontación partidaria. En vista del clima de crispación que se vive en la política nacional, se puede asegurar que la solicitud del Rey no puede ser más adecuada. No se les va a pedir a los dos grandes partidos del país que hagan un ejercicio de contricción o que simulen determinados consensos para no minar más la confianza de los españoles en su clase política. Pero sí que es exigible que demuestren una altitud de miras que, a pesar de la crisis que estamos viviendo, hasta ahora no ha aparecido. El desastroso resultado de la Conferencia de Presidentes de las comunidades autónomas, la incapacidad de ponerse de acuerdo en materias como la educación o las energías, el retraso en la firma de los acuerdos de concertación social o el mismo hecho de que Zapatero y Rajoy lleven un año sin mantener una reunión personal son una buena muestra de hasta dónde lleva el enfrentamiento de las dos grandes formaciones políticas. Es difícil que el PSOE y un PP centrado en erosionar al Gobierno vayan a encontrar puntos de acuerdo. Pero deben intentarlo por el bien de todos.