No se puede calificar más que de complejísima la situación que tiene que abordar el Gobierno español en el asunto del secuestro del atunero español Alakrana en aguas de Somalia. Los piratas exigen la liberación de sus dos compañeros detenidos en España y amenazan con represalias contra los tripulantes de la embarcación española si no se atiende a su petición. Y, entretanto, en España crece la presión social para que se libere a los dos piratas detenidos en España y se dé una solución rápida al drama que se ha planteado. Es cualquier cosa menos sencillo. Podrá disfrazarse con otras palabras todo lo que se quiera, pero si el Gobierno español transige con la petición de estos bandidos del índico no habrá hecho más que ceder a un puro y simple chantaje frente a unos piratas que sólo este año han podido capturar hasta 45 barcos pesqueros en el triángulo comprendido entre Somalia, Yibuti y las islas Seychelles. La solidaridad de todos los españoles con las familias de los tripulantes no puede cegar el análisis de la cuestión. España no puede jugar con el principio de legalidad en el que se basa su Estado de Derecho. Otra cosa es que, como ya se está haciendo, se estén explotando todas las vías legales y políticas para poner fin al drama que están viviendo los tripulantes del Alakrana desde hace 39 días. El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, dijo ayer que la situación puede estar “encauzada” y pidió apoyo y prudencia tanto a los partidos políticos como a los medios de comunicación, pues los piratas aprovechan cualquier información que llega a Somalia para ejercer más presión sobre el Gobierno. Ojalá el problema se resuelva pronto. Será el momento de evaluar cómo se ha abordado la crisis y también de analizar cuál debe ser el papel de la Administración a la hora de garantizar la seguridad de los pesqueros españoles en las aguas de un país, Somalia, al que difícilmente se le puede atribuir la categoría de Estado.