El rodaje de algunas escenas de la película Knight&Day, una comedia romántica de acción protagonizada por los archifamosos Tom Cruise y Cameron Diaz, ha puesto patas arriba el centro de Sevilla, paralizando la actividad de los comercios de las calles afectadas e incluso cortando el acceso de los peatones a las mismas. Los actores se encuentran alojados desde el viernes en el Hotel Alfonso XIII –con el lógico revuelo de los curiosos y los medios– y en los próximos días rodarán en lugares emblemáticos de la ciudad, como la Casa de Pilatos. La elección de Sevilla es, pese a las posibles molestias para el tránsito de vehículos y viandantes, un motivo de satisfacción, no sólo por los más de siete millones de euros que el equipo dejará durante su estancia, sino también por el impacto publicitario que una producción de estas características (se espera que sea vista por más de 300 millones de espectadores) brinda a la imagen de la ciudad en el mundo. No obstante, no está muy claro que Sevilla aparezca como tal en el filme, sino más bien como un ‘escenario español’ inconcreto, hermoso y festivo, donde los protagonistas recalan durante un trepidante periplo. Habrá quien se sienta ofendido por ello, considerando que, objetivamente, Sevilla tiene suficientes valores monumentales e históricos como para tener mayor protagonismo, ser algo más que un plató donde los divos del celuloide derrapan con sus motos. No les falta razón a quienes ejercen esta suerte de militancia afectiva por su ciudad y rechazan ese híbrido de encierro de sanfermines que podría haberse rodado en un escenario de cartón piedra sin molestias para nadie. Pero tampoco es desdeñable seguir sumando puntos y glamour con la visita de las estrellas: Cruise y Diaz serán fotografiados en Sevilla, en el Alfonso XIII, en sus calles y plazas, y la ciudad aprovechará la oportunidad de que muchos de los espectadores de la película, que tardará un año en estrenarse, esperen a los títulos de crédito para averiguar dónde fue rodada.

Según datos del Ministerio del Interior, en la mayoría (72%) de las cacerías que se celebran en Andalucía se detecta la presencia de menores de edad, y en apenas mes y medio cuatro niños de 8, 12 y 14 años han resultado heridos por armas de fuego mientras participaban en alguna de estas cacerías acompañando a sus padres. La lógica preocupación que generan estos datos tiene más que ver con el aumento de la sensibilidad social respecto a la infancia y su protección que con una trasgresión efectiva de la ley, dado que en torno a este tema existe un relativo vacío o cuanto menos indefinición de los reglamentos. La ley permite llevar armas de caza a niños de entre 14 y 18 años, armas de unas características determinadas y siempre bajo la supervisión de un adulto. Será el padre o tutor y no el menor el titular de la licencia, según figura en los formularios de la Guardia Civil, y no puede ir armado más que en el campo, nunca en el pueblo o la ciudad. La preocupación de las autoridades es, pues, vigilar y controlar que se cumplan estos reglamentos, por lo que alrededor de una veintena de chicos han sido amonestados este año por contravenir las normas. Ahora bien, el mismo ministerio admite que es muy fácil quebrantar las medidas de seguridad que se exigen para estos menores, y por añadidura nadie se pronuncia sobre los otros, incluso más menores aún, que participan en las cacerías sólo como acompañantes de sus padres y se ven expuestos a accidentes con relativa frecuencia. La responsabilidad del menor corresponde a sus padres y son muchas las familias que tratan desde muy temprano de inculcar a sus hijos una afición lícita y todavía un medio de subsistencia en algunas zonas de la comunidad. Lo que sí es preciso, después de los últimos accidentes, es abrir una reflexión sobre la conveniencia de una normativa más restrictiva y un mayor control del uso de armas por parte de los menores, siempre en beneficio de su seguridad y la tranquilidad de sus familiares.

Ala espera de la comparecencia en el Congreso de los Diputados de José Luis Rodríguez Zapatero en la que explicará los pormenores de la nueva norma, ya se pueden extraer varias conclusiones de la Ley de Economía Sostenible aprobada ayer en el Consejo de Ministros. La primera es evidente: si se crean tantas expectativas en torno a una normativa con la que se pretende cambiar nada menos que el patrón de producción de la economía española, es lógico adoptar una actitud de cierta cautela si luego el articulado de la ley no responde a las previsiones iniciales. Algo de eso puede haber con esta norma, pues se esperaba mucho más de lo dicho ayer. De momento lo que se conoce de boca de la ministra Elena Salgado es un conjunto de medidas estructuradas en cuatro grandes apartados: un mayor control del mercado financiero, la agilización de los pagos de las Administraciones a las empresas, la apuesta por una mejor fiscalidad para las viviendas en alquiler y una amalgama de órdenes ligadas a la potenciación de las energías renovables. A priori, son medidas interesantes, pero tienen poco de común entre sí. A lo sumo, el interés por establecer unas reglas del juego más austeras y la ya conocida intención de llevar la actividad económica española hacia patrones de crecimiento más sostenibles. Dicho esto, tampoco sería justo minusvalorar sus contenidos. Si se aplican con eficacia, estas medidas pueden mejorar aspectos capitales de la economía que afectan a la vida diaria de los ciudadanos. Tal vez no rompa ningún modelo basado en el ladrillo y el turismo, pero sí que puede tener un impacto en la vida cotidiana de los españoles, ya sea en su condición de ciudadanos que acceden al mercado de la vivienda o ya sea porque quieren tener una empresa y pueden utilizar algunas de las líneas de crédito previstas en la ley, que no deja de ser muy ambiciosa: 20.000 millones de los que la mitad tendrán que llegar a través de la iniciativa privada.

El informe que ha remitido la Policía Judicial a la juez Mercedes Alaya relativa a la operación de venta de los terrenos de Mercasevilla a Sando clarifica las piezas del puzzle en el que se ha convertido esta investigación centrada en el mercado central de abastos. El informe concluye que se registraron irregularidades en la elaboración del pliego de condiciones del concurso de opción a compra de los terrenos que en realidad ocultaba, según la Policía, una adjudicación directa a favor de una filial de Sando. Los agentes entienden que ésta constituiría “como poco” una conducta desarreglada y arbitraria y responsabiliza de ella a Domingo Enrique Castaño, a los técnicos María Victoria Bustamante y José Antonio Ripollés, al abogado Jorge Piñero, al gerente de la empresa, Fernando Mellet, y a sus colaboradores Daniel Ponce y Regla Pereira. Por último, se subraya que no se ha podido determinar que los miembros de la comisión ejecutiva y del consejo de administración de la entidad hubieran conocido la irregularidad. Queda pues delimitada la responsabilidad jurídica que pudiera achacarse a unos y otros, la línea que separa a los que sabían lo que ocurría y los que fueron engañados. Un factor clave para determinar hacia dónde puede derivar esta investigación judicial, pues pone nombres a quienes cometieron este desaguisado que tanto daño hace a la credibilidad de las instituciones municipales. En cualquier caso quedan pendientes otras dos lecturas. De una parte, habría que delimitar hasta dónde puede llegar la responsabilidad política que se derive de estos acontecimientos, aclarar porqué llegaron a sus cargos algunas de las personas que ahora están siendo investigadas y cómo pudieron engañar durante tanto tiempo a las autoridades. Y de otra, debería de ser un motivo de reflexión otra de las conclusiones demoledoras del informe, la que hace referencia a la estructura y funcionamiento de la lonja del pescado, con una plantilla diez veces superior a la necesaria y unas concesiones a los mayoristas que casi nadie se explica. Esto último tampoco debería olvidarse.

El acuerdo alcanzado ayer por la comisión bilateral Junta-Estado para la satisfacción de la deuda histórica pone por fin el cierre a uno de los debates que ha marcado la existencia de la comunidad autónoma como tal desde hace ya 28 años. La reivindicación de una deuda, cifrada en 1.204 millones, con la que se resarciría la prestación de servicios en educación, sanidad y vivienda realizada por Andalucía en los años ochenta sin contar con los recursos correspondientes. Hacienda se comprometió ayer a satisfacer los 700 millones que aún tenía que pagar el Estado a la comunidad por este concepto mediante el traspaso de la sociedad Agesa, heredera de los activos de la Expo del 92, y de cinco suelos repartidos por otras provincias. Se zanja así un debate que en ocasiones ha mantenido un cierto aire de artificiosidad, de instrumento de confrontación utilizado tanto por el PSOE como por el PP en función de quien gobernara en la Moncloa, pero de una repercusión social muy escasa. Pues bien, el Estado ya no le debe nada a Andalucía, que no es poco después de lo vivido. La oposición sostiene que la reivindicación se cierra en falso al no haberse satisfecho esta partida con dinero en efectivo, pero sabe que juega con balas de fogueo y que otra opción era casi inviable en la actual coyuntura de crisis. La deuda tenía que pagarse, como dicta el Estatuto, no más tarde del 20 de marzo de 2010. En esta tesitura, la solución del pago en especie es la más razonable. Ganan todos. El Gobierno solventa la reclamación sin necesidad de hacer otro desembolso de caja (ya se cobraron dos anticipos con anterioridad por valor de 420 millones) y Andalucía consigue una sociedad saneada de un gran potencial (Agesa está valorada en 150 millones) y suelos para la construcción de viviendas en casi todas las provincias. Las algaradas de protesta de algunos están garantizadas, pero todos saben que era la solución que albergaba mayores dosis de sentido común.

Que nadie crea que el Plan Integral para la erradicación de la Prostitución aprobado ayer por el Ayuntamiento de Sevilla aspira de verdad a abolir de raíz esta práctica de la ciudad. Sus propios redactores saben que este objetivo es tan ambicioso como imposible de cumplir. La prostitución es un fenómeno endémico muy complejo y sería iluso pensar que un ayuntamiento es capaz de poner freno a una conducta que es universal. Pero esta certeza no resta tampoco importancia a otros valores que contiene una norma de este calado. Por primera vez, Sevilla cuenta con un instrumento legal para combatir el fenómeno de la prostitución callejera, una situación ominosa que sufren a diario en determinados barrios y calles de la ciudad. De hecho, se percibe con claridad que uno de los fines esenciales de esta normativa es la de poner coto a este tipo de prácticas en plena vía pública. Algo que tiene mucho más que ver con la necesidad de recuperar conceptos como el del respeto y la convivencia que con un puritanismo mal entendido. La ordenanza, por lo demás, no se dirige contra las prostitutas, que no dejan de ser las principales víctimas del negocio de la explotación sexual, sino contra quienes se lucran de su trabajo –los proxenetas– y contra los clientes que reclaman estos servicios en la calle. No hay, por tanto, una intención de declararle una guerra frontal a esta práctica –una tarea ímproba y de dudosísimo éxito–, sino de acotar y reducir sus espacios de actuación para evitar espectáculos tan lamentables como los que se viven, por ejemplo, en la calle Santo Domingo de la Calzada, en Nervión. En cuanto a las propias prostitutas, se consignarán recursos municipales para medidas puntuales de apoyo al empleo destinadas a aquéllas que pretendan abandonar este trabajo. No se trata de partidas significativas, pero sí hay que valorar el hecho de que se le busquen salidas a las principales víctimas de este negocio.

Cada vez que estalla un caso de corrupción política en España se reproduce el mismo esquema de discusión en la opinión pública: se establece una confrontación entre quienes dibujan un panorama apocalíptico de la situación y quienes, al contrario, defienden que se trata de fenómenos puntuales que siempre terminan por atajarse gracias a la actuaciones de jueces, fiscales y policías. Algo parecido puede ocurrir en Sevilla en los próximos días a raíz de las sucesivas detenciones de la Policía Nacional por delitos relacionados con el tráfico de drogas. Ya no se trata del conocido robo de drogas del depósito de la Jefatura, que acabó con la detención de un ex agente y la imputación de tres mandos de la Unidad Antidrogas (Udyco) que supuestamente habrían obstaculizado la investigación de los inspectores de Asuntos Internos. Ni de la detención de un policía municipal que habría favorecido a otro clan. Ahora las investigaciones giran en torno a un agente de un grupo antidrogas de la Nacional que estaría implicado en la desaparición de parte de un alijo de droga incautado en Sevilla Este, y a su jefe, que fue interrogado la noche del martes por sus propios compañeros en calidad de imputado por esta misma causa. Son demasiados casos y excesivamente seguidos como para pensar que estas informaciones no terminarán por deteriorar la imagen de la Policía Nacional en Sevilla. Hay motivos para la intranquilidad, pues no hay nada que cueste recuperar más que la confianza. Y asuntos como los que están saliendo a la opinión pública hacen bien poco por fortalecerla. Por ello, poco más se puede hacer que pedir a las autoridades policiales el mayor celo posible para que se aclaren cuanto antes todos los casos detectados. Es verdad que los implicados en las desapariciones están siendo detenidos uno tras otro, pero esta diligencia no quita para que se extienda un manto de dudas y sospechas sobre algunas actuaciones policiales que hay que erradicar de inmediato.

El impacto de la noticia de la supuesta participación del marchista granadino Paquillo Fernández en una trama de dopaje para deportistas de élite supone un mazazo para el deporte andaluz que hay que manejar con una cierta cautela. Los once detenidos por la Guardia Civil por su relación con esta trama se dedicaban a la distribución de productos dopantes entre deportistas y estaba dirigida por un conocido ex médico del equipo ciclista del Kelme, Walter Viru, que ya había sido denunciado por un corredor profesional cuando se destapó la Operación Puerto. Pues bien, debe quedar claro en primer lugar que el famoso atleta de Guadix, medalla de oro de Andalucía en 2003 y medalla de oro del Comité Olímpico Español, no está imputado por las investigaciones de la Operación Grial y, por tanto, no es sospechoso de haber cometido delito alguno. Otra cosa es que la Guardia Civil haya encontrado en su domicilio sustancias dopantes como la EPO, lo que dice bien poco de las intenciones que tendría el fondista granadino con respeto a esos productos químicos. Pero eso es otra historia, y ya tendrá que responder por ella si no quiere ver cómo se desmorona su imagen pública. Por lo demás, no hay más que aplaudir el trabajo de los investigadores que han llevado a cabo esta operación. Aquí no se está persiguiendo inquisitorialmente a unos deportistas, sino que se está luchando contra una conducta desleal que adultera las competiciones deportivas, cada día más profesionalizadas, y que, en el plano sanitario, pone en peligro la salud de los profesionales que las consumen. En este caso en concreto, la desarticulación de la red ilegal impacta más en Andalucía por cuanto que afecta a uno de los mejores deportistas que ha dado la comunidad en toda su historia. Pero esta circunstancia dolorosa no puede cegar el análisis. Ante este tipo de prácticas ilegítimas no se puede más que imponer la política de la tolerancia cero. Un país que aspira a celebrar unos juegos no puede permitirse la existencia de tramas masivas de dopaje que no hacen más que ensuciar la práctica profesional deportiva.

El consejo de administración de Cajasol dio ayer un paso importante para el futuro crecimiento de la entidad. La autorización al presidente, Antonio Pulido, para que entable conversaciones con Caja Guadalajara a efectos de propiciar una fusión “fría” es relevante y sintomática de la capacidad de ésta. Se trata del Sistema Institucional de Protección (SIP) un modelo de alianza tejido mediante un acuerdo contractual o legal de responsabilidades que permite garantizar la solvencia de las sociedades fusionadas: cada entidad sigue operando con su caja en el territorio y trabajan con una nueva marca común en los nuevos mercados. A Cajasol sólo le sirve dar pasos adelante. Y es lo que se dispone a hacer. En la coyuntura actual las cajas están en la tesitura de ser yunques o martillos, o absorben o son absorbidas. La situación económica, las dificultades para sanear definitivamente el sistema financiero y el estado crítico que atraviesan muchas entidades ha terminado por validar el modelo de las dos torres que preconizaba el propio Pulido. La integración de Caja Guadalajara, con la que ya hay conversaciones más que preliminares, hará una caja mayor, con más potencia y mayor presencia en otros territorios. Además, el consejo habilitó ayer al presidente para que inicie contactos –que tampoco son nuevos– con otras cajas, que aunque no se mencionan serán preferentemente las extremeñas. Ese posible crecimiento hacia la comunidad vecina terminaría por darle a Cajasol una dimensión nacional más relevante, constituyendo el segundo polo en el mapa de las cajas de ahorros de Andalucía. Lo relevante de este proceso que se inicia es que Cajasol está en condiciones de afrontarlo, como certifica el plácet implícito del Banco de España. Antes de la crisis, Cajasol ya estaba haciendo un importante ajuste sobre todo de sus activos inmobiliarios. Hoy llega con buena parte de la tarea hecha y con capacidad de afrontar retos de futuro, lo que habrá de revertir en el desarrollo socioeconómico de Sevilla y Andalucía.

El presidente de la patronal andaluza, Santiago Herrero, se erigió ayer en máximo defensor del acuerdo de concertación social. Herrero, que en los últimos meses ha sufrido presiones para no firmar el pacto, se rebeló ayer contra aquellos que lo consideran “papel mojado”, expresión que utilizó al mismo tiempo que el PP cargaba en Cádiz contra la concertación. “¿Piensa alguien que es mejor un escenario distinto al del acuerdo?” llegó a decir Herrero contra quienes han calificado el pacto como una manera de silenciar a los empresarios y sindicatos por parte de la administración. “¿Es mejor acaso la confrontación?”, espetó. Herrero lanzó ayer un mensaje contundente a quienes prefieren desestabilizar en lugar de arrimar el hombro para salir cuanto antes de la crisis. El acuerdo de concertación de ayer es la prueba evidente de que Andalucía va por buen camino.