Los presupuestos de la Junta de Andalucía para 2010 contemplan una inversión de 1.065 millones de euros, un 6,6% menos que los previstos para el presente año. No hay de qué sorprenderse. Las cuentas vienen marcadas por una drástica reducción de los ingresos públicos que en Andalucía alcanza los 2.500 millones. Hay menos dinero para repartir y los topes legales del déficit público y del endeudamiento no admiten un mayor margen de maniobra. En consecuencia, lo que hay que analizar no es tanto el dinero que se invierte, sino a qué se destina. El presupuesto para Sevilla refleja las dos líneas esenciales de la apuesta del Gobierno andaluz para el próximo ejercicio: suben las partidas ligadas a las políticas sociales (Educación, Salud, Bienestar Social y Empleo) y decrecen las relativas a las infraestructuras, un hecho que se pretende mitigar estableciendo fórmulas de colaboración con el sector privado. En cuanto al primer apartado, su intención es meridiana: hay una apuesta por fortalecer la respuesta social a la crisis (se destinan 121 millones a las políticas activas de empleo) y por dar prioridad a los capítulos ligados a la inversión en centros escolares (107 millones) y a las ayudas a la Dependencia (un 49,2% más que en 2009). El segundo de los puntos sobre los que pivota el documento admite más dudas: salvo la partida destinada a las obras del Eje Ferroviario Transversal (76,7 millones para los tramos sevillanos del futuro corredor andaluz), no hay partidas cuantiosas para las infraestructuras (si acaso, los 28 millones destinados a los tranvías, pero tienen que repartirse entre Alcalá, Dos Hermanas y el Aljarafe). Además, a la espera de más datos sobre los proyectos afectados, las propuestas de financiación conjunta entre el sector público y privado no pasan de ser una intención firme, pero que necesita concretarse. Más si cabe si, como auguran los expertos, la economía sevillana sigue sufriendo los estragos de una crisis devastadora.

La inauguración ayer del nuevo museo de la Macarena va más allá de la reseña de una noticia de extraordinario alcance para una ciudad que vive y cuida tanto sus hermandades. Con su apertura al público, Sevilla incorpora a su oferta cultural y turística el vasto patrimonio material de una de sus cofradías más señeras. Se trata de 800 metros cuadrados que guardarán los tesoros de la hermandad y permitirán su exposición para todos los que acudan a la basílica de San Gil. La Hermandad de la Macarena es además pionera en este apartado. La puesta en marcha del museo demuestra su voluntad de adaptarse a las nuevas realidades desde el respeto a las tradiciones. Y, por añadidura, abre el camino para que el resto de las hermandades pongan a disposición un patrimonio que es suyo pero que también forma parte, y por derecho propio, de la misma historia de la ciudad.

La sentencia del Tribunal Supremo (TS) en la que se rechaza un acuerdo del Consejo de Ministros para la reserva de 287 hectáreas con el fin de construir en Cádiz el polígono industrial Las Aletas supone un mazazo sin paliativos para la recuperación del empleo en esta provincia, castigadísima por el paro. El TS da la razón a los ecologistas que recurrieron a la reserva de los suelos, ubicados en el parque natural de la Bahía de Cádiz, y señala que no había razones sólidas para tal ocupación. La consecuencia es que se paraliza un proyecto cuya inversión prevista (300 millones) implicaba también la creación de unos 10.000 puestos de trabajo. Es lícito que las empresas interesadas en instalarse allí se pregunten ahora si el proyecto contaba con la suficiente seguridad jurídica. Algo se ha tenido que hacer mal para que un proyecto de esta envergadura y consistencia se venga ahora abajo de esta manera.

El presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, anunció ayer que la Administración autonómica avalará la venta de unas 70.000 viviendas a precio de hipoteca para retirar los activos inmobiliarios del sector financiero y garantizar el acceso a un inmueble. La medida es consecuencia de la decisión política –pionera en España– de garantizar por ley el derecho a una vivienda a los andaluces. En este caso, más allá de cumplir la norma, se busca dar salida al stock en manos de promotoras, bancos y cajas de ahorro, que ronda las 120.000 viviendas, sobre todo en Sevilla, Málaga y Almería. La Consejería de Vivienda lleva meses negociando con empresas y bancos para elaborar una lista de pisos catalogados de primera residencia, con una dimensión inferior a 120 metros y con condiciones de venta que supongan en todos los casos al menos un 20% de rebaja en su precio, por lo que en ningún caso podrían costar más de 200.000 euros. En esa situación se encuentran 70.000 pisos, los mismos que ahora pretende sacar al mercado prestando su aval durante los cuatro primeros años de cuota hipotecaria. La medida está preñada de buenas intenciones, pero conviene conocer todos los detalles para no defraudar las expectativas ciudadanas. Hace bien la Junta en intentar quitar del sistema financiero la losa inmobiliaria que condiciona sus balances y cierra el grifo del crédito, pero el gobierno andaluz debe explicar los detalles de un proceso que se antoja delicado. ¿Qué hará la Junta si en esos cuatro años el comprador no atiende a las cuotas hipotecarias? ¿Se tendrá que quedar con la vivienda e intentar sacarla al mercado posteriormente como VPO? ¿Tiene presupuesto para ello? El carácter social de la medida es evidente, pero en la actual crisis, también para las arcas públicas, hay que concretar los demandantes y las condiciones para ver si servirá a los ciudadanos y a los intereses del Gobierno, bancos y promotoras.

La Administración pública está obligada a actuar con contundencia para evitar la desmotivación de la comunidad educativa por el controvertido asunto de las bajas. La Junta tiene que encontrar mecanismos efectivos para agilizar al máximo la tramitación de las sustituciones de profesores y evitar así que este asunto se convierta en un lastre educativo para centenares de colegios andaluces. Ahora que el Gobierno andaluz ha señalado la Educación como el referente de sus políticas en esta legislatura, es importante que la consejería presente públicamente planes para agilizar la sustitución de las bajas. En ese sentido, el plan presentado ayer en el Parlamento por la consejera María del Mar Moreno supone un avance, aunque deba aún pasar el filtro de la prueba experimental en 200 centros educativos de la comunidad. El objetivo no es otro que reducir a una semana como máximo la sustitución del profesorado de baja, para lo que se aumentarán las partidas actuales de 108 millones que se venían destinando a esta cuestión. La clave del plan está en dotar de una mayor autonomía a los directores de los centros para decidir su tramitación y reforzar el seguimiento de las bajas que se produzcan. Este plan funcionará en la medida en que funcionen bien los claustros de los colegios y la dirección de los mismos. Ése es el reto que debe marcarse la administración, conseguir centros educativos con cuadros directivos motivados, que se impliquen en el día a día dela gestión y que no acusen pasividad ante la imposibilidad de atender las numerosas reclamaciones por los problemas burocráticos. En la medida en que Educación sepa delegar y dotar de autonomía a los centros, el sistema funcionará mejor. También se avanzará si la administración logra un mayor seguimiento de las bajas injustificadas y da a los directores la capacidad de sancionarlas, aunque siempre bajo una supervisión que evite abusos en el sistema.

Causan preocupación datos como los ofrecidos ayer en el barómetro de economía urbana de Sevilla: el visado de viviendas protegidas terminadas en Sevilla ha caído en un 75% en el último año. Se arguyen dos causas: los problemas de financiación de los proyectos y el momento de transición que vivimos entre el anterior plan andaluz de la vivienda, que acabó en 2008, y el que ahora se está iniciando, que se extiende hasta 2012. Ambas circunstancias son ciertas. Lo que hay que explicarse es por qué ocurre esto y qué se está haciendo para evitarlo. Lo mejor es analizar la situación presente. A día de hoy, la Consejería de Vivienda de la Junta ha dado calificaciones provisionales para la construcción en Andalucía de promociones por un total de 14.000 VPO. Los promotores han logrado financiación para 6.000 de ellas, han visto rechazados sus planes para otras 3.000 (también se da el caso de empresarios que han terminado por no pedir dinero y han desistido en su empeño) y se han encontrado con que el banco o la caja no les dice ni que sí ni que no en el caso de otras 5.000 VPO. Este último grupo es el más importante. Representa el 37% de las VPO puestas en marcha por ahora y de su resolución depende el que los números cuadren. Lo que está haciendo ahora la Junta es analizar con las entidades financieras cada una de las promociones de VPO paralizadas para buscar una solución específica para cada una de ellas. Si se arreglan estas situaciones singulares, se concluiría que casi el 80% de las viviendas protegidas habrían conseguido la financiación que necesitan. El problema es que no es tan fácil llegar hasta esta cifra, pues los bancos y cajas son muy remisos a avalar operaciones en las que no les garanticen que no terminarán por quedarse con los pisos. Al menos mientras sigan teniendo en su poder más de 70.000 viviendas colgadas por impago de sus clientes y tengan tantas dificultades para deshacerse de ellas.

Hoy es un día muy especial para quienes han luchado en los últimos años por la recuperación de la memoria histórica de este país. Después de años de disputas, han arrancado los trabajos de exhumación de la fosa de Alfacar, el lugar en el que presumiblemente moran los restos mortales del poeta Federico García Lorca. La expectación que han suscitado los trabajos no le puede sorprender a nadie. No se trata de una excavación cualquiera. Lorca no es sólo uno de los poetas más universales que ha dado esta tierra. También es un referente, un símbolo y una de las víctimas más relevantes de la guerra fratricida que sufrió España entre 1936 y 1939. La familia de Lorca no ha accedido a que se exhumen los restos del poeta, pero la búsqueda de los restos de las personas enterradas junto a él tiene en cualquier caso todos los ingredientes necesarios para que adquiera la categoría de noticia internacional. Por esta razón, y por la necesidad de preservar la zona en la que se desarrollarán los trabajos ante posibles excesos mediáticos, la Consejería de Justicia se ha mostrado especialmente meticulosa en el inicio de estos trabajos. Una carpa blindará la excavación de las miradas de los curiosos (o al menos se intentará) y los expertos que participarán en las exhumaciones estarán obligados a trabajar con monos idénticos y a no portar ni teléfonos ni cualquier otro aparato que permita grabar imágenes. Nos parece una decisión correcta si se quieren limitar las posibilidades de que la exhumación de Alfacar se convierta en un espectáculo en el que no se pueda garantizar el respeto debido a los familiares de los fusilados allí. Las conclusiones de las investigaciones se conocerán dentro de tres meses. Será el momento de que las familias decidan si reclaman los cuerpos de sus antepasados para enterrarlos en otro lugar. Los restos de Lorca permanecerán donde reposan desde hace 73 años, respetándose el deseo de sus familiares, que es lo que hay que hacer en estos casos.

El gobierno andaluz aprobó ayer sus cuentas para 2010, un presupuesto “complejo y difícil” en palabras de la consejera de Economía, Carmen Martínez Aguayo, que llegará el viernes al Parlamento andaluz para su aprobación en un escenario de crisis, con una tasa de paro cercana al 23% y la previsión de Funcas –la Fundación de las cajas de ahorro– de que no se producirá una reactivación del mercado laboral, al menos hasta 2011. De hecho, en 2010, la Junta prevé la destrucción de otros 50.000 puestos de trabajo en Andalucía. En ese sentido cabe destacar el esfuerzo del ejecutivo autonómico por mantener, e incluso incrementar en un 2,3% las partidas destinadas a gasto social y en un 9% las políticas activas y de promoción del empleo. Es importante también que el ejecutivo haya hecho un esfuerzo por mantener el gasto en sanidad y aumentar –la subida es mínima, pero subida al fin y al cabo– las partidas en Educación y las destinadas a investigación y desarrollo. Es preocupante el aumento del endeudamiento y genera incertidumbre el descenso del 7% en la inversión pública, que caerá hasta los 7.112 millones de euros. Como consecuencia, proyectos estratégicos de infraestructura como los tranvías públicos de la Gran Sevilla se verán ralentizados por la necesidad de encontrar financiación privada para poder culminarlos y el cambio en las condiciones de adjudicación para rentabilizar los transportes. Y no será fácil que, en la actual coyuntura y con el grifo del crédito cerrado, la Junta encuentre entidades financieras y empresas dispuestas a confiar sus fondos en un escenario en el que la confianza aún no ha vuelto con fuerza al sector financiero. El mensaje de austeridad, con importantes recortes en sueldos y la contención del gasto corriente es positivo, aunque es necesario un mayor esfuerzo en contener las cargas impositivas y, sobre todo, luchar contra el fraude fiscal y la economía sumergida.

La Guardia Civil detuvo ayer al alcalde de Santa Coloma de Gramenet, Bartomeu Muñoz y a dos ex altos cargos de la Generalitat en gobiernos de Jordi Pujol, Maciá Alavedra y Lluís Prenafeta, en una operación ordenada por el juez Baltasar Garzón, relacionada con el blanqueo de dinero, cohecho y tráfico de influencias. En dicha operación han sido detenidas otras siete personas, entre ellas el concejal de Urbanismo del municipio y el diputado socialista catalán Luis García y no se descartan nuevas detenciones en éste u otros municipios catalanes en los que podría haberse blanqueado dinero con operaciones urbanísticas. En esta operación, como en otras relacionadas con la corrupción urbanística en España, es fundamental que la Justicia llegue hasta el final, caiga quien caiga, y que los poderes públicos pongan a su servicio los instrumentos necesarios para culminar con éxito las investigaciones. La corrupción en la política es inadmisible y, salvaguardando los derechos legales y la presunción de inocencia, los partidos deben actuar con contundencia si existen evidencias de que algún cargo público haya podido aprovecharse de su situación de privilegio para enriquecerse personalmente o dar dinero a otros. Así lo han entendido el PSC, que ha procedido inmediatamente a relevar al alcalde de Santa Coloma, no así CIU, que se ha enrocado en la presunción de inocencia para no tomar medida preventiva alguna contra sus militantes. La intolerancia ante la corrupción debe ser la bandera de los gobiernos para no perder el crédito de la ciudadanía y así lo deben entender los partidos políticos. Así lo entiende al menos un juez como Baltasar Garzón que con esta operación ha desmontado todos los argumentos y ataques del Partido Popular contra su persona por el escándalo de la trama Gürtel. Todos los partidos deben hacer frente común para erradicar a los corruptos. Sólo así se fortalecerá la democracia.

El presidente de la Junta, José Antonio Griñán, ha esbozado ya las líneas esenciales de uno de los objetivos que se marcó en su discurso de investidura: la reforma de la Administración autonómica. El presidente tiene en mente una primera medida: la mejora de la administración periférica mediante la reducción a la mitad del número de delegaciones provinciales (de las 112 actuales pasarían a poco más de 60) y, a la misma vez el reforzamiento del papel de los delegados del Gobierno andaluz en cada provincia, cuyo rango se equipararía al de los viceconsejeros y que pasarían a ser los rostros visibles de la Junta en sus demarcaciones. El empeño no es fácil. España no es un país en el que se conozcan antecedentes de reformas que hayan adelgazado y agilizado las estructuras administrativas de poder. Así que no sería extraño que un plan de estas características generase reticencias e inercias contrarias tanto desde el ámbito político como desde el funcionarial. Dicho esto, conviene subrayar que, como dice explícitamente el presidente de la Junta, “esto es lo que nos demandan los ciudadanos”. En efecto, el grueso de la opinión pública reclama que se mejoren unas estructuras que en demasiadas ocasiones no responden con eficacia al servicio público que deben prestar. Las Administraciones corren el peligro de anquilosarse y de convertirse en inmensas máquinas burocráticas con escasa capacidad de movimiento y de respuesta a los requerimientos de sus ciudadanos. Este plan de descentralización y aligeramiento del organigrama de la Junta responde a la necesidad de adaptarse a las nuevas necesidades de una sociedad que cambia día a día y requiere de respuestas más flexibles. Sólo habría que pedir dos cosas: que el plan se ejecute en tiempo y forma (dicho de otro modo: que no se eternice su aplicación) y que venga además acompañado con esfuerzos serios en torno a la implantación en Andalucía de la denominada Administración electrónica, un pilar todavía más esencial para la mejora del servicio público.