El tiroteo registrado ayer en la región de París entre un grupo de pistoleros etarras y gendarmes de la Policía Francesa supone una vuelta de tuerca en el acoso y hostigamiento de la banda en el país vecino. Por primera vez, un policía galo ha muerto asesinado a manos de ETA. La muerte de Jean-Serge Nérin, un agente de 52 años y padre de cuatro hijos, constituye un punto de inflexión en la lucha antiterrorista y debe reafirmar la apuesta del Gobierno galo por hacer de Francia un territorio inhóspito para los activistas de la banda.

Sarkozy dijo ayer que los autores del crimen serán severamente castigados. Y la experiencia de los últimos años dicta que será así. Ya nada será igual para una organización que hasta no hace tantos años consideraba a Francia su santuario, un refugio en el que preparar sus acciones y al que huir después de la comisión de sus atentados. La inacción gala forma parte de un pasado que es mejor no remover.

Francia ya sabe lo que es sufrir el terrorismo de ETA en carne propia y, como señaló ayer Alfredo Pérez Rubalcaba, el asesinato sólo logrará que haya todavía más colaboración entre ambos gobiernos. Algo que incluso ha obligado a la banda a buscar nuevos refugios (las bases desmanteladas en Cataluña y en Portugal) e incluso a cambiar su modo de operar, acercándolo cada vez más al de las bandas organizadas de delincuentes. El tiroteo del martes es un buen ejemplo de esta transformación. Los pistoleros etarras actuaron en grupo para el robo de unos automóviles como lo habría hecho cualquier banda mafiosa que actúa en Europa.

Cada vez tienen menos diferencias, y si hay alguna destacable, es que mientras que los delincuentes son profesionales del hampa en la mayoría de las ocasiones muy experimentados, los etarras son cada vez en mayor número jóvenes fanáticos sin experiencia alguna reclutados de la kale borroka y cuya carrera criminal dura poco tiempo y siempre acaba en el mismo lugar: en la cárcel.

Una de las virtudes esenciales de la denominada Ley para la Muerte Digna, aprobada ayer por la tarde en el Parlamento andaluz, es el alto grado de consenso alcanzado en su tramitación. Ayer, sólo el PP mostró algunas objeciones a la ley, pero fueron puntuales (la objeción de conciencia de los médicos y la composición de los comités de ética de los hospitales) y no impidieron que la norma saliese por unanimidad.

El consenso es más valioso si cabe por la singularidad de lo que se aprobó ayer: una ley pionera en el sistema sanitario español que hará prevalecer el derecho del paciente terminal a paralizar cualquier tratamiento terapéutico o paliativo, aunque la interrupción ponga en peligro su vida. Hasta ahora, este derecho se regulaba por la aplicación de las leyes generales sanitarias y de los códigos deontológicos de los profesionales sanitarios, pero esta regulación no impedía que se produjesen situaciones muy tensas en las que un paciente se veía obligado a soportar un tratamiento doloroso que no hacía más que prolongar su agonía. Abría una puerta a la discrecionalidad que provocaba situaciones incluso cruentas.

El caso más paradigmático que se vivió en Andalucía fue el de la granadina Inmaculada Echevarría, que tuvo que ser trasladada del hospital de una orden religiosa a uno público para que se autorizara la desconexión de la ventilación mecánica que la mantenía con vida. Pero ha habido muchos más. Y por eso es por lo que la Junta de Andalucía se ha embarcado en la tramitación de esta ley. Un texto jurídico que lo que hace es regular toda la casuística que nace de estas situaciones y que lo único que aspira es a garantizarle al enfermo una muerte digna. No se trata de promover la eutanasia activa, una conducta tipificada en el Código Penal, sino de dotar de derechos y garantías a los pacientes terminales. Algo que, a pesar de lo que señala la Iglesia, sí es una demanda social que merecía ser atendida.

Tras la celebración en el Museo Arqueológico de Sevilla de la exposición en la que se mostraba el tesoro del Carambolo, este vasto patrimonio tartésico ha vuelto a la cámara acorazada del banco en el que ha estado depositado las últimas décadas. El Ayuntamiento ha mostrado su intención de exhibirlo de modo permanente en una sala consistorial y ha encargado sendos informes técnicos sobre la seguridad de las estancias capitulares. Pero la realidad es que el tesoro sigue donde estaba. Y que detrás de este retorno a la cámara acorazada se sustancia un conflicto de competencias entre el Ayuntamiento y la Junta que en nada ayuda a decidir qué se hace con el tesoro. El Ayuntamiento entiende que debe exhibirse en una dependencia municipal y la Consejería de Cultura opta por su exposición en el Arqueológico, un museo que estará en rehabilitación hasta el año 2013. En realidad no hay tanta disparidad de criterios, pues la delegada de Cultura, Maribel Montaño, ha aceptado ya que se exponga en el Arqueológico cuando sea rehabilitado, pero las diferencias se mantienen sobre qué hacer en los tres años que restan hasta que finalice la obra. Y aquí es donde insistimos en que el conflicto competencial ha terminado por enquistar el problema. Las dificultades de entendimiento de ambas instituciones en esta materia están derivando en una situación de bloqueo. Ayuntamiento y Junta han tenido tiempo suficiente mientras se celebraba la muestra de los tesoros, con motivo del 50 aniversario de su descubrimiento, para llegar a un acuerdo y trasladar el tesoro directamente desde el Arqueológico a la nueva ubicación. No lo han hecho así, y el resultado es el ya conocido. Cabría preguntarse como conclusión si no sería mejor que todos los responsables de su conservación se esforzaran en buscar un acuerdo sobre el lugar idóneo para guardar el tesoro: si en un banco o en una sede en la que pueda ser admirado por los visitantes.

El PSOE salvó ayer por tan sólo seis votos la subida del IVA prevista para julio. La propuesta del PP logró el apoyo de Convergencia y Unió y de los partidos situados en la izquierda del arco parlamentario, pero los socialistas contaron con el apoyo del PNV y de Coalición Canaria y evitaron la aprobación de una resolución que hubiera anulado la decisión más importante que ha tomado el Gobierno en materia fiscal en el último año. Los populares están en su derecho de intentar tumbar las iniciativas del Gobierno, pero el modo en el que se han empleado para tirar por tierra este incremento, incluso con alusiones a la rebelión, no parecen las más acertadas en el juego democrático. En cuanto al PSOE, se libra in extremis de una derrota muy dolorosa, pero necesitará aún más mano izquierda en las negociaciones para evitar nuevos reveses parlamentarios.

El Consejo de Gobierno de la Junta aprobó ayer el Reglamento de Disciplina Urbanística, una norma que permite a los ayuntamientos decidir en un solo mes la demolición de aquellas construcciones que se consideren manifiestamente ilegalizables. Con estos derribos exprés, se refuerza la autoridad de los consistorios y se lanza una advertencia a quienes han participado en las numerosas tropelías urbanísticas registradas en la última década: se acabó la impunidad. Hasta que no pase un tiempo prudente no se podrá estimar si el reglamento ha sido eficaz en la lucha contra estas irregularidades, pero es reseñable que se dote a los ayuntamientos de este instrumento legal, pues así también se acabará con la sensación generada de que entre que se inicia un procedimiento de demolición y se consigue derribar una casa pueden pasar años.

La prueba más fehaciente del éxito del uso de las bicicletas en Sevilla de estos últimos años es el día a día de la ciudad. Antes, quien utilizaba este medio para desplazarse era una rara avis, un elemento casi exógeno al mapa de transportes de la capital andaluza. Ahora ya no. Ahora lo excepcional se ha convertido en cotidiano. Lo certifican los datos de la Oficina de la Bicicleta, organismo que hace hincapié en que los desplazamientos en este medio en jornadas laborables se han multiplicado por diez en los últimos años. Para ser exactos, si en 2006 usaban a diario la bicicleta en la capital unas 6.000 personas, ahora la utilizan cerca de 70.000, lo que equivale al 5% de los traslados totales. Como dice Ricardo Marqués, presidente de la asociación ciclista A Contramano, se trata de un caso de estudio, y de hecho la experiencia hispalense se analizará con profusión de detalles en un próximo congreso sobre movilidad que se celebrará en Copenhage. No es la primera vez, pero merece la pena destacarse una vez más que este éxito no surge de ningún movimiento espontáneo, sino que es el fruto de una apuesta decidida que se ha traducido en la habilitación de una red de carriles bici cuya extensión supera ya el centenar de kilómetros y en la puesta en marcha de un servicio de bicicletas –Sevici– que cuenta con 25 estaciones y 2.500 vehículos. El éxito de la bici en Sevilla tiene unos padres, el PSOE y especialmente Izquierda Unida, y es justo reconocerles la autoría del plan y los esfuerzos que se han hecho para vencer las reticencias y el escepticismo que despertaba el proyecto. Dicho esto, hay que evitar cualquier atisbo de autocomplacencia. Ni todo es idílico ni por supuesto se trata de un proyecto que se puede dar ya por cerrado. Hay problemas, sobre todo en las obras para la construcción de nuevos carriles bici. Y aún queda mucho por hacer para extender el servicio y mejorar las prestaciones de un servicio que los sevillanos ya han hecho suyo.

Retoma con fuerza una idea extendida en el ambiente político y económico español justo en los días de Navidad. ¿Debe mantenerse en la presidencia de la Patronal una persona que está demostrando tan poca habilidad para resolver sus problemas financieros? Le pasó en ese momento a Gerardo Díaz Ferrán por el cierre de su compañía aérea, Air Comet, y le vuelve a suceder ahora por la decisión del Ministerio de Economía de disolver su empresa de seguros. Con estos antecedentes inmediatos, cómo no va a resurgir un debate de estas características. Como líder de la CEOE, este segundo cierre en menos de tres meses le resta a Díaz Ferrán legitimidad para la negociación del diálogo social con sindicatos y Gobierno. La incapacidad que ha demostrado para cumplir con sus obligaciones no es la mejor tarjeta de visita que puedan tener los empresarios españoles. Más bien al contrario.

El Teatro de la Maestranza ha agotado las entradas puestas a la venta para Turandot, cuyas representaciones arrancan este jueves, y también tiene el billetaje agotado de la siguiente ópera que tiene programada, La Traviata. La respuesta a ambas producciones es un ejemplo más de la aceptación de la oferta del primer espacio escénico de la capital andaluza. Viene bien recordarlo ahora que, por mor de la crisis que padecemos, los gestores de este coliseo cultural tienen que esforzarse aún más en conciliar las inexcusables restricciones presupuestarias con los estándares de calidad que han llevado al Teatro a la posición de privilegio que ocupa en la cultura española. Eso sí, sin desdeñar el equilibrio mostrado hasta ahora, que ha permitido tanto el disfrute de estas obras como el de piezas ajenas al repertorio clásico que le dan una seña de identidad propia al Maestranza y lo sitúan en el mapa internacional.

El PSOE de Andalucía ha regresado al esquema de dirección política que ha mantenido durante los últimos 16 años. El presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, es desde la tarde del viernes el nuevo secretario general de los socialistas andaluces. Acaba así un periodo de bicefalia –Griñán en el Gobierno y Chaves en la Ejecutiva– en el que surgieron desencuentros que se trasladaron a la opinión pública y obligaron a anticipar la celebración del Congreso extraordinario.

Ni Chaves ni Griñán aludieron a las razones de este adelanto, pero esta falta de explicaciones no empaña el ejercicio de sucesión tranquila al que asistieron los delegados presentes en el Palacio de Exposiciones de Sevilla. Chaves y el que ha sido hasta ahora número dos de la organización andaluza, Luis Pizarro. han dado una muestra más de su madurez política y han cedido el testigo a Griñán sin que se hayan producido disensiones de calado.

El nuevo secretario general tiene ya el escenario que reclamaba. Controla las dos columnas sobre las que pivota el poder político en Andalucía desde hace 30 años y tiene las manos libres para modelar las estructuras de una y otra para adaptarlas a los cambios que exige la ciudadanía. Griñán cuenta con el respaldo abrumador de sus compañeros, que le dieron un apoyo unánime e histórico.

Pero ese voto de confianza se ligará a su gestión, y en especial a cómo sepa afrontar los desafíos más sustanciales a los que se enfrenta en el ámbito institucional y en el orgánico. Tiene un doble reto: la adopción de medidas adecuadas para adelantar los tiempos de la recuperación económica y la propia reforma de la Administración autonomica, que padece gigantismo hasta el punto de perder su nivel de calidad y eficacia en la prestación de los servicios públicos. Y, de otra parte, debe ser capaz de atraer de nuevo al PSOE a quienes forman parte de ese núcleo de ciudadanos progresistas que experimentan el desafecto de la política, una cierta sensación de hastío y agotamiento que ha derivado en la desmovilización de buena parte del electorado socialista.
A ellos y al resto de la sociedad apeló Griñán este fin de semana cuando destacó la necesidad de que los socialistas apuesten decididamente por retomar su discurso reformista, un ejercicio que requiere decisión y clarividencia cuando se practica dedsde el poder. Hacen falta cambios, y Griñán quiere que los abandere el PSOE, que sigue siendo el partido más apreciado por los andaluces según rezan las encuestas. Por eso su empeño en visualizar una renovación generacional en la nueva ejecutiva, que no ha estado exenta en su composición de un juego de equilibrios territoriales imprescindibles; y también en su propio Gobierno, al que quiere someter a un cambio para ajustarlo al escenario actual. El empeño es ambicioso, pero Griñán ya tiene todos los mecanismos que anhelaba. Hoy lunes empieza un nuevo ciclo, una etapa en la que Griñán asume todas las responsabilidades institucionales y orgánicas. Para lo bueno y también para lo malo.

Este periódico publicaba ayer domingo un reportaje en el que se describían los perjuicios que ocasionan en los ciudadanos la multiplicidad de tarjetas de transportes públicos que se pueden utilizar para trasladarse por Sevilla y su entorno metropolitano. A diferencia de otras grandes poblaciones donde se unifican todas las tarjetas, con lo que eso conlleva de simplificación, aquí en Sevilla ha sido imposible que las tres Administraciones competentes en la materia (el Ayuntamiento por Tussam y el tranvía, la Junta por los autobuses de la corona y Fomento por el Cercanías) hayan llegado a un acuerdo en torno a la tarjeta única. La operación es compleja, pero las instituciones tienen que hacer un esfuerzo mayor del que hasta ahora han hecho para lograr este objetivo, clave para la mejora de la prestación de este servicio público.