El número de parados registrados en las oficinas de los servicios públicos de empleo ha subido en el mes de agosto en 61.083 personas, lo que supone un 1,5% más respecto a julio, cuando el desempleo cayó en 73.790 personas gracias sobre todo a los contratos temporales. Los datos de agosto acaban así con cuatro meses seguidos de descenso. En total, la cifra de parados en España en la actualidad se sitúa al borde de los cuatro millones (3.969.661). Además, la Seguridad Social perdió 131.858 afiliados en agosto, tras seis meses consecutivos de aumento. Agosto es tradicionalmente un mes de caída del empleo y entra dentro de lo previsible el comportamiento actual, mejorado incluso por unos signos que denotan cierta estabilización del mercado laboral porque el desempleo empieza a crecer a un menor ritmo, similar a las cifras que se daban antes de la crisis en la que se disparó la tasa de desempleo. No es nuevo que el Gobierno diga que en los próximos meses los datos mejorarán y la realidad es que hoy en España, 2.000 personas siguen perdiendo su trabajo cada día. Los sindicatos, por su parte, han aprovechado el mal dato para subrayar los efectos negativos de la reforma laboral aprobada por el Gobierno. Es cierto que dicha reforma no reflejó un aumento de la contratación indefinida el mes pasado, pero un país como España, que dobla la tasa de paro de la Unión Europea, está obligado en la actual coyuntura a reordenar su mercado de trabajo para poder afrontar con más garantías la recuperación. Dicho esto, la reforma no debe servir para abrir la puerta a la precarización del empleo y la pérdida de derechos de los trabajadores. El Gobierno está obligado a tomar medidas para rebajar el déficit público y acelerar el crecimiento, pero es cierto que si la reforma no comienza a traducirse en la reactivación del empleo indefinido habrá que tomar nuevas decisiones de acuerdo con los agentes sociales.

El magistrado Javier González, que debía presidir el jurado popular que juzgue la muerte y presunta violación de Marta del Castillo, ha echado por tierra el trabajo de su antecesor, el juez instructor Francisco de Asís Molina y un año después ha ordenado que sea un tribunal profesional el que se encargue de juzgar a los acusados por el horrible crimen que conmocionó a Sevilla tras su desaparición y muerte el 24 de enero de 2009. El magistrado entiende que Miguel Carcaño, autor confeso de la muerte de Marta, tenía como fin último violar a la joven, por lo que el caso no debe ser juzgado por un jurado popular tal y como dictaminó el juez instructor y ratificó posteriormente la Audiencia Provincial. Así las cosas, la tramitación judicial del caso sufrirá un nuevo retraso que se acumula a las distintas recusaciones de jueces realizadas por las defensas y que han provocado que aún no haya fecha para el juicio, 20 meses después de que ocurrieran los hechos. Es cierto que la versión de lo ocurrido podría prestarse a distintas interpretaciones jurídicas. De hecho, las defensas de los cuatro acusados mayores de edad han intentado continuamente demorar el proceso y provocar un escenario favorable a sus defendidos. Ni que decir tiene que están legitimados para ello y que el Estado de Derecho avala cuantas acciones legales emprendan para proteger a los acusados. Existe, sin embargo, una familia destrozada que casi dos años después aún no puede llorar a su hija ni enterrarla en paz porque no ha sido posible hallar el cuerpo. La herida abierta de los padres de Marta exige que, siempre dentro de la estricta legalidad y el Estado de Derecho, se tomen las medidas jurídicas para no demorar más un caso que ha provocado tanta alarma social y que mantiene al principal acusado en prisión preventiva. Ya es hora de que hable la Justicia, por el dolor de la familia y por la garantía de los derechos de todos los implicados en el caso.

La Policía Local de Sevilla es noticia estos días por la investigación interna abierta por el Ayuntamiento tras la aparición de amenazas y anuncios de boicot, que según el Consistorio se han vertido desde un foro en internet en el que supuestamente se intercambian mensajes los miembros del sindicato profesional de la Policía Local (Sppme). La gravedad del asunto ha obligado a la alcaldía a anunciar la modificación del plan de seguridad de la beatificiación de Madre María Purísima en el Estadio Olímpico, al que acudirán unas 60.000 personas y al que se le añade una procesión extraordinaria de la Macarena desde su basílica hasta el estadio la madrugada anterior. El conflicto tiene ramificaciones en sendas investigaciones abiertas por la Policía Nacional por incidentes protagonizados por un miembro del sindicato local en la etapa inicial de la Vuelta Ciclista a España y por la denuncia interpuesta por un agente Local contra sus propios compañeros por haber recibido amenazas y coacciones para no hacer horas extra. La ausencia del cobro de esas horas extra motivada por los recortes municipales se sitúa en el origen de este conflicto, del que el sindicato profesional se ha desvinculado públicamente al negar rotundamente haber inducido a amenazas o actos vandálicos. La Policía Local de Sevilla es una de las mejores de España. No en vano lleva años gestionando sin apenas incidentes la realización de eventos multitudinarios en las calles de Sevilla. Quizá por eso resulte fundamental que ningún miembro del cuerpo, parapetado en las legítimas reivindicaciones laborales de los agentes municipales, las utilice para coaccionar a compañeros o poner en peligro a los ciudadanos con acciones que comprometan la seguridad de las personas. El sindicato debe canalizar las negociaciones y condenar cualquier amenaza o coacción a compañeros. El Ayuntamiento y la Justicia, por su parte, deberán llegar hasta el final si se confirman los indicios.

La operación de tráfico de verano que acaba de culminar se ha saldado con 364 víctimas mortales en las carreteras, la cifra más baja desde el año 1962, sin olvidar que hace 48 años el número de vehículos y de conductores era mucho menor que el de ahora. El balance total supone un 4,2% menos de fallecimientos por accidentes en la carretera que en el año 2009, un porcentaje que no ha dejado de bajar en los últimos años salvo el repunte aislado de 2007. Cada vez son menos los conductores que se dejan la vida en las carreteras españolas, aunque nunca debamos perder la perspectiva de que el fallecimiento de 364 personas sigue suponiendo una tragedia ante la que no cabe la relajación ni la autocomplacencia. En Andalucía, los datos han sido aún mejores porque la operación se ha saldado con 65 muertos menos, lo que supone una bajada del 20% respecto al mismo periodo de 2009. Las cifras globales también dejan entrever datos interesantes como que en agosto ha descendido por primera vez la cifra de 200 muertos (188) o que se ha producido un fuerte descenso de la siniestralidad entre los jóvenes, en concreto en el tramo comprendido entre los 15 y los 24 años. La DGTdebe continuar con esta senda que ha logrado rebajar 481 muertos en una década. Baste el dato de que en 2003, el número de muertes en carretera fue de 838 y este año ha sido de 364. El carné por puntos, la limitación de velocidad, la mejora de las carreteras nacionales y la eficacia de la labor de la Guardia Civil de Tráfico se revelan esenciales para continuar arañando vidas a la tragedia anual de la siniestralidad en las carreteras. Junto a ello, las campañas de concienciación deben continuar, sobre todo las relativas al uso del cinturón de seguridad y los sistemas de retención en el caso de los menores, tramo en el que la mortalidad ha experimentado un repunte. Salvar vidas en la carretera es tarea de todos, pero sobre todo de nosotros mismos.

El plazo de alegaciones a los trazados de las líneas 2, 3 y 4 del Metro de Sevilla concluyó ayer. La Consejería de Obras Públicas de la Junta, responsable del proyecto, ha recibido en estos dos meses numerosas sugerencias ciudadanas, de organizaciones y partidos políticos sobre los actuales proyectos, lo que dice mucho de la trascendencia que tiene para la ciudad la culminación de una red de transporte subterráneo que dé servicio a los vecinos de los barrios y estos queden conectados con el centro de la ciudad. Finalmente, el Ayuntamiento de Sevilla ha presentado alegaciones a través de Tussam para que la estación principal del centro se construya en la Plaza de la Encarnación, bajo el proyecto Metropol Parasol que se edifica en la actualidad y donde la Consejera de Obras Públicas, Rosa Aguilar, ya ha dicho que no cabe técnicamente. Es de sentido común que una de las paradas de Metro del Centro se construya donde se ubica el proyecto de las setas, definido por el Ayuntamiento como un hito arquitectónico que supondrá el mayor polo de atracción turística de la zona norte del Casco Histórico. Las previsiones de la Junta, sin embargo, pasan por hacer la estación en la Plaza del Duque, muy cerca de la Encarnación. Lo importante, en cualquier caso, es que la nueva red de Metro genere debate –como así ha sido– y que se incorporen al anteproyecto definitivo las sugerencias que supongan una mejora sustancial de la nueva red de transporte. Y debe hacerse de acuerdo con unos parámetros fundamentales: que esas mejoras no comprometan los plazos de ejecución y que no disparen el coste de las obras hasta el punto de que sea inviable en la actual coyuntura de crisis el poder terminar los trazados. La administración andaluza debe completar para Sevilla el mejor Metro posible, subterráneo en su mayor parte y con unos costes y plazos de construcción ajustados a la realidad y a la demanda de los sevillanos para un transporte esencial.

La Asociación Alcentro, que aglutina a un nutrido grupo de comercios del Casco Histórico ha denunciado la proliferación de grafitis en los escaparates y persianas de varios establecimientos del centro de la ciudad. El asunto no es nuevo, aunque los últimos incidentes se han visto agravados porque los autores utilizan ácido corrosivo para elaborar sus pintadas, lo que supone un grave daño para las personas y los materiales que entren en contacto con estas sustancias. El Ayuntamiento dispone ya de una ordenanza antivandálica que contempla sanciones para los autores de actos vandálicos, que son solidarias en favor de los padres de los autores si estos son menores o insolventes. Pero las últimas actuaciones con ácido conllevan una responsabilidad penal y no un castigo administrativo. Hay que hacer cumplir la ordenanza y, sobre todo, la ley.

El asesinato de cuatro israelíes junto a la ciudad cisjordana de Hebrón se produjo ayer mientras el Primer Ministro israelí, Benjamín Netanyahu y el Presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmud Abás, viajaban a Washington para iniciar un nuevo proceso de paz. Es la peor noticia para intentar avanza en un plan que vuelve a nacer herido, si bien pocos eran los que apostaban por lograr pasos tangibles. La mediación de Estados Unidos es fundamental para arrancar compromisos. Un hito sería el de frenar la construcción de viviendas de colonos, lo que supondría un punto de inflexión después de 20 meses de parón en la negociación. Las esperanzas son pocas, pero mientras quede alguna hay que seguir apostando por la paz entre los dos territorios y por la cesión de ambos para conseguir estabilidad y prosperidad en Oriente Medio.

La decisión del Ministerio de Medio Ambiente de deslindar –o expropiar sin compensación– toda la franja litoral y de dunas del Parque Nacional de Doñana desde Sanlúcar de Barrameda hasta Matalascañas ha abierto un nuevo frente entre el Gobierno central y el autonómico respecto a las competencias de protección y gestión del parque natural.
En la práctica, esta decisión que en breve se oficializará mediante su publicación en el BOE, significa dejar sin competencias a la Junta de Andalucía sobre más de 9.000 hectáreas del parque cuya titularidad le fue refrendada por el Constitucional. Lo cierto es que la Ley de Costas constituye desde su aprobación hace más de veinte años un motivo de discrepancia no manifiesta sobre las competencias de las autonomías con territorio litoral. Y Doñana no escapa a este proceso, que se halla ya al 95% en su aplicación. Al declarar las playas del parque de dominio público marítimo-terrestre el Ministerio otorga a ese área el mayor blindaje medioambiental del país. Singularmente llamativo resulta, sin embargo, que este trámite previsto en la Ley de Costas haya ido, precisamente en Doñana, mucho más lejos: lo que en el resto de las playas españolas no va más allá de una delgada línea de costa, en el parque natural andaluz se adentra casi cinco kilómetros hacia el interior, porque considera que todo el cinturón de dunas móviles de Doñana forma parte del mismo sistema que la playa, de modo que requiere la misma rigurosa protección.
La Junta, que ayer mostró su descontento con los términos de este deslinde, entiende que las discrepancias con el ministerio son puramente formales, dado que ambas administraciones persiguen la máxima protección para el parque natural. Pero esta medida, que causa en primer lugar sorpresa al tratarse de un proceso no dialogado y que responde a una decisión inédita al expropiar por primera vez terrenos no incluidos en la línea costera, denota cuanto menos una desconfianza en la gestión autonómica del parque que el Ministerio debería explicar para tranquilidad de los andaluces y de su Gobierno. El Parque de Doñana es un espacio protegido en el sentido más estricto de la palabra. Es atendido, preservado y mimado política y socialmente en esta comunidad.
Con toda seguridad, dejar a la Junta sin competencias sobre esta franja de Doñana tendrá una justificación jurídica suficiente, pero ello no significa que se trate de una medida necesaria. ¿Se cuestiona con ella el celo que las autoridades andaluzas ponen en su misión de proteger el parque? ¿Qué urgencia impele al Ministerio a expropiar estos terrenos en plenas vacaciones? ¿No ha demostrado sobradamente Andalucía su gestión responsable y comprometida histórica y políticamente con Doñana?
Que se sepa, sólo hay sobre la mesa algunas iniciativas menores de ayuntamientos de la zona como la de unir Matalascañas y Sanlúcar con una vía para todoterrenos que evite el rodeo del parque, y no parece probable que se haya singularizado el deslinde para evitarlo. Porque nadie niega que se han producido tropelías urbanísticas intolerables, pero, tratándose de Doñana, Andalucía merece una aclaración porque este proceder excede lo razonable.

Los retos que tiene por delante el gobierno local en la recta final de su mandato suponen un arma de doble filo que puede condicionar de forma determinante la opinión de los sevillanos respecto a las próximas elecciones municipales del mes de mayo. El PSOE está obligado a impulsar desde esta misma semana a su candidato a la alcaldía, Juan Espadas, que tendrá que encontrar su espacio junto al actual alcalde, Alfredo Sánchez Monteseirín, enfrascado actualmente en la vorágine de obras y proyectos para poder concluir a tiempo y hacer rentable electoralmente su modelo de ciudad. Mientras, el candidato a la alcaldía por el PP, Juan Ignacio Zoido, con todo su electorado movilizado, intentará arañar los votos necesarios para alcanzar una mayoría absoluta que le permita gobernar y que, a día de hoy se antoja complicada, aunque no imposible. La crisis económica lo inunda todo, también la política local, y ha supuesto un importante deterioro de la marca PSOE. Quedan aún nueve meses para las elecciones que servirán de termómetro para las autonómicas y generales de 2012 y los socialistas están obligados a motivar a su electorado, desmovilizado por la situación económica y las altísimas tasas de paro. En clave local, el nivel de realización de los proyectos de ciudad en marcha será fundamental para comprobar si el PSOE recupera el crédito. Dos cuestiones resaltan hoy por su especial complejidad y sensibilidad ciudadana: las obras de la Encarnación y el plan de restricción de los vehículos privados al centro, un proyecto bienintencionado pero más propio de un gobierno que estrena mandato que de otro que se halla en la recta final. El alcalde, mientras lo sea, deberá seguir gobernando. Lo contrario no sería lógico. pero dificultará el espacio para el candidato Juan Espadas, más aún cuando el PP estará atento para intentar aprovechar cualquier error que cometan los socialistas en este difícil equilibrio hacia la alcaldía de Sevilla.

Las reacciones de condena al gobierno de Nicolás Sarkozy por la deportación masiva de gitanos practicada en Francia suma y sigue, si bien el ejecutivo no ha paralizado sus planes de expulsar a un millar de personas de etnia gitana a sus países de origen. A los pronunciamientos de rechazo de Naciones Unidas y del propio Vaticano –que llegó a comparar la expulsión con el Holocausto– se suma ahora la denuncia ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea que presentará la Unión Romaní de España por tratarse de una “clara vulneración de las leyes francesas, así como una “violación del ordenamiento jurídico europeo en la defensa de los derechos humanos”. El problema es que Francia no es el primer país europeo en tomar una iniciativa de este tipo. Italia ya inició un proceso de expulsión de personas de etnia gitana que vivía en poblados y asentamientos marginales y mantiene una política de persecución contra el pueblo romaní inconcebible en el actual régimen de libertades, democracia y consolidación de los derechos humanos en el marco de la Unión Europea, que haría bien en tomar una actitud enérgica contra estas actuaciones y crear una comisión que estudie estos casos en los que quedan pisoteados derechos fundamentales de un pueblo históricamente castigado. Es obvio que en la comunidad gitana todos deben avenirse al cumplimiento de las leyes, con los derechos y obligaciones que conlleven en su país de residencia, pero la demonización de un colectivo en permanente riesgo de exclusión y su expulsión para alejar el problema sólo consigue la degradación de la sociedad cuyo gobierno toma estas decisiones que atentan contra la libertad y la democracia. Andalucía, ejemplo de integración de la cultura gitana, podría ser referencia para estos países que debieran dedicar esfuerzos a la formación e incorporación del pueblo romaní en lugar de deshacerse de ellos en una vergonzante muestra de intolerancia.