La Junta de Andalucía ya ha desvelado por fin cómo piensa asumir el mayor recorte nuestra historia autonómica tal y como le exige el Gobierno central para cumplir con la reducción del déficit, y la primera sorpresa es que el ajuste va a ser mayor de lo esperado y se eleva a los 3.500 millones de euros. El Ejecutivo andaluz apunta a esta cifra porque da por hecho que va a tener 1.000 millones menos de los ingresos que tenía presupuestados, de ahí también que incremente los tramos autonómicos de determinados impuestos (como el IRPF o la gasolina) para recaudar una cantidad similar. Equilibrado este capítulo, la Junta ha asumido una reducción de gasto de 200 millones de euros, con lo que el grueso de medidas van encaminadas a recortar los 2.500 millones restantes. Aquí los principales ajustes se consiguen machacando el presupuesto para infraestructuras (se recortan 571 millones en Fomento, con lo que conlleva de destrucción de la inversión y pérdida de empleo y actividad económica) y, sobre todo, obligando a los trabajadores públicos a asumir un sacrificio extra, ya que a los funcionarios se les incrementa el horario en dos horas y media semanales y se les reduce el salario un 6% (a los interinos se les recorta la jornada y el sueldo un 15%), a lo que hay que sumar que, como el resto de ciudadanos, también sufrirán el aumento de impuestos. Con estas medidas se consigue la mayor partida de ahorro (777 millones) y sobre todo, y a eso se ha agarrado la Junta, se evita el despido de muchos trabajadores que no tienen su plaza en propiedad. Junto a esta protección del empleo, el Gobierno andaluz resalta que no se han tocado las políticas sociales, especialmente sanidad y educación. La Junta, muy crítica con los recortes del PP, demuestra así que se pueden hacer ajustes salvando el grueso de nuestra red social, lo que no quita para que al final sean los ciudadanos (sobre todo los funcionarios andaluces) los que hagan posible esto asumiendo nuevos sacrificios.
El Consejo Local de IU se ha posicionado en contra del nombramiento del expresidente del Gobierno Felipe González como hijo adoptivo de Sevilla, mandatando en este sentido a su grupo municipal para que no apoye esta iniciativa. A la espera de ver la reacción al respecto de González, que en anteriores ocasiones había reclamado la unanimidad de todos los grupos municipales para aceptar este reconocimiento, vaya por delante que IU tiene toda la legitimidad para apoyar o rechazar este tipo de nombramientos, pero esto no quita para que sus argumentos para oponerse parezcan ya superados por los tiempos actuales. La coalición de izquierdas le reprocha al expresidente que durante su Gobierno “se empezaron a aplicar las políticas capitalistas neoliberales más regresivas”, criticando especialmente las reconversiones industriales que acometió y sus reformas laborales, que le costaron la convocatoria de tres huelgas generales en sus 14 años en el cargo. Pero donde los reproches de IU tienen un cierto punto de inocencia es en criticar que disfruta de “ingresos personales de magnitudes millonarias” por su pertenencia a consejos de administración de multinacionales “que han contribuido directamente a la crisis social y económica”. O en dar por hecho que hay en Sevilla amplios sectores sociales, “fundamentalmente de trabajadores”, que se oponen a este nombramiento, cayendo en la misma mera especulación que atribuye a los que dan por hecho que la declaración de hijo adoptivo ha sido bien acogida por la ciudad. Al margen de argumentos ideologizados un tanto fuera de lugar al tratarse de una distinción de este tipo, IU ha juzgado a González como si fuera a enfrentarse a Julio Anguita y no hiciese ya 16 años que dejó la primera línea política. De esta manera, demuestra una cortedad de miras que le impide reconocer el papel que jugó para modernizar Sevilla gracias a la Expo, pero sobre todo para consolidar la recién nacida democracia en unos años muy duros.
Nada menos que 30.000 millones de euros tendrán que poner de manera adicional las entidades financieras españolas para cubrir los créditos sanos relacionados con el sector inmobiliario, es decir, los que tienen el cobro garantizado, ya que para afrontar sus activos más tóxicos ya tuvieron que hacer una provisión con anterioridad. Pese a estas garantías que impone la reforma financiera aprobada el pasado viernes, los mercados volvieron a reaccionar ayer de manera negativa en lo que se ha interpretado como una señal de desconfianza a una normativa que, a su juicio, se queda corta por la desconfianza que ya genera nuestro sector financiero. Aunque en la subida de la prima de riesgo española, que ayer alcanzó su máximo de la era euro, también ha tenido mucho que ver la situación en Grecia (con rumores sobre su salida del euro que provocaría una crisis con graves repercusiones para España), las provisiones de fondos que han tenido que hacer las entidades españolas dan buena cuenta de los débiles pilares sobre los que se asentaba nuestra economía. Con su apuesta desmesurada por el ladrillo, bancos y cajas sentaron las bases para debilitar sus propias estructuras en cuanto estalló la burbuja inmobiliaria. Y aunque el Gobierno siempre ha defendido la solvencia de las entidades españolas, es evidente que no son tan fuertes como señalaban los tests a los que se sometió al sector en varias ocasiones. Así se entendió siempre desde Europa, donde nunca han ocultado su desconfianza sobre la fortaleza del sistema español. La violencia con la que ha estallado la crisis de Bankia demuestra que hay más de un gigante con pies de barro, y que la gestión en muchos bancos ha sido calamitosa (sin asunción de responsabilidades en la mayoría de los casos, por cierto) al centrar su atención en exceso en la construcción, un negocio que parecía el más rentable pero que ha sido una trampa mortal para muchos.
Tras reunirse con el padre de Marta del Castillo, el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, lanzó ayer un mensaje ambiguo: confirmó que la prisión permanente (el equivalente a la cadena perpetua) revisable será sólo para los casos de terrorismo y no, como reclama la familia de la joven, para los agresores sexuales, aunque a éstos sí se les podrán aplicar medidas adicionales como la custodia de seguridad. A la espera de una explicación más detallada, esta medida es también privativa de libertad, lo que en la práctica supondrá endurecer las penas y acercarlas a una cadena perpetua que, por otra parte, no se reconoce. El propio Antonio del Castillo criticó ayer que se están utilizando demasiados eufemismos, y es que el PP ahora mismo es rehén de sus propios compromisos y de la utilización que hizo de casos como éste cuando estaba en la oposición.
El gobierno municipal ya ha empezado a comprobar que sólo con mano dura no se va a acabar con el problema de los gorrillas. Pese a que se han triplicado las sanciones y a que éstas se tramitan con mayor diligencia, es un hecho incontestable que los aparcacoches ilegales siguen campando a sus anchas. Ésta también es la percepción que tiene la asociación vecinal de Bami, que abanderó la lucha contra los gorrillas y a la que el alcalde, Juan Ignacio Zoido, hizo unas promesas que luego no se han concretado, lo que ha propiciado la dimisión en bloque de la directiva entre duras críticas al gobierno local. Zoido inició su mandato haciendo bandera del cumplimiento de las ordenanzas y comprometiéndose a la “erradicación” de los aparcacoches. Es evidente que el problema no lo ha provocado el PP, pero que también sólo con mano dura no lo va a solucionar.
El 15-M ha hecho este fin de semana toda una demostración de fuerza, una exhibición de que el movimiento tendrá sus altibajos pero que sigue contando con el apoyo de miles de personas en toda España. Cuando mañana se cumple un año de las concentraciones que le dieron nombre, la ciudadanía ha vuelto a lanzarse a la calle para recordar que siguen en plena vigencia los problemas que les llevaron a movilizarse, que la población sigue indignada al sentirse víctima de una situación crítica que considera que no propició pero que está sufriendo de manera durísima. Estos días están volviendo a repetirse las consignas que claman por un cambio del sistema, por una regeneración que va más allá de la mera llegada al Gobierno de un nuevo partido. Las protestas que ya se escucharon el año pasado se han reforzado con los recortes acometidos por el PP desde el Ejecutivo central, algunos de los cuales han alcanzado a ámbitos básicos como la salud y la educación justo en el momento en que se ha producido la crisis de Bankia y la nueva reforma financiera, que obligará otra vez a salvar con dinero público el sistema bancario para que no se hunda. Esto ha avivado todavía más la indignación de un movimiento que, salvo actos puntuales como los de estos días, ha dado un paso atrás en su notoriedad para centrarse en aspectos como la lucha contra los desahucios. La principal debilidad del 15-M es a la vez su principal fortaleza: la pluralidad casi cacofónica de voces, la ausencia de un único mensaje. La idea general es cambiar el sistema, pero bajo este objetivo hay tal infinidad de propuestas que hacen difícil la concreción. Un año después la sensación es que el movimiento sigue vivo porque hay motivos más que sobrados, pero que el 15-M ha perdido la ocasión de ejercer una influencia más real y directa, de tener un peso político más contundente para intentar forzar el cambio que reclama la sociedad.
El anuncio en 2009 de que Bruce Springsteen actuaría en el estadio de la Cartuja generó sorpresa y hasta incredulidad, ya que Sevilla no era ni mucho menos parada habitual de las primeras figuras del panorama musical internacional. Tres años después, el Jefe repitió ayer en una capital hispalense ya habituada a este tipo de acontecimientos, siempre saldados con buena nota. Una vez dado el salto a la primera línea, por ahora se está consiguiendo mantener a Sevilla en este complicado circuito en el que cada concierto obliga a una importante inversión, pero que tiene su contrapartida en la promoción de la ciudad y en la llegada de miles de personas, de lo que se benefician hoteleros y hosteleros. En una escala menor, pero también con su público, esta semana llega Judas Priest, lo que certifica que Sevilla está haciendo bien sus deberes musicales.
El Consejo de Ministros aprobó el viernes la cuarta reforma bancaria que acomete el Gobierno en los últimos cuatro años, la segunda del PP tras sólo cinco meses en el poder. Esta nueva vuelta de tuerca busca mandar un nuevo mensaje de tranquilidad tanto a la Unión Europea como a los mercados internacionales, que siguen sin fiarse de la fortaleza de los bancos españoles. Por ello, ahora se les obliga a garantizar no sólo los activos vinculados al ladrillo y comprometidos por ello, sino también los que no tienen incidencias de pago. Rajoy insistió ayer en que esta nueva reforma llega “tarde, mal y a rastras”, y no cerró la puerta a realizar más cambios en todos los ámbitos. Pese a ello, es de desear, por la estabilidad de nuestra economía y del país en sí, que esta reforma sea la definitiva y que al fin se sienten las bases de la recuperación tras cuatro largos años de crisis.
Decía ayer el portavoz socialista en el Ayuntamiento de Sevilla, Juan Espadas, nada más hacerse público el nombramiento de Felipe González como Hijo Predilecto de Sevilla que se saldaba así una “larga deuda pendiente”. Y no le falta razón. Si tomamos como referencia su salida del Gobierno de la Nación, han sido 16 los años que el expresidente ha tenido que esperar para recibir este reconocimiento de su ciudad. Las rencillas políticas, las diferencias ideológicas y las propias aristas del personaje frustraron hasta en tres ocasiones este homenaje. Hoy el popular Juan Ignacio Zoido ha sabido corregir ese error histórico con Felipe González, cuyo trascendencia internacional así como el papel fundamental que jugó durante la Transición son innegables. Sin olvidar además su importantísima contribución en la modernización de España y, sobre todo, de Sevilla con motivo de la celebración de la Exposición Universal de 1992. Desde luego, resultaba incomprensible que en la ciudad que lo vio nacer los únicos tributos a su figura fueran una biblioteca junto al río, sin libros ni materiales, y el que hace escasas semanas le realizó Radio Sevilla. Precisamente las elogiosas palabras del alcalde durante aquel acto –“Felipe González es un hombre de historia, de genio y de ingenio, que transformó España, y Sevilla, gracias a sus sueños de futuro”– ya hacían presagiar que esta vez sí sería posible el acuerdo. No obstante, resulta paradójico que finalmente haya sido un gobierno del PP el que haga factible este reconocimiento. Felipe González siempre puso como condición para aceptar dicha distinción que fuera concedida por unanimidad. Alfredo Sánchez Monteseirín en 12 años no pudo llevar a buen puerto este propósito por el boicot del resto de grupos. En cambio, Zoido lo ha logrado en su primer año. Un gesto que le honra, que acentúa su perfil de hombre de Estado y que además salda una deuda con uno de los hijos de Sevilla más aclamados.
El posible aumento de la ratio escolar en los colegios andaluces ha provocado el primer roce en el nuevo Ejecutivo. Izquierda Unida, a través de su portavoz en el Parlamento, mostró ayer su tajante rechazo a esta medida, impulsada desde el Gobierno central dentro del plan de ajuste para las comunidades con el objetivo de cerrar este año con un déficit del 1,5%. José Antonio Castro advirtió de que este asunto es una de las líneas rojas que su formación no está dispuesta a traspasar. El problema es que tan sólo un día antes, la consejera de Educación no cerró la puerta a aumentar a 30 el número de alumnos por clase en el caso de Primaria. Una decisión que depende de la reformulación que la Junta tiene que hacer de su Presupuesto como consecuencia del recorte de 2.700 millones, cuyo contenido se espera que se haga público en las próximas dos semanas. Este tipo de fricciones no deja de ser algo habitual en un gobierno de coalición que apenas si tiene unos días de vida. Sin embargo, sería un error por parte de socialistas y comunistas incurrir en contradicciones similares que únicamente contribuirían a aumentar la incertidumbre de la ciudadanía y a rebajar la credibilidad de un Ejecutivo sobre el que hay un foco de atención constante. Circunstancia que en nada beneficia a sus gestores ni a los andaluces. Ahora lo más deseable sería que la Junta resolviera con la máxima celeridad posible la incógnita sobre la ratio ya que su posible aumento ha coincidido con el periodo de escolarización, sin duda uno de los momentos más estresantes para los padres. En el caso de Sevilla, el aumento de la demanda en algunos centros ha obligado a aumentar las plazas (hasta el límite de la ley actual) en el Centro, Nervión Triana y Bami. Pero todo este proceso se puede quedar en papel mojado si Educación decide finalmente incrementar el número de niños por aula. Este asunto no puede demorarse, padres y Gobierno andaluz se juegan mucho.
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