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01
Oct/2011

Escupir sobre Andalucía

Han vuelto a hacerlo. Afortunadamente no son todos, pero siguen mandando. El nacionalismo periférico y el centralista vomitan cíclicamente un pensamiento antiandaluz provocado por la indigestión crónica que les produjo el hecho de que los andaluces reclamáramos nuestra autonomía al decidir que queríamos ser dueños de nuestro destino y no meras comparsas en el furgón de cola de la España de la transición. La mayoría de las veces, aunque no lo dicen, lo piensan. Y les cuesta la misma vida contenerse. Por eso dan hiperbólicos rodeos y buscan perífrasis almibaradas para decir lo que no quieren. El problema es que a veces, cuando se relajan o simplemente cuando alguien los cabrea, sienten la necesidad, forjada en su ADN político, de escupir sobre Andalucía. Porque en el fondo se sienten superiores. Están convencidos de que les debemos lo que somos pese a que un día exigimos sus mismos derechos y nos plantamos para ganar futuro y libertad. No les interesa conocernos, profundizar en la cultura, en nuestra forma de hacer las cosas, de trabajar. No pueden permitírselo porque entonces se les caería el mito, se secaría la fuente envenenada de la que siempre han bebido y en cuyas aguas se reflejaba esa Andalucía subsidiada, indolente; la tierra arrastrada y flamenca que le cantaba al señorito por dos reales y le limpiaba los zapatos mientras éste, ufano, volvía a escupir marcando los límites de su estulticia. Artur Mas ha pedido disculpas 24 horas después de criticar el acento andaluz y el gallego como muleta para sujetar sus planes sobre la inmersión lingüística en su comunidad. El Presidente de Cataluña –una tierra próspera gracias a miles de andaluces– no quería decirlo, pero lo dijo. Mas ha pedido “no elevar a categoría la anécdota”, pero hay ensartadas tantas anécdotas en el bucle que resulta imposible pensar que no se repetirá. Volverá a ocurrir, seguro.

Imagen-Grafismo-DS-02-10-11Por la tentadora pasarela del agravio contra Andalucía han desfilado recientemente Duran Lleida y sus perlas sobre el PER, Montserrat Nebrera con sus descalificaciones hacia la forma de hablar de la exministra Magdalena Álvarez; el popular madrileño Juan Soler despreciando el acento andaluz de Trinidad Jiménez, Ana Mato subrayando los problemas de “analfabetismo” de los niños andaluces y la mismísima Esperanza Aguirre con sus “pitas, pitas, pitas” respecto a las subvenciones. Todos ellos rectificaron o matizaron sus palabras ante la unánime presión de Andalucía, pero ninguno se desdijo, probablemente porque hoy seguirán pensando lo mismo. A lo mejor convendría filtrar los golpes de pecho de algunos ‘indignados’ que sólo pretendan hoy rentabilizar electoralmente las desafortunadas palabras de Mas y ponernos entre todos a pensar cómo podemos salvaguardar desde la escuela el habla andaluza, nuestra seña de identidad marcada en el Estatuto. Sería bueno asistir a este debate con ánimo desapasionado para no quedar a la altura de los ofensores y caer en su misma ignorancia intelectual. Quizá lo inteligente para Artur Mas y la pléyade de detractores del hecho diferencial andaluz sería acercarse a nosotros, tender puentes y colaborar; generar sinergias en lugar de pesar permanentemente el agravio en las balanzas fiscales. Porque para ellos, el problema no es el habla sino el dinero público que se invierte en Andalucía y que consideran suyo. Esa es la amenaza permanente. Por eso nos miran mal y no dejan de afilar el colmillo que se les infectó cuando Felipe González tomó la decisión política de llevar el tren de alta velocidad hacia el sur. Sin aquello, hoy andaríamos sin brújula –lo que ellos querrían– en esa Andalucía silente y pacata, fotografiada en sepia como símbolo de la decadencia nacional.

Q uizá el mismo Artur Mas que recorta la inversión pública en los asilos, cierra ambulatorios y alerta del copago sanitario debiera mirar con mayor interés los avances en Dependencia y la calidad de la salud pública andaluza. A lo mejor, los esfuerzos del gobierno catalán debieran unirse con más ímpetu a los de Andalucía para empujar en la consecución de un corredor ferroviario mediterráneo que, junto al central, facilite el tráfico de mercancías entre Andalucía, Madrid, Cataluña y Europa, generando mayor riqueza y empleo para España. La situación económica es lo suficientemente dramática como para dejarnos de tonterías y ponernos a trabajar juntos. La lengua catalana debe ser respetada y fomentada en Cataluña y hace bien la Generalitat en defenderla, pero en absoluto debe servir de ariete para despertar de nuevo al monstruo dormido en las conciencias de muchos nacionalistas sobre el ser y el sentir andaluz, más aún en esta España de las autonomías que algunos pretenden hoy dinamitar al calor de la crisis, por más que la realidad les obligue a diario a ponerse un traje regalado de demócrata. El ataque a Andalucía ha logrado poner de acuerdo al nacionalismo centralista y al periférico. Qué esperanzador sería canalizar tanta energía desperdiciada para salir del inmenso escupitajo en el que hoy nadamos todos los españoles.

25
Sep/2011

Esto es lo que hay

Andamos tan ocupados en intentar sobrevivir que apenas percibimos el riesgo que se cierne sobre nuestras cabezas. Estamos tan obsesionados por encontrar un empleo o mantenerlo que casi no percibimos los cañonazos que explotan a nuestro alrededor, quizá porque su rugido nos reventó el tímpano hace meses. La crisis forma parte de nuestro trending topic cotidiano, expresión verbalizada de una angustia que cada vez nos aleja más el palo de la zanahoria en esta macabra noria del capitalismo salvaje. La guerra de los mercados nos ha cogido a todos con el pie cambiado, en paños menores. No hay capacidad humana de digerir la cantidad de acontecimientos de gravedad global que aparecen concatenados en el periódico, la radio y la televisión. Ni siquiera los propios periodistas, que debemos ejercer el noble oficio de traducir la realidad, podemos fijar los pies en el suelo y pararnos a pensar. Estamos tan ocupados arreglando las vías de agua de nuestros barcos, que nos vemos incapaces de elevar la mirada para navegar en el análisis certero de la realidad y la denuncia de tantas injusticias cometidas al abrigo de la crisis mundial. Tampoco andan finos los políticos, empeñados en su delirio en controlar los medios públicos y privados y en creer que sus intereses electorales sobrevivirán a la tormenta que en breve –aunque ellos aún no lo sepan– se los llevará por delante.

300Absolutamente todo está hoy en revisión. Hasta la propia Constitución Española. Cuestiones que hace tan sólo unos meses eran consideradas verdades absolutas se desmoronan ante nuestros ojos como castillos de naipes. Y aún así, seguimos pensando que en breve saldremos del túnel, cuando es sabido que la salida siempre te deja en un lugar diferente. Aún así, la sociedad vive en buena parte anestesiada, con picos de cabreo y desesperación a medida que se va agotando el efecto epidural del optimismo.

Europa, el gran contenedor mundial de las democracias avanzadas, es hoy un viejo órgano desafinado, incapaz de sonar con la grandeza de antaño en las catedrales del mundo. La Unión Europea está enferma. Padece de hipertensión arterial y no se está tomando la pastilla de cada mañana. Mientras no lo haga, seguirán reventándole por dentro las arterias, al borde del infarto económico, del ictus político. Europa tiene que pasar a la acción. Ya no valen las declaraciones de intenciones que no son más que el ibuprofeno que calma unas horas la tensión de los mercados. Los líderes europeos deben dejar ya de actuar como candidatos a la reelección y pensar como estadistas. La Unión debe fusionar realmente sus fortalezas y debilidades económicas para enfrentarse al mundo como una sola voz. Los países miembros deben mancomunar sus políticas económicas y sus criterios de fiscalidad. Es la única forma de acabar con los ataques especulativos que están machacando a Grecia, Portugal, Irlanda, Italia, España… Pero también a los grandes. Porque si a Grecia le va mal, Alemania y Francia se resienten. Salvar el euro no es más que caminar hacia un estado federalista europeo en el que compartamos mucho más. La salida de esta crisis sólo pasa por construir más Europa. Ése es el reto más difícil, hacerlo ahora que todo va mal y que las tensiones hacen a cada estado miembro mirar hacia dentro para lamerse sus heridas en lugar de intentar hacer un torniquete al vecino.

Una cooperativa de países que se financian con eurobonos, una sola voz que compre y venda deuda en nombre de los estados miembros, tendrá fuerza en los mercados. Pero el aval de la marca Europa sólo será posible si todos los países cumplen los criterios mínimos de déficit, condición esencial para que el sistema funcione. Sólo unidos saldremos de ésta y sólo llegaremos fortalecidos al final del camino si Europa es capaz de tejer alianzas estratégicas con América y los países emergentes. Esas nuevas potencias aún tienen mucho que aprender de Europa en el terreno de las libertades, la democracia y los derechos sociales. Por eso pueden llegar a ser gigantes con pies de barro que se desmoronen en cuanto los millones de habitantes que viven en la pobreza y sin derechos se levanten como ocurrió en su día en los regímenes comunistas y recientemente en los países árabes. Europa tiene los cimientos sólidos de la democracia y la lucha contra las desigualdades, un terreno donde no debe retroceder ni un palmo por más que la crisis haga caer en la tentación de recortar el estado del bienestar y la protección de los más débiles. Europa debe avanzar aún más unida manteniendo engrasado su auténtico motor, el de la democracia y las libertades. Sólo así, con más Europa en todos los órdenes será posible salir adelante en los años que nos quedan resumidos con sorna en la frase pronunciada recientemente por un importante empresario: “No os equivoquéis, la crisis ya se ha terminado. Esto es lo que hay”.

18
Sep/2011

Zafarrancho Zoido

Juan Ignacio Zoido ha cumplido los primeros cien días de gobierno después de su apabullante victoria electoral, la más importante en la historia del PP en Sevilla, sin haberse quitado el traje de jefe de la oposición. Tal fue el rechazo acumulado por la anterior coalición y la situación de ahogo provocada por la crisis y el paro en la ciudad que el triunfo de Zoido desató en muchos sevillanos una fiebre idolátrica que sin duda perjudicará a los intereses del regidor, elevado a los altares hispalenses a modo de icónico libertador capaz de acabar de un plumazo con los males que nos atenazan. Y le hace daño porque, como dijo Anatole France, “gobernar quiere decir hacer descontentos”. Zoido tendrá pronto que empezar a pisar callos, si bien apenas ha podido demostrar nada en tres meses muy condicionados por las vacaciones estivales. Con todo, ha cometido ya aciertos y errores que dejan entrever sus maneras. Ha aplicado medidas efectistas complementadas con el permanente lamento por la situación de las arcas municipales y ha iniciado su gobierno como si aún siguiera en la bancada opositora, denunciando con vehemencia –y a veces con sobreactuación– el estado de la caja pública. No se entiende de otro modo que haya calificado de quiebra total la situación financiera del Ayuntamiento y que unos días después se comprometa públicamente a resolver la deuda municipal en un solo año. Y encima con el compromiso de bajar los impuestos. No es creíble.
El efectismo, en cambio, sí le ha generado inputs, sobre todo en materia de limpieza y seguridad. Estos días, pese a las vacaciones, se ha visto en Sevilla más operarios de Lipasam y más policías locales. Y se han llevado a cabo zafarranchos contra los conductores incívicos, los gorrillas, las prostitutas y los mendigos y chabolistas. Estas medidas cuentan con el aplauso de gran parte de los vecinos, pero no pueden ocultar que la obligación de un ayuntamiento no es echar a los más débiles sino disponer los medios para atender a esas personas, en su mayoría víctimas, y favorecer su integración en la sociedad.
El alcalde, en este tiempo, ha formulado una denuncia contra el anterior gobierno cada tres días, evidenciando que aún sigue mirando hacia atrás cuando su victoria electoral ya le obliga a hacerlo hacia adelante. Ha jugado con inteligencia la baza de la proximidad, uno de sus éxitos más palmarios y ha rentabilizado su imagen entre barrios y colectivos tradicionalmente progresistas, aquellos que le han prestado el voto para que Sevilla funcione, como rezaba su lema electoral. Los problemas, sin embargo, le han llegado con asuntos que a priori no debieran habérsele escapado de las manos. Incomprensiblemente, aún no sabemos qué va a pasar con el tráfico en el centro. Zoido prometió que los coches circularían sin problemas, pero ha sustituido las cámaras por policías, generando así un evidente desconcierto entre los sevillanos. En materia urbanística, ha gestionado erróneamente el caso Ikea al parecer que abría la peligrosa puerta de las recalificaciones urbanísticas en la ciudad, un tema tabú de gran influencia en los sectores cualificados. El alcalde también ha demostrado cierta bisoñez en el asunto de las fianzas de los parkings y ha rematado la faena con el nombramiento del comandante José Barranca –que apoyó al defenestrado general Mena– como Defensor del Ciudadano, un puesto que requiere un consenso que a día de hoy no existe ni existirá mientras siga en el cargo. Cada día que pase sin rectificar supondrá un desgaste gratuito para el alcalde.

Zoido también ha empleado este tiempo para utilizar el consistorio como ariete contra la Junta. La carta a Griñán con un alud de reivindicaciones es lógica en un alcalde que mira por su ciudad, pero ni el tono ni la intencionalidad cuadran en un contexto de lealtad institucional en el que deben enmarcarse las relaciones entre el Ayuntamiento y la Junta. Luego ha venido la reclamación de 8,6 millones en deudas al gobierno autonómico y, sobre todo, el Metro. Zoido debe ser tenido en cuenta pero siempre que su actitud sea constructiva y defensora de los intereses de la ciudad, no de los cálculos electorales de cara a las elecciones autonómicas de marzo. Más allá de estas cuestiones, Juan Ignacio Zoido parece estar basando su gobierno en el personalismo, generando incluso desconcierto entre algunos de sus ediles por la evidente acumulación de cargos de otros compañeros. Está bien que un alcalde quiera estar en los asuntos de la ciudad, pero corre el riesgo de abarcar demasiado. Y de exponerse demasiado a los francotiradores sin la protección de su equipo de ediles. Zoido va a por todos los balones y eso le hace más vulnerable en el largo camino que le queda. Por su condición de juez y alcalde ya ha probado en su propia piel el aserto acuñado por Tolstoi de que es más fácil hacer leyes que gobernar. Los zafarranchos están bien en situaciones extraordinarias. Ahora toca decidir y actuar en el día a día. Suerte alcalde, será la nuestra.

11
Sep/2011

Es la educación, idiota

La educación lo es todo, la herramienta más poderosa que existe para combatir las desigualdades. Recortar en educación es hipotecar el futuro. Arrebatarle recursos a la enseñanza significa construir una sociedad más injusta y menos libre. Ya lo dijo Confucio: “Donde hay educación, no hay distinción de clases”. Hasta hoy, la educación pública en España había dejado de ser un problema grave como sí lo fue no hace tantos años. Ahora, sin embargo, se percibe un riesgo cierto de involución que amenaza a uno de los pilares básicos de la sociedad y que se sustancia en salvajes e indisimulados tijeretazos contra el profesorado argumentados bajo el paraguas de la crisis económica. La educación pública en Andalucía ha dado pasos de gigante en este tiempo. Es cierto que aún queda bastante camino por recorrer porque partíamos de un lugar mucho más lejano y olvidado que otras comunidades históricas. En cualquier caso, una simple comparativa con el sistema educativo actual y el anterior deja bien a las claras el progreso logrado. Pese a que la obligatoriedad de la escolarización se fija en los seis años, la práctica totalidad de los niños de tres años cuenta ya con una plaza pública en centros públicos o concertados de calidad. Más aún, tal es la extensión del derecho que los padres y madres andaluces exigen hoy legítimamente una oferta completa de plazas públicas de guardería. Los andaluces consideran hoy la escolarización infantil como una obligación de la administración. Y hacen bien en exigir mayor cobertura y calidad educativa.

editoEl único recorte en Andalucía –así lo recalcó recientemente el consejero de Educación de la Junta, Francisco Álvarez de la Chica–, debe ser el del fracaso escolar, que continúa en niveles inasumibles para una sociedad avanzada como la nuestra. Nos lo recuerda periódicamente el informe PISA, que mide parámetros elementales como la comprensión o la lectura. Por ello, Andalucía no puede permitirse recortar en educación como lamentablemente está ocurriendo en varias comunidades gobernadas por el PP: Madrid, Castilla-La Mancha y Galicia. Aplicar esos ajustes en Andalucía implicaría prescindir de 4.500 de los 40.000 docentes que imparten clase en la comunidad. Crecería el paro, la precariedad educativa y la desmotivación de profesores y alumnos. Un desastre. Aún así, y pese a los esfuerzos del gobierno regional, el sistema educativo público andaluz sigue siendo manifiestamente mejorable. Continúan existiendo aulas con un ratio de alumnos por encima del permitido. Hay profesores que trabajan más de 20 horas lectivas, siguen apareciendo centros con múltiples deficiencias y falta de infraestructuras; hay demasiadas bajas que no se cubren o llegan tarde y muchos profesores han visto sus derechos y retribuciones mermados en los últimos meses. La Junta debe trabajar duro para ir corrigiendo los problemas, pero sería injusto obviar el esfuerzo realizado en Andalucía, donde más allá de mantenerse el profesorado, ha aumentado en 198 docentes para el próximo curso. El problema es que el crecimiento de los alumnos es muy superior al incremento de las plazas de profesores y la crisis y la vuelta de muchos jóvenes parados a los centros educativos ha provocado situaciones límite en áreas como la Formación Profesional, donde el sistema se encuentra prácticamente colapsado por el epectacular incremento de alumnos y la falta de infraestructura y profesorado para acogerlos. Aún así, Andalucía mantiene el tipo en un contexto adverso y con la perspectiva pesimista de unos presupuestos “contractivos”, tal y como anunció esta semana el presidente Griñán.

En estos momentos de zozobra y desconcierto es cuando la bandera de la educación y la sanidad públicas de calidad debe ondear en Andalucía como pilar fundamental del sostenimiento del estado del bienestar. Es fácil en este tiempo caer en la tentación de recortar partidas con la excusa de la austeridad, pero hacerlo en la educación significa apuñalar el corazón de la sociedad, infligir un daño que se extiende en el tiempo y que, posiblemente, se torne irreversible con extrema facilidad, arrasando lo mucho y bueno que se ha conseguido en estos años. El proceso electoral en España y Andalucía está próximo pero los mítines y las promesas ya no tienen la eficacia de antaño. La crisis se las llevó por delante. La gente necesita realidades, confianza. En ese sentido, el mantenimiento y el refuerzo de la educación como motor para combatir la crisis se antoja fundamental para aquel que aspire a gobernar los próximos cuatro años. Se vislumbra una lucha desigual entre Rubalcaba y Rajoy, algo más disputada entre Griñán y Arenas. Los populares, sin embargo, corren el riesgo de aplicar medidas –ya lo hacen en varias comunidades– que atenten contra esas realidades que demanda el ciudadano. Y la educación es una de las principales. Los tijeretazos de las autonomías del PP en la enseñanza pública suponen, además de un daño brutal al estado del bienestar, un serio riesgo para sus expectativas electorales por más que hoy viajen con el viento de cola. Recortar calidad en lo público, en aquello que nos hace iguales, más libres y mejores, antes o después, pasa factura.

03
Sep/2011

Sin plan para el Centro

Aquella reunión tuvo lugar en el Hotel Abba Triana tras la Feria de abril de 2006. Alfredo Sánchez Monteserín citó en secreto Alfonso Rodríguez Gómez de Celis y Manuel Marchena para tomar una decisión trascendental que cambiaría definitivamente el concepto de la movilidad en el centro de Sevilla. El alcalde, el delegado y el gerente de Urbanismo decidían allí si acometían la obra de peatonalización de la Avenida de la Constitución y se implantaba el tranvía como transporte público para conectar el Prado y la Plaza Nueva. Los riesgos eran muchos y el tiempo, extremadamente escaso. Contaban con apenas nueve meses para cortar la Avenida, eliminar el tráfico privado; levantar las catenarias, poner los raíles y cubrir los miles de metros cuadrados de granito. Y además, se aprovechaba para renovar toda la red de conducciones eléctricas y canalizaciones subterráneas. Todo debía estar listo antes de la Semana Santa del año siguiente para no entorpecer la Fiesta Mayor de Sevilla. La decisión de peatonalizar el Centro de Sevilla se tomó en Triana, al otro lado del río. Aquello marcó el inicio de una profunda política de transformación viaria, con avenidas en un único sentido y una regulación de los accesos al centro, iniciativas que venían recogidas en el Plan Integral de Ordenación Viaria de Sevilla (PIOV) avalado por los técnicos y funcionarios municipales desde varios años antes. Todo estaba previsto y se ejecutó, a veces con más errores que aciertos y serios problemas de comunicación y coordinación. Pero se hizo. Aquello suponía en el fondo una nueva mentalidad, un profundo cambio de hábitos en la movilidad de todos los sevillanos. La iniciativa, muy bien intencionada, no era la ideal porque faltaba la red de Metro.

pandeletPero era un comienzo interesante para favorecer que los sevillanos usaran más el transporte público y dejaran el coche en los parkings rotatorios de la corona del casco histórico. El gobierno anterior tenía un plan, un modelo con sus virtudes y defectos, pero modelo al fin y al cabo, impulsado por políticos y avalado por los técnicos. El gobierno actual aún no lo tiene. Ha sido coherente al eliminar el plan porque iba en su programa electoral, pero no puede limitarse a retirar lo que no le gusta. El alcalde está obligado a decirle a los sevillanos cómo regulará los accesos al centro de Sevilla. Pronto se cumplirán tres meses de gobierno y un asunto tan delicado como el de la movilidad no puede ser a día de hoy una incógnita.

El Plan Centro no necesita una comisión de investigación sino una normativa clara consensuada con comerciantes y residentes para hacerles la vida más fácil. Y la alternativa provisional que ha puesto en marcha el Ayuntamiento es contradictoria. Zoido prometió abrir el centro a los sevillanos, pero los conductores tienen la sensación de que las sanciones que impone la Policía Local en varios accesos son un método aún más radical que el plan vigente en la anterior corporación. Cientos de sevillanos que viven o trabajan en el centro están hoy desconcertados con la política municipal. Algunas asociaciones tienen la certeza de que lo que se ha hecho ha sido cerrar por completo la zona comercial y permitir que vuelva a estar masificada la zona residencial. La zona azul y algunos aparcamientos subterráneos conviven con señales restrictivas de la circulación que son absolutamente contradictorias. Urge que el alcalde haga público su modelo. Los sevillanos ya saben lo que Zoido no quiere en el centro. Ahora exigen saber qué es lo que quiere, qué piensa hacer. Eso es más urgente que cualquier comisión de investigación, más aún cuando es inminente el arranque del curso escolar y la movilidad de coches y autobuses debe estar garantizada.

La iniciativa anterior tenía fallos y era manifiestamente mejorable, pero suponía un comienzo interesante. El Gobierno Local, que en breve comenzará a rentabilizar muchos de los proyectos ‘heredados’ de la anterior corporación como los pasos subterráneos, no debe renunciar a un sistema de cámaras cuya instalación se acerca al millón de euros y que tiene una reutilización más que dudosa para otros cometidos. Hoy, policías municipales están haciendo el trabajo de unas cámaras que han estado funcionando correctamente durante todo este tiempo. Así al menos lo aseguró la Intervención Municipal y lo avalaron hasta seis funcionarios. Zoido no cuenta con una varita mágica, pero además de bonhomía, tiene sentido común. Si eleva la mirada, se dará cuenta de que puede hacer un plan centro con un sistema avalado por los técnicos que reutilice las inversiones realizadas previamente. Otros alcaldes del Partido Popular lo están haciendo e incluso tomaron a Sevilla como ejemplo. La movilidad es un asunto tremendamente delicado y no da rentabilidad política de un día para otro. Decisiones que se toman hoy pueden dar sus frutos en años. Pero no podemos dar pasos atrás. Tan sólo hace unos meses, la Avenida era una vía fea y peligrosa, un foco de contaminación que asfixiaba a la Catedral. Zoido es ahora el alcalde de todos y debe buscar la mejor solución. Y los tiempos de crisis obligan a hacerlo con austeridad y contando con los recursos a disposición del consistorio. Pero sobre todo, debe hacerlo ya. Para que se vea que gobierna y, sobre todo, que tiene un modelo. Estamos deseando conocerlo.

30
Jul/2011

La justicia injusta

Decía Víctor Hugo que ser bueno es fácil, lo difícil es ser justo. La historia está repleta de logros y errores del ser humano por alcanzar la justicia máxima, eso que Ulpiano calificaba como el hábito de dar a cada cual lo suyo y que Cecilia Bohl de Faber tradujo al consejo universal de “ser justo antes que generoso y ser humano antes que justo”. V

aya por delante que la reforma de la administración de justicia es una asignatura pendiente aún no resuelta en España desde la Transición. Así como la educación, la sanidad y hasta el Ejército han sufrido una profunda modernización, la Justicia española sigue pendiente de un proceso transformador de pies a cabeza. Y no se trata sólo de dotarla de medios económicos e infraestructuras para acabar con su endémico colapso. Es urgente y necesario modernizar el acceso a la judicatura para acabar con las perversas inercias del pasado que lastran el buen hacer de los miles de jueces que hoy imparten justicia en nuestro país con profesionalidad, rigor y objetividad.

Uno de esos jueces es Francisco Serrano. Lleva 21 años ejerciendo su profesión, 13 de ellos como juez de familia intentando impartir justicia en un terreno extremadamente delicado como el de tomar decisiones que afectan a la vida de los menores ante el conflicto irreconciliable de los padres, que en algunos casos son capaces de utilizar al propio hijo para perjudicar a su expareja, cegados por el odio e inconscientes de que el verdadero perjudicado termina siendo el menor. Francisco Serrano no es infalible. Es más, tengo serias reservas respecto a sus manifestaciones públicas sobre el perjuicio que el aumento de denuncias de malos tratos está causando a muchos hombres. Él habla con datos en la mano y yo sólo me baso en impresiones, pero creo firmemente que la denuncia judicial de la mujer es el paso esencial para combatir la lacra de la violencia de género que sigue sembrando de muerte nuestro país. Y que no cesa.

diegoEl juez Serrano está hoy suspendido cautelarmente de empleo y sueldo, aunque aún nadie le ha notificado nada. El Consejo General del Poder Judicial le ha apartado de sus funciones hasta que se celebre la vista sobre el llamado caso del niño cofrade. La acusación le pidió hasta doce años de cárcel por permitir que un niño saliera de nazareno en la cofradía de El Silencio alargando un día la custodia paterna y retrasando en 24 horas la entrega del niño a su madre, cuyo abogado imputa ahora a Serrano varios delitos de lesiones –a la madre, al menor y a su hermano– por daño psicológico, así como delitos de cohecho, revelación de secretos, falsedad en documento público y delitos contra la administración de justicia.

Vaya por delante que la madre tiene todo el derecho a manifestar su desacuerdo con el auto dictado por el juez y recurrirlo, si bien en este caso la Audiencia Provincial ratificó en todos sus extremos la actuación del juez Serrano. La defensa del magistrado no encuentra base alguna para apartar al juez porque dictó el auto tras escuchar al menor, basando su decisión exclusivamente en el interés del niño en salir de nazareno por encima de otras consideraciones.

Francisco Serrano se ha caracterizado siempre en sus sentencias por anteponer al menor por encima de todo. Adquirió relevancia nacional por el caso de la niña de Benamaurel, donde falló que la menor se quedara con su familia de acogida y no regresara con su madre biológica atendiendo únicamente al interés expresado por la pequeña. Lo mismo ocurrió en el llamado caso de Iván y Sara. El Tribunal Constitucional y el Supremo avalaron en ambos casos la decisión de Serrano, que se ha caracterizado estos años por innovar en el derecho de familia y la custodia compartida, buscando siempre el bienestar del menor por encima de todo lo demás.

Si todo va en plazo, en octubre se celebrará la vista por el caso del niño cofrade, muy parecido a otro que ya resolvió Serrano el año anterior con otro menor que quería salir en la Hermandad de Los Gitanos y que falló de idéntica manera. La diferencia es que entonces hubo más tiempo para escuchar a las partes. La defensa de Serrano alega ahora que, a pesar del escaso margen de tiempo que hubo entre la solicitud y la Madrugá, la madre conoció el auto dos días antes de la salida de la cofradía y no existió connivencia con ningún abogado para facilitar al niño cumplir su voluntad, expresada por él mismo ante el magistrado en sede judicial.

Así lo expresa la Audiencia al recordar que, en cualquier caso, la decisión del juez “no supone una discrepancia en el ejercicio de la patria potestad o una modificación sustancial del régimen de estancia, comunicación y visitas, sino una medida puntual y cautelar en evitación de un perjuicio al menor de referencia”. La madre del menor esta legitimada para recurrir hasta donde el sistema legal le permita, pero la trayectoria de Francisco Serrano no invita a pensar que nos encontremos ante un juez injusto, arbitrario y merecedor de doce años de cárcel. La decisión del juez estuvo acompañada de errores informáticos y humanos y fue tomada con una celeridad inconveniente, pero se hizo atendiendo el interés del menor sobre el de los padres. Walter Savage Landor ya dijo que demorar la justicia es injusticia. Esperemos que su hiperbólica aplicación no se lleve por delante a un juez justo.

23
Jul/2011

El bálsamo de Fierabrás

Francisco Camps nunca quiso dejar el poder. La prueba es que se pasó más de dos años en la cuerda floja judicial luchando contra molinos de viento. Aún así, Mariano Rajoy asumió verle otra vez investido Presidente de la Generalitat. Camps y Rajoy, viendo la que se les venía encima, decidieron beberse el Bálsamo de Fierabrás. Hirvieron aceite, vino, sal y romero. Como Don Quijote, el expresident valenciano se creyó invencible y curado de todas las heridas, mientras que el mismo brebaje, lejos de aportarle vigor, terminó produciendo sobre Rajoy el mismo efecto laxante que Sancho Panza padeció en la novela de Cervantes. De nada les valieron los ochenta padrenuestros, ochenta avemarías, ochenta salves y ochenta credos que otorgaban magia a la pócima. Todos sabían que llegaría el día de su procesamiento pero Rajoy no supo, no quiso o no pudo hacer nada. Cuanto más avanzaba la justicia, más se enrocaba el PP valenciano, poniendo en riesgo la unidad del partido y los intereses de Rajoy de llegar a la Moncloa. Hasta que esta pasada semana todo saltó por los aires después de que Federico Trillo intentara sin éxito convencer a Camps de que se declarara culpable y pagara la multa. Génova pretendía, con tal de evitar el juicio, que Camps siguiera al frente del gobierno valenciano después de asumir su culpa y reconocer que mintió a todo el mundo, incluido el juez. ¿Habrían votado lo mismo los valencianos de conocer que su futuro presidente se sentaría en el banquillo de los acusados? Lo lógico sería decir que no, pero la realidad incita a pensar que también habría arrasado en las urnas. Esta última reflexión invitaría a un nuevo y extenso artículo sobre el efecto de la corrupción en los distintos partidos y las sociedades en las que desarrollan su política, sobre los escrúpulos de la izquierda y la ausencia de complejos de la derecha. Sobre si realmente existen izquierda y derecha, o son todas ramas del mismo tronco, antaño recio y vigoroso, hoy reseco por la ausencia de nivel, el hedor de los intereses personales sobre los generales y, por ende, el desapego de los ciudadanos por el descrédito de la política
La dimisión de Camps, una decisión que le ha costado más de dos años tomar, no obedece a los tres trajes confeccionados por el sastre José Tomás y regalados por la trama de corrupción política vinculada al PP. Eso es mirar al dedo y no a la luna. Es cierto que Camps mintió al decir que se pagó los trajes y parece lógico que un presidente autonómico que reconoce públicamente su mentira, asume que aceptó regalos de unos supuestos corruptos y será procesado ante un juez, no tiene demasiados elementos objetivos para continuar al frente de su responsabilidad política. Pero todo eso sigue siendo el dedo en el que las partes interesadas pretenden que nos fijemos. Camps ha dimitido porque la justicia lo ha situado en el epicentro de la mayor trama de corrupción política de los últimos años en España. Los trajes son lo de menos. Lo relevante es que el Tribunal Superior de Justicia de Valencia ve indicios claros de financiación ilegal en la cúpula del Partido Popular en Valencia a la que pertenecen Francisco Camps y Ricardo Costa. La justicia no sólo apunta a un cohecho impropio sino a corrupción política con mayúsculas.

Mariano Rajoy tiene muchas posibilidades de convertirse en el próximo presidente del Gobierno de España. Pero el papel que ha jugado en la crisis de la Gürtell y Camps no lo ha situado a la altura de lo que de él se espera. Sus declaraciones del viernes apelando a la “grandeza” del gesto de Camps y augurando un brillante futuro para el expresidente valenciano “en la esfera pública o privada” desmoralizan a todos aquellos ciudadanos que exigen higiene democrática y tolerancia cero con la corrupción. La tibieza en asuntos de tanta envergadura es lo peor para un partido que ha obtenido el 22 de mayo el respaldo mayoritario de los españoles. El PP no ha respetado la presunción de inocencia de Camps porque intentó convencerle para que se declarara culpable en base a un mero cálculo electoral. La investigación judicial, sin embargo, amenaza con dinamitar cualquier cálculo que hagan los populares. No se trata de medir los tiempos, sino de demostrar si hay corrupción en el PP. Si es así, el principal objetivo de Rajoy debe ser erradicarla, no taparla como hasta ahora. Lo misma medicina ha de aplicarse el PSOE de Rubalcaba. En esto no hay medias tintas. No puede haberlas. Pero sí existen diferencias. Rubalcaba no ha sido imputado en el caso Faisán. Él sustituyó al jefe policial procesado y en la actualidad, ETA está más acorralada que nunca, lo que desmonta cualquier insinuación de colaboración con banda armada. En Andalucía, no hay procesamientos ni condenas por el caso de los ERE. Y los imputados han sido apartados de la vida pública. Política y corrupción son incompatibles como el estómago y el Bálsamo de Fierabrás, por más que Camps pensara que tomarlo le haría invencible. Lástima. Se le acabó el cuento. dsuarez@correoandalucia.es

16
Jul/2011

Los dogmas de fe

Cuando el fin justifica los medios, las cosas suelen finalizar mal para aquel que pone los medios. El nuevo gobierno de Sevilla cuenta con la legitimidad de los 166.000 votos obtenidos por el PP y sus 20 concejales, pero debe ser extremadamente escrupuloso al enfocar lo que significa el interés general. Juan Ignacio Zoido ha mostrado su disposición a cambiar el plan general de ordenación urbana de Sevilla (PGOU) para atraer inversiones que generen empleo y riqueza. No es algo nuevo. El anterior alcalde, Alfredo Sánchez Monteseirín ya planteó la misma posibilidad para proyectos similares. La diferencia está en los medios: una cosa es facilitar una modificación puntual y otra muy distinta promover un ‘pelotazo’ urbanístico. Es ahí donde un alcalde debe definir las líneas rojas que separan una decisión política legal que favorece a la ciudad de un movimiento especulativo alejado del ordenamiento y disfrazado de coartada en tiempos de crisis para favorecer el enriquecimiento de unos pocos a costa del interés público que paradójicamente se enarbola como bandera para justificar la operación.
La multinacional Ikea, que promueve un centro comercial en los terrenos de San Nicolás Oeste, ha dado un ultimátum al Ayuntamiento para que le sean aprobados sus planes. La empresa sueca ha exigido que se le triplique la edificabilidad permitida por el plan general, de 107.000 metros cuadrados a 148.000. Sólo así estaría dispuesta a liberar una inversión de 200 millones de euros que favorecería –según los cálculos de la empresa– la creación de unos 4.000 empleos entre directos e indirectos. Ikea pretende utilizar ese desproporcionado aumento de edificabilidad lucrativa para un nuevo centro comercial –su tienda es la excusa– que alquilará a otras empresas para que su proyecto le salga a coste cero. El empleo es el señuelo para promover una operación que la multinacional ya ha planteado en otras ciudades españolas ávidas de rentabilizar un proyecto tan goloso. El nuevo alcalde hace bien al intentar que no se escape la inversión sueca de Sevilla, pero no puede hacerlo a cualquier precio. Probablemente, Ikea podría suponer para el PP una equivocación mayor de la que cometió la coalición PSOE-IU con los terrenos de Altadis en Los Remedios. Las cosas no suelen ser blancas o negras. En el camino hay multitud de grises. Castigar a Altadis sin un convenio razonable por haber cerrado su fábrica en Sevilla fue una decisión tan simbólica como exagerada por parte del gobierno municipal, sobre todo porque Sevilla necesita poner en valor unos terrenos estratégicos como los de la tabacalera. Hizo bien el consistorio al no permitir una recalificación que le hubiera reportado pingües beneficios a la empresa que había despedido a más de 200 empleados, pero la cerrazón municipal a lograr un acuerdo de venta de los terrenos, siendo razonable en lo emotivo, no lo era en lo práctico. Los pendulazos no son buenos. Por eso, pasar de un proteccionismo absoluto como del de Altadis a una recalificación a la carta como la de Ikea supone un movimiento público antagónico, en este caso mucho más perjudicial para los intereses de la ciudad. Se crea empleo, pero a costa de hurtar la legalidad y socavar la igualdad de derechos. Y eso no lo puede permitir una administración. Juan Ignacio Zoido debe seguir explorando vías para generar empleo y riqueza en Sevilla. La ampliación de Isla Mágica, la adaptación del edificio de la Gavidia, los nuevos convenios urbanísticos con el Sevilla y el Betis para la remodelación de sus estadios, el aprovechamiento de las instalaciones de Altadis… Zoido debe acometer todos estos proyectos con la sensibilidad de la prioridad para el empleo pero sin ceder ante espurios intereses particulares.

En este punto, cabría decir que los aprovechamientos urbanísticos desmedidos no son exclusivos de los promotores privados. Aún perdura el litigio judicial que mantienen la Junta y el Estado por el intento de éste de aumentar de forma desproporcionada la edificabilidad lucrativa en los terrenos de Los Gordales, el actual campo de la Feria. La Junta de Andalucía rechazó las pretensiones del Gobierno y es seguro que en el caso de Ikea, la administración autonómica rechazará de plano las pretensiones de la multinacional si finalmente el Ayuntamiento da su visto bueno a la recalificación. El presidente de la Junta, José Antonio Griñán, dijo esta semana en los Diálogos de El Correo de Andalucía que la creación de empleo no da vía libre para vulnerar la legalidad. Es inadmisible que con la excusa del empleo se acabe robando a la ciudad. El lápiz del urbanismo lo debe empuñar el alcalde para preservar el interés general, no algunos promotores con el señuelo del empleo para sus intereses particulares. El concejal Gregorio Serrano tiene razón al decir que el PGOU no es un dogma de fe. La revisión urbanística es lógica, a veces deseable porque las ciudades están vivas. Pero intentar prostituir su diseño es la forma más rápida de degenerarla. Y la factura, al final será mucho más cara para todos.

09
Jul/2011

Trenes en vía muerta

El debate abierto por el Ministro de Fomento, José Blanco, el pasado martes en Sevilla dentro de Los Diálogos de El Correo de Andalucía es tan inconveniente políticamente para las aspiraciones de Rubalcaba como necesario para el futuro inmediato de España. Blanco aseguró que el mantenimiento de las grandes infraestructuras de obra pública será, más pronto que tarde, imposible sin abordar una subida de impuestos. El Ministro dio cifras tan apabullantes como los 2.000 millones de euros que invierte anualmente el Estado en la conservación de las carreteras o los 100.000 euros anuales que cuesta mantener cada kilómetro de vía de alta velocidad, si bien es cierto que Renfe produce ingresos al contrario que las autovías. El debate está ahí y eludirlo con otra patada al balón sólo contribuirá a extender la perniciosa sensación de que todo debe ser gratis y que cualquier alcalde tiene derecho a exigir un AVE por más que la realidad haga inviable la ocurrencia. Las infraestructuras públicas deben proyectarse con el aval de los técnicos en función del servicio público y también de la rentabilidad. El peligro reside en impulsarlas al albur de los intereses políticos y las presiones partidistas que sólo conducen a realidades tan lamentables como el desmantelamiento inmediato de la línea de alta velocidad Madrid-Cuenca-Toledo que costaba 18.000 euros diarios para trasladar a nueve personas o la puesta en servicio de un aeropuerto en Castellón sin aviones que puedan aterrizar sobre sus inmaculadas pistas. España es hoy el País de la Unión Europea con más kilómetros de autovía de libre circulación y más tramos de alta velocidad. Sin embargo, su tipo impositivo es sensiblemente menor que el de otros países de la eurozona que cuentan con menor longitud de infraestructuras públicas. Una realidad tan contundente no se puede ocultar, sobre todo cuando las comunidades autónomas se han lanzado en tromba contra el Ministerio de Fomento al conocerse los importantes recortes que el Gobierno acometerá en la inversión pública por la crisis económica. Cuesta entender, sin embargo, que el Ministro haya decidido abrir ese melón tan amargo en pleno proceso preelectoral de arranque de la candidatura del candidato socialista a la presidencia, Alfredo Pérez Rubalcaba, quien acaba de plantear por convencimiento y necesidad, un viraje social para intentar conectar con un electorado hastiado por los recortes impulsados por un José Luis Rodríguez Zapatero sin margen alguno para amortiguar el golpe de las reformas. Ese debate de las infraestructuras, más allá de cuándo y cómo se produzca, debe contar inexcusablemente con el consenso de todos los partidos, porque es muy probable que sea el PP, si llega a la Moncloa en las próximas elecciones generales de noviembre o marzo, el que tenga que tomar la decisión de buscar nuevas vías de ingreso para mantener los trenes, las carreteras y las autovías. Asusta el vaticinio que ya se hace en algunos foros solventes en la órbita del Ministerio de que en cuestión de una década será ineludible que la mayoría de las autovías que son hoy de libre acceso cobren una tasa por su utilización. José blanco ya ha dado el primer paso al alertar de la llegada del lobo. Y en esta ocasión no parece que sea mentira. Lo hizo en Sevilla con carácter general para concretar después que una de las primeras medidas impositivas a aplicar en España puede ser la euroviñeta, un impuesto que comenzará a cobrarse en Francia en el mes de enero a todos los camiones comerciales por el uso de las infraestructuras públicas.

Horas después reabrió en Cataluña el debate de las tasas aéreas como alternativa para financiar parte del mantenimiento de los aeropuertos. Es lo que viene. Andalucía pasará de un contexto actual en el que se reclama que se eliminen peajes como el de la autopista Sevilla-Cádiz, a otro de implantación de cargas impositivas que gravará la utilización de las autovías. Y alimenta esta idea el hecho cierto de que las grandes inversiones en obra pública no suelen tener una correspondencia electoral de los votantes. Particularmente significativo es el caso de Antequera, donde los socialistas han sido barridos literalmente pese a la formidable inversión pública con el intercambiador de alta velocidad. Algo similar ha ocurrido en ciudades como Jaén o Sevilla con el tranvía o el Metro. Los socialistas no han sabido o no han podido rentabilizar extraordinarias inversiones que mejoran la calidad de vida de los ciudadanos pero no son correspondidas en las urnas. Con todo, la prioridad de un gobierno ahora y siempre es la de mantener e impulsar una educación y una sanidad públicas de calidad. Ése objetivo debe ser irrenunciable aún a costa de la ralentización de infrestructuras. El nuevo escenario que se impone supondrá un cambio de hábitos y exigirá mayor concienciación sobre cuál es nuestra realidad como país. Necesitamos afianzar lo imprescindible y repensar lo instrumental. Creer hoy lo contrario es desenfocar el objetivo y alimentar falsas expectativas que sólo acabarán como el AVE a Toledo; en vía muerta.

02
Jul/2011

30J, empresarios indignados

Griñán ha salido reforzado del Debate sobre el Estado de la Comunidad. Incluso podría haber acrecentado esa valoración de haber aceptado más propuestas de la oposición. Tras tomar nota del durísimo correctivo electoral del 22M, el presidente de la Junta ha logrado recuperar la iniciativa política y marcar la agenda con una batería de iniciativas de corte social que pondrá en marcha en este mismo año. Dos de ellas han tenido la virtud de traspasar las fronteras regionales y ocupar protagonismo en la escena mediática nacional. El escaño 110 –un claro guiño al 15M– y las becas de 400 euros para reactivar la formación académica de jóvenes en paro han logrado eco mediático pese a coincidir con el Debate del Estado de la Nación.

Griñán, aunque no lo reconozca públicamente, ha pretendido un viraje a la izquierda incorporando medidas de corte social mientras Arenas ha mantenido su discurso tremendista, centrado en debilitar al Gobierno con su tradicional batería de frases hechas y un paquete de propuestas tan numeroso como poco desarrollado. Tampoco necesita más. Lo último que le interesa a los populares ahora es mostrar sus cartas, decir lo que harán si gobiernan. El PP no tiene varitas mágicas y sabe que sus medidas no invertirán una crisis de causas globales y consecuencias aún impredecibles. Acierta, sin embargo, al enarbolar la austeridad como bandera y reclamo electoral.

El éxito de Griñán en el debate –con poca audiencia televisiva pero seguido en las redes sociales, con más de un millón referencias– no sólo es positivo por la recuperación de la imagen pública del presidente, sino por la motivación en clave interna para su partido. Los militantes socialistas, aturdidos por el mazazo electoral de mayo, han visto luz en el túnel, algo fundamental para activarse y frenar la sangría. Griñán continuará haciendo guiños a la izquierda. Un detalle –simbólico o no, según se mire– será el de intervenir en el foro Los Diálogos de El Correo el próximo 13 de julio en Sevilla presentado por Concha Caballero, después de haber incorporado a su gobierno y elevado a categoría de ministra a Rosa Aguilar.

Con todo, el escenario es de tal volatilidad que apenas se pueden realizar estrategias más allá de unas semanas. En clave interna, la incertidumbre está asociada a la incógnita de cuándo abandonará Rubalcaba el Gobierno y si se celebrarán elecciones generales anticipadas en el mes de noviembre.

Mientras se intentan clarificar algunas de esas cuestiones y Griñán avanza en su pretendido viraje social, no debiera el presidente perderle la cara a lo ocurrido el pasado jueves en el Palacio de Congresos de Sevilla, donde la patronal andaluza hizo una auténtica exhibición de fuerza. Sería un error pensar que el acto obedece en exclusiva a las intenciones del Partido Popular de erosionar al Gobierno utilizando a la Confederación de Empresarios, que se ha posicionado claramente en las últimas fechas cerca de Javier Arenas. Es evidente que esa lectura es correcta, pero lo ocurrido va mucho más allá de esa visión cortoplacista. El jueves se vio en Fibes a centenares de pequeños, medianos y grandes empresarios hastiados de las trabas burocráticas de la administración. El 30J en Sevilla fue el día de los empresarios indignados que exigen reglas de juego claras para sus proyectos empresariales atascados en los despachos de la administración.

Demandan seguridad jurídica y celeridad en los pagos a los proveedores. Claman contra la arbitrariedad y el exceso de celo medioambiental que eterniza proyectos que generan riqueza y empleo. El dragado del río Guadalquivir es un buen ejemplo. Tras más de una década, aún no ha sido posible que el Puerto obtenga una autorización medioambiental. Pero lo peor es que tampoco tiene una negativa. Los meses y los años transcurren en una especie de limbo administrativo mientras se ponen en riesgo 17.000 empleos.

El paro es hoy el principal problema de Andalucía. Y la administración, además de favorecer la cultura emprendedora, debe aportar celeridad –no una burocracia desesperante– a las empresas que arriesgan su esfuerzo y su dinero en Andalucía; compañías que están dispuestas a aplicar la última tecnología medioambiental y resueltas a cumplir condiciones razonables de prevención, pero que se ven atrapadas en un laberinto administrativo que las lleva a la ruina. Esos gritos de los empresarios indignados del 30J son los que la administración también debe escuchar para que se genere riqueza y empleo.

Eso es lo urgente. Más allá de aquellos empresarios que hayan pretendido una utilización política del cónclave, predomina en ellos un sentimiento común de legítima indignación. Aplacarlo cuanto antes debiera ser prioridad de la administración, con arreglo a la legalidad y respeto al medio ambiente, pero con la convicción de que la urgente necesidad es la de crear empleo en Andalucía. Se puede ser sostenible sin tener que debilitar la economía. Así también se construye ese viraje social que debe favorecer el Gobierno andaluz.