16
Jul/2011

Los dogmas de fe

Cuando el fin justifica los medios, las cosas suelen finalizar mal para aquel que pone los medios. El nuevo gobierno de Sevilla cuenta con la legitimidad de los 166.000 votos obtenidos por el PP y sus 20 concejales, pero debe ser extremadamente escrupuloso al enfocar lo que significa el interés general. Juan Ignacio Zoido ha mostrado su disposición a cambiar el plan general de ordenación urbana de Sevilla (PGOU) para atraer inversiones que generen empleo y riqueza. No es algo nuevo. El anterior alcalde, Alfredo Sánchez Monteseirín ya planteó la misma posibilidad para proyectos similares. La diferencia está en los medios: una cosa es facilitar una modificación puntual y otra muy distinta promover un ‘pelotazo’ urbanístico. Es ahí donde un alcalde debe definir las líneas rojas que separan una decisión política legal que favorece a la ciudad de un movimiento especulativo alejado del ordenamiento y disfrazado de coartada en tiempos de crisis para favorecer el enriquecimiento de unos pocos a costa del interés público que paradójicamente se enarbola como bandera para justificar la operación.
La multinacional Ikea, que promueve un centro comercial en los terrenos de San Nicolás Oeste, ha dado un ultimátum al Ayuntamiento para que le sean aprobados sus planes. La empresa sueca ha exigido que se le triplique la edificabilidad permitida por el plan general, de 107.000 metros cuadrados a 148.000. Sólo así estaría dispuesta a liberar una inversión de 200 millones de euros que favorecería –según los cálculos de la empresa– la creación de unos 4.000 empleos entre directos e indirectos. Ikea pretende utilizar ese desproporcionado aumento de edificabilidad lucrativa para un nuevo centro comercial –su tienda es la excusa– que alquilará a otras empresas para que su proyecto le salga a coste cero. El empleo es el señuelo para promover una operación que la multinacional ya ha planteado en otras ciudades españolas ávidas de rentabilizar un proyecto tan goloso. El nuevo alcalde hace bien al intentar que no se escape la inversión sueca de Sevilla, pero no puede hacerlo a cualquier precio. Probablemente, Ikea podría suponer para el PP una equivocación mayor de la que cometió la coalición PSOE-IU con los terrenos de Altadis en Los Remedios. Las cosas no suelen ser blancas o negras. En el camino hay multitud de grises. Castigar a Altadis sin un convenio razonable por haber cerrado su fábrica en Sevilla fue una decisión tan simbólica como exagerada por parte del gobierno municipal, sobre todo porque Sevilla necesita poner en valor unos terrenos estratégicos como los de la tabacalera. Hizo bien el consistorio al no permitir una recalificación que le hubiera reportado pingües beneficios a la empresa que había despedido a más de 200 empleados, pero la cerrazón municipal a lograr un acuerdo de venta de los terrenos, siendo razonable en lo emotivo, no lo era en lo práctico. Los pendulazos no son buenos. Por eso, pasar de un proteccionismo absoluto como del de Altadis a una recalificación a la carta como la de Ikea supone un movimiento público antagónico, en este caso mucho más perjudicial para los intereses de la ciudad. Se crea empleo, pero a costa de hurtar la legalidad y socavar la igualdad de derechos. Y eso no lo puede permitir una administración. Juan Ignacio Zoido debe seguir explorando vías para generar empleo y riqueza en Sevilla. La ampliación de Isla Mágica, la adaptación del edificio de la Gavidia, los nuevos convenios urbanísticos con el Sevilla y el Betis para la remodelación de sus estadios, el aprovechamiento de las instalaciones de Altadis… Zoido debe acometer todos estos proyectos con la sensibilidad de la prioridad para el empleo pero sin ceder ante espurios intereses particulares.

En este punto, cabría decir que los aprovechamientos urbanísticos desmedidos no son exclusivos de los promotores privados. Aún perdura el litigio judicial que mantienen la Junta y el Estado por el intento de éste de aumentar de forma desproporcionada la edificabilidad lucrativa en los terrenos de Los Gordales, el actual campo de la Feria. La Junta de Andalucía rechazó las pretensiones del Gobierno y es seguro que en el caso de Ikea, la administración autonómica rechazará de plano las pretensiones de la multinacional si finalmente el Ayuntamiento da su visto bueno a la recalificación. El presidente de la Junta, José Antonio Griñán, dijo esta semana en los Diálogos de El Correo de Andalucía que la creación de empleo no da vía libre para vulnerar la legalidad. Es inadmisible que con la excusa del empleo se acabe robando a la ciudad. El lápiz del urbanismo lo debe empuñar el alcalde para preservar el interés general, no algunos promotores con el señuelo del empleo para sus intereses particulares. El concejal Gregorio Serrano tiene razón al decir que el PGOU no es un dogma de fe. La revisión urbanística es lógica, a veces deseable porque las ciudades están vivas. Pero intentar prostituir su diseño es la forma más rápida de degenerarla. Y la factura, al final será mucho más cara para todos.

One thought on “Los dogmas de fe

  1. Barquero

    Dicen que el buen periodista no debe pasarse en sus alabanzas al Poder,es mas ,que el buen periodista se caracteriza por sus criticas al Poder.
    ¡¡Por fin algunos podran presumir de que ellos le dan caña al Poder,que son criticos¡¡.Sobre todo cuando durante 12 años no han hecho mas que reirles las gracias y justificarse dando caña a la oposicion…..¡¡ven como la alternancia es buena¡¡.
    Un cordial saludo.

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