Monthly Archives: Julio 2011

30
Jul/2011

La justicia injusta

Decía Víctor Hugo que ser bueno es fácil, lo difícil es ser justo. La historia está repleta de logros y errores del ser humano por alcanzar la justicia máxima, eso que Ulpiano calificaba como el hábito de dar a cada cual lo suyo y que Cecilia Bohl de Faber tradujo al consejo universal de “ser justo antes que generoso y ser humano antes que justo”. V

aya por delante que la reforma de la administración de justicia es una asignatura pendiente aún no resuelta en España desde la Transición. Así como la educación, la sanidad y hasta el Ejército han sufrido una profunda modernización, la Justicia española sigue pendiente de un proceso transformador de pies a cabeza. Y no se trata sólo de dotarla de medios económicos e infraestructuras para acabar con su endémico colapso. Es urgente y necesario modernizar el acceso a la judicatura para acabar con las perversas inercias del pasado que lastran el buen hacer de los miles de jueces que hoy imparten justicia en nuestro país con profesionalidad, rigor y objetividad.

Uno de esos jueces es Francisco Serrano. Lleva 21 años ejerciendo su profesión, 13 de ellos como juez de familia intentando impartir justicia en un terreno extremadamente delicado como el de tomar decisiones que afectan a la vida de los menores ante el conflicto irreconciliable de los padres, que en algunos casos son capaces de utilizar al propio hijo para perjudicar a su expareja, cegados por el odio e inconscientes de que el verdadero perjudicado termina siendo el menor. Francisco Serrano no es infalible. Es más, tengo serias reservas respecto a sus manifestaciones públicas sobre el perjuicio que el aumento de denuncias de malos tratos está causando a muchos hombres. Él habla con datos en la mano y yo sólo me baso en impresiones, pero creo firmemente que la denuncia judicial de la mujer es el paso esencial para combatir la lacra de la violencia de género que sigue sembrando de muerte nuestro país. Y que no cesa.

diegoEl juez Serrano está hoy suspendido cautelarmente de empleo y sueldo, aunque aún nadie le ha notificado nada. El Consejo General del Poder Judicial le ha apartado de sus funciones hasta que se celebre la vista sobre el llamado caso del niño cofrade. La acusación le pidió hasta doce años de cárcel por permitir que un niño saliera de nazareno en la cofradía de El Silencio alargando un día la custodia paterna y retrasando en 24 horas la entrega del niño a su madre, cuyo abogado imputa ahora a Serrano varios delitos de lesiones –a la madre, al menor y a su hermano– por daño psicológico, así como delitos de cohecho, revelación de secretos, falsedad en documento público y delitos contra la administración de justicia.

Vaya por delante que la madre tiene todo el derecho a manifestar su desacuerdo con el auto dictado por el juez y recurrirlo, si bien en este caso la Audiencia Provincial ratificó en todos sus extremos la actuación del juez Serrano. La defensa del magistrado no encuentra base alguna para apartar al juez porque dictó el auto tras escuchar al menor, basando su decisión exclusivamente en el interés del niño en salir de nazareno por encima de otras consideraciones.

Francisco Serrano se ha caracterizado siempre en sus sentencias por anteponer al menor por encima de todo. Adquirió relevancia nacional por el caso de la niña de Benamaurel, donde falló que la menor se quedara con su familia de acogida y no regresara con su madre biológica atendiendo únicamente al interés expresado por la pequeña. Lo mismo ocurrió en el llamado caso de Iván y Sara. El Tribunal Constitucional y el Supremo avalaron en ambos casos la decisión de Serrano, que se ha caracterizado estos años por innovar en el derecho de familia y la custodia compartida, buscando siempre el bienestar del menor por encima de todo lo demás.

Si todo va en plazo, en octubre se celebrará la vista por el caso del niño cofrade, muy parecido a otro que ya resolvió Serrano el año anterior con otro menor que quería salir en la Hermandad de Los Gitanos y que falló de idéntica manera. La diferencia es que entonces hubo más tiempo para escuchar a las partes. La defensa de Serrano alega ahora que, a pesar del escaso margen de tiempo que hubo entre la solicitud y la Madrugá, la madre conoció el auto dos días antes de la salida de la cofradía y no existió connivencia con ningún abogado para facilitar al niño cumplir su voluntad, expresada por él mismo ante el magistrado en sede judicial.

Así lo expresa la Audiencia al recordar que, en cualquier caso, la decisión del juez “no supone una discrepancia en el ejercicio de la patria potestad o una modificación sustancial del régimen de estancia, comunicación y visitas, sino una medida puntual y cautelar en evitación de un perjuicio al menor de referencia”. La madre del menor esta legitimada para recurrir hasta donde el sistema legal le permita, pero la trayectoria de Francisco Serrano no invita a pensar que nos encontremos ante un juez injusto, arbitrario y merecedor de doce años de cárcel. La decisión del juez estuvo acompañada de errores informáticos y humanos y fue tomada con una celeridad inconveniente, pero se hizo atendiendo el interés del menor sobre el de los padres. Walter Savage Landor ya dijo que demorar la justicia es injusticia. Esperemos que su hiperbólica aplicación no se lleve por delante a un juez justo.

23
Jul/2011

El bálsamo de Fierabrás

Francisco Camps nunca quiso dejar el poder. La prueba es que se pasó más de dos años en la cuerda floja judicial luchando contra molinos de viento. Aún así, Mariano Rajoy asumió verle otra vez investido Presidente de la Generalitat. Camps y Rajoy, viendo la que se les venía encima, decidieron beberse el Bálsamo de Fierabrás. Hirvieron aceite, vino, sal y romero. Como Don Quijote, el expresident valenciano se creyó invencible y curado de todas las heridas, mientras que el mismo brebaje, lejos de aportarle vigor, terminó produciendo sobre Rajoy el mismo efecto laxante que Sancho Panza padeció en la novela de Cervantes. De nada les valieron los ochenta padrenuestros, ochenta avemarías, ochenta salves y ochenta credos que otorgaban magia a la pócima. Todos sabían que llegaría el día de su procesamiento pero Rajoy no supo, no quiso o no pudo hacer nada. Cuanto más avanzaba la justicia, más se enrocaba el PP valenciano, poniendo en riesgo la unidad del partido y los intereses de Rajoy de llegar a la Moncloa. Hasta que esta pasada semana todo saltó por los aires después de que Federico Trillo intentara sin éxito convencer a Camps de que se declarara culpable y pagara la multa. Génova pretendía, con tal de evitar el juicio, que Camps siguiera al frente del gobierno valenciano después de asumir su culpa y reconocer que mintió a todo el mundo, incluido el juez. ¿Habrían votado lo mismo los valencianos de conocer que su futuro presidente se sentaría en el banquillo de los acusados? Lo lógico sería decir que no, pero la realidad incita a pensar que también habría arrasado en las urnas. Esta última reflexión invitaría a un nuevo y extenso artículo sobre el efecto de la corrupción en los distintos partidos y las sociedades en las que desarrollan su política, sobre los escrúpulos de la izquierda y la ausencia de complejos de la derecha. Sobre si realmente existen izquierda y derecha, o son todas ramas del mismo tronco, antaño recio y vigoroso, hoy reseco por la ausencia de nivel, el hedor de los intereses personales sobre los generales y, por ende, el desapego de los ciudadanos por el descrédito de la política
La dimisión de Camps, una decisión que le ha costado más de dos años tomar, no obedece a los tres trajes confeccionados por el sastre José Tomás y regalados por la trama de corrupción política vinculada al PP. Eso es mirar al dedo y no a la luna. Es cierto que Camps mintió al decir que se pagó los trajes y parece lógico que un presidente autonómico que reconoce públicamente su mentira, asume que aceptó regalos de unos supuestos corruptos y será procesado ante un juez, no tiene demasiados elementos objetivos para continuar al frente de su responsabilidad política. Pero todo eso sigue siendo el dedo en el que las partes interesadas pretenden que nos fijemos. Camps ha dimitido porque la justicia lo ha situado en el epicentro de la mayor trama de corrupción política de los últimos años en España. Los trajes son lo de menos. Lo relevante es que el Tribunal Superior de Justicia de Valencia ve indicios claros de financiación ilegal en la cúpula del Partido Popular en Valencia a la que pertenecen Francisco Camps y Ricardo Costa. La justicia no sólo apunta a un cohecho impropio sino a corrupción política con mayúsculas.

Mariano Rajoy tiene muchas posibilidades de convertirse en el próximo presidente del Gobierno de España. Pero el papel que ha jugado en la crisis de la Gürtell y Camps no lo ha situado a la altura de lo que de él se espera. Sus declaraciones del viernes apelando a la “grandeza” del gesto de Camps y augurando un brillante futuro para el expresidente valenciano “en la esfera pública o privada” desmoralizan a todos aquellos ciudadanos que exigen higiene democrática y tolerancia cero con la corrupción. La tibieza en asuntos de tanta envergadura es lo peor para un partido que ha obtenido el 22 de mayo el respaldo mayoritario de los españoles. El PP no ha respetado la presunción de inocencia de Camps porque intentó convencerle para que se declarara culpable en base a un mero cálculo electoral. La investigación judicial, sin embargo, amenaza con dinamitar cualquier cálculo que hagan los populares. No se trata de medir los tiempos, sino de demostrar si hay corrupción en el PP. Si es así, el principal objetivo de Rajoy debe ser erradicarla, no taparla como hasta ahora. Lo misma medicina ha de aplicarse el PSOE de Rubalcaba. En esto no hay medias tintas. No puede haberlas. Pero sí existen diferencias. Rubalcaba no ha sido imputado en el caso Faisán. Él sustituyó al jefe policial procesado y en la actualidad, ETA está más acorralada que nunca, lo que desmonta cualquier insinuación de colaboración con banda armada. En Andalucía, no hay procesamientos ni condenas por el caso de los ERE. Y los imputados han sido apartados de la vida pública. Política y corrupción son incompatibles como el estómago y el Bálsamo de Fierabrás, por más que Camps pensara que tomarlo le haría invencible. Lástima. Se le acabó el cuento. dsuarez@correoandalucia.es

16
Jul/2011

Los dogmas de fe

Cuando el fin justifica los medios, las cosas suelen finalizar mal para aquel que pone los medios. El nuevo gobierno de Sevilla cuenta con la legitimidad de los 166.000 votos obtenidos por el PP y sus 20 concejales, pero debe ser extremadamente escrupuloso al enfocar lo que significa el interés general. Juan Ignacio Zoido ha mostrado su disposición a cambiar el plan general de ordenación urbana de Sevilla (PGOU) para atraer inversiones que generen empleo y riqueza. No es algo nuevo. El anterior alcalde, Alfredo Sánchez Monteseirín ya planteó la misma posibilidad para proyectos similares. La diferencia está en los medios: una cosa es facilitar una modificación puntual y otra muy distinta promover un ‘pelotazo’ urbanístico. Es ahí donde un alcalde debe definir las líneas rojas que separan una decisión política legal que favorece a la ciudad de un movimiento especulativo alejado del ordenamiento y disfrazado de coartada en tiempos de crisis para favorecer el enriquecimiento de unos pocos a costa del interés público que paradójicamente se enarbola como bandera para justificar la operación.
La multinacional Ikea, que promueve un centro comercial en los terrenos de San Nicolás Oeste, ha dado un ultimátum al Ayuntamiento para que le sean aprobados sus planes. La empresa sueca ha exigido que se le triplique la edificabilidad permitida por el plan general, de 107.000 metros cuadrados a 148.000. Sólo así estaría dispuesta a liberar una inversión de 200 millones de euros que favorecería –según los cálculos de la empresa– la creación de unos 4.000 empleos entre directos e indirectos. Ikea pretende utilizar ese desproporcionado aumento de edificabilidad lucrativa para un nuevo centro comercial –su tienda es la excusa– que alquilará a otras empresas para que su proyecto le salga a coste cero. El empleo es el señuelo para promover una operación que la multinacional ya ha planteado en otras ciudades españolas ávidas de rentabilizar un proyecto tan goloso. El nuevo alcalde hace bien al intentar que no se escape la inversión sueca de Sevilla, pero no puede hacerlo a cualquier precio. Probablemente, Ikea podría suponer para el PP una equivocación mayor de la que cometió la coalición PSOE-IU con los terrenos de Altadis en Los Remedios. Las cosas no suelen ser blancas o negras. En el camino hay multitud de grises. Castigar a Altadis sin un convenio razonable por haber cerrado su fábrica en Sevilla fue una decisión tan simbólica como exagerada por parte del gobierno municipal, sobre todo porque Sevilla necesita poner en valor unos terrenos estratégicos como los de la tabacalera. Hizo bien el consistorio al no permitir una recalificación que le hubiera reportado pingües beneficios a la empresa que había despedido a más de 200 empleados, pero la cerrazón municipal a lograr un acuerdo de venta de los terrenos, siendo razonable en lo emotivo, no lo era en lo práctico. Los pendulazos no son buenos. Por eso, pasar de un proteccionismo absoluto como del de Altadis a una recalificación a la carta como la de Ikea supone un movimiento público antagónico, en este caso mucho más perjudicial para los intereses de la ciudad. Se crea empleo, pero a costa de hurtar la legalidad y socavar la igualdad de derechos. Y eso no lo puede permitir una administración. Juan Ignacio Zoido debe seguir explorando vías para generar empleo y riqueza en Sevilla. La ampliación de Isla Mágica, la adaptación del edificio de la Gavidia, los nuevos convenios urbanísticos con el Sevilla y el Betis para la remodelación de sus estadios, el aprovechamiento de las instalaciones de Altadis… Zoido debe acometer todos estos proyectos con la sensibilidad de la prioridad para el empleo pero sin ceder ante espurios intereses particulares.

En este punto, cabría decir que los aprovechamientos urbanísticos desmedidos no son exclusivos de los promotores privados. Aún perdura el litigio judicial que mantienen la Junta y el Estado por el intento de éste de aumentar de forma desproporcionada la edificabilidad lucrativa en los terrenos de Los Gordales, el actual campo de la Feria. La Junta de Andalucía rechazó las pretensiones del Gobierno y es seguro que en el caso de Ikea, la administración autonómica rechazará de plano las pretensiones de la multinacional si finalmente el Ayuntamiento da su visto bueno a la recalificación. El presidente de la Junta, José Antonio Griñán, dijo esta semana en los Diálogos de El Correo de Andalucía que la creación de empleo no da vía libre para vulnerar la legalidad. Es inadmisible que con la excusa del empleo se acabe robando a la ciudad. El lápiz del urbanismo lo debe empuñar el alcalde para preservar el interés general, no algunos promotores con el señuelo del empleo para sus intereses particulares. El concejal Gregorio Serrano tiene razón al decir que el PGOU no es un dogma de fe. La revisión urbanística es lógica, a veces deseable porque las ciudades están vivas. Pero intentar prostituir su diseño es la forma más rápida de degenerarla. Y la factura, al final será mucho más cara para todos.

09
Jul/2011

Trenes en vía muerta

El debate abierto por el Ministro de Fomento, José Blanco, el pasado martes en Sevilla dentro de Los Diálogos de El Correo de Andalucía es tan inconveniente políticamente para las aspiraciones de Rubalcaba como necesario para el futuro inmediato de España. Blanco aseguró que el mantenimiento de las grandes infraestructuras de obra pública será, más pronto que tarde, imposible sin abordar una subida de impuestos. El Ministro dio cifras tan apabullantes como los 2.000 millones de euros que invierte anualmente el Estado en la conservación de las carreteras o los 100.000 euros anuales que cuesta mantener cada kilómetro de vía de alta velocidad, si bien es cierto que Renfe produce ingresos al contrario que las autovías. El debate está ahí y eludirlo con otra patada al balón sólo contribuirá a extender la perniciosa sensación de que todo debe ser gratis y que cualquier alcalde tiene derecho a exigir un AVE por más que la realidad haga inviable la ocurrencia. Las infraestructuras públicas deben proyectarse con el aval de los técnicos en función del servicio público y también de la rentabilidad. El peligro reside en impulsarlas al albur de los intereses políticos y las presiones partidistas que sólo conducen a realidades tan lamentables como el desmantelamiento inmediato de la línea de alta velocidad Madrid-Cuenca-Toledo que costaba 18.000 euros diarios para trasladar a nueve personas o la puesta en servicio de un aeropuerto en Castellón sin aviones que puedan aterrizar sobre sus inmaculadas pistas. España es hoy el País de la Unión Europea con más kilómetros de autovía de libre circulación y más tramos de alta velocidad. Sin embargo, su tipo impositivo es sensiblemente menor que el de otros países de la eurozona que cuentan con menor longitud de infraestructuras públicas. Una realidad tan contundente no se puede ocultar, sobre todo cuando las comunidades autónomas se han lanzado en tromba contra el Ministerio de Fomento al conocerse los importantes recortes que el Gobierno acometerá en la inversión pública por la crisis económica. Cuesta entender, sin embargo, que el Ministro haya decidido abrir ese melón tan amargo en pleno proceso preelectoral de arranque de la candidatura del candidato socialista a la presidencia, Alfredo Pérez Rubalcaba, quien acaba de plantear por convencimiento y necesidad, un viraje social para intentar conectar con un electorado hastiado por los recortes impulsados por un José Luis Rodríguez Zapatero sin margen alguno para amortiguar el golpe de las reformas. Ese debate de las infraestructuras, más allá de cuándo y cómo se produzca, debe contar inexcusablemente con el consenso de todos los partidos, porque es muy probable que sea el PP, si llega a la Moncloa en las próximas elecciones generales de noviembre o marzo, el que tenga que tomar la decisión de buscar nuevas vías de ingreso para mantener los trenes, las carreteras y las autovías. Asusta el vaticinio que ya se hace en algunos foros solventes en la órbita del Ministerio de que en cuestión de una década será ineludible que la mayoría de las autovías que son hoy de libre acceso cobren una tasa por su utilización. José blanco ya ha dado el primer paso al alertar de la llegada del lobo. Y en esta ocasión no parece que sea mentira. Lo hizo en Sevilla con carácter general para concretar después que una de las primeras medidas impositivas a aplicar en España puede ser la euroviñeta, un impuesto que comenzará a cobrarse en Francia en el mes de enero a todos los camiones comerciales por el uso de las infraestructuras públicas.

Horas después reabrió en Cataluña el debate de las tasas aéreas como alternativa para financiar parte del mantenimiento de los aeropuertos. Es lo que viene. Andalucía pasará de un contexto actual en el que se reclama que se eliminen peajes como el de la autopista Sevilla-Cádiz, a otro de implantación de cargas impositivas que gravará la utilización de las autovías. Y alimenta esta idea el hecho cierto de que las grandes inversiones en obra pública no suelen tener una correspondencia electoral de los votantes. Particularmente significativo es el caso de Antequera, donde los socialistas han sido barridos literalmente pese a la formidable inversión pública con el intercambiador de alta velocidad. Algo similar ha ocurrido en ciudades como Jaén o Sevilla con el tranvía o el Metro. Los socialistas no han sabido o no han podido rentabilizar extraordinarias inversiones que mejoran la calidad de vida de los ciudadanos pero no son correspondidas en las urnas. Con todo, la prioridad de un gobierno ahora y siempre es la de mantener e impulsar una educación y una sanidad públicas de calidad. Ése objetivo debe ser irrenunciable aún a costa de la ralentización de infrestructuras. El nuevo escenario que se impone supondrá un cambio de hábitos y exigirá mayor concienciación sobre cuál es nuestra realidad como país. Necesitamos afianzar lo imprescindible y repensar lo instrumental. Creer hoy lo contrario es desenfocar el objetivo y alimentar falsas expectativas que sólo acabarán como el AVE a Toledo; en vía muerta.

02
Jul/2011

30J, empresarios indignados

Griñán ha salido reforzado del Debate sobre el Estado de la Comunidad. Incluso podría haber acrecentado esa valoración de haber aceptado más propuestas de la oposición. Tras tomar nota del durísimo correctivo electoral del 22M, el presidente de la Junta ha logrado recuperar la iniciativa política y marcar la agenda con una batería de iniciativas de corte social que pondrá en marcha en este mismo año. Dos de ellas han tenido la virtud de traspasar las fronteras regionales y ocupar protagonismo en la escena mediática nacional. El escaño 110 –un claro guiño al 15M– y las becas de 400 euros para reactivar la formación académica de jóvenes en paro han logrado eco mediático pese a coincidir con el Debate del Estado de la Nación.

Griñán, aunque no lo reconozca públicamente, ha pretendido un viraje a la izquierda incorporando medidas de corte social mientras Arenas ha mantenido su discurso tremendista, centrado en debilitar al Gobierno con su tradicional batería de frases hechas y un paquete de propuestas tan numeroso como poco desarrollado. Tampoco necesita más. Lo último que le interesa a los populares ahora es mostrar sus cartas, decir lo que harán si gobiernan. El PP no tiene varitas mágicas y sabe que sus medidas no invertirán una crisis de causas globales y consecuencias aún impredecibles. Acierta, sin embargo, al enarbolar la austeridad como bandera y reclamo electoral.

El éxito de Griñán en el debate –con poca audiencia televisiva pero seguido en las redes sociales, con más de un millón referencias– no sólo es positivo por la recuperación de la imagen pública del presidente, sino por la motivación en clave interna para su partido. Los militantes socialistas, aturdidos por el mazazo electoral de mayo, han visto luz en el túnel, algo fundamental para activarse y frenar la sangría. Griñán continuará haciendo guiños a la izquierda. Un detalle –simbólico o no, según se mire– será el de intervenir en el foro Los Diálogos de El Correo el próximo 13 de julio en Sevilla presentado por Concha Caballero, después de haber incorporado a su gobierno y elevado a categoría de ministra a Rosa Aguilar.

Con todo, el escenario es de tal volatilidad que apenas se pueden realizar estrategias más allá de unas semanas. En clave interna, la incertidumbre está asociada a la incógnita de cuándo abandonará Rubalcaba el Gobierno y si se celebrarán elecciones generales anticipadas en el mes de noviembre.

Mientras se intentan clarificar algunas de esas cuestiones y Griñán avanza en su pretendido viraje social, no debiera el presidente perderle la cara a lo ocurrido el pasado jueves en el Palacio de Congresos de Sevilla, donde la patronal andaluza hizo una auténtica exhibición de fuerza. Sería un error pensar que el acto obedece en exclusiva a las intenciones del Partido Popular de erosionar al Gobierno utilizando a la Confederación de Empresarios, que se ha posicionado claramente en las últimas fechas cerca de Javier Arenas. Es evidente que esa lectura es correcta, pero lo ocurrido va mucho más allá de esa visión cortoplacista. El jueves se vio en Fibes a centenares de pequeños, medianos y grandes empresarios hastiados de las trabas burocráticas de la administración. El 30J en Sevilla fue el día de los empresarios indignados que exigen reglas de juego claras para sus proyectos empresariales atascados en los despachos de la administración.

Demandan seguridad jurídica y celeridad en los pagos a los proveedores. Claman contra la arbitrariedad y el exceso de celo medioambiental que eterniza proyectos que generan riqueza y empleo. El dragado del río Guadalquivir es un buen ejemplo. Tras más de una década, aún no ha sido posible que el Puerto obtenga una autorización medioambiental. Pero lo peor es que tampoco tiene una negativa. Los meses y los años transcurren en una especie de limbo administrativo mientras se ponen en riesgo 17.000 empleos.

El paro es hoy el principal problema de Andalucía. Y la administración, además de favorecer la cultura emprendedora, debe aportar celeridad –no una burocracia desesperante– a las empresas que arriesgan su esfuerzo y su dinero en Andalucía; compañías que están dispuestas a aplicar la última tecnología medioambiental y resueltas a cumplir condiciones razonables de prevención, pero que se ven atrapadas en un laberinto administrativo que las lleva a la ruina. Esos gritos de los empresarios indignados del 30J son los que la administración también debe escuchar para que se genere riqueza y empleo.

Eso es lo urgente. Más allá de aquellos empresarios que hayan pretendido una utilización política del cónclave, predomina en ellos un sentimiento común de legítima indignación. Aplacarlo cuanto antes debiera ser prioridad de la administración, con arreglo a la legalidad y respeto al medio ambiente, pero con la convicción de que la urgente necesidad es la de crear empleo en Andalucía. Se puede ser sostenible sin tener que debilitar la economía. Así también se construye ese viraje social que debe favorecer el Gobierno andaluz.