Monthly Archives: Marzo 2011

27
Mar/2011

Pilatos bajo las setas

Grafismo DS 27-03-11300La Encarnación fue durante años el símbolo de la incapacidad municipal –de todo color político– para frenar el ocaso del casco norte de Sevilla. Las evidentes fallas estéticas y arquitectónicas de la calle Imagen y el lamentable estado del solar ocupado durante años por los coches y la basura eran el reconocimiento explícito y diario de un fracaso colectivo. Desde que en 1973 los placeros del antiguo mercado se mudaron a las instalaciones provisionales, las sucesivas corporaciones municipales han sido incapaces de articular un proyecto transformador. La Encarnación necesitaba un hito, una apuesta arriesgada que resolviera de una vez los problemas del mercado de abastos, la integración de la plaza en la ciudad y la reactivación comercial y turística de una zona del casco histórico en clara desventaja respecto al sector de la Catedral y el entorno del río. Esta conclusión, aceptada de forma unánime por políticos y técnicos, quedó plasmada en el nuevo Plan General de Ordenación Urbana de Sevilla (PGOU) que contempló en la zona una intervención singular. Metropol Parasol, sin embargo, excede de la singularidad pretendida en la estética y sobre todo en el procedimiento utilizado en su concesión administrativa y su construcción.

Antes, hubo que descartar el proyecto del arquitecto José Antonio Carbajal, impulsado por el Partido Andalucista. Bienintencionado en sus fines, planteaba un nuevo mercado sin demasiadas pretensiones pero introducía un gran parking subterráneo de rotación en pleno casco histórico en contra de los planes europeos de movilidad y de la lógica de las políticas sostenibles en las grandes ciudades. Además, el hallazgo de relevantes restos arqueológicos de la Sevilla romana obligó a Cultura a paralizar el proyecto. La Encarnación perdió mucho tiempo y dinero entonces. Urgía una solución definitiva, útil a la par que novedosa. Se convocó un concurso internacional de ideas –una práctica muy de moda en el ayuntamiento sevillano– para encontrar un hito, el símbolo arquitectónico que la ciudad necesitaba como gran proyecto de obra civil del siglo XXI y auténtico catalizador económico y turístico del casco norte de Sevilla. Un joven arquitecto alemán, Jürgen Mayer, se llevó el gato al agua con los parasoles inspirados en los ficus de la Plaza del Cristo de Burgos. Entonces, casi todos alabaron el proyecto, incluidos los representantes del colegio de arquitectos que ahora se lavan las manos como el Pilatos que pasará bajo las setas el Martes Santo. Después faltó un debate sosegado para digerir el proyecto. Porque se empezó a debatir contra las setas y no sobre las setas. Con todo, muchos de los argumentos contrarios eran lógicos y razonables. La Encarnación comenzó a construir su nueva casa por el tejado. No había un proyecto cerrado, ni un plan de seguridad. El procedimiento constructivo era tan novedoso que aún no se había inventado la tecnología para ponerlo en marcha.

Un estudio de arquitectura alemán (Jürgen Mayer), una empresa constructora española (Sacyr) y una firma de ingeniería británica (Arup) se unieron para hacer realidad algo que en los papeles era mera ficción constructiva. Y lo consiguieron, aunque el coste fue demasiado alto. De los 50 millones de euros iniciales se pasó a un proyecto que rondará los cien, nada que ver en cualquier caso con la casa de la cultura de Santiago de Compostela, presupuestada en cien millones con un coste final de 500. Otro grave error fue el pliego de condiciones de la concesión administrativa. El Ayuntamiento deja en manos privadas la plaza con una concesión a 40 años y encima pierde patrimonio al ceder a Sacyr la sede de la Delegación de Hacienda y se deja dinero público al tener que inyectar un buen puñado de millones para poder acabarlo.

La conclusión es que la gestión pública en la concepción de los parasoles de la Encarnación fue desastrosa y esas decisiones fallidas fueron lastrando todo lo demás. Pero la deficiente gestión municipal no invalida el mérito de haber puesto en valor para Sevilla un verdadero hito arquitectónico que podrá gustar o no, pero se convertirá sin ningún género de dudas en un foco comercial y turístico de primer orden en Sevilla. Hasta el propio Zoido, que derrapó en su día al plantear que se dejara a medio hacer, hará suyo el proyecto si llega a la Alcaldía. Los hechos son objetivos: los placeros de la Encarnación han multiplicado por cinco las ventas y ganarán mucho más si son capaces de reinventarse para ofrecer sus productos a los miles de turistas que llegarán atraídos por la arquitectura y el museo. En plena crisis, Sevilla tendrá en las setas y el nuevo Fibes dos herramientas clave para su reactivación económica. La mayoría de extranjeros que visiten Sevilla pasarán por la Encarnación y subirán al mirador que ‘democratiza’ las vistas. Y los sevillanos harán suyo el proyecto, lo abrazarán e incluso presumirán de arquitectura de vanguardia ante los visitantes. Sevilla tendrá próximamente en la Encarnación dos tesoros, el del Carambolo y el de las setas. Al tiempo.

20
Mar/2011

La deuda del Guadalquivir

En estos tiempos de crispación política, resulta difícil que en Andalucía se pueda debatir sobre un asunto y no sólo contra él. Esta rara avis multiplica su valor al comprobar que en la sentencia del Tribunal Constitucional sobre las competencias del Guadalquivir todos los líderes políticos andaluces son capaces –en mayor o menor medida– de posicionarse del mismo lado en defensa del interés común y de la lógica interpretativa por encima de la literalidad. PSOE, IU y PP (éste último con la boca pequeña y dejándose querer, pero haciéndose la foto finalmente) han mostrado públicamente su intención de defender el protagonismo de Andalucía en la gestión del río Guadalquivir tras el fallo del TC que anula el artículo 51 del estatuto andaluz, aprobado en las Cortes por unanimidad.

Imagen-Grafismo-editorial-DQue el Guadalquivir es un río andaluz no admite discusión. La sentencia contraria, sin embargo, no ha sorprendido a casi nadie. Ahí radica la dificultad para remontar las aguas en las que ha navegado este asunto, agitadas legítimamente por la Junta de Extremadura en su doble recurso de inconstitucionalidad por el Guadalquivir y el Duero. La suerte para quienes tienen que resolverlo es que el debate se circunscribe a las administraciones y sectores implicados. No existe reivindicación en la calle ni presión autonomista en la opinión pública, lo que permite trabajar con mayor margen para lograr una salida airosa dentro de la legalidad. El problema, sin embargo, se agrava al estar transferidas las competencias a la Junta, que en dos años ha creado una poderosa estructura administrativa acompañada de un ingente esfuerzo. No se trataba en este caso de intentar a cualquier precio adelgazar el Estado, sino de buscar fórmulas razonables y eficaces que ayuden a mejorar la gestión pública.

Parece lógico pensar que la Junta de Andalucía pueda estar en mejores condiciones que el Estado para gestionar un río  cuyas aguas son andaluzas en un 99%. Tiene sentido que una administración por la que discurre el 90% de los 51.000 kilómetros de agua tenga mayor conocimiento del medio y sepa en menos tiempo lo que puede ser más conveniente para los casi cinco millones de andaluces que viven en sus márgenes. Es sencillo pensar que los ayuntamientos que se derraman por el cauce del Guadalquivir pueden ser atendidos con más celeridad y de una manera más eficiente en sus reivindicaciones y necesidades si se relacionan con la administración autonómica, la más cercana. La doctrina aplicada por el Tribunal Constitucional ha sido la más restrictiva posible respecto a los avances en el derecho a la autonomía planteados por el estatuto andaluz. Los magistrados entienden que existe un serio riesgo de “fragmentar” el Estado con decisiones como la adoptada con al acuerdo de todos en la norma andaluza. El foco abrasador colocado convenientemente por la crisis económica sobre el estado de las autonomías y sus derroches y duplicidades juega en este sentido como un factor en contra de los intereses de mayor nivel de competencias y autogobierno por parte de las comunidades autónomas.

La gestión del Guadalquivir fue uno de los pilares reivindicativos de la reforma estatutaria. La norma y la lógica indican que Andalucía no debe perder protagonismo en la gestión del Guadalquivir. La reunión del Presidente andaluz, José Antonio Griñán y el Presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero prevista para mañana lunes, debe servir para encontrar una salida política y legal en la que Andalucia pueda establecer un marco de cooperación con las otras comunidades autónomas sin perder su lógico protagonismo en la gestión de la cuenca. No se trata de decir aquí que el agua es de todos, que no entiende de fronteras. Lo que se pretende es, ni más ni menos que lo que demanda hoy la sociedad: simplificar los procedimientos de las administraciones para que las políticas sean más ágiles, efectivas y útiles para los ciudadanos. La gestión andaluza del Guadalquivir por medio de la delegación de competencias del Estado se antoja la fórmula más razonable. La Junta, sin embargo, deberá ganarse la credibilidad con una gestión seria, rigurosa, eficiente. La administración debe dejar de mirar al río sólo como fuente de ingresos y abrazarlo como elemento vertebrador, dotándolo de infraestructuras turísticas y de ocio, integrándolo en las ciudades que baña, acometiendo las obras necesarias para evitar las crecidas e inundaciones; favoreciendo una política racional de desembalses, atendiendo a las comunidades de regantes y propiciando el equilibrio entre el respeto a su ecosistema y el progreso económico como autopista fluvial de mercancías. Andalucía, dentro de la legalidad constitucional, debe buscar de la mano del Estado y de las comunidades bañadas por el río, la mejor fórmula de cooperación. No se trata de apropiarse del agua ni de compartimentar los territorios. El objetivo debe ser el de buscar el modelo de gestión que otorgue al Guadalquivir su papel clave en la vertebración de nuestra tierra. Y en ese sentido, Andalucía aún sigue en deuda con su río. Una deuda histórica.

13
Mar/2011

25 millones de razones

La línea uno del Metro de Sevilla ha alcanzado la cifra de 25 millones de viajeros, superando las previsiones más optimistas. Antes de su inauguración el 2 de abril de 2009, llegó a calar un mensaje preñado de catastrofismo que abanderaba sin desmayo una legión de objetores. Casi nadie daba un euro por un proyecto que ya venía marcado por el estigma de su propio funeral en la década de los 80. La construcción de la primera línea del Metro se desarrolló bajo una intensa presión social y mediática, agravada por varios incidentes que milagrosamente no acabaron en tragedia.

Grafismo DS 13 03 11El mayor error, sin embargo, fue afrontar el inicio de las obras sin un proyecto constructivo cerrado, lo que dilató los plazos e incrementó los costes. Hoy, la arrebatadora realidad del Metro evidencia que aquel esfuerzo valió la pena, sobre todo para los vecinos y comerciantes del entorno del trazado, que tuvieron que vivir durante años su particular calvario con forma de tuneladora. Ahora, los resultados avalan la necesidad de completar cuanto antes la red de Metro de Sevilla con las tres líneas restantes, pero la crisis económica, las dificultades financieras para la colaboración público-privada y la reciente comparecencia parlamentaria de la Consejera de Obras Públicas, Josefina Cruz Villalón, en la que eludió dar plazos para iniciar las obras, han disparado las dudas.

En la actual legislatura, la Consejería de Obras Públicas ha cambiado cuatro veces de titular, lo que ha provocado decenas de relevos de altos cargos en la administración que gestiona el Metro. En ese contexto impropio se ha forjado la ampliación de la red del suburbano que, en contra de lo que se pueda pensar, no está parada. Es evidente que Cruz Villalón no dispone del celofán con el Rosa Aguilar envuelve las palabras. Quizá por eso, por conocer técnicamente el terreno que pisa, no ha querido dar plazos como sí hizo su antecesora. El discurso de la actual consejera, cuajado de realismo y rigurosidad, tiene aún mayor valor al enmarcarse en un contexto preelectoral tan proclive a la venta de humo como al rédito cortoplacista de la política. Es lógico que ante una crisis de proporciones históricas, la administración pública admita dificultades financieras para hacer frente a un proyecto tasado en más de 2.800 millones de euros. De momento, la Junta ha invertido 17 millones en los tres proyectos constructivos que podrán quedar cerrados a lo largo del año para su posterior licitación.

Es muy importante contar con una hoja de ruta preestablecida para poder comenzar a excavar con total garantía. De haberse hecho así la línea uno, el ahorro en dinero y tiempo hubiera sido considerable por más que cada iniciativa sea hija de su tiempo, su momento político y sus circunstancias. Parece razonable que no se liciten las obras hasta que, una vez resueltas las alegaciones y repercutido el coste subsiguiente de las que sean aceptadas, se culminen y aprueben los proyectos constructivos. Quizá a eso se refería Cruz Villalón al hablar de las dificultades técnicas para eludir dar plazos de inicio de las obras.

La fórmula de la colaboración público-privada no termina de arrancar en Andalucía pese a que hay proyectos, como el de la primera línea de Metro, que lo avalan. La explotación del suburbano está siendo un éxito de demanda y de retorno financiero para la concesionaria. Nadie lo diría cuando la Junta tuvo que ampliar su participación en la sociedad tras los fallos y retrasos que se produjeron en su construcción. El interés de varias empresas y entidades financieras por la nueva red existe, pero aún no va más allá de una aproximación superficial a los proyectos.

Para que se produzcan avances y las empresas quieran adelantar financiación, la administración debe ofrecer garantías jurídicas y certidumbres. Ése es el contexto esencial en el que la iniciativa privada y la administración pública podrán ir de la mano más allá de las dificultades económicas que atenazan a todos. Y al igual que el banco Europeo de Inversiones acaba de conceder 260 millones de euros para el Metro de Granada, la Junta debe solicitar a la institución una línea de crédito para completar una red sevillana que, más allá de su comprobada rentabilidad, es necesaria para garantizar la movilidad desde lo público, un cambio de hábitos fundamental para Sevilla.

Es mejor para todos que la ampliación del Metro se haga con pasos seguros, ajustando los costes; imponiendo la prudencia al efectismo. Es normal que la sobria comparecencia de la consejera haya generado incertidumbre a miles de sevillanos que esperan como agua de mayo una estación de Metro junto a sus viviendas, pero el camino escogido para su desarrollo parece el más sólido. Sevilla necesita su red de Metro. La experiencia de la primera línea dicta que existen 25 millones de razones para que las líneas 2, 3 y 4 del Metro de Sevilla se construyan con un trazado subterráneo en su mayor parte y unos costes ajustados a la realidad. Todos los partidos políticos deben empujar en la misma dirección para ahuyentar fantasmas del pasado y propiciar una red de Metro que perdure como la gran obra civil de la Sevilla del siglo XXI. El objetivo debe ser irrenunciable.

06
Mar/2011

¿Cambio irreversible?

El caso de los ERE es grave, escandaloso; insoportable. Ataca a la credibilidad, desprestigia la política y erosiona la democracia. Chaves y Griñán han reconocido que está dañando a su partido como ya ratifican las encuestas. El Gobierno andaluz intenta evitar nuevos sondeos porque sus resultados son demoledores. La atmósfera irrespirable mantiene en estado de shock a buena parte de la militancia y provoca desapego, desdén o indiferencia en la mayoría de los votantes socialistas. Se ha activado el escrúpulo de la izquierda y los sentimientos de buena parte del electorado progresista navegan entre la impotencia, el hastío o el desconcierto. El PSOE andaluz está noqueado, no para de recibir golpes y no suena la campana. Los intrusos en las prejubilaciones continúan apareciendo mientras salen a la luz pública investigaciones de la Fiscalía con nuevas presuntas irregularidades en la gestión de fondos públicos. Y todo tiene un denominador común: la falta de control, no tanto en el procedimiento de concesión de las ayudas –que también– como en su posterior fiscalización para garantizar el uso correcto del dinero. Esta es hoy la situación.

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La realidad, sin embargo, corre el riesgo de deformarse y derramarse como un vertido tóxico al servicio de intereses espurios y cíclicos que ansían una imagen de Andalucía fullera, indolente y subsidiada. El escándalo de los ERE, que no se corresponde ni mucho menos con el patrón de un uso generalizado en la administración pública, es el ariete perfecto con el que los enemigos de Andalucía pretenden llevarse por delante el espíritu del 28F, arrasar el bienestar conquistado durante tres décadas y llevar a la pira el cuerpo difunto de nuestra autonomía. No es la primera vez que ocurre, pero ahora va en serio. Quizá a eso se refería esta semana Rafael Escuredo cuando, al ser entrevistado en el Meridiano de Canal Sur, alertó sobre el peligro de bajar los brazos, un sentimiento bastante extendido hoy en el PSOE pese a los mensajes públicos de transparencia y firmeza con que los socialistas resisten en el Parlamento los embates de la oposición. Y es posible que Felipe González pensara en algo similar al exigir recientemente “militancia pura y dura” para salvar a su partido de la crisis. En estas horas bajas, cuando todo está oscuro, los referentes andaluces del PSOE piden a los suyos justamente lo contrario de desaparecer y meter la cabeza bajo tierra sin saber a ciencia cierta si escampará. Les conminan a alzar los brazos por la dignidad y la ética desde lo público. Y en esa magna encomienda juega un papel fundamental la transparencia.

Se está actuando con diligencia llevando al juzgado los 73 ‘intrusos’, ofreciendo a la juez todas las ayudas directas otorgadas por Empleo, informando al Parlamento. No son ayudas ilegales ni se han destinado 647 millones a irregularidades. Se concedieron con control administrativo, si bien es cierto que los procedimientos se han revelado inservibles. Pero el huracán sopla en contra. Y es difícil mantener la serenidad y la prudencia cuando, como ha dicho José Antonio Viera, “las sospechas se convierten hoy en imputaciones y las imputaciones en condenas”, sin ni siquiera haberse cerrado la instrucción judicial. No sólo hay que perseguir a los socialistas corruptos, como demandó el PP en el Parlamento. Hay que desterrar a los corruptos, allá donde militen. Y lo cierto es que ningún partido anda hoy sobrado para dar lecciones. De hecho, hubo prejubilaciones legales pero maquilladas en el expediente gestionado por el Gobierno del PP en Minas de Riotinto. Participaron todos porque el dinero público se usaba para dar protección a los desempleados y mantener los puestos de trabajo. Era el precio de la paz social. Había dinero público y los sindicatos presionaban para salvar, con buen criterio, empresas cuyo cierre provocaría dramas en comarcas de Andalucía. El objeto, por tanto, era loable pero maquiavélico. El fin justificaba los medios. Buscarle una paga a un alcalde sexagenario que se queda en paro es tan humanitario como ilegal, inmoral y demoledor en términos de coste político como se ha comprobado. La solidaridad mal entendida es incompatible con los procesos reglados de la Administración. Al PSOE le queda vomitarlo todo en el juzgado con contundencia, rapidez y comparecer con total transparencia en el parlamento cuantas veces haga falta. A la oposición, seguir fiscalizando y denunciando al Gobierno sin caer en la tentación de escenificar circos mediáticos que erosionan su imagen y alimentan a aquellos que nos tienen ojeriza desde que ofrecimos un café para todos en la histórica barra de las autonomías.

En 1993, en medio del ruido ensordecedor de los GAL y Filesa y de una campaña de acoso en Andalucía, las encuestas –como ahora– daban como claro favorito para gobernar al Partido Popular y vaticinaban el descalabro de los socialistas. Al final, el PSOE perdió 17 escaños pero Chaves ganó y revalidó el gobierno. El PP tiene hoy una fidelidad de voto del 80% y el PSOE apenas llega al 45%. ¿El cambio es irreversible? El precedente del 93 señala que no. Pero ocurrirá si el PSOE no levanta las alfombras. Y los brazos.