22
Mar/2015

¿Hacia la regeneración democrática?

Por mucho que queramos, nuestras/os representantes nunca podrán ser una reproducción fiel del pueblo soberano. Ni van a saber expresar su voluntad con fidelidad. Ellas/os no son nosotras/os. Sólo les hemos autorizado a actuar como si lo fueran. Es la ficción de la democracia representativa, la que les autoriza a gestionar la cosa pública en nuestro nombre, y la que les obliga a asumir el compromiso de hacerlo erigiéndose en intérpretes de nuestra voluntad. El problema es que esta ficción corre el peligro de verse convertida en parodia, en pura formalidad vacía de contenido democrático. Para atajarlo es preciso, ante todo, que la composición de nuestros cuerpos de representantes, aun sin llegar a reflejar nuestra sociedad en toda su complejidad, se le acerque en la mayor medida posible. Es preciso, esto es, que nos dotemos de cuerpos de representantes cuya composición refleje nuestra diversidad social. Y es preciso que la democracia no se vea reducida a sus elementos representativos, que estos estén en permanente comunicación con la voluntad del pueblo titular de la soberanía. Es la regeneración democrática que la ciudadanía española no cesa de reclamar.

Hemos de celebrar como una victoria democrática que las elecciones al Parlamento de Andalucía se celebren en un panorama político que augura una notable ampliación de la diversidad institucional. Pero, con independencia de que ésta se vea confirmada por los resultados electorales, las exigencias democráticas de la ciudadanía van hoy más allá. Lo que la ciudadanía reclama como cuestión de dignidad, protagonista de nuevo de las marchas de este fin de semana, es ante todo un papel más activo en los designios de su comunidad política, mediante la participación directa o a través de la democratización interna de los partidos políticos y, con ellos, de las instituciones. Andalucía inaugura hoy nuestro año electoral. La duda es si sabrá también abrir una etapa de regeneración democrática. Es lo que la ciudadanía demanda.

 

08
Mar/2015

Un nuevo 8 de marzo

Un año más celebramos el día de la mujer trabajadora en medio de cifras desazonadoras. Eurostat nos recuerda que seguimos inmersas en una brecha salarial que ha crecido desde el 18.1% en 2007 al 19.3% en 2013; la presencia de mujeres en los consejos de administración de las empresas del Ibex sigue siendo poco más que testimonial (el 17%); menos del 20% de las cátedras de la Universidad pública española están ocupadas por mujeres; según datos del Instituto de la Mujer, las mujeres ocupamos sólo el 17.42% de las alcaldías, presidimos sólo el 13.16% de las Diputaciones provinciales, Diputaciones Forales o Cabildos Insulares, ocupamos sólo el 32.01% de los puestos en órganos superiores y altos cargos en la administración general del Estado, y sólo el 34% de los cargos ejecutivos de los partidos políticos.

Estas cifras, que hoy nos abruman y nos indignan, y que evidencian las resistencias al disfrute por parte de las mujeres de nuestra ciudadanía activa, se nutren de un clima de amplia tolerancia social. Se nutren de la misma tolerancia social que la violencia de género, la que convierte su erradicación en una ardua lucha contracorriente. De nada sirve condenar cada feminicidio y mostrar horror y solidaridad con las víctimas cada 25 de noviembre, si al mismo tiempo alimentamos el negacionismo de la violencia contra las mujeres, si demonizamos a quienes la sufren, en buena tradición judeo-cristiana (los ultras del Betis no actuaron en un vacío social), o si normalizamos las relaciones de dominación de varones sobre mujeres –o peor, las erotizamos. Y de nada sirve lamentar la escasa presencia de mujeres en la esfera pública si seguimos alimentando el discurso de que dicha presencia está en función de la valía y mérito de cada cual. Es necesario tomar conciencia de que estamos ante un problema estructural de género, y es necesario querer resolverlo. Negar lo primero suele ser síntoma de falta de voluntad para lo segundo.

 

21
Feb/2015

Aborto y violencia

Si aceptamos que violencia de género es toda violencia ejercida sobre las mujeres con el fin de perpetuar los roles de género que sustentan los privilegios masculinos del patriarcado, si esto es así trátese de violencia física o psicológica, económica o emocional, individual o institucional, las restricciones al acceso al aborto deben debatirse en términos de violencia institucional de género. ¿Qué si no es la maternidad institucionalmente impuesta? Los sistemas democráticos, claro está, no pueden permitir abiertamente tales manifestaciones de violencia, y se ven obligados a disfrazarlas. La estrategia clásica ha sido camuflarlas tras un discurso protector de la vida del feto. El problema es que este discurso choca con los datos de sistemas que garantizan a las mujeres embarazadas un plazo para decidir informadamente sobre su maternidad y donde existen bajos índices de aborto, de la mano de políticas públicas prestacionales. Y choca con la hipocresía del desinterés de las políticas antiabortistas por proteger la vida ya nacida, incluida la de las mujeres que arriesgan la suya en abortos clandestinos.
De ahí que se haya desarrollado, como segunda estrategia de camuflaje, un discurso paternalista de protección de las mujeres que, débiles e ignorantes, abortan sin quererlo, o sin ser conscientes de lo que hacen. A él recurrió el anterior ministro de Justicia, ya sabemos con qué éxito. Lo más escalofriante de la proposición de impedir que las jóvenes de entre 16 y 18 años puedan prestar su consentimiento al aborto en caso alguno es que no se apoya tanto en estas estrategias como en una defensa abierta de la patria potestad. Que la joven que puede decidir sobre un trasplante no pueda abortar sin consentimiento parental se debe, no al afán de protegerla, no se sabe bien de qué, sino de afianzar la autoridad parental, con independencia del coste que ésta pueda tener para la menor en situaciones de conflicto doméstico. Parecería que, al tratarse de menores, el partido en el gobierno entiende que la violencia institucional de género no merece ser objeto de operaciones de camuflaje.

08
Feb/2015

Sobre el caso Monedero

El caso Errejón siempre me pareció una pamplina, sobredimensionada y exhibida como carnaza en la caza de brujas a que se está sometiendo a Podemos, en un sorprendente alarde de desconocimiento de, y desconfianza hacia, el funcionamiento de la investigación en nuestras universidades (así nos va). El caso Monedero es otra cosa. Aquí sí parece que estamos ante un auténtico supuesto de fraude, resta por ver si fruto del dolo o de un asesoramiento deficiente. Ahora como entonces, con todo, lo que más llamativo me resulta vuelve a ser, no el caso en sí, sino el espíritu de caza de brujas que lo ha alimentado. Basta con comparar la actuación del Ministerio de Hacienda en éste y en otros supuestos de fraude en que bucea este país.

No creo que este tipo de actuaciones logre detener el ascenso del partido de Monedero. De hecho, no me sorprendería si, más allá de despertar ciertas suspicacias, el caso Monedero sirviera para poner aún más en evidencia al aparato político actual, la actuación de sus dirigentes y su ensañamiento con Podemos. Al fin y al cabo, aunque tarde, Monedero ha presentado ya a Hacienda una autoliquidación complementaria por el dinero adeudado. El sistema político institucional parece negarse a aceptar lo obvio: que Podemos es expresión de una crisis institucional de tal calibre que está llevando a la sociedad a cerrar filas en torno a quien se compromete a cambiar las reglas del juego político, y que ninguno de los partidos ya institucionalizados parece dispuesto a dar ese paso –ni probablemente pueda hacerlo ya con credibilidad. Podemos ha ascendido postulándose como un partido constituyente, frente a un orden establecido que en el mejor de los casos viene acompañado de promesas de cambios puntuales. Algo mucho más grave que el caso Monedero, y por supuesto que el patético caso Errejón, tendría que ocurrir para que quienes conectan con ese espíritu constituyente dejasen pasar la oportunidad de implementarlo.

 

25
Ene/2015

Reforma protestante y contradicciones democráticas

Hace poco, una amiga británica reflexionaba sobre una carencia histórica que, en su opinión, ayuda a explicar la crisis político-institucional que padece nuestro país: nos faltaría pasar por una reforma protestante como valedora de un sentido de responsabilidad individual en la esfera pública. Recuerdo esta reflexión en una semana en que el caso Bárcenas, o el caso caja B del Partido Popular, rivaliza en protagonismo con el archivo de las diligencias contra Esperanza Aguirre, nuestra conductora fugitiva estrella.

Reforma protestante o no, lo cierto es que, desde los casos de corrupción hasta la politización de la justicia, y viceversa, desde el apogeo de la partitocracia hasta la creciente distancia entre ciudadanía e instituciones, todo nos recuerda que la democracia moderna es una construcción delicada, que sólo funciona si sus premisas formales se asientan sobre los principios sustantivos adecuados. Lo es porque entre esas premisas existe tensión conceptual hasta el punto de que, llevadas a sus últimas consecuencias, se contradicen. El concepto democrático de gobierno del pueblo se opone al de representación política, elaborado por Hobbes para justificar la monarquía absoluta, y hoy al servicio de los partidos. No podemos evitar esta contradicción, sólo aspirar a minimizarla, manteniendo bajo control el potencial antidemocrático de los partidos y de la representación. Lo mismo sucede entre democracia y economía de mercado, políticamente consagrada como consustancial a la primera. Y sucede también entre los principios democráticos de libertad y seguridad, igualdad y diversidad, o libertad e igualdad, sea económica, de género o de otro tipo. En estos y otros casos, sólo podemos aspirar a evitar que el gobierno del pueblo sucumba ante las tendencias expansivas de otros principios, a preservarlo como principio rector de todos los demás. Es el anhelo que alimenta a Podemos en España y a Syriza en Grecia. Suerte hoy a las/os griegas/os.

 

11
Ene/2015

Caricaturas y democracia

Las democracias occidentales vuelven a estar de luto, el fundamentalismo islámico vuelve a erigirse en su mayor enemigo y su valor central, la libertad de expresión, vuelve a cobrarse víctimas. Todas/os volvemos a sufrir el dolor de la barbarie terrorista. Este podría ser el mejor o el peor momento para reflexionar sobre los usos y abusos de esa libertad de expresión. La cuestión no es discutir sus límites legales, aunque habría que ver hasta dónde llegan los que impone el delito de incitación a la discriminación y al odio. Lo que tenemos pendiente como sociedad es una reflexión sobre sus límites éticos, una reflexión que algunas voces están ya haciendo en público. Me gustaría sumarme a ellas.

¿Son éticas las críticas caricaturescas al Islam, a su profeta Mohammed y sus creyentes? Para las/os no creyentes, las religiones, con su cosmogonía mítica y sus verdades incuestionables, son ciertamente caricaturizables, como lo es el autoritarismo para quienes nos regimos por códigos democráticos. Lo que no podemos olvidar es que en democracia la libertad de expresión y el arte de la caricatura están al servicio de criticar las manifestaciones no democráticas del poder, de mostrar su lado oscuro, no de ridiculizar a colectivos minoritarios. El objeto de crítica no son tanto las religiones en sí como su poder social. Entre nosotros, el Islam sigue siendo una religión minoritaria. Más que fomentar valores democráticos, sus críticas caricaturizadas fomentan la intolerancia ridiculizando lo Otro, lo distinto, lo minoritario, y ensalzando implícitamente lo mayoritario, lo cristiano, lo Nuestro, algo que el terrorismo hacia esas críticas viene paradójicamente a respaldar. No por casualidad es la derecha la que lo capitaliza. Ni deja de ser irónico que Rajoy defienda la libertad de prensa frente al Islam cuando en casa la cercena frente al poder político. Es la libertad de expresión al revés.

 

28
Dic/2014

Feliz Año Electoral

Después de doce largos y densos meses, doce meses de una dureza económica y una intensidad política insoportables, e insostenibles a largo plazo, nos asomamos por fin a un nuevo año. Y lo hacemos con una mezcla de incertidumbre, expectativas y sentido de la responsabilidad. 2015 es un año electoral, y no un año electoral cualquiera. En él celebraremos elecciones municipales, autonómicas y generales, en un panorama político profundamente remodelado por la irrupción y creciente afirmación de Podemos. El horizonte de lo política- mente posible se ha visto ampliado en dimensiones insospechadas hasta el pasado mes de mayo, no ya porque Podemos se perfile como alternativa realista de poder, sino porque ha logrado romper la inercia de

un bipartidismo que más que estabilidad nos ha traído el anquilosamiento y la perversión de las instituciones.

Crece en la ciudadanía la conciencia de que su voto puede cambiar el rumbo político del país, de que pese a los efectos distorsionantes de nuestro sistema electoral, que favorece abiertamente el bipartidismo, muy especialmente al partido conservador, cada voto puede ser decisivo. Crece, en definitiva, la conciencia democrática. Y lo hace con un perfil más constituyente que de mera alternancia en el poder. Lo que la ciudadanía reclama, el clamor que empuja a Podemos, no el deseo de un cambio de gobierno. Es la necesidad de cambiar las reglas del juego democrático para que nos blinden frente a escenarios de corrupción, degeneración institucional e inestabilidad territorial. La ciudadanía reclama un nuevo marco constitucional diseñado desde la estabilidad democrática, que incorpore la experiencia vivida en estos casi cuarenta años de andadura constitucional y, sobre todo, que se tome en serio la soberanía popular. 2015 es un año electoral. Podría ser también el año en que logremos poner en marcha una reforma constitucional de calado democrático. Debería serlo.

 

14
Dic/2014

Pensamiento crítico en el punto de mira

Hay agresiones flagrantes a los valores democráticos, como la Ley de Seguridad Ciudadana recién aprobada en el Congreso. Otras son más sutiles, como la que recurrentemente se ensaña con la Universidad pública española. Para que nos aclaremos: no estamos ya, en España aún menos que en otros países, ante la figura del profesor universitario que sólo sale de su ensimismamiento para impartir un par de clases magistrales. Estamos ante un profesorado universitario sometido a toda clase de inspecciones y controles, sobrecargado de clases y de alumnado que precisa atención personalizada; que ve cómo la política de no contratación está truncando la carrera de sus jóvenes colegas, forzándolas/os a abandonarla o a continuarla en el exilio, o en la universidad privada. Nos encontramos con un profesorado cuya media de edad crece al mismo ritmo que su responsabilidades docentes, burocráticas y de investigación, responsabilidades cuya insatisfacción repercute sobre sus ingresos y horas lectivas. Todo ello en un contexto de recortes en el que se le exige más con menos medios.

Pese a todo, nuestro profesorado universitario se ve sometido a recurrentes campañas de desprestigio. Se le critica su falta de movilidad geográfica en un país sin tradición de movilidad profesional. Se le acusa de endogamia, cuando existen mecanismos externos de evaluación desconocidos en otros sistemas, y que si de algo pecan es de un formalismo que con frecuencia desconoce la calidad académica. Se le reprocha la flexibilidad geográfica y de horario inherente a su labor de investigación. Se logra así poner bajo sospecha a los centros de construcción del pensamiento crítico –y de paso justificar la nueva reforma universitaria en ciernes. Si además ello se hace al hilo de alimentar las sospechas contra formaciones políticas críticas con el sistema, tanto mejor. Así cultivamos el recelo hacia toda fuente de espíritu crítico, en un alarde de pobreza democrática.

 

30
Nov/2014

Es fácil lamentar a posteriori

En 25-N ha transcurrido con el trasfondo de estadísticas que nos hablan de un recrudecimiento de modelos, actitudes y comportamientos sexistas, sobre todo en la población joven. No es un fenómeno nuevo. Los avances normativos en materia de igualdad de género suelen ir acompañados de retrocesos políticos y culturales que los neutralizan. La conquista generalizada, con excepciones, del derecho al voto tras la segunda guerra mundial vino seguida del apogeo del mítico modelo de familia de los años 50, que recluía a las mujeres en el hogar. Su complemento, la paridad o las cuotas de género en las listas electorales, se está introduciendo cuando la legitimidad de la democracia representativa está en claro declive y las normas no alcanzan a cuestionar a los partidos como núcleos masculinos de poder. Y nuestra ley contra la violencia de género celebra este año su décimo aniversario rodeada de neo-machismo y del mito de las denuncias falsas.

Es fácil lamentar a posteriori el archivo de denuncias por violencia de género que acaban en asesinato, como la que en su momento interpusiera contra el doble parricida de Asturias su expareja y madre de las niñas asesinadas este jueves. Lamentos fariseos de muchos que al mismo tiempo alimentan los recelos hacia las mujeres denunciantes, sobre todo si, como en este caso, no había prueba de agresiones físicas. No se puede acabar con el genocidio de género sin acabar con la violencia emocional que prologa la física, y de la que se sirven las estructuras patriarcales para aferrarse al poder. Derribarlas requiere desenmascarar el poder patriarcal que se esconde tras ciudadanos e instituciones que predican la igualdad mientras practican o avalan el abuso en alguna de sus modalidades. Por ello nuestros esfuerzos deben centrarse en identificar, no sólo a las víctimas, sino también las situaciones de abuso, en saber reconocer el perfil del abusador.

 

15
Nov/2014

Ante el abismo

Nuestro Estado está en ruinas. La peste de la corrupción devora sin tregua los cimientos de su legitimidad democrática. Se ha llegado a un punto en que el gobierno central no tiene capacidad ni credibilidad para reaccionar y situarnos en una senda regeneradora. Y lo peor, nuestro drama como Estado, es que tampoco las tiene la oposición, atrapada en su dimensión institucional y contaminada por la epidemia. Los aires de regeneración democrática soplan desde fuera del sistema, y los traen los dos fenómenos que están poniendo a nuestro Estado contra las cuerdas: el independentismo catalán y el fenómeno Podemos. Cada uno a su manera, ambos han crecido a lomos del mensaje de que «el Rey está desnudo», de que nuestra democracia está hueca. Ambos han sabido capitalizar el clamor popular de regeneración democrática. Y ambos pretenden traer dicha regeneración a través de un proceso de reforma de carácter constituyente.

De poco sirve preguntarse sobre la legitimidad constitucional de una consulta, o pseudo-consulta, cuya propuesta es introducir, precisamente, una legitimidad nueva. Como de poco sirve esgrimir el temor al abismo al que nos asomaría la celebración en Cataluña de un referéndum en toda regla, o la llegada de Podemos al gobierno del Estado. Ciertamente, ir a la contra es más fácil que construir y, como admite el propio Pablo Iglesias, las verdaderas dificultades llegan con las responsabilidades de gobierno, más aún de un gobierno con aspiraciones constituyentes. El problema es que estamos encallados en una crisis democrática de dimensiones territorial e institucional, a la que nuestro actual diseño territorial e institucional no es capaz de dar salida, y que nos está llevando al borde del verdadero abismo, el de la deslegitimación. No veo alternativa de regeneración democrática que no pase, a estas alturas, por un referéndum en Cataluña, y por un gobierno en España que venga de fuera del marco institucional actual.