Ya que el ministro de Hacienda, don Cristóbal Montoro, se niega a aclarar las dudas sobre las supuestas ventas de 13 fincas de la Infanta Cristina propongo lo siguiente: que el responsable último de nuestras cuentas públicas nombre director de la Agencia Tributaria a Iker Jiménez. Al menos el presentador de Cuarto Milenio podría pedir ayuda a parasicólogos y esotéricos especializados en la desaparición de fincas para despejar el entuerto. En fin, perdón por el sarcasmo, pero es difícil no caer en la tentación de tomarse a choteo un asunto que no sólo deja por los suelos el nombre de la Infanta Cristina sino el de la propia Agencia Tributaria, ésa de la que presumíamos que era casi tan diligente como la CIA antes de que Julian Assange publicase todos sus secretos en la red. Juzguen: Hacienda entrega al juez que investiga a Urdangarin unn informe sobre 13 supuestas ventas de fincas que habrían reportado a la hija del Rey una cantidad estimada en 1,4 millones de euros. La Infanta niega las ventas y ahora resulta que todo puede deberse a una cadena de presuntos errores de registradores y notarios que no se cree ni el más ingenuo de los españoles. Las teorías conspiratorias me dan urticaria, pero es difícil no pensar que hay algo muy oscuro y extraño detrás de estas presuntas operaciones que ahora nadie confirma.
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Bucaneros al asalto
Como si se tratara de la promoción de un periódico o del catálogo de una compañía musical, el levantamiento del secreto de sumario del caso de los ERE irregulares ha puesto al descubierto esta semana el volumen completo y sin cortes de todas las inmundicias supuestamente perpetradas por una panda de golfos al amparo de una Administración, la autonómica, que falló durante casi una década en su responsabilidad de control de los fondos públicos destinados a ayudar a las empresas en crisis.
Lo que se describe es una trama intrincada, compleja y con una amplia presencia de empresarios, sindicalistas, aseguradoras, comisionistas y consultoras que, en connivencia con altos cargos de la Junta, habrían defraudado en estas ayudas de empleo una cantidad que se cifra en algo menos de 150 millones de euros.
Cualquiera que haya seguido con una mínima atención el detalle de lo relatado por la Guardia Civil se sigue haciendo las mismas preguntas que venimos haciéndonos casi todos desde que estalló el escándalo. Bueno, en realidad se resumen en una: ¿cómo pudo una caterva de macarras cutres y desahogados montar semejante saqueo de las arcas públicas sin que nadie se diera cuenta de las tropelías que se estaban cometiendo?
Ya hemos dicho, y lo reiteramos una vez más, que se sigue echando en falta la asunción de responsabilidades políticas por lo ocurrido. Las revelaciones de esta semana no hacen más que corroborar esta percepción, asentada en buena parte de la opinión pública. Pero la contundencia de lo descrito también sugiere otras dos lecturas que no se deben olvidar.
La primera justifica a la jueza Alaya. Se sostiene desde el Poder Judicial que la titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla tiene que darse más prisa en la instrucción del proceso. Tiene razón el CGPJ, pero debe reconocer también que las ramificaciones de la investigación son oceánicas y que una instrucción de tal calado necesita de muchísimo tiempo para su digestión.
Otra cuestión, y en eso estamos de acuerdo, es que la jueza sea tan celosa y recelosa de sus procesos que haya despreciado la ayuda que se le quería prestar, lo cual resulta poco admisible y termina por avalar a quienes ven a la jueza como una versión sevillana de Baltasar Garzón. Y no hace falta que recordemos cómo acabaron algunas de las instrucciones estrellas del polémico juez: estrelladas.
En cuanto a la segunda, reside en el daño que le está haciendo el descubrimiento de lo ocurrido a la imagen de Andalucía (ojo: y menos mal que se ha sabido. Lo peor hubiera sido que siguiera tapado). El caso de los ERE lo deglute todo y actúa, por su importancia, como factor que anula cualquier otro intento de ofrecer una imagen distinta en el resto de España. Ya se puede querer mostrar una imagen social con decretos como el de la vivienda o el de la exclusión social o con medidas como la subasta de los medicamentos para ahorrar costes en sanidad, que lo que termina calando entre los ciudadanos es que aquí en Andalucía, y en medio de una crisis pavorosa, se ha permitido durante años que una banda de desahogados campara a sus anchas con la ayuda de algún alto cargo de escasísimos escrúpulos.
Sin defensa
No hay discusión sobre la subida de los sueldos del presidente del Parlamento andaluz, Manuel Gracia, y de los portavoces adjuntos de los partidos representados en la Cámara autonómica. Ni quienes sellaron el acuerdo hace un par de meses lo defienden ahora que se ha hecho público. Todo han sido actos de arrepentimiento, contrición, golpes plañideros de pecho y asunción del error.
En el error colectivo pesan tres agravantes de enjundia que merecen el reproche general. El primero de ellos es el de la ocultación. Si un periodista, Antonio Fuentes, no hubiera publicado el jueves en los periódicos del Grupo Joly la información que desvelaba esta subida salarial, los ciudadanos no hubiéramos sabido del acuerdo. Y por una sencilla razón: a diferencia de otros acuerdos, alguien consideró que en éste nadie tenía porqué saber nada. ¿Mala conciencia preventiva?
A este ocultismo a la carta se le agrega la incoherencia de aprobar un acuerdo que luego todos repudian como si no tuvieran nada que ver y, por último, la falta de ejemplaridad y de sensibilidad que supone subirse el sueldo mientras que la mayoría de las personas a quienes representan ven reducidos sus salarios o, en el caso de casi millón y medio de andaluces, hacen cola en las oficinas del Servicio Andaluz de Empleo.
¿Consecuencias de semejante error? La irritación entre los ciudadanos crece y horada más en la desafección de la política. Los matices quedan arrasados y, para una buena parte de los ciudadanos, sólo quedan de esta semana dos titulares de trazo grueso que son devastadores: 1. A los diputados en el Congreso les subvencionan los gin tonics. Y 2. Los parlamentarios andaluces no se ponen de acuerdo nada más que para echar al Defensor del Pueblo andaluz, José Chamizo, y para subirse los sueldos.
Ambas apreciaciones son injustas por generalistas, pero no podemos engañarnos. Es lo queda en el imaginario popular y es contra lo que hay que luchar. Quienes creemos que los políticos sí nos representan pese a sus errores y su alejamiento endogámico podemos argumentar que se trata de hechos puntuales, pero sabemos que lo que digamos tendrá un efecto nulo y que poco se puede hacer ante situaciones tan demoledoras.
Hay cuestiones para las que no hay defensa, y ésta es una de ésas. Tanto el Gobierno Central como el autonómico se han enfrascado en la aprobación de leyes de fomento de la transparencia. Bienvenidas sean, pero esto no se arregla sólo aprobando leyes y más leyes que luego terminan convirtiéndose en papel mojado.
La transparencia se puede y se debe legislar, pero no hacen falta, o no deberían hacer falta, leyes para ser ejemplares o para trabajar en pos de una relación más participativa con los ciudadanos. La ejemplaridad no se legisla, se practica. Y eso es algo que tiene más que ver con los hábitos propios de la sociedad y de quienes la integran que con medidas que puedan incluirse en una ley. Apliquemos esta idea al caso de la subida de los sueldos. ¿En qué frenaría este incremento a hurtadillas una ley que reclamase luz y taquígrafos hasta para beberse un vaso de agua? Pues seguramente en nada. Y esto, con diferencia, es lo más nos debería de preocupar a todos, pues no estamos ante un problema legislativo sino de pura y simple actitud.
¿Presunción de inocencia o de culpabilidad?
La detención de Rubén Castro, y su posterior puesta en libertad con cargos, sitúa otra vez en el escenario público el debate sobre el modo en el que se se aplica la presunción de inocencia en España. Las redes sociales han multiplicado los mensajes de adhesión inquebrantable al jugador o de demonización y rechazo visceral de su figura…y de la denunciante. Es imposible administrar la algarabía disfrazada de opinión. Pero convendría contextualizar lo que ha pasado. No se trata de un caso meridianamente claro en el que se puedan hacer aproximaciones más o menos fiables a la espera de un veredicto. Por el contrario, estamos ante uno más confuso en el que, me imagino, costará discernir quién está diciendo la verdad y quien no. Nosotros podremos pensar una u otra cosa, pero no estamos como para armar juicios apresurados de valor en un ejercicio de frivolidad supina. Dejemos a un lado los linchamientos morales y que sean la Policía y la Justicia quienes diriman unos hechos que, en cualquier caso, merecerán todo el repudio social si, llegado el momento, se terminan confirmando.
Moviola a la sevillana
El amago de revisión del Plan General de Sevilla, la discusión eterna sobre el dragado del Guadalquivir, la Ciudad de la Justicia, el aparcamiento en el Prado de San Sebastián y el subterráneo en la Alameda, el revival de un edificio comercial en Plaza de Armas, la lucha perpetua sobre los terrenos de Tablada, las obras de la SE-40 y unos cuantos asuntos más que no caben en un artículo de cuatro mil caracteres con espacio. Lo aceptaremos o no, pero Sevilla no hace más que demostrarnos en el día a día que es una ciudad con una capacidad cósmica para enredarse en asuntos enquistados que nadie, con un mínimo de responsabilidad, es capaz de sacar adelante o cerrar por derecho para dedicarse a menesteres más productivos.
Debe ser que la complacencia sobresale en nuestro ADN o que el virus del fatalismo está inoculado en nuestro sistema inmunológico, pero lo cierto es que asistimos con resignación al relato de una ciudad presa de una depresión crónica, con más de 90.000 parados registrados en las oficinas de empleo y con un alcalde que, como Rajoy en su soledad de la Moncloa, nos ruega paciencia y nos anticipa al estilo de José María del Nido en las campañas eufóricas del Sevilla FC que lo mejor está por llegar.
Seamos justos con el alcalde de la ciudad. A Juan Ignacio Zoido le han podido las circunstancias adversas en las que ha desarrollado sus dos primeros años de mandato y que su margen de maniobra ha sido más bien escaso. La crisis es pantagruélica y está arrasando cualquier intento de mitigarla. Sevilla no es una burbuja aislada, y el nuevo gobierno municipal no ha podido más que asomar tímidamente la cabeza e intentar que no se lo lleve por delante el desplome monumental de los ingresos públicos.
Ahora bien, el que los ciudadanos comprendan las dificultades no significa que tengan que aceptar ese mundo feliz y ufano del que se enorgullecía Juan Ignacio Zoido esta semana cuando dibujaba un estado de la ciudad que se parecía a la recreación hispalense de Matrix, una urbe ideal en la que las familias caminan unidas hacia la prosperidad cogidos del brazo al más genuino estilo de los póster propagandísticos soviéticos.
Zoido no puede refugiarse en el presunto cumplimiento del 60% de las promesas que formalizó cuando era candidato a la Alcaldía ni pretender que los sevillanos se piensen que si esta ciudad no se desarrolla es porque la Junta bloquea por partidismo cualquier proyecto medianamente ilusionante que salga de la Plaza Nueva. Explicaciones demasiado pobres y gastadas. Si le votaron en bloque en mayo de 2011 fue porque esperaban de su nuevo regidor que le diera la vuelta a la ciudad; no que se dedicara a contarnos una Sevilla que casi nadie ve o que, peor aún, se apuntase al victimismo de buscarse enemigos imaginarios para excusar sus innumerables problemas de gestión.
El alcalde y su equipo tienen todavía dos años por delante. Tiempo de sobra para presentar ante los ciudadanos unas credenciales que de momento son muy parcas. Toca asumir la realidad. Y pronto. Si no, seguiremos viendo víctimas de esta moviola a la sevillana que tanto nos caracteriza. Y para mal.
De la euroforia a la eurofobia
Los españoles hemos cambiado nuestra visión de Europa. La amábamos cuando el dinero abundaba y usábamos el que nos llegaba de Bruselas para hacer carreteras, presas, colegios y hospitales. Y ahora la odiamos sin tapujos cuando lo que nos trasladan son recortes y más recortes disfrazados en el lenguaje de la crisis de reformas estructurales. De la euroforia nos hemos instalado en la eurofobia sin parar en estación intermedia alguna. Y sin anestesia. Mucha Champions League y mucha Eurovisión. Pero, por lo demás, como si hubieran vuelto a poner una frontera en los Pirineos.
La Unión Europea nos ha dado en 27 años infinitamente más de lo que nos haya podido quitar desde que empezamos a practicar por obligación la religión de la austeridad allá por mayo de 2010. Pero en política pasa como con el cine o con el fútbol. Lo que vale no es el pasado, sino la última película o el último partido. Y en los últimos 36 meses, los resultados son como para hibernar hasta el final de los tiempos a todos y a cada uno de los prebostes que han dirigido el destino común de los europeos.
Sonroja ver el espectáculo de esta semana, con Bruselas y Berlín tirándose puyazos por la mala gestión de la crisis y con el resto de países comportándose como marionetas, lamentándose una vez más de lo mala que es la señora Merkel y, como consecuencia, alimentando una germanofobia que también debería preocuparnos.
La recesión se extiende. Los diagnósticos más apocalípticos se cumplen con una escrupulosidad que asusta. Toda Europa excepto Gran Bretaña camina hacia la recesión. Y nadie es capaz de romper con una estrategia que tal vez surta efecto en los cuadros macroeconómicos que aparecen en las pantallas de los brokers, pero desde luego no en las economías domésticas de los 500 millones de ciudadanos de la UE que lo que quieren es que funcionen los colegios y que haya luz en sus casas a un precio razonable.
La confrontación europea nos deja en un estado de perplejidad del que costará salir. Ya no se trata de insistir en el falso debate entre austeridad o crecimiento (¿Quién ha dicho que no se puede ser riguroso fiscalmente y, a la vez, fomentar políticas de estímulo?), sino de poner el acento en lo que de verdad nos debe importar: en la urgencia máxima de aplicar medidas de choque que frenen el desplome de un continente cada vez más venido a menos.
Ya no sabemos ni la de veces que hemos escuchado que nuestras tasas de paro son insoportables, la de veces que hemos reclamado que el Banco Central Europeo haga fluir el crédito y el consumo del mismo modo que se hace en Inglaterra o en Estados Unidos y la de veces que nos han dicho pomposamente que estamos diciéndole adiós a la crisis y que estamos ante el advenimiento de una Europa más fuerte, más solidaria y más unida.
Palabras, palabras y más palabras. Y, mientras tanto, la desafección se expande. El proyecto de Europa sigue mereciendo la confianza de todos, pero no se puede vivir solo de ella. O la Unión Europea aporta soluciones que se puedan palpar y tocar o pronto serán demasiados los que empezarán a preguntarse si tiene sentido esta Europa. Los que creemos fervientemente en ella diremos siempre que sí, pero tampoco podremos negar que la manera en que se está gestionando la crisis en las cancillerías europeas nos está quitando todos los argumentos que ponemos sobre la mesa para defenderla.
Sobre jueces, financieros y ladrilleros
Un juez ha ordenado prisión provisional para el expresidente de CajaMadrid, Miguel Blesa. Se me ocurren varios motivos por los que se podría haber actuado contra este mandamás financiero, luminaria del ladrillo más especulativo cuya gestión puso con un pie y medio en el abismo a la que luego se llamó Bankia. Pero si va a la cárcel, que está por ver, será por la compra un tanto discutible de un banco en Estados Unidos. La justicia dirá. Lo que vale ahora es recordar que la decisión demuestra una vez más que no estará todo tan mal en el sistema democrático español cuando somos capaces de investigar y procesar a estos prohombres y próceres de la patria que casi se la cargan con su gestión dinamitera de las entidades que les tocó administrar. Urdangarin, Bárcenas, Matas, el director general de los ERE, el alcalde de Marbella, etc, etc… todos tienen algo en común. Pese a lo que digan los apocalípticos de turno, todos tienen su futuro en manos de un juez. Lo normal en un país que, pese a sus gravísimos problemas, sigue funcionando más bien que mal. ¿O no?
¿Cuándo es justa la justicia?
Respondamos a una de las preguntas que surgen en el debate jurídico, político y social que ha suscitado la imputación y posterior desimputación de la infanta Cristina: ¿Cuándo es justa la Justicia? Si nos atenemos al sentir manifestado por un número muy considerable de personas en las redes sociales, en las encuestas televisivas y en algunas tertulias catódicas, la respuesta es precisa: sólo, única y exclusivamente cuando el juez de turno hace o dice lo que nosotros queremos.
El ejemplo de las peripecias judiciales de la hija del Rey es elocuente. Si la infanta es imputada en el caso Urdangarin, es porque la Justicia o un juez en particular con ínfulas de guerrero del antifaz han atendido al clamor del pueblo y han visto lo que todo el mundo ha apreciado con anterioridad: que era metafísicamente imposible que Cristina de Borbón no supiera lo que hacía su marido pese a que figuraba también en estas sociedades con el ánimo de lucro un tanto desatado. Por el contrario, si la Audiencia balear decide que no procede la imputación por el momento, es porque la Justicia está corrompida y, en consecuencia, la decisión de este órgano judicial no es más que una muestra del desplome de un régimen que presuntamente ya no nos representa.
Sobra maniqueísmo y falta mesura y equilibrio. El juez Castro tenía razones objetivas para imputar a la infanta en la causa abierta por las actuaciones de la Fundación Nóos, pero el que aceptemos y compartamos los planteamientos del instructor de la investigación no invalida un par de consideraciones de relevancia: 1. Hay también argumentaciones sólidas que pueden poner en duda las tesis de Castro. Y 2. En cualquier caso, y pese a los que piensan que un conflicto de este tipo es algo parecido a la discusión que se monta en un plató de TV, estamos situados frente a un debate de contenido jurídico en el que participan, desde la discrepancia, el juez instructor, el fiscal del caso y los magistrados de la Audiencia. No estará, pues, todo tan claro y nítido cuando unos y otros son capaces de ofrecer argumentos convincentes para una cosa y para la contraria.
La Casa Real ha cometido errores en la gestión de la imputación de la infanta y, sin duda, esta discusión siembra dudas y contribuye al deterioro de la imagen social de la institución en el año más horrible que se le recuerda desde el golpe del 23-F. Pero no podemos ni debemos caer en linchamientos tan mediáticos como frívolos.
Las decisiones judiciales ligadas a esta causa no están demostrando que la Justicia esté al servicio de un sistema corrupto que protege a los malvados de la acción de la ley. Lo siento por los conspiranoicos, pero sus teorías no están fundadas en hechos objetivos. Ahora que tanto nos gusta regodearnos en el lodazal, conviene recordar que instrucciones judiciales como la que atañe a la hija y al yerno del Rey son sólo posibles en democracias avanzadas y con sistemas de representación más o menos consolidados. Y que si algo se manifiesta es que, por debajo del rey, inviolable según se recoge en el artículo 56.3 de la Constitución, todos somos responsables ante la ley, y en ese todos se incluyen su hija y su yerno. No hay más. Pero tampoco menos.
¿Adiós al bipartidismo?
Si PP y PSOE comparten algo en este tiempo tan excepcional que nos ha tocado vivir no es la templanza o el liderazgo con el que afrontan el desafío del hundimiento económico, sino algo mucho más prosaico, más humano y más vulgar: ambos están de terapeuta. Superados y sin capacidad alguna de reacción. ¿Una afirmación demasiado excesiva o sarcástica? Puede ser. Todo está en cuestión. Y los grandes partidos de este país se han quedado más o menos como el Real Madrid y el Barcelona tras la reválida de la Champions con los compatriotas de la señora Merkel: catatónicos.
Rajoy y los suyos taponan la aluminosis de la crisis con medidas que no impiden la destrucción masiva de puestos de trabajo en un país que supera ya con creces los seis millones de parados. El malestar se acrecienta por la metástasis de la corrupción (Gürtel, Bárcenas, Urdangarin, los ERE, etc.), pero no deriva en estallido social por razones que van desde las ayudas familiares a las redes públicas de protección social… y a la economía sumergida.
Al PP le votaron once millones de españoles hace tan sólo 17 meses, pero hoy día una parte de esa mayoría social se ha diluido. Y no es solo porque no haya puesto coto a la hecatombe laboral. Rajoy sigue tan antológicamente fiel a sí mismo, tan impasible y dejado ante los problemas que apenas se limita a rogarle a los españoles que tengan paciencia. Y mientras, su partido sigue como in albis, noqueado y sin capacidad de dar respuesta o, al menos, de dar la cara.
El PP vive en estado de shock, de parálisis permanente, pero, sorprendentemente, el PSOE no solo no aprovecha la situación, sino que, además, se hunde aún más en el lodazal y se empecina en aflorar debates internos sobre potenciales liderazgos que les ayudan bien poco. Ya no vale la excusa de Zapatero y de su herencia.
Si el PSOE de Rubalcaba está ahora como está, como en una especie de mundo paralelo a lo Matrix, también es culpa de quienes participan de debates que, a día de hoy, se antojan desconectados de la realidad.
¿O es que alguien puede pensar que los socialistas están en disposición de hacerle ver a la ciudadanía que están centrados en lo que toca si están todo el día en los periódicos hablando de sí mismos y de su futuro, con o sin primarias?
Todo esto que les acabo de decir, por sabido, termina por aburrir. Y tiene su reflejo sin excepciones en todos los estudios de opinión pública que hayan podido publicarse en este país en el último año. Las consecuencias son de sentido común: El PP se despeña, el PSOE sigue sin encontrar la salida de la cueva y partidos como IU o UPyD recogen parte del malestar en forma de un apoyo con el que ni soñaban hace un par de legislaturas. ¿El fin del bipartidismo tal vez?
Bienvenida esta pluralidad de voces, pero nos debería de preocupar también la deriva de los grandes partidos de gobierno de España. Un país como el nuestro no puede darse el lujo de ver cómo sus grandes formaciones abren una brecha insoportable con los ciudadanos a quienes representan. España debe seguir contando con dos grandes partidos con vocación de gobierno, dispuestos a caminar por determinados pasillos de seguridad y con un proyecto de Estado más o menos claro. Lo único que nos faltaría es que también perdiéramos esto. Por desgracia, a veces lo parece. PP y PSOE deben reaccionar. El problema es que igual no saben ni cómo hacerlo.
Los ‘ninis’ de Rajoy: ni esperanzas ni soluciones
Somos un país integrado de hecho y de derecho en la Unión Europea. Comparemos donde más duele. Alemania: 2,8 millones de desempleados que equivalen al 7% de su población activa; Francia: 2,9 millones que representan un 10% de tasa de desempleo; e Italia: otros 2,8 millones que suponen otro 10% de inactivos. ¿Y mientras tanto España? Pues mientras tanto en España alcanzamos sin sonrojo los 6,2 millones de trabajadores que no tienen donde ir y asumimos como si se tratara de una fatalidad divina porcentajes de desempleo del 27% y, en el caso andaluz, nada menos que del 36%.
Hay otros países como Grecia y Portugal que están aún peor, pero convendremos en que después de la ristra de miles de millones que ha llegado a España desde Europa en forma de fondos estructurales y de cohesión en los últimos 25 años, algo habremos hecho extraordinariamente mal como país para que sigamos como estamos y para que, además, empecemos a asumir como natural que una cuarta parte de la población tenga que malvivir gracias al subsidio del paro y a las ayuditas que logra trapicheando en uno de los pocos sectores en el que somos una potencia puntera en el mundo: el de la economía sumergida.
En un país más o menos serio, esta emergencia nacional destemplaría los nervios de nuestros gobernantes, abocados a tomar decisiones drásticas para frenar la hemorragia que nos está matando. Nosotros no, nosotros tenemos a un Gobierno que decide por fin hacer un ejercicio de realismo reconociendo que aún nos queda mucho para salir de ésta, pero al que se le olvida que a los ciudadanos hay que trasladarles un mínimo mensaje de esperanza para que esto no parezca una película tenebrosa en blanco y negro de los años veinte.
Lo que ocurrió este viernes en el Palacio de la Moncloa es más grave de lo que pueda parecer. No hablo de los nuevos criterios para calcular las pensiones (¿alguien medianamente sensato puede creerse que 17 millones de cotizantes van a poder pagar las pensiones de 50 millones de españoles?) ni de las otras medidas expuestas, seguramente inevitables en un país que se está cayendo víctima de sus fallos y de la asfixia impuesta desde Bruselas y el Berlín de la señora Merkel. Hablo de las sensaciones que se percibieron en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Hablo de la imagen de rendición incondicional de quienes tienen la responsabilidad y la obligación de encabezar nuestra lucha contra la peor crisis que hemos vivido en décadas.
Nos han convertido a todos en unos ninis, pero no porque ni trabajemos ni estudiemos, sino porque ya no hay ni esperanzas ni soluciones posibles al peor de nuestros males. Su reconocimiento de que el paro no bajará en toda la legislatura deja estremecido a un país que está expulsando a los mejores y condenando a toda una generación a vivir de la caridad de sus padres y de los demás.
Hay cosas que no sé si es mejor decirlas. No reprocho al PP que no logre su objetivo de reducir las cifras del desempleo. Le reprocho que baje los brazos y muestre síntomas de impotencia manifiesta. Si no se sienten capaces de reformar este país de arriba a abajo y de ponerlo en condiciones de asimilarse a los países de nuestro entorno europeo, pues díganlo, convoquen elecciones y dejen paso a un gobierno que muestre más fortaleza, empuje y decisión.
El PP logró legítimamente en las urnas el mandato de los españoles en noviembre de 2011. Ni un año y medio después, nos dice que lo del desempleo es algo parecido a una maldición bíblica contra la que poco se puede hacer. Pues lo siento, pero ese argumento no vale. Me niego a pensar que España es un almacén de parados incapaz de adoptar medidas para evitar una lacra tan penosa.
¿Qué quieren decirnos? ¿Que España está condenada a tener un paro estructural de más de un 15% o de un 20% en el mejor de los casos? ¿Que no somos una nación capaz de darle trabajo a la mayor parte de los que vivimos aquí? Pues si es así, es que hemos fracasado hasta niveles sonrojantes. Y no solo quienes nos gobiernan ahora en la Moncloa, sino todos los que han tenido alguna responsabilidad de gobierno estos últimos años y también nuestras élites financieras y también todos nosotros como ciudadanos. A ver si va a ser que en realidad éramos menos modernos de lo que pensábamos y lo que pasaba es que vivíamos en una burbuja gracias al crédito que nos prestaban. Si es así, toca reconocer nuestros errores colectivos y trabajar. Nunca resignarse, que es lo que lamentablemente parece haber hecho el Gobierno del señor Rajoy.
¿Cómo hemos llegado hasta aquí?
El anuncio de que la Junta dictará un decreto en el que se garantizará que los niños andaluces en riesgo de exclusión social puedan recibir tres comidas al día tiene múltiples lecturas, pero, francamente, la mayoría de ellas palidecen si se ponen en comparación con las preguntas que deberíamos hacernos todos ante una situación tan triste: ¿Cómo hemos podido llegar hasta estos extremos tan desoladores? ¿Qué demonios hemos hecho tan mal para que nuestras discusiones se centren en buscar soluciones para que miles de familias no sean desalojadas de sus casas y para evitar que haya niños que no tengan ni para comer lo mínimo imprescindible? ¿No se suponía que eso formaba parte de nuestro pasado y que ahora ya podíamos ser opulentos sin tener miedo a que nuestro mundo se viniera abajo?
Conviene cuidarse de no caer en debates frívolos. Un asunto así no puede ser triturado en la trifulca política ni despacharse con un par de titulares gruesos o algún chiste fácil en twitter. La Junta no se puede vanagloriar porque, con un 35% de paro, sus gobernantes tienen su cuota de responsabilidad en lo que está sucediendo. La oposición del PP no puede caer en la ramplonería de desdeñar la medida tachándola preventivamente de populista. Y lo de algún dirigente como el popular Rafael Hernando comparando Andalucía con Etiopía por esta medida no es que roce lo patético, es que lo supera, y sólo puede definirse como ridículo y lamentable.
Contaba este viernes Daniel Cela en las páginas de este periódico que en Andalucía seis de cada cien menores están ya en esa situación de exclusión. ¿Les parece poco argumento este número para tomar una decisión como ésta? Andalucía no es Etiopía, pero ante algo así, sólo cabe reaccionar. Es un ejercicio de responsabilidad, no de caridad.
No quiero caer en la demagogia ni por asomo. Hablamos de hechos objetivos y lo corroboran esos cientos y cientos de voluntarios que desde organizaciones como Cáritas y otras del mismo tenor dedican muchas horas al día y a la semana a estar con quienes más lo necesitan a cambio de nada. Me descubro ante ellos, pero siempre que se habla de su esfuerzo me pregunto si la extraordinaria tarea que desempeñan no termina por tapar las carencias de un estado que debería de tener como principal obligación garantizarles a sus ciudadanos ese mínimo indispensable necesario para vivir con dignidad.
Estamos en un estado de emergencia social que requiere de soluciones excepcionales por parte las Administraciones públicas. Andalucía, con este decreto, ha hecho lo que tenía que hacer, pero debería de cuidarse de evitar las alharacas. Es su deber y en realidad no tiene, o no debería de tener, otra alternativa. Es una cuestión de credibilidad. Y si algo toca en este momento no es pontificar sobre sus bondades o descartarlo por iluso, sino esperar a leer la letra pequeña del decreto y estar vigilantes para que venga acompañado de la financiación y liquidez necesaria para ser ejecutado. De lo contrario, de muy poco habrá servido.
Terapias de choque
Según un informe del Colegio de Registradores de la Propiedad, el año pasado en España los bancos se tuvieron que quedar más de 30.000 casas por los impagos de sus propietarios y se registraron 115 desahucios al día. Multipliquemos este último número por 365 y comprenderemos la magnitud del problema al que nos enfrentamos como sociedad: en este país se ha dejado en la calle en sólo doce meses a 41.975 familias, de las cuales 16.425 eran andaluzas. Ante esta emergencia nacional, ¿alguien es capaz de discutir la necesidad de adoptar soluciones extraordinarias como las emprendidas esta semana por la Junta de Andalucía para atajar situaciones de tan extrema necesidad?
La Administración que preside José Antonio Griñán ha aprobado un decreto ley contra los desahucios cuyos puntos más llamativos son dos: 1. Las sanciones establecidas para aquellos bancos y promotoras que tengan pisos vacíos y 2. La posibilidad de expropiar temporalmente las casas de aquellas familias que estén a punto de ser desalojadas y que cumplan unos requisitos concretos para poder acogerse a estas medidas.

Un par de objeciones al respecto. Una de orden político y otra del económico. La política reside en que no me parece justo, como ha hecho algún dirigente de IU, que haya que establecer líneas morales que supuestamente separan a los buenos (los que apoyan el decreto) de los malos (los que discrepan de él). Nadie es superior a nadie y no hay ninguna línea imaginaria que divide a los bondadosos y a los malvados. Seamos serios. Y la económica se sustancia en el temor que tengo a que de tanto hablar de expropiación de casas se acabe dando una idea distorsionada de la medida y esto termine espantando a potenciales inversores en Andalucía.
Dicho esto, creo que merece la pena correr este último riesgo y en consecuencia apoyo esta decisión de la Junta. ¿O no vale acaso la pena correr ese peligro de que algún inversor se asuste si con eso evitamos la ruina moral de cientos de familias andaluzas que sí que corren un peligro real de quedarse sin una cama donde dormir? De Elena Cortés me gusta más bien poco o nada el que diga que si no fuera consejera participaría en los escraches (sus palabras son injustificables en un cargo público), pero sobre el decreto que ha puesto sobre la mesa del Consejo de Gobierno andaluz sólo puedo elogiarlo y decir que ha hecho lo que tiene que hacer alguien que cree que la política está para cambiar las cosas, y no para someterse a ellas.
Nuestro ordenamiento jurídico dota de herramientas a los gobernantes para que pongan freno a esta hemorragia social, así que ahora no nos pongamos particularmente recelosos porque una Administración como la Junta utiliza los instrumentos legales que tiene a su disposición para mitigar el daño que soportan tantos ciudadanos.
Estamos todo el día discutiendo una y otra vez sobre la necesidad de acercar la política a los ciudadanos y de dar respuesta a sus problemas más acuciantes para evitar, entre otras cosas, que siga extendiéndose esta desafección y desconfianza tan profunda hacia el sistema democrático. Pues bien, esta medida, cuya eficacia habrá que evaluar cuando corresponda, va en el camino de restablecer la credibilidad perdida. Puede que no logre sus objetivos, pero no se puede negar que es una medida bien armada que quiere responder con honestidad a una tragedia que nos debería de avergonzar como sociedad.
La transparencia no es una moda pasajera
Una pregunta: ¿Se necesitan leyes para que las Administraciones sean transparentes? Sí, es evidente. Pero hace falta algo más. Ayer mismo participaba en unas jornadas sobre Gobierno Abierto y Transparencia organizadas por la Diputación Provincial. Imposible no estar de acuerdo con lo que decían allí expertos que de esto saben muchísimo más que quien escribe estas líneas. Pero si me quedo con algo en lo que coincidían todos a los que escuché es lo siguiente: esto tiene mucho de actitud mental. Si se quiere, se puede…pero hay que querer. No vale con abrirse una cuenta en twitter o proclamar que nos encanta el 2.0 como si uno se apuntara al Círculo de Lectores. Hoy día, hablar de transparencia o de Open Government se ha convertido, en demasiados casos, en una commodity hueca que adorna discursos pomposos y un tanto vacuos que no superan la prueba del algodón de la realidad. Una moda destinada a ser trending topic antes de desvanecerse como tantas otras. ¿España un país cuyos gobernantes, administradores y administrados buscan de verdad que el acceso a la información pública sea un derecho incuestionable? Por favor, no seamos hipócritas: un país cuyo presidente del Gobierno interviene ante un televisor de plasma para huir de los periodistas y un país en el que TODAS las Administraciones, sea cual sea el partido que las gobierne, guarda sus datos como si fueran suyos y solo suyos no puede de verdad afirmar que cree de verdad en la transparencia. Es un sarcasmo. No es que nos quede mucho camino por recorrer. Es que nos queda casi todo. Y si no queremos que este cuestionamiento perpetuo de la democracia empiece a calar entre los ciudadanos, dispuestos a seguir a cualquier iluminado justiciero, ya podemos abrir las puertas, las ventanas y los balcones para hacerles ver a los ciudadanos que esto lo tenemos que arreglar entre todos. No nos queda otra.
Vendiendo España
Imaginen la escena. Los cracks de la economía española vendiendo ante el top ten del empresariado británico, holandés y alemán las excelencias de una economía que lucha por salir del fango de la crisis desbocada y, mientras tanto, en los televisores de plasma de los salones de reuniones, una señal de un canal internacional de información repitiendo constantemente la noticia de que la hija del rey de España ha sido imputada en una instrucción que investiga un supuesto caso de malversación de fondos públicos, cohecho y tráfico de influencias. Lo que se dice un papelón, ¿no?
Esta escena no es exactamente real, pero casi. Esta semana arrancaba en Amsterdamn, Londres y Frankfurt una gira por 27 ciudades del mundo protagonizada por los principales dirigentes empresariales de este país (Alierta, Fainé, Sánchez Galán…), reunidos en el denominado Consejo Español de Competitividad, una especie de grupo de élite de nuestras finanzas que pretende vender la marca España en los escenarios donde de verdad nos jugamos los cuartos. Esos que algunos llaman los mercados como si fueran el reino del mal de algún videojuego para adolescentes y no esos sitios donde logramos el dinero necesario para que este país pueda encender la luz cuando se levanta cada mañana.
Desde luego, como nación no se lo estamos poniendo fácil. Ellos podrán vender que nuestra balanza de pagos vuelve a ser positiva, que este país puede ser atractivo para invertir en él, que muchas de nuestras empresas se están convirtiendo en líderes globales en sus mercados gracias a su profesionalidad y a su competitividad, etcétera, etcétera, pero reconozcamos lo evidente: ¿Quién promociona una nación que se viene abajo cada dos por tres según sea el telediario que mires y cuyas principales instituciones, casi sin excepción, sufren la carcoma de la corrupción? ¿Cómo se pide la confianza en territorio donde el más tonto quiere vender relojes de titanio que luego son de plástico?
Con todo, conviene hacer varias consideraciones para no dejarnos llevar por esta marabunta de calamidades .1. Pese a lo que puedan decir algunos prebostes iluminados como nuestro ministro de Exteriores, el señor García Margallo, las investigaciones judiciales de casos como el de Urdangarin o el de Luis Bárcenas no dañan la imagen de la marca España. En todo caso la dañan ellos, los presuntísimos mangantes, aquellos que supuestamente se habrían aprovechado de sus cargos para quedarse con un dinero que no les pertenecía. 2. Se equivocan quienes sostienen alegremente que todo está corrompido. Este país funciona. Sí, funciona, y la Justicia, tan maltratada, lo demuestra día a día poniendo a muchos en su sitio pese al descreimiento generalizado de una ciudadanía que ya no sabe en quien confiar. Y 3. No vayamos a pensar que somos la NBA del mangoneo mundial y el resto del planeta es un vergel de honradez donde nadie sabe lo que es el dinero negro y no se defraudan ni las emociones más amorosas. Lo nuestro será para estudiarlo, pero dense una vuelta por las webs de muchos diarios europeos. A ver si alguien se va a creer que la corrupción es un producto genéticamente español del que no pueden ‘disfrutar’ en otros países.
No, no se lo ponemos fácil a quien quiere vender la marca España, pero no vale resignarse ni caer en el fatalismo. No, si lo que queremos darle alguna esperanza a los seis millones de personas que no tienen empleo y a los que les importa un bledo si se deteriora o no la marca España con las imputaciones de unos cuantos y lo que quieren es que alguien les diga que éste es un país serio capaz de darle solución a quienes viven en él.
Imputada, que no es poco

Por resumir, os planteo varias consideraciones en torno a la imputación de la infanta Cristina en el caso Nóos.
1. Pese a la enorme sorpresa y conmoción, era previsible su imputación a la luz de los correos electrónicos enviados por Diego Torres, socio de Urdangarin, al juez Castro. Desde el mismo momento en que el magistrado desechó su anulación, pedida por la defensa del Duque de Palma, la imputación de su mujer estaba servida. Lo contrario hubiera disparado las críticas de quienes defienden que se está protegiendo a la hija del rey de la acción de la Justicia. La lectura del auto no es solo esclarecedora, es abrumadora. Su imputación es incuestionable.
2. La discusión no es si éste es un momento grave para la Monarquía. De eso caben poquísimas dudas. La discusión es si éste es un momento todavía peor que el del 23-F. Por desgracia para la estabilidad del sistema democrático, de esto caben cada vez menos dudas: esta tormenta perfecta puede ser, a la larga, incluso peor que la del golpe de Estado. Le resta legitimidad social y quiebra la confianza.
3. Todos estos casos de corrupción reflejan la condición humana y la podredumbre del sistema, de acuerdo, pero también muestran que el Estado democrático, pese a sus fallas tectónicas, funciona. A veces no lo parece, pero somos un país serio.
4. Sostiene el juez que “no se acaba de entender que S.M.el Rey no comentara con su hija las críticas que había hecho llegar o proyectaba hacer a su marido”. No lo entiende el magistrado y no lo entiende cualquier ciudadano de a pie. Es metafísicamente imposible pensar que no hablaran de esto.
5. La infanta ha sido imputada, no condenada. Los linchamientos no proceden.
Y 6. Una reflexión personal: ¿Cómo ha podido meterse la infanta Cristina en semejante berenjenal? Seguro que ella misma se lo llevará preguntando a sí misma y a su marido desde hace más de un año. Ahora, todavía con más razón.