Se antoja casi una quimera abstraerse de la monumental algarada política, social y mediática que ha seguido a la condena del juez Garzón. El fallo del Supremo ha derivado en un debate visceral donde no se admiten términos medios y, menos aún, un acercamiento más o menos equilibrado al asunto. No valen medias tintas: o se piensa que un grupo de magistrados facciosos ha querido cargarse a Garzón o se celebra la condena con alborozo porque se da una supuesta lección de cómo triunfa el Estado de Derecho frente a los atropellos. No participo de estas discusiones tan maniqueas ni creo que haya que ponerse camisetas de apoyo o de rechazo, pero sí que me parece importante puntualizar cuatro cuestiones: La primera es que si de verdad se ha violentado el derecho de defensa de unos encausados, da exactamente igual que éstos sean  de la trama Gürtel o de cualquier otra actividad supuestamente delictiva. Este derecho es un pilar básico de nuestro sistema judicial y hay que garantizarlo y perseguir a quien lo vulnere, ya sea el juez Garzón o cualquier otra persona.  La segunda es que, si es así, no se entiende porqué la Fiscalía Anticorrupción, el juez Pedraz y otros magistrados validaron también estas escuchas. ¿Era acaso tan raro lo que hacía Garzón o era proporcional y lógico teniendo en cuenta la gravedad del caso? . En tercer lugar, tampoco se  entiende bien que haya que ir contra Garzón con esta saña cuando seguramente se trata de un asunto cuya interpretación jurídica no pone de acuerdo ni a la propia familia judicial. Y, por último, cabe preguntarse, más allá de si tenían o no razón los magistrados que le han condenado,  si no es éste un final muy injusto para quien se ha revelado como un juez implacable con ETA, el terrorismo de Estado, la corrupción. Sinceramente, y sin ánimo de tomar partido en estas batallas ideológicas que tanto nos gustan, ¿no les parece que todo esto es un auténtico despropósito?