No debiera sorprender que el Gobierno de Mariano Rajoy quiera cargarse la asignatura de Educación para la Ciudadanía, reformar la ley del aborto, promover la cadena perpetua revisable o aprobar la reforma laboral sin el consenso de sindicatos y empresarios. Tiene el mandato de los ciudadanos, que le han votado mayoritariamente, y hace lo que se le presupone a un gobierno que no necesita mayores respaldos parlamentarios: cumplir con su programa electoral, que no es poco en estos tiempos en los que nos anuncian el apocalipsis cada vez que leemos un periódico. Pero se echa en falta en algunas de estas medidas que no haya una búsqueda de espacios comunes, de lugares para el consenso que eviten que España viva instalada permanentemente en esta especie de síndrome de Penélope en el que el PP y el PSOE se dedican sin desmayo a cargarse lo que  hacen los otros en cuanto que aterrizan en los despachos oficiales. ¿Tan difícil es llegar a acuerdos que apoyen la mayor parte de los ciudadanos? ¿Seguro que no hay terrenos por explorar en el que se pueden conciliar los intereses generales? Insisto: puedo no estar de acuerdo con la mayoría de estas medidas, pero no me voy a escandalizar porque el PP quiera desarrollar su programa. Lo que me preocupa es que para hacerlo tenga que emplearse, como ya lo hizo antes el PSOE, en esta política de tierra quemada que tan poco hace por consolidar espacios mayoritarios de convivencia.

Si siempre es aconsejable moverse por terrenos donde impere la mesura, hay días en que convendría hacer un elogio de la prudencia para pedirle a algunos que dejen de moverse por terrenos que empiezan a ser más que cenagosos. Me explico: No es que me haya dado un ataque repentino de buenismo ni que haya decidido por razones ignotas que hay que tocar armoniosamente el arpa celestial mientras que el mundo entra en quiebra por falta de liquidez. Lo que me limito es a implorar en nuestro ámbito doméstico de actuación un poco de calma y serenidad para evitar que la contienda política que se nos avecina en estos dos próximos meses con las elecciones autonómicas no termine por salpicar de una u otra manera los intereses generales de Andalucía.

Hago un inciso antes de seguir con la exposición. Ya sé que Andalucía está muy lejos de ser una Arcadia imparable y feliz y desde luego no me alineo ni de lejos con quienes piensan de un modo casi histérico que quien ataca a la Junta está atacando a los andaluces y lindezas igual de magistrales, pero sí que observo con preocupación, y creo que hay que decirlo, que se está jugando con ligereza con determinados asuntos que se pueden volver en contra de todos si no se saben manejar con una cierta mano izquierda. Y que en ese centrifugado algunos están aprovechando para instalar una percepción en la opinión pública que dista mucho de ser real.

Por dejarme ya de circunloquios, a lo que quiero referirme es a la monumental polémica desatada por la afirmación, repetida en demasiadas ocasiones por cualificadísimos dirigentes del PP, de que Andalucía está en suspensión de pagos. Así, tal y como acaban de leer, en suspensión de pagos en sentido literal, sin anestesia ni matices ni adjetivos que acoten el problema y le den su dimensión justa en esta España y esta Europa en la que casi nadie se libra de los déficits asfixiantes y de los recortes draconianos.

¿Que exagero? Hagan una prueba y valoren: prueben a teclear en esa biblioteca universal y gratuita que es Google las siguientes palabras: suspensión, pagos y Andalucía. Se llevarán la misma sorpresa que este periodista cuando comprobó esta semana cómo ha calado la idea de que la Junta está en suspensión de pagos. Las páginas repletas de menciones al supuesto descalabro de las cuentas autonómicas parecen inacabables.

Hasta ahora pensábamos que el terreno de juego para la batalla del 25-M estaba más que acotado. El PP insistiría en el millón largo de parados, en el espanto cutre hasta reventar de los ERE y en el hartazgo de los ciudadanos hacia un PSOE que lleva treinta años gobernando la Junta y, entretanto, el PSOE enfocaría su estrategia en la puesta en valor de los logros de estas tres décadas, en la defensa de una salida más social de la crisis y en el miedo a una reedición andaluza de los recortes decretados por el Ejecutivo de Mariano Rajoy.

Pero en este escenario se ha colado un asunto que no estaba en el guion previsto de antemano. O, para ser más justos, que no estaba previsto por algunos de nosotros: el de esta pretendida suspensión de pagos que, en vista de lo que han dicho ya Soraya Sáenz de Santamaría y Cristóbal Montoro, es ya una de las principales preocupaciones de Rajoy, por encima incluso de la catastrófica situación de otras comunidades como Castilla-La Mancha o la Valenciana que ha tenido que ser casi que rescatada de la quiebra por su incapacidad para afrontar pagos.

Sinceramente, no sé qué espera el PP con este glosario de insinuaciones tan tremendas. Si lo que persigue es amarrar la victoria en las urnas, habría que recordarles que ya tienen munición suficiente con lo que hay para bombardear a un PSOE que se encuentra más debilitado que nunca y que no necesitan golpear de esta manera con un fuego que luego igual no hay quien sea capaz de sofocar a tiempo.

Insisto: Andalucía sufre problemas financieros durísimos. Está retrasando algunos de sus pagos a algunos de sus proveedores. Y ya veremos en qué puede quedar su compromiso de cumplimiento del déficit, sobre todo después de que el presidente Griñán diga en el Parlamento que se cerrará 2011 con un déficit del 1,4% del PIB y tarde su consejera de Economía sólo 24 horas en rectificarle y anunciar que se irá al 3%. Un disparate que, por cierto, sí que ha sabido aprovechar bien el PP sin necesidad de caer en tremendismos.

Pero lo dicho, salvo que el Banco de España diga lo contrario, los hechos son los que son: tiene una deuda y un déficit que están en la media de las comunidades y no se encuentra en una situación de suspensión de pagos que nos abocaría a dejar de pagar las nóminas y los seguros sociales y el grueso de los pagos a los proveedores. Esto es, un escenario terrorífico en el que necesitaríamos que el Estado acudiera en nuestro rescate para impedir nuestra caída… y la del propio país.
Y no, la verdad es que a eso no hemos llegado. Y aunque las campañas electorales son terrenos abonados para los exabruptos y para las hipérboles, hay que tener especial cuidado con determinadas declaraciones, no vaya a ser que de tanto decir vayan a venir de alguna agencia de calificación a preguntar por una quiebra que, de momento, es absolutamente descartable.

Son razonables las objeciones que hace la Junta ante la imputación de su director actual de Trabajo, Daniel Rivera, en el caso de los ERE. Se trata de un alto cargo que ha trabajado por el esclarecimiento del caso y lo más seguro es que haya podido firmar un pago sobre un expediente de regulación de empleo firmado cuatro años antes sin saber que había en él dos intrusos. Pero si hacemos abstracción de este punto, no queda otra más que calificar de gravísimo todo lo que se dice en el último firmado por la jueza Mercedes Alaya. Siempre con la presunción de inocencia por delante, de ser ciertas las investigaciones de la Guardia Civil y las conclusiones de la titular del Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla, ya no estaríamos ante un escándalo en el que unos cuantos colaron a otros cuantos en unos ERE para que las ‘criaturitas’ tuvieran una jubilación extra. No, esto es muchísimo más de lo que se ha dicho hasta ahora. Aquí ya se habla de una trama (¿O cómo si no llamamos a esto?) en la que participarían altos cargos de la Junta, aseguradoras, bufetes de abogados, sindicalistas y empresarios. Un espanto en el que, por cierto, estas aseguradoras inflarían comisiones pagadas con fondos públicos sin que nadie, absolutamente nadie, advirtiera en su momento del saqueo de las arcas de la Junta. Cuando estalló el escándalo, se hablaba de que la cifra defraudada no pasaba de 9 millones de euros (que tampoco es que sea una minucia). Ahora, el número de imputados es muchísimo mayor, y la cifra de lo defraudado hay que elevarla al cuadrado y ojalá que no nos hayamos quedado cortos. Esto es algo bochornoso. Y lo único que podemos esperar es que todo salga a la luz y quien tenga que pagar, que pague, sea quien sea.

Les dejo antes que nada mi opinión personal sobre el juicio que se ha desarrollado contra el juez Garzón para que no haya interpretaciones sesgadas de lo que les voy a contar a continuación: creo que su misma celebración tiene algo de desatino y que si el magistrado jiennense se equivocó cuando ordenó escuchar las conversaciones en prisión de los acusados de la trama Gürtel y sus abogados, tal fallo debe corregirse en la propia instrucción del caso o en la instancia judicial que corresponda, pero nunca en un juicio por prevaricación cuya explicación a la opinión pública se antoja casi imposible. No hay que haber sacado matrícula de honor en Derecho Procesal para atisbar que el exjuez de la Audiencia Nacional no es el instructor más pulcro y precavido del sur de Europa, pero de ahí a juzgarle por prevaricación por un asunto en el que los propios juristas no se ponen de acuerdo suena disparatado. En fin, que espero que le absuelvan y se termine con este espectáculo tan abracadabrante.

Dicho esto, me parece que hay que incidir por su importancia en un aspecto de este caso que merece mucho más que una simple reflexión en un periódico: la extraordinaria polarización y radicalización ideológica que está marcando una polémica en la que se ha hecho efectivo ese principio tan enraizado en los españoles de que “o estás conmigo o están contra mí”.

Ya les he dicho lo que pienso del juicio, pero también quiero subrayar otra cuestión: del mismo modo que tengo la convicción de que nos lo podríamos haber ahorrado, estoy convencido de la imparcialidad de los jueces que juzgan a Garzón, de que la sentencia no está fijada de antemano y de que si lo han procesado es porque puede haber base legal para ello, es decir, que no estamos ante un juicio sumarísimo auspiciado por las fuerzas del mal ni nada por el estilo. Jugar a las elucubraciones sobre vendettas entre compañeros de carrera o sobre conspiraciones para evitar que Garzón descubra financiaciones ilegales en el PP me parece un exceso que no se debería de producir salvo que se tuvieran sospechas fundadas de que lo que se dice tiene un poso de veracidad.

¿Lo tienen? Pues no lo sé, pero lo que sí observo es esa especie de atrincheramiento ideológico en el cual si te sientes de izquierdas debes de pensar que los poderes fácticos de este país han querido acabar con Garzón por atreverse con la Gürtel y con los crímenes del franquismo y si te sientes de derechas, debes disentir ofendido y recalcar que en este caso se ha respetado escrupulosamente la legalidad.

Reflexionen por un momento en lo siguiente: si en vez de ser Garzón el que se sentara en el banquillo fuera un magistrado mediático y conservador hasta la médula ósea, qué dirían los unos y los otros. Seguramente han pensado lo mismo que yo: pues exactamente lo contrario de lo que dicen ahora. Y, por supuesto, sin inmutarse. ¿O no se lo parece después de haber visto algunas tertulias en las que a algunos parecía que se les iba la vida defendiendo o acusando al juez más famoso de España? No sé si vivimos en la época del pensamiento único que algunos denuncian, pero desde luego sí que nos estamos arrastrando todos hacia una deriva donde la visceralidad le está ganando la partida a la mesura y donde la búsqueda del equilibrio pasa por ser un ejercicio de blandura propio de débiles mentales que no saben llevar el traje de guerrero samurai cuando toca enfrentarse a los enemigos políticos.
No es malo que la ideología lo impregne todo, lo que debe de preocuparnos es que nuble todos nuestros juicios hasta lograr que nos convirtamos en unos ciudadanos maniqueos incapaces de tener un mínimo juicio más o menos libre de prejuicios. No todo es blanco o negro según quien lo diga, pero los matices parecen haber sido borrados del debate público, como si fuera lo propio de unos tibios incapaces de alinearse en la trinchera como mandan los cánones clásicos.

Pues lo siento, pero creo que hay que rebelarse ante esto. Creo en Garzón y en su honestidad y deseo con fervor que lo absuelvan porque estoy convencido de que sería lo más justo, pero me niego a convertirlo en el espíritu redivivo del capitán Dreyfuss, acosado por los malos y defendido por los buenos. Calma, que no es un protomártir de la democracia al que quieran hundir las fuerzas satánicas que quieren controlar subrepticiamente la nación, sino un ciudadano que, como todos, debe responder ante la ley cuando así lo requieran las circunstancias.

Que se haya granjeado antipatías y enemistades y que éstas puedan estar detrás de lo que le está pasando es algo que no se puede dejar de pensar. Pero de ahí a que concluyamos con una naturalidad pasmosa de que lo quieren pasar por la horca para hacerle ver quiénes son los que mandan en este país me parece un exceso propio de quienes se creen hasta las entrañas que el mundo está siendo gobernado por el Club Bildelberg o que el planeta se destruirá en diciembre de este año porque así lo decían los mayas. Si en general hace falta un poco de equilibrio en este país, no les quiero ni decir la de toneladas de mesura que hacen falta cada vez que se termina discutiendo sobre un asunto en el que la prudencia y la frialdad de juicio han sido desterradas manu militari.

En twitter: @juancarlosblanc

Siempre se puede esperar hasta junio para ver cuál es el dictamen definitivo de la Unesco sobre la Torre Pelli, pero convendremos todos en que tal vez lo más correcto sea ver qué se puede hacer después del último informe de los expertos enviados por este organismo, muy claro en su rechazo al actual proyecto y en su deseo de que se revise para que pueda salir adelante. Hay tres opciones: 1) se sigue con la obra y nos arriesgamos a perder la declaración de Patrimonio de la Humanidad para el entorno formado por la Catedral, el Archivo de Indias y el Alcázar. 2) se paraliza por parte de la Gerencia de Urbanismo, atropellando de forma arbitraria los derechos de Cajasol. Y 3) se negocia. Tal vez el planteamiento que acabo de hacer es demagógico y parece que cierro las puertas a todo lo que no sea una salida negociada de este conflicto, pero es que no veo otra forma de abordar el problema del rascacielos, un proyecto que por cierto defiendo, con una cierta dosis de sensatez. Más si cabe cuando el Ayuntamiento acaba de pedirle a Cajasol que sea ella misma quien pare de momento la construcción. Puntualicemos: Icomos no dice en ningún momento que haya que cargarse la torre. No hay maximalismo en su postura. Dice que hay que “detener” su construcción, pero no como antesala de su demolición, sino para “revisar el proyecto, mediante el estudio de la modificación de su escala y altura”. Esto y reclamar que el Ayuntamiento y Cajasol se avengan a negociar una solución consensuada al conflicto es exactamente lo mismo. Después del penoso batacazo de la Biblioteca del Prado, lo que menos le interesa a la ciudad es tener durante años un esqueleto de cemento en la entrada desde el Aljarafe. Toca dejarse de talibanismos y extremismos y centrarse. Nos jugamos demasiado. Entre otras cosas, una grandísima inversión que podría generar muchísimo empleo en Sevilla.

El Gobierno perseguirá penalmente a los políticos que incumplan sus presupuestos. Así dicho, no hay quien rechiste la propuesta lanzada por el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. Son tanto los ejemplos de derroche con dinero ajeno y tantos los catedráticos en despilfarro que han pasado por cargos públicos que suena bien la música que anuncia cera para quien dilapida a sabiendas de que sus actuaciones faraónicas no tendrán mayores consecuencias. Lo que pasa es que no se vislumbra con claridad cómo se sustancia esta advertencia. ¿Qué criterio se utiliza para decidir contra quién se va? ¿El de los presupuestos? Entonces perdónenme, pero deberían estar en la cárcel el 90% de los gerentes de este país, incapaces de cumplir con unas cuentas que se están hundiendo por razones que se escapan a las direcciones de las empresas. Si Montoro ha hecho este anuncio como mensaje de rigurosidad y austeridad remitido a los mercados, no digo más, pero si de verdad quiere ponerse farruco con los zangolotines, que se deje de anuncios sobre supuestos endurecimientos y que aplique las leyes vigentes, delimitando de qué delitos se puede acusar a quien deja ronchas públicas dignas de entrar en los libros de los récords.

Le tomo el copyrihgt prestado al compañero José Manuel Atencia para afirmar que lo que está pasando estos días en el PSOE de Sevilla no es más que otro capítulo de ese manual para perder unas elecciones que algunos socialistas se han empecinado en escribir. La discrepancia en el seno de las organizaciones es mucho más que saludable: es higiénica. Pero hay un algo, un no sé qué innato, que hace que muchos políticos confundan la confrontación con jugar a la guerra en una play station en la que el enemigo de hoy era tu amigo de hace unos días. ¿A quién beneficia el enfrentamiento indisimulado de Susana Díaz , número dos del PSOE andaluz, y el secretario provincial en Sevilla, José Antonio Viera? ¿Tiene sólo que ver con el apoyo más o menos explícito de una a Carmen Chacón y del otro a Rubalcaba? ¿O hay algo más que se sustanciará si no ahora sí que en cuanto se celebren las elecciones autonómicas? Esto sería materia para un análisis más sosegado, pero de momento sólo veo un beneficiario de esta trifulca retransmitida por los medios habituales: el PP. Allá cada cual con su responsabilidad, pero no veo dónde está el valor de una confrontación desgarradora justo en este momento y justo en una provincia en la que puede jugarse el futuro Gobierno de Andalucía. ¿No se podía ‘aplazar’ esta sangría? ¿O es que alguien piensa que con la que está cayendo en forma de crisis galopantes y ERE vergonzantes la mejor manera de presentarse ante los ciudadanos dentro de un par de meses es justamente esta pelea de a ver quién se coloca con quién? ¿Es esto lo que le reclaman los ciudadanos al que aún hoy es el partido mayoritario en Andalucía? La respuesta es evidente. Lo que no está tan claro es que algunos lo hayan asimilado.

Vale con que Mariano Rajoy debe tener como prioridad absoluta en sus primeras semanas de mandato el lanzamiento de mensajes de tranquilidad, seriedad, seguridad y austeridad a esos mercados financieros y a esos despachos europeos que nos vigilan con ojos recelosos y desconfiados, pero, visto lo visto, ¿no sería también adecuado que, de paso, lanzara también unos cuantos mensajes de una forma más natural y fluida a los ciudadanos y a quienes los representan en el Parlamento?
Sí, ya sé que este no es el asunto central del que haya que ocuparse cuando el país está con la credibilidad por los suelos, tenemos el déficit disparado, se aventura una carata de recortes y terminamos de asimilar una subida de impuestos que desdice todo lo que han pregonado los actuales gobernantes de este país en los últimos tiempos. Pero les reconozco que me preocupa la actitud silente de quien rige desde hace algo menos de un mes los destinos de esta nación.
Esto ya no es la obsesión de un político reconvertido en el paladín de las ruedas de prensa sin preguntas por los consejos de su rasputin de guardia, un Pedro Arriola ascendido a la condición de gurú celestial tras los resultados demoledores del 20-N. Ahora, este mismo Rajoy alérgico desde siempre a la exposición periodística se ha transformado por obra y gracia de las urnas en el inquilino de la Moncloa para, como mínimo, cuatro años. Y fiel a su espíritu de corredor de fondo de ideas fijas, ha decidido trasladar a la Presidencia su visión alicorta de las relaciones de un dirigente con los que hasta ahora han sido intermediarios entre el poder político y la sociedad –los medios de comunicación– y con los mismos órganos de representación parlamentaria.
El presidente del Gobierno está en su derecho de administrar sus comparecencias del modo en que lo estime más oportuno, pero debería ser más consciente de que dirigir un país incluye la obligación de rendir cuentas de una manera mucho más periódica de lo que él está dispuesto. En especial, si las circunstancias por las que atraviesa ese territorio aconseja que esa comunicación se haga lo más fluida posible para establecerb loa mínima complicidad que se requiere en unos momentos tan delicados.
Hay cuestiones que son difíciles de comprender ni aunque se haga el mayor esfuerzo de empatía. Y una de ellas es esta parquedad verbal que aqueja al presidente. Los datos están ahí para corroborarla. El tijeretazo anunciado por Soraya Sáenz de Santamaría y los tres ministros económicos del Gobierno se anunció el 30 de diciembre. Pues bien, pese a las críticas suscitadas desde todos los ámbitos sociales e ideológicos, Rajoy sigue igual de remiso y de escapista.

Lo hemos comprobado esta semana, en la que, por fin, Rajoy ha salido a explicar sus medidas ante la opinión pública. Lo ha hecho en una entrevista concedida a la agencia Efe. En esto hay poco que objetar. Podría haber elegido una entrevista en horario de máxima audiencia en Televisión Española o podría haber dado una rueda de prensa en la que hasta aceptase preguntas de los periodistas, pero al menos ha decidido usar los servicios de la agencia pública de noticias y se ha dejado entrevistar por su presidente, un periodista tan contrastado y prestigioso como Álex Grijelmo.
Pero no podemos conformarnos ni mucho menos. Más bien al contrario. Sobre todo si observamos que la misma semana en la que, por fin, concede una entrevista, se celebra en el Parlamento el debate para convalidar el decreto de los recortes y la subida de los impuestos, y el presidente de todos los españoles se queda sin decir una sola palabra, dejando la defensa de las medidas para su ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro.
Habrá a quien esto le parecerá normal o que considere que es una minucia en la que no hay que detenerse, pero me permito discrepar con una cierta vehemencia. Pues claro que tiene importancia. La misma que hay que darle a que, por ejemplo, el presidente también haya decidido que no va a estar dispuesto para tantas sesiones de control en el Congreso o en el Senado o a que, otro ejemplo más, haya pedido a los servicios de la Carrera de San Jerónimo que se habiliten medidas para que los periodistas no puedan abordarle en los pasillos.
No pido que Rajoy se queme por una sobreexposición a los medios ni que esté todos los miércoles por la mañana en la Cámara para que lo vuelvan loco a preguntas desde la oposición, pero creo que los españoles se merecen que su presidente del Gobierno, el mismo que esta semana recibe a Sarkozy y a Van Rompuy y que la que viene se va a Berlín a explicarle sus medidas a Ángela Merkel, no espere nada menos que hasta el mes de febrero para comparecer en el Parlamento a explicar las razones de unos recortes y subidas que pueden ser tan dolorosos como perfectamente justificables.
Nadie niega que los ciudadanos somos dueños de nuestros silencios y esclavos de nuestras palabras, pero una cosa es la racionalización de las intervenciones públicas y otra bien distinta aparecer en escena como un presidente reacio a dar explicaciones salvo que cuando se ve muy obligado. Rajoy no lleva ni un mes de presidente del Gobierno, pero si sigue así, tiene todas las papeletas de sufrir un enrocamiento aislacionista que puede terminar jugando en su contra. Al tiempo.

Basta navegar aunque sea unos minutos por las redes sociales para hacerse una idea más o menos ajustada del grado de indignación, cercano al linchamiento social, al que se ha llegado tras conocerse la sentencia de los adultos del caso Marta. No hay de qué sorprenderse: es proporcional a la expectativa levantada en torno a un caso en el que la gran mayoría de todos nosotros hemos nublado nuestros juicios racionales, conmovidos por el dolor desgarrador de ver a ese padre y a esa madre rotos por la peor de las tragedias, la muerte de una hija a la que no pueden ni enterrar porque unos desalmados se niegan a decirles dónde está el cuerpo.
El qué esperábamos es conocido por todos: una sentencia ejemplar para todos los que de alguna manera más o menos directa participaron en este crimen tan desolador. El qué ha pasado es distinto: se ha aplicado la ley de forma estricta. Y eso se ha resuelto con una sentencia tan sólida como incomprensible para quienes reclamaban, y reclamábamos, que la Justicia pusiera en su sitio a los sinvergüenzas que acabaron con Marta del Castillo hace ahora casi tres años.
Ocurre, sin embargo, que una cosa son las emociones y otra bien distinta el juicio racional y frío que hay que exigir y presumir a quien imparte justicia desde un tribunal. Y si bien es complicado de entender cómo pueden salir absueltos algunos de los encausados, tenemos que asumir, aunque no queramos enterarnos, de que un juez no puede condenar a un ciudadano si no hay pruebas sólidas de lo que se le acusa.
En este caso nos puede doler, pero hemos de entender que este principio que hoy tanto nos solivianta es la bóveda en la que se edifica todo nuestro Estado de Derecho. La presunción de inocencia distingue a las democracias de los regímenes autoritarios y permite que no se mande a la horca de los condenados a nadie salvo que pesen pruebas sólidas contra él.
¿Pesaban tales pruebas sobre Samuel Benítez, Francisco Javier Delgado y María García? Pues no. Y seamos sinceros. Muchos esperábamos que pudiera pasar, si no esto de una absolución, sí algo muy similar. No hay cadáver que ayude a esclarecer lo que ocurrió, y ese inmenso centrifugado de declaraciones contradictorias, pruebas insostenibles (lo del taxista que tiene una revelación casi tres años después es para analizarlo con detenimiento) e “investigaciones de libro” de la Policía no hacían más que aventurar una sentencia tan lógica como extraordinariamente difícil de entender y de aceptar.
¿Qué nos ha pasado? ¿Hemos sufrido acaso una sugestión o una distorsión tan clamorosa de la realidad que no hemos querido ver lo que podía acontecer? Pues puede ser. Pero hagamos un mínimo de ejercicio de autocrítica. El que hubiera muchos ciudadanos convencidos de que sobre los acusados del caso Marta iban a caer condenas ejemplares tiene mucho que ver una amalgama de elementos interrelacionados entre sí que han desembocado en esta situación.
Hemos creído que toda la investigación policial eran hechos probados, cuando en demasiadas ocasiones no eran más que hipótesis policiales sin consistencia probatoria y, encima, los medios de comunicación hemos contribuido a potenciar esa distorsión de la realidad amplificando hasta la extenuación todas las múltiples versiones del crimen, a cada cual más truculenta.
Y un detalle más al respecto. Aunque a algunos les pueda parecer lo contrario, seguramente lo que le ha caído a Carcaño, en función de las pruebas con las que se cuenta, sí es una sentencia ejemplar. No entro en si se deben de endurecer las penas por este delito, que es otro debate que sí que habría que abrir, sino en si no puede haber alguna sorpresa, como dicen algunos expertos, cuando se recurra esta sentencia. A Miguel Carcaño, autor confeso del crimen, se le ha condenado por asesinato y no por homicidio, y se le ha aplicado la pena máxima vigente.
¿Significa esto que debemos aceptar sin remisión la sentencia? Pues tampoco. Aparte de que la condena es recurrible, tenemos que preguntarnos qué ha podido fallar en este caso para que hayamos llegado hasta donde hemos llegado. Como la mayoría, me resisto a creer que la acción coordinada de tres personas (y quién sabe si más) permite burlar la investigación de la Policía y de la Fiscalía y ‘obligar’ al juez a dictar una sentencia así. ¿Ha habido o no un fracaso clamoroso de la Policía en la investigación? ¿Cómo se puede sentir una familia que lee en la sentencia que “un tercero no identificado” ayudó a deshacerse del cadáver de su hija mayor?
Este caso no ha acabado con esta sentencia, pero el fallo conocido el viernes nos tiene que invitar a reflexionar sobre algunos aspectos. Sólo les anticipo uno para animar al debate: aquí, si hay alguien que no ha fallado, es el juez que ha dictado la sentencia.

Hay personas cuyas palabras son carne potencial de trending topic en cuanto que abren la boca. Una de ellas debe ser el obispo de Córdoba, quien ha advertido de que desde determinadas escuelas y programas escolares se invita a la fornicación. De verdad, si es así, por favor, no tire la piedra y esconda luego el báculo. Diga cuáles son, y si hay que abrirles un expediente y sancionarlas, que actúe el organismo educativo correspondiente. Pero dejémonos de tremendismos que pretenden equiparar una clase de educación sexual con el aliento de una vida similar a la de Nacho Vidal y Lucía Lapiedra. Que un pastor de la Iglesia tenga unas ideas tan radicales sobre la vida sexual de sus conciudadanos es tan discutible como previsible. Es su opinión y como tay hay que respetarla, pero sorprende esa distorsión de la realidad en la que se dibuja una Sodoma rediviva repleta de jóvenes a los que se anima a fornicar desde los colegios como si el fin del mundo fuera a llegar el sábado por la noche. Ojo, que no creo que haya que rasgarse las vestiduras por lo que ha dicho. Lo que digo es que un poco de mesura y de prudencia no le vendrían mal a este prelado. y quién sabe. Igual así, hasta se lo tomaban más en serio los potenciales receptores de un mensaje tan apocalíptico.