No tenía sentido dejarle gratis el bonobús a todos los mayores de 65 años fueran cuales fuesen sus rentas, así que hay que celebrar que el Gobierno municipal haya modificado su idea original y se avenga a cobrarle 15 euros por la gestión de la tarjeta de Tussam a quienes cobren más de 1.500 euros al mes. Se les sigue dando prácticamente gratis (con 15 euros no se sufraga precisamente un bonobús anual), pero al menos se les obliga a pagar una pequeña cantidad. Hay, pues, un mínimo atisbo de progresividad, que es lo que se les reclamaba en estos tiempos de precariedad en los que las ayudas con el tufillo peronista al estilo de la de los cheques-bebé han pasado al olvido. Que se les cobre una cantidad a estos mayores no arreglará las endemoniadas cuentas de Tussam, pero al menos se aplica una mínima justicia redistributiva. El Gobierno municipal acierta con esta decisión, aunque también conviene subrayar que podría haber ido mucho más lejos y que se abre la puerta a que haya quien diga que está maquillando el gratis total con este pago de 15 euros que tiene aspecto de solución intermedia para evitarse críticas más que justificadas.

¿Qué quiere hacer Zoido con la Torre Pelli? O para ser más exactos, ¿qué cree el alcalde que puede hacer con el rascacielos que está construyendo Cajasol al sur de la Cartuja? No es una pregunta retórica. Que al regidor le gusta bien poco el inmueble es un hecho objetivo. Pero también lo es que no se lo puede cargar porque sí salvo que quiera arriesgarse a atropellar los derechos que asisten al promotor de la obra. Después de alimentar todas las sospechas del orbe sobre la legalidad de la licencia, Zoido ha reconocido que ésta cuenta con todos los parabienes. El siguiente paso en su estrategia ha sido mandarle una carta a la Junta y otra al Gobierno Central en las que les pide que les aclaren cuánto tendrían que pagar ambas si se decide paralizar la construcción de la torre por el peligro de que le quiten la declaración de Patrimonio de la Humanidad a la Catedral, el Alcázar y el Archivo de Indias. Puro toreo de salón para  demostrarle a los detractores de la torre que él no es más que una ‘víctima’ de las circunstancias y que poco más puede hacer para torpedear la construcción del rascacielos. La excusa, sin embargo, no cuela. El alcalde sabe que si revoca la licencia, la indemnización correspondiente (pongamos que unos 200 millones de euros) saldrá exclusivamente de las arcas del Ayuntamiento de Sevilla. Zoido asume que tiene pocas opciones para salir del entuerto en el que se ha metido, y que, a estas alturas de la partida de ajedrez en la que se ha convertido la cuestión, la más viable para no defraudar a su hinchada es la de negociar con los promotores una rebaja de la altura del edificio. El problema es que no sabe cómo cargarse de razones para convencer a Cajasol de que debe aceptar una reducción que adultera la filosofía de la torre. Atentos a la siguiente jugada, que seguro que llega pronto.

Por propuestas no será. En estas dos últimas semanas, Rubalcaba ha logrado a iniciativa suya que el Gobierno recupere el Impuesto del Patrimonio, el PSOE andaluz ha impulsado 27 medidas de transparencia democrática que, abstracción hecha de la discutible exclusión de los alcaldes del PP, mejoran la calidad de la Cámara, y el PSOE de Sevilla ha presentado una batería de propuestas para la Conferencia Política del PSOE que redunda en esa idea de recuperar la conexión con esas clases medias que les han retirado la confianza a golpe de desencantos. Al PSOE no le faltan ideas. Lo que le hace falta es que alguien se las crea. Y no sólo los ciudadanos, sino ellos mismos. ¿O no les da la sensación de que ni ellos mismos están seguros de que toda esta legión de propuestas les dé para detener la debacle que les auguran?

Desde luego una cosa es el lenguaje verbal y otra bien el gestual. Y eso delata a unos cuantos. No hay más que ver los encuentros de Rubalcaba con los suyos o algunos rostros que se veían en la reunión del PSOE de Sevilla de hace poco más de una semana. Por mucho que aplaudan en sus coloquios, charlas y convenciones, los socialistas están en líneas generales más en la tesitura de pensar en qué va a pasar con ellos mismos, en qué harán con sus vidas, en qué escenario les espera con la confirmación de la marea azul del PP, que en interrogarse sobre porqué están como están. La crisis, en esto, sirve para excusarlo todo, incluidas esas carencias que no tienen nada que ver con que los bancos no presten dinero en los mercados de deuda de Europa.

Vayamos con Sevilla. Las propuestas que se presentan como aportación a la Conferencia Política nacional son bienintencionadas y caminan en la dirección adecuada. Las iniciativas cursadas desde la dirección encabezada por José Antonio Viera pretenden reconducir el malestar ciudadano desde la convicción de que éste sabrá reconocer lo que ha hecho el PSOE en estos años y lo que puede seguir haciendo. Pero lo cierto es que el empeño, a día de hoy, es casi un imposible, entre otras cosas porque los ciudadanos no viven de los recuerdos. Es lo que tiene vivir en un país con cinco millones de parados. Que hablas de transparencia democrática y da la impresión de que quieres curar un cáncer con aspirinas. ¿Resultado? Pues que todas estas propuestas resbalan en el debate público sin que casi nadie les preste una mayor atención. ¿O es que ven ustedes a mucha gente debatiendo por las calles sobre las últimas iniciativas que se presentarán a la Conferencia Política los socialistas sevillanos?

¿Significa eso que el PSOE no debe seguir por ese camino? Para nada. Más bien al contrario. Se trata de una inversión a largo plazo que sí da réditos, pero a largo plazo. A falta de las inevitables cuchilladas internas y explosiones críticas que llegarán tras el 20-N y presumiblemente después de las autonómicas de marzo, el PSOE debe abundar en ese camino del reconocimiento de los errores y de la asunción de esa desconexión del cable de banda ancha que le unía con unas clases medias cada vez más perplejas y desconcertadas.

Eso sí, el discurso debe ser creíble para los ciudadanos, pero antes que nada para la misma militancia, descreída y abatida. Decía Felipe González hace unos días que le daba pena ver al PSOE con los brazos caídos a dos meses de unas generales. Es difícil negarlo . Las asambleas para la discusión de las listas en las agrupaciones sevillanas, cada día más esclerotizadas, han sido anémicas y tristonas. Y, por cierto, cuesta creer que aún se siga vendiendo la presencia de Alfonso Guerra como si éste todavía siguiera inyectando adrenalina a las masas enfervorecidas con su discurso y estuviera matándose por atender las necesidades de Sevilla en el Congreso. ¿De verdad se lo creen o forma parte del guión y hay que saludar alborozados su presencia por una cuestión de respeto a quien forma parte ya de la historia de la democracia en este país?

El PSOE está sentado en un diván esperando que alguien le sirva los peores tragos de sus últimos años. Pero puede decidir entre negar las realidades y alejarse de su esencia o poner las bases para una recuperación sólida y efectiva. Está en manos de sus militantes y dirigentes, quienes deberán demostrar su capacidad para saber digerir lo que se avecina, que no es poco.

La decisión del Consejo de Administración de RTVE de aprobar una normativa que permite a los políticos controlar en tiempo real qué es lo que emiten los telediarios de la cadena pública está provocando una avalancha de reacciones contrarias en las redes sociales. No hay adjetivo, epíteto o insulto que no haya sido utilizado contra quienes braman contra esta imposición de esta especie de censura previa en los informativos de la televisión pública española. Es imposible no sumarse a la catarata de protestas desde la estupefacción y la perplejidad. La historia del periodismo es la historia de quienes han escrito sus páginas y la de quienes han querido censurarlas. Es ley de vida. Unos quieren informar y otros que no se informe. Lo que indigna es este acuerdo pantagruélico en el que todos parecen haberse puesto de acuerdo para repartirse la carnaza de los telediarios en beneficio propio. Un poco para ti, otro tanto para mí, y que les den a los que se alegraban del fin de los telediarios sectarios en Torrespaña y Prado del Rey. En fin, ya puestos, ¿por qué no apuestan por la resurrección del Nodo y mandan a Fran Llorente a hacer fotocopias? Qué espanto.

Pues la jueza tenía razón. Lo ha dicho el Tribunal Supremo. Mercedes Alaya tiene derecho a reclamar que la Junta le entregue las actas de los consejos de gobierno de los últimos diez años en su investigación de los expedientes falsos de regulación de empleo. Se pone así punto final a una confrontación estéril entre la jueza sevillana y la Junta que, por momentos, se asemejaba a un duelo en el corral entre dos condenados a entenderse que sienten el uno por el otro una clamorosa ausencia de empatía. La Junta sufre un revés judicial inapelable. Algo edulcorado con ese resquicio que le abre el ponente del fallo al recordarle que puede decretar la no entrega de un acta si lo expone de una forma razonada, pero revés al fin y al cabo. Fin de la historia. La jueza gana esta cuita y el Gobierno andaluz se verá obligado a llevarle las cajas repletas de documentos a la magistrada para que disfrute de tan sugerente lectura. Lo que vendrá después ya se verá, pero de los autos precedentes de la jueza no se desprende que vaya a hacer una interpretación muy bondadosa de tales actas. De hecho, no hay más que recordar que quiere verlas porque entiende que de ellas “puede desprenderse alguna actuación delictiva, entre otras razones, por la inobservancia de las más elementales reglas de procedimiento”. Suena a caza de consejero, pero, en fin, habrá que esperar. De momento, sobran visiones bíblicas sobre un David con toga y tacones que se enfrenta a un Goliath que esconde secretos inconfesables. Quien quiera que compre el argumento, pero por ahora lo que hay no es más que una diferencia muy seria de criterio de orden jurídico que ha esclarecido el tribunal correspondiente y que, por desgracia, sólo ha servido para alimentar las acusaciones de que la Junta no colabora con la jueza Alaya en la investigación de la trama de los ERE falsos.

La SE-40 ya no es lo que era. Se presupuestaron 1.400 millones de euros para la construcción de los 77 kilómetros de la nueva ronda de circunvalación de Sevilla, pero este dibujo atendía una realidad de opulencia desatada y febril que ya no se acompasa con estos tiempos de penuria. El Estado es más pobre, los tijeretazos en materia de infraestructuras han hecho metástasis y no hay obra pública en la faz ibérica que no haya sido objeto de revisión.

Hay que asumir que nada es como se pensaba y que la ronda está sufriendo un redimensionamiento a la baja tan inevitable como discutible. Podrá disfrazarse este recorte mediante eufemismos como el de la ralentización de algunos de sus tramos, pero la realidad es la que es y no hay más que acercarse a las obras de algunos de esos tramos (los que están adjudicados: siete de doce) para darse cuenta de que hay excavadoras en estado de hibernacióndesde hace un año.

Pero, como en todo, se necesita un poco de mesura. Hay de qué preocuparse, pero también se vislumbran algunos brotes verdes emergiendo entre el cemento y el asfalto. Empecemos por lo segundo. Después de tanto hablar durante más de una década sobre una infraestructura deseada sobre todo por los que sufren el colapso casi diario de la SE-30, la nueva ronda, mal que bien y a tironazos, empieza a ser algo más que un ente abstracto que sólo se veía en las infografías y los planos de los periódicos.

Si no hay mayores retrasos, que cualquiera sabe en este periodo de incertidumbre máxima, las máquinas del tramo  que une en siete kilómetros un arco que va de Alcalá a La Rinconada permitirán su puesta en funcionamiento para dentro de un par de meses, más o menos en las fechas en las que Rajoy y Rubalcaba estarán peleándose para ver quién es presidente del Gobierno los próximos cuatro años.

Y, entretanto, en el Aljarafe, empieza a notarse de nuevo el movimiento de las constructoras después de un parón nada disimulado de casi un año fruto de los recortes de los Presupuestos de 2010. Lo que se ha invertido en esta zona es muy poco, pero al menos ya se empieza a trabajar otra vez en el tramo entre Coria y Almensilla y en el nudo de la A-49 con el término de Espartinas. Hay, pues, movimiento. La SE-40 se mueve.

Lo negativo, por su parte, se bifurca en dos direcciones. De una parte, el ya mencionado retraso en la ejecución de la obra. Y de la otra, ese recorte más que delicado que se quiere hacer en la obra de los túneles del Guadalquivir. Sobre lo primero, ya decimos que sobran las discusiones. Compromiso habrá, pero también un retraso tremendo que impide hasta aventurar alguna fecha de finalización de la ronda completa. No hay dinero, y esa ralentización de la que tanto se habla se ha traducido en tramos que se paran y en otros que no se adjudican ni a empujones pese a que llevan tres y cuatro años, en el mejor de los casos, listos para su licitación.

Y en cuanto a los túneles, el dilema planteado por Fomento preocupa y mucho. Desde que el ministro José Blanco dijera a principios de julio en un foro organizado por El Correo de Andalucía que había que “racionalizar los túneles de la SE-40”, todos sabían que estaba hablando de recortar carriles para el cruce del Guadalquivir.

Esta decisión puede ser sensata desde el punto de vista financiero, y puede incluso que venga refrendada por nuevos estudios técnicos. Pero es lógico que asuste. Aquí ya tenemos la experiencia de la SE-30, una obra que se hizo aprisa y corriendo para abrirla antes de la Expo y que: 1) terminó siendo parcheada (¿se acuerdan, por ejemplo, de la que se montaba en el nudo de la Gota de Leche?) y 2) empezó a tener problemas de saturación en el Puente del Quinto Centenario desde casi su inauguración. Mucho cuidado, que igual Fomento se ahorra unos euros en los túneles, pero a cambio de que la SE-40 termine estando saturada mucho antes de lo previsto. Al tiempo.

Si hacemos el esfuerzo casi titánico de desprendernos de los prejuicios ideológicos sobre los que se cimentan nuestras opiniones (un servidor el primero), habrá que convenir en que estamos por fin ante una magnífica noticia en materia de movilidad: la apertura del túnel de Bueno Monreal, un paso subterráneo de 177 metros que salva la avenida de la Palmera permitiendo desahogar el tráfico que va y viene del Aljarafe a Sevilla. Lo ha anunciado esta mañana Juan Ignacio Zoido vía twitter: ”por fin, y después de muchas dificultades, hemos conseguido abrir el túnel de Bueno Monreal”. Dicho así, parece que el alcalde, al que por supuesto hay que dar la enhorabuena, lo que ha logrado es atravesar las líneas enemigas en la batalla de Berlín o terminar las pirámides de Keops, Kefrén y Micerino, pero no, nada de eso, se trata simplemente de la apertura de un túnel. Eso sí, valiente túnel. El subterráneo ha tardado en construirse el doble de tiempo de lo previsto y por poco no se inaugura sin pintar y sin farolas. Todo un ejemplo de mala gestión del anterior Gobierno municipal que hay que admitir sin mayor discusión, pero también sin olvidar del mismo modo que fue ese mismo Gobierno municipal de Monteseirín el que decidió emprender unas obras (las de los pasos de Bueno Monreal y el Tamarguillo) de las que ahora, casi dos años después, van a empezar a beneficiarse miles de sevillanos. Démosle al César lo que es del César, y a Monteseirín, lo que le toca. ¿O es que la idea de los túneles se le ocurrió a Zoido?

El inminente cierre de los Astilleros de Sevilla suscita muchos interrogantes. No sobre su desastrosa situación financiera, pero sí acerca de la credibilidad del anuncio, formalizado con una cierta nocturnidad este pasado jueves. ¿Es verdad que hemos llegado ya al final del camino y que no hay cómo arreglar la calamidad de las cuentas de la factoría? ¿O, por el contrario, queda algún resquicio al que puedan asirse los trabajadores de una fábrica que forma parte de la historia de Sevilla? Tal vez haya algo de ambas cosas y lo que esté pasando es que haya quien esté empujando para que la Junta, a falta de inversores privados, se retrate y ponga el dinero que se necesita. Pues bien, ¿es eso lo más conveniente en esta época de ajustes draconianos para todos? ¿Cómo se explicaría este trato a las cientos y cientos de empresas que cierran en la región sin haber visto un solo euro de ayudas públicas? ¿Acaso la actividad de esta factoría sigue siendo estratégica? ¿Y entonces por qué no hay nadie del sector privado que se apreste a poner el dinero? Junta, trabajadores, sindicatos, navieras y armadores llevan años discutiendo sobre cómo reflotar un negocio que, por las razones que sean, se cae a pedazos por su falta de competitividad. Ha habido todo tipo de compromisos y promesas, pero la realidad es que la situación, a día de hoy, es límite. No hay nuevos pedidos de barcos, y los que estaban contratados han sido cancelados. No hay, pues, ni presente ni futuro. Y encima la caja está tan vacía que no hay ni para pagar los salarios de sus empleados. Por respeto a los trabajadores hay que exigir que se haga todo lo imposible por evitar lo que parece inevitable, pero también hay que cuestionarse si es responsable en estos tiempos soportar con dinero público una actividad privada que se está muriendo por inanición.

El hombre que promete que el PP creará 3,5 millones de empleos en cuatro años, Esteban González Pons (ya puestos, un millón más y así vivimos en una España arrasadoramente feliz), dice que en Andalucía “hay colegios que abren sin pupitres” y que nadie protesta por ello. Para mí que el único político capaz de competir en tez bronceada con Javier Arenas ha visitado algún colegio andaluz, se ha equivocado de puerta y ha confundido el gimnasio con las aulas. Si no, no se explica semejante demostración de tremendismo que, de ser cierta, nos retrotraería como mínimo a la época de la milana bonita de Los Santos Inocentes. Ya se sabe que la educación andaluza no es precisamente la finlandesa, pero el que tenga serios problemas por atajar, como otras tantas comunidades, no justifica que se la describa como un submundo en el que los niños no tienen ni donde sentarse cuando asisten a las clases. ¿Se puede decir semejante majadería sin que le tiemble a uno algún músculo facial?  En fin, si a alguien le tiene que molestar este desprecio (aparte de al común de los ciudadanos de esta región) es al propio PP andaluz, que es a quien más perjudica la retahíla de exabruptos demagógicos que expiden algunos compañeros de sus compañeros cada vez que aluden a Andalucía.

El Ayuntamiento de Sevilla ha nombrado Defensor del Ciudadano a un militar que elogió en los periódicos al teniente general que abogaba porque el Ejército interviniera en Cataluña “si se rebasaban los límites constitucionales” en el nuevo Estatuto. El fervoroso patriota se llama José Barranca y, como cualquier ciudadano de este país, tiene el legítimo derecho a ejercer su libertad de expresión. No se le recrimina que piense que el Gobierno socialista es una “ruina moral” y “desleal” con la nación española, “la única hasta la llegada de los progresistas”. Es su opinión, y unas cuantas peores se escuchan cada noche en Intereconomía. No hay que rasgarse las vestiduras. Todos más o menos empezamos a estar medio inmunizados ante tanto exabrupto. Ahora bien, lo que sí se debe de cuestionar es si este exponente marcial y racial del Santiago y cierra España es el candidato idóneo para ocupar un cargo que debe concitar un mínimo consenso político, social y vecinal. ¿Seguro que este es el perfil que buscaba Zoido? Igual Barranca es una bellísima persona que merece una canonización laica y otra religiosa, pero lo que es seguro es que no es la persona adecuada para ‘representar’ al común de los ciudadanos en la Plaza Nueva. El alcalde tiene ahora un problema. En su mano está solucionarlo o permitir que se enquiste.