La Encarnación no es apta para navegantes en aguas templadas. O se la ama o se la odia. O se la tilda de pasaporte al parnaso de la modernidad que nos librará de la sevillanía más rancia o se la califica de mamotreto infumable que enterrará en deudas a la ciudad por el coste psicótico del proyecto. Los términos medios han sido abolidos  y el debate ha  sido secuestrado por quienes sólo participan de visiones maniqueas de corto alcance. Una pena, porque así se empobrece una discusión mucho más rica que lo que aparenta. Un par de ejemplos: ¿No es verdad que se puede pensar que está muy bien que se haya actuado en la Encarnación después de 40 años de abandono pero creer también que el proyecto tiene todo el aspecto de estar fuera de escala, como si hubiera aterrizado un platillo volante en medio de la plaza? ¿O no puede haber quien diga que le encantan los parasoles pero que le parece un exceso gastarse cien millones en levantarlos? Las setas tienen muchas papeletas para acabar siendo un icono de la ciudad y un reclamo para los turistas, pero sigo sin entender que se repartan carnés de progre, carca, rancio o moderno en función de que te gusten o no las setas o de que critiques la gestión de una obra que no se estudiará en las escuelas de Arquitectura precisamente por su planificación milimétrica. El proyecto en sí me sigue generando algunas dudas, veo cosas muy buenas y otras que son todo lo contrario, pero no por eso creo que deba de ir directo a la hoguera inquisitorial de quienes lo admiran con un fervor religioso o de quienes sueñan con su demolición por una aluminosis repentina. Sobra pasión, bilis y novelería en este debate. Y falta distancia para juzgar su impacto con mayor detenimiento, algo que por fortuna se solucionará con el simple paso del tiempo.

A cada revelación de las negociaciones con ETA le sucede un número farisaico ya habitual y plagado de golpes de pecho, indignaciones sobrevenidas y subidas de la tensión arterial . Ésta vez no iba a ser menos, así que el PP ha sacado el pañuelo de los momentos plañideros para horrorizarse por las supuestas cesiones que se le habrían hecho a  los interlocutores de la banda criminal. Tres puntualizaciones. Primera: cuando conviene, se ve que la palabra de un etarra  equivale más o menos que a la tabla que se bajó Moisés del monte Sinaí. Segunda: por si alguien no se ha enterado, cuando un gobierno se va a Suiza a negociar con unos malhechores que se creen imbuidos de una misión divina, no se termina invitando al abuelo de Heidi a tomar el té con los contertulios encapuchados. La inocencia se deja en la frontera y se empieza un juego con las cartas marcadas en la que se dicen cosas que es mejor no transcribir. Y tercera: a veces se prometen cosas que no se cumplen. Es decir, que se puede garantizar que no se detendrán más etarras mientras que se desarbolan casi todos los comandos activos de la banda asesina. No existe la pureza celestial a la hora de negociar con unos criminales. Se discute, se presiona y se cede a partes iguales para llegar a un acuerdo y casi siempre se termina fallando. Y si hay algo que reprocharle a este Gobierno no es que prometiera lo que no pensaba hacer, y a las pruebas me remito, sino que no cortara la negociación cuando esta pandilla de fanáticos voló la T-4 de Barajas con una furgoneta cargada de explosivos.

No es por cortar de cuajo el alborozo con que la noticia ha sido recibida, pero el anuncio de que el Metro llegará a Camas y a los barrios de Bellavista, San Jerónimo, Torreblanca, Alcosa y Los Bermejales tiene matices que enfrían las expectativas. Es una alegría que los vecinos de todas estas zonas vayan a disfrutar de este medio de transporte, pero para que esa dicha sea completa no sólo habría que quedarse en la simple promesa de que arribará, sino que también habría que preguntarse por la fecha en la que se empezarán las obras, por dónde arrancarán y por quién las pagará.

Convendría que en medio de tanta fanfarria electoral alguien tuviera un rapto de sinceridad. Ahora mismo el proyecto no es que esté en sus inicios, es que está en la fase del rotulador y de los folios en A-3. La superación de la fase de las alegaciones no significa más que se ha terminado de dibujar el mapa de las futuras líneas 2, 3 y 4 y que ha concluido la etapa de discusión sobre las áreas en las que se implantará. Que desde la Consejería de Obras Públicas se haya entendido que era necesario ampliar el servicio a estos barrios y a Camas es un mero ejercicio de sentido común, pero nada más.
Ahora viene lo sustancial. La consejera, Josefina Cruz Villalón, no dijo en su comparecencia del viernes cuándo comenzarían las obras de la ampliación. Ya se ha dicho en anteriores ocasiones que se agradece su prudencia (la que le falta a otros de los suyos y a sus contrarios del PP, imbuidos también del espíritu de las utopías y las alegrías presupuestarias), pero hubiera sido todavía mejor que explicara que este proyecto va muy para largo y que nadie se va a encontrar en Alcosa una parada de Metro de aquí a unos meses.

La causa la entiende todo el mundo sin necesidad de tener estudios de ingeniería: no hay dinero. La misma Cruz Villalón aventuraba que el sobrecoste de la ampliación alcanzaría los 385 millones (casi la mitad de lo que costó la línea 1) y cifraba en 3.225 millones la partida necesaria para la construcción de las tres líneas que restan de la red.

¿Y quién lo paga? ¿Y cuándo? Los anuncios de que se trabajará en colaboración con la iniciativa privada se topan con la realidad desencajada de que no cuadran los presupuestos públicos (más que a la baja están en caída libre) y que tampoco a estas empresas les salen los números ofrecidos. Puede que termine concretándose esta colaboración, pero a día de hoy ésta se sitúa más en el territorio de la quimera que en el de la materialización de los supuestos acuerdos.
En la gestión de la ampliación del Metro se echa en falta el que haya una traslación más rigurosa del proyecto a la opinión pública. La ciudadanía no vive en una burbuja insonorizada ni se piensa que los recursos de la Administración son infinitos (bueno, algunos sí que parecen pensarlo, pero son minoría). Quien más quien menos, nadie se sorprende si se le advierte que estas obras tendrán un calendario de ejecución que puede terminar, sin temor a exagerar, la próxima década.

Lo que se entiende poco es que se le venda una y otra vez que el suburbano va a estar en la esquina de su casa y que su llegada es casi inminente. La obsesión de los plazos resta credibilidad. Y seguramente sin necesidad. El ciudadano prefiere un discurso realista pero creíble a un baile de ilusiones que luego se pierde en cuanto alguien hace los números.

Quedémonos, pues, con lo importante. Ésta es una ciudad que ha tardado más de tres décadas en tener una línea del Metro. Un retraso endémico que ha lastrado su movilidad hasta límites indecibles. Ahora ya tiene una línea cuyo flujo de viajeros atestigua de la necesidad de incrementar este servicio. Que veamos que se atienden las necesidades de barrios semiabandonados en épocas pasadas o que se haya tenido la lucidez de llevarlo a un municipio como Camas, que tiene 25.000 habitantes y está a sólo cinco minutos de la capital, merece el reconocimiento general.
Pero que nadie tenga la tentación de pregonar este anuncio como el advenimiento de un Mesías montado en un vagón. De momento, lo que hay es lo que hay: un simple dibujo para el que sólo se necesita el gasto de acercarse a una papelería a comprar rotuladores y papel del bueno. Para lo demás, todavía toca esperar.

Como punto de partida, una confesión de parte. Si yo tuviera la mitad de los años que tengo, el que esto escribe estaría a estas horas en el macrobotellón de la Cartuja. Fijo. Si les dijera que en vez de ir al Charco de la Pava iba a estar haciendo cola en el Maestranza para asistir a la ópera estaría mintiendo como un truhán. La criminalización de la botellona como fenómeno por sí mismo es injusta. La mayoría de los jóvenes que acuden a ella se levantarán mañana a estudiar, si tienen que estudiar, y a trabajar, si eso es lo que les toca.

Pero el que no se empleen términos apocalípticos para referirse a estas fiestas juveniles no significa que haya que ponerse un esparadrapo en  el rostro para no atisbar los peligros que se esconden en estas prácticas. Hay muchísimos jóvenes que no conciben otra forma de diversión en la vida que pasarse cinco horas el viernes y otras cinco el sábado tomando copas de una forma desaforada. Por hacer un cálculo que es cualquier cosa menos científico: hay chavales con 14 o 15 años que se toman todos los fines de semana 15 o más copas de alcohol, a veces de garrafón. Esto es, que al mes consumen en torno a 60 o 70 copas y que al año llegan a más de 600 (y quién sabe si a muchas más).

¿Soluciones? Desde luego milagrosas no. Ya se puede decidir abrir todos los polideportivos y las bibliotecas de madrugada que si todos los amigos se van de botellón, será difícil que muchos prefieran la primera opción. Más bien hay que trabajar en pos del consumo  responsable en una sociedad que banaliza y sacraliza el consumo de alcohol. Casi todos hemos cometido algún que otro exceso, pero hemos sabido o intuido los límites que no se podían traspasar. Ahora, por desgracia, parece que muchas de esas fronteras se han pulverizado. Y eso es algo que compete solucionarlo entre todos, y en especial entre quienes somos padres. No hay otra.  O por lo menos yo no lo veo.

La sentencia emitida por un juez de Menores contra El Cuco por el asesinato de Marta del Castillo ha cumplido con los vaticinios de quienes auguraban una enorme distancia entre lo que reclamaba la familia y lo que finalmente ha concluido el magistrado. El Cuco ha sido condenado a tres años de internamiento por un delito de encubrimiento, pero ha sido absuelto de las acusaciones de asesinato y de violación. El veredicto ha tenido un fuerte impacto en la opinión pública, conmocionada por un fallo que dejará en la calle a este joven en apenas tres años. Se entiende la incomprensión y el dolor, pero hay que poner el énfasis en el hecho de que en un Estado democrático de Derecho hay que tener pruebas sólidas para incriminar a un ciudadano, y que si hay dudas prima la presunción de inocencia. El juez de Menores que ha emitido el fallo entiende que las pruebas aportadas por la Fiscalía no avalan la tesis de que participó en la violación y asesinato de la adolescente, por lo que ha procedido a absolverlo de estos delitos. Desconcierta, pero no tenía otra elección. Otra cuestión distinta, y también muy difícil de comprender, es que se concluya que El Cuco ayudó a hacer desaparecer el cadáver de Marta y que por una acción tan horrenda le caiga  una pena de sólo tres años de internamiento. Será menor de edad, pero hay situaciones que son muy difíciles de asimilar para una familia que lleva más de dos años implorando que alguien les diga dónde está el cadáver de su hija. Y ésta es una de ellas. Cómo no entender la rabia que sienten hoy.

El final de la investigación interna abierta por la Consejería de Empleo depara conclusiones positivas y negativas. La primero es que pese a lo que digan algunos sí ha habido celeridad y transparencia  en la investigación interna. Quien no quiera verlo está en su derecho, pero es un hecho objetivo que este departamento, dirigido por Manuel Recio, ha ido informando con una cierta puntualidad de lo que se ha ido encontrando en la montaña de papeles de los expedientes de regulación de empleo analizados, y que ha ido remitiendo las irregularidades al juzgado. La jueza Mercedes Alaya podrá mandar todos los requerimientos que quiera, pero será difícil negarle a esta Administración su diligencia en este punto. Y, por cierto, admite poca comparación esta actitud de colaboración con la estrategia numantina de los gobiernos del PP en Madrid y Valencia, enrocados en versiones rocambolescas con tal de defender lo indefendible.

La investigación, además, permite acotar de qué estamos hablando realmente cuando nos referimos al ejercicio de mangancia perpetrado por algunos. Les será difícil a los populares seguir paseándose por las TDT con su mantra repetido hasta la extenuación del robo de los 647 millones. Se han defraudado 9, es decir, 638 menos de los que asegura que han sido hurtados. Los números son los que son.

Dicho esto, los datos no son tampoco como para que el PSOE monte una fiesta. Que se defrauden nueve millones durante casi una década sin que nadie se dé cuenta de ello sigue siendo escandaloso. Un espanto. Y que de la investigación interna se deduzca que tres de cada cuatro empresas defraudaron a la Junta (42 de un total de 64) tampoco es que precisamente ayude. El dato es sobrecogedor: había más empresas defraudadoras que sociedades que actuaban en este apartado de los ERE bajo el amparo de la legalidad. Así vista la situación, es lícito preguntarse si no serían aún más graves estas cifras si se hubieran investigado todos aquellos expedientes en los que los trabajadores han terminado ya de cobrar sus pólizas. 

Aquí sigue habiendo tajo. De momento, hay 183 señores y señoras que cobraron una prejubilación sin tener derecho a ella, y de ellos 72 que encima jamás trabajaron en las empresas en las que se prejubilaron. Suficiente como para se deriven responsabilidades judiciales… y también políticas. ¿O no?

El tranvía de Sevilla tiene un problema de credibilidad. Cuatro años después de su puesta en marcha, la peatonalización de la Avenida, San Fernando y la Plaza Nueva se ha llevado el aplauso de la mayoría de los sevillanos, incluidos muchos de los que despotricaban contra él, pero el tranvía se ha quedado en el imaginario popular como un mal menor que contenta a algunos e irrita a unos cuantos más. De nada ha valido su contribución al nuevo paisaje. Para muchos, sigue siendo un juguetito que no llega a ninguna parte. Será difícil cambiar la idea de esos muchos, pero al menos se les restarán argumentos en breve. Desde el  Domingo de Ramos, los vagones del tranvía llegan a San Bernardo. Una ampliación que va mucho más allá de los 800 metros de nuevas vías. Llegar a Viapol implica arribar a la estación del Cercanías. Y eso se traduce en que miles de sevillanos podrán llegar a la Plaza Nueva desde puntos tan dispares como, por ejemplo, como Sevilla Este, Padre Pío, Dos Hermanas o La Rinconada. Esto es, desde todos aquellos barrios y ciudades que tengan una estación del Cercanías. El tranvía ya no será una isla en el sistema de transportes públicos de la ciudad y su área metropolitana, una suerte de elemento exógeno y extraño que pululaba por la Avenida y San Fernando. Estará más justificado, aunque seguramente no termine de expiar sus culpas hasta que no se decida cómo será su futura ampliación por el Centro y Nervión, algo que, para asombro de otros cuantos entre los que me incluyo, todavía está por decidir.

No hagan caso de los calendarios tradicionales: la precampaña de las municipales no acabará con esa pegada atípica de carteles del jueves de Feria, un día en el que la mayoría de los sevillanos están tan interesados en reflexionar sobre su voto como en conocer los porqués de la deuda del Estado con las compañías eléctricas, esto es, nada. Termina mucho antes, a las doce de la noche de este próximo domingo, que es la fecha tope que ha dado la Junta Electoral Central para  que nadie se aproveche de su posición de dominio en las administraciones y termine inaugurando losetas y calicatas entre la fanfarria general.

Lo que hay es lo que hay. El fin de fiesta viene cargado. Muy justito, pero bien cargado con la inauguración del Cercanías del Aljarafe, el final de la obra civil de Fibes y la apertura in extremis de las setas de la Encarnación. Mejor para el candidato del PSOE, un Juan Espadas al que toda ayuda le resulta poca. Y peor para el del PP, un Juan Ignacio Zoido que halla muy poco hueco en unas inauguraciones que algunos optimistas y socialistas interpretan como un contrapeso a esas visitas a los barrios que llevan camino de convertir al popular en el candidato de las mil promesas (no es un decir: a razón de cinco semanales durante cuatro años debe haber llegado ya más o menos a ese cupo).

Otra cuestión será que tales estrenos cambien algo el curso de esta tediosa precampaña. Ni uno ni otro han conseguido precisamente epatar a la ciudadanía con sus discursos. Uno de los dos será alcalde en tres meses, pero ambos han caído en esa madeja enrevesada, lenta y fatigosa en que se ha convertido la agenda política de una ciudad condenada a vivir en un perpetuo día de la marmota. ¿Han visto de qué se ha hablado en este último mes en Sevilla? ¿Conocen algún proyecto nuevo de verdad que rompa tanta monotonía? ¿alguna propuesta ilusionante?

Repasemos: en el breve espacio que hay entre escándalo y escándalo de los ERE, los medios nos hemos dedicado a contar cómo se siguen peleando unos y otros  por materias tan cansinas como la ampliación del Metro, la Ciudad de la Justicia, las propuestas para el río, la policía en los barrios, las setas, el dragado, Tablada, Fibes, la Gavidia o un problema tan esotérico como el arreglo de las cuentas de Tussam. ¿No suena todo a más de lo mismo? ¿No parece que, como a algún insensato se le ocurra, terminaremos debatiendo  sobre si hay que resucitar  el canal Sevilla-Bonanza?

La mayoría de estos asuntos, por no decir todos, aparecieron también en la anterior campaña electoral y en sus predecesoras. Y esto no dice nada bueno ni de nuestra clase política ni de nosotros como sociedad en su conjunto. Si se habla de ellos es simple y llanamente porque la gran mayoría no se han resuelto. Y no hay explicaciones sesudas que lo justifiquen.

Es comprensible que haya asuntos que se arrastran durante años por su complejidad financiera y técnica o por la falta de conciliación de intereses políticos cruzados. Pero lo que ya no lo es tanto es que sean tan numerosos, que sigan tan enquistados y que sigamos discutiendo sobre ellos hasta la asfixia como si fuéramos un remedo de Penélope, tejiendo y destejiendo sin parar el sudario de Sevilla.

Recuerdo una frase de un veterano dirigente municipal de un anterior mandato: “El Ayuntamiento es una administración con una bola de acero en los pies”. Y seguramente del tamaño del atomium de Bruselas, añadiría. Son tantas las trabas y tan escaso el impulso de determinados proyectos que habría que interrogarse por las razones de esa anestesia generalizada que le impide a Sevilla viajar a una velocidad de crucero un poco más razonable.

No es cuestión de participar del discurso apocalíptico de quienes ven la ciudad casi tan destruida como la Atlántida (ha habido avances incontestables de los que también hay que sentirse orgullosos), pero sí de reflexionar sobre nuestra pasión arrebatada por los debates bizantinos y por nuestra incapacidad para desatascar proyectos sobre los que hay un cierto consenso social y político.

Somos presos de nuestra escasa capacidad de resolución y de una debilidad congénita que duele más cuando se constata que el vecino lo que le pide a sus políticos es diligencia con esas losetas rotas frente a su portal, el autobús que no llega a tiempo o esos hijos desempleados que están en el sofá de su casa después de haber terminado la carrera. A ellos se les debe algo muy preciso: que no nos entretengamos tanto en disputas estériles que debían estar superadas hace ya mucho tiempo. ¿Es tan difícil lograrlo?

Nos habíamos equivocado. El alcalde de La Puebla del Río, Julio Álvarez (PSOE), no abusó al gastarse 6.000 euros en año y medio en llamadas telefónicas a su novia desde un celular del Ayuntamiento, como así afirma la Fiscalía de Sevilla. Lo ha desvelado en el juicio que se ha seguido esta semana contra él en la Audiencia: la mujer ya no era su pareja cuando gastó su número de tanto llamarla, y si lo hizo tantas veces  fue porque la buena señora pasaba por problemas personales y él tenía que ayudarla como hubiera hecho con cualquier otro vecino. En resumen, que era tan hipersolidario que terminó montando con el dinero de los contribuyentes un teléfono de la esperanza con una única y exclusiva beneficiaria: su ex novia. Conmueve su desvelo por los suyos. Esto es un alcalde de verdad, de los que no dudan en echarte un telefonazo a cualquier hora del día o de la noche si tienes un problema. Así no extraña que le hayan reelegido como alcalde y que su partido no se haya planteado estos años echarlo a la calle por el uso tan singular que le ha dado al móvil. En realidad, ¿quién no se ha gastado 6.000 euros en llamar por teléfono a su ex novia? ¿A que eso le podría pasar a cualquiera? En fin, una condena por todo esto me parece un exceso, sobre todo si implica cárcel, pero alguien le debería explicar a este alcalde la diferencia entre un uso y un abuso, porque, visto lo visto, muy claro no lo tiene. Y el jurado que lo ha condenado, tampoco.

Si llamas al rey de España “jefe de los torturadores” del Estado español te dan 20.000 euros. Al menos si te llamas Arnaldo Otegi y tienes un tribunal en Estrasburgo que entiende que aquí lo único que se ha violentado es la libertad de expresión de alguien que ejerce una crítica política y que, por tanto, hay que indemnizarlo por la condena de un año que le infringieron a tan insigne ciudadano los tribunales españoles. Pues vale. Si alguien quiere referirse en público a Don Juan Carlos como el líder de un Estado represor que practica el genocidio que sepa que no pasa nada. Está en su derecho de decir la barbaridad que considere más tremebunda. Total, si se interpreta en sentido literal lo que sostienen los ponentes del fallo de este Alto Tribunal Europeo, no hay ofensa ni injuria que no venga amparada. Ante eso, sólo cabe el voto particular en contra de quienes creen que no todo vale. Tengo reparos a que metan a un tipo una condena de cárcel por un delito de palabra: la libertad de expresión es un derecho consagrado en todas las sociedades democráticas y cualquier cortapisa es una puerta a la censura. Pero este derecho tiene sus límites, que pasan por no cruzar las líneas rojas de la difamación, la mentira, el insulto, la intoxicación, la infamia. Otegi las ha cruzado tanto que ni se acuerda. Y encima ahora hay que pagarle por ello. Y eso, lo queramos o no, no deja de ser un sarcasmo penoso.